Al día siguiente de los acontecimientos, en una larga entrevista a la televisión pública, Rafael Correa expuso con claridad meridiana la tesis oficial: el problema salarial que públicamente adujeron los policías amotinados para justificar su insubordinación fue una vulgar excusa. Hubo un intento de golpe de Estado urdido por conspiradores ligados al Partido Sociedad Patriótica del ex-presidente Lucio Gutiérrez y, al fallar el designio de sublevar a las Fuerzas Armadas, optaron por el «plan B»: matar al Presidente de la República. El descontento por los cambios en el régimen de remuneraciones de la Policía no podía ser la causa del alzamiento porque la Ley de Servicio Público, aunque eliminaba las bonificaciones por condecoraciones y ascensos, aumentaba los salarios totales al incluir el pago por horas extras. Sobre todo, recalcaba el presidente, el apoyo gubernamental a la institución habría sido inmenso: sensible aumento de los salarios entre 2007 y 2010, mejora en el equipo operativo, inversiones en la infraestructura física. Por eso, dados sus titánicos esfuerzos públicos pronto olvidados, se sintió hondamente traicionado.