En gran parte, los progresismos latinoamericanos parecieron ser un paso, a veces pequeño, pero paso al fin, hacia una sociedad alternativa porque eran una expresión gubernamental de potentes movimientos sociales de resistencia al neoliberalismo. No en todos lados había tales movimientos y no en todos lados eran potentes, pero destacaban los casos de Argentina, Brasil, Bolivia y Ecuador. La correspondencia no siempre fue perfecta pero su mera coexistencia sugería la posibilidad de recorrer el estrecho sendero del fortalecimiento mutuo.

Si el sendero se perdió en el viaje de la última década, el veredicto final no implica que los progresismos carecieran de significado para el cambio social. Su sentido último puede entenderse mejor en el marco del generalizado corrimiento hacia la derecha que sufrió el mundo en el cambio de siglo. Al empuje del neoliberalismo, primero instalado en los países anglosajones, luego extendido por todo el planeta de la mano de las políticas de ajuste, se sumó la estrepitosa caída de los modelos estatistas del socialismo real. Uno de sus productos más sobresalientes fue hacer que lo más radical a lo que cualquier alma sensible a las injusticias e irracionalidades del modelo económico podía aspirar era lo que quedaba de las experiencias escandinavas, ellas mismas arrinconadas por presiones recrudecidas.

Resultado: hoy en día los moderados programas de Bernie Sanders parecen un inaudito radicalismo, impensable en el sistema político norteamericano. Inversamente, las histéricas acusaciones de comunismo que recibe Barack Obama de parte del Tea Party, tienen su correlato en los gritos destemplados de la Folha de São Paulo contra el lulismo, y en las demenciales acusaciones de El Nacional contra el totalitarismo bolivariano. Cualquier mínima señal de controles estatales a la ciega sabiduría de las fuerzas del mercado, aparece como reedición de recetas comunistas fracasadas. Si frente a las políticas económicas planea la acusación de populismo, en el campo de los derechos civiles, los progresismos adquieren el perfil de totalitarios, nazis o stalinistas. En realidad, comparados con cualquier récord conocido de atrocidades mayúsculas, las restricciones a las libertades públicas en los progresismos han sido minúsculas. Inexistentes en Argentina o Brasil, llenas de inaceptables hostigamientos, presiones y acosos judiciales en Ecuador y Venezuela. La única correspondencia discernible entre las delgadas realizaciones de los gobiernos progresistas y el tono de las denuncias de los defensores del orden establecido proviene del ambiente crudamente conservador que ha dominado el escenario mundial del último cuarto de siglo.

Lo que en realidad hicieron los gobiernos progresistas fue volver a conectar las experiencias políticas de sus respectivos países con las tradiciones nacionalistas de mediados del siglo XX. Tradiciones que habían quedado sepultadas, pero todavía vivas, bajo el vendaval de la liberalización de los mercados, la fragmentación social y la acentuación de las desigualdades. Aunque las políticas concretas del kirchnerismo no resisten la comparación con la radicalidad de las del peronismo, ni la reforma agraria de 1953 se parece remotamente a la insípida titularización de tierras patrocinada por Evo Morales, las conexiones simbólicas entre ambas épocas las acercan. El progresismo latinoamericano fue la reivindicación de «algo», aunque fuera poco, frente a la «nada» que dominó los años de reacción conservadora.

Ese «algo» fue detener el ritmo de las privatizaciones, en muy pocos casos revertirlas, aumentar la presencia estatal y los servicios sociales básicos, ampliar los beneficiarios de los programas de subsidios focalizados. Destaca el esfuerzo por ampliar el acceso a la educación básica gratuita y en algunos casos a democratizar el ingreso a la universidad. En síntesis, una administración con rostro humano de la prosperidad provocada por el auge de los precios de las materias primas. La desigualdad de ingresos en la región más desigual del mundo se redujo levemente, aunque fue una reducción generalizada en América latina, por lo que es difícil percibir diferencias sustanciales entre los países de gobiernos progresistas y neoliberales. Así, la desigualdad de ingresos entre el año 2000 y el 2013, según reportes del Fondo Monetario, bajó casi exactamente lo mismo en Colombia y Brasil, dos de los países más desiguales del mundo.

Nada parecido a las políticas de industrialización de sus ilustres antepasados desarrollistas por no hablar de la redistribución de activos productivos como las reformas agrarias. Mientras Bolivia y Ecuador diseñaron programas de industrialización sobredimensionados y pronto olvidados, en Venezuela la vieja promesa de «sembrar el petróleo» se abandonó aun más rápidamente. En su lugar quedaron inversiones en infraestructura y el diseño de dudosas «ciudades del conocimiento» inspiradas en una mala copia del modelo coreano de desarrollo. Lo más radical en cuanto a políticas económicas industrialistas fue negativo: reducir el entusiasmo en la firma de tratados de libre comercio. Aunque Bolivia y Venezuela no han firmado ninguno, en Ecuador los gestos iniciales de abandono de las negociaciones del TLC con Europa fueron sustituidos en 2015 por la adhesión tardía a los textos aprobados por Perú y Colombia. Con el fin del superávit de las exportaciones, termina también, como en el siglo pasado, el empuje reformista.

Algo siempre es mejor que nada. Pero estamos a años luz de las expectativas iniciales de reforma. Es probable que la mejor explicación para esta voluntaria limitación del ímpetu reformista del progresismo se encuentre en una débil presión desde abajo. Aquellos movimientos que resistieron activamente las reformas neoliberales en los noventa se debilitaron mientras los gobiernos se fortalecían. Cambios estructurales en sus bases de apoyo y políticas de neutralización desde el Estado se combinaron exitosamente para reducir cualquier exigencia de más.