Desde mediados del siglo XX, Ecuador se ha caracterizado por una vida política relativamente apacible. Aunque no han faltado episodios violentos y confrontaciones radicales, han imperado tanto la moderación en las demandas como la negociación de soluciones parciales e incompletas a los más diversos conflictos. Todo puede ser objeto de un arreglo, de una transacción o de un acuerdo flexible cuyos términos se renegocian y cambian en plazos relativamente breves. Quizás la manifestación más impactante de esa capacidad negociadora fue la crisis política del último cambio de siglo, cuando tres presidentes electos y en funciones fueron depuestos en levantamientos incruentos, donde escasearon las polarizaciones extremas y donde las reglas y funcionarios fueron sacrificados antes de llegar a niveles de violencia incontrolables. En el saldo de esos episodios no hubo largas condenas de cárcel o exilio sino que proliferaron las amnistías, los indultos y las reducciones de penas. Las resistencias y descontentos sociales que esas caídas presidenciales expresaban no evitaron la imposición del neoliberalismo ni significaron transformaciones políticas radicales pero contribuyeron a restarle coherencia al ajuste estructural y a limitar su profundidad en algunos campos. En medio del desorden resultante, algunos grupos bien situados económica o políticamente medraron de la crisis y salieron beneficiados. Sin embargo, el balance final fue mixto y carente de consistencia, claridad o fijeza.

La sinuosa historia ecuatoriana contrasta con los antagonismos propios de otros países latinoamericanos –especialmente de Colombia y Perú, sus dos vecinos andinos– aquejados por guerras civiles sangrientas, efusiones masivas de violencia genocida, crueldad y bloqueos incesantes. La vida política ecuatoriana –colmada de una inestable calma y de una desesperante moderación– se pareció mucho a la modorra de los pantanos estancados, aunque la superficie pudiera lucir agitada. Muchos observadores identificaron sus atributos conservadores con el conformismo y la resignación, mientras que los discursos oficiales destacaron las ventajas de una «isla de paz» rodeada de archipiélagos de sangre.

La forma principal de esa trayectoria de negociación flexible fue la informalidad, a veces lindando con la corrupción y siempre dispuesta a desdecirse si las circunstancias lo ameritaban. El clientelismo, el «familismo» y la fragmentación en los acuerdos contrastaron con las formas clásicas de la negociación corporativista que acaudillaron los populismos latinoamericanos como los de Getulio Vargas, Juan Domingo Perón y Lázaro Cárdenas. No es que faltaran concesiones corporativas sino que fueron extraordinariamente atomizadas y limitadas; no es que los populismos clásicos latinoamericanos carecieran de clientelismo sino que constituían formas complementarias a los acuerdos con grandes gremios por ramas de actividad económica.

El intento de forjar un camino de modernización económica rápido y directo, así como un Estado disciplinario en lugar de transformista, es lo que distinguió a la «revolución ciudadana» (2007-2016). Parte de su atractivo social derivó de que se propuso imponer orden en medio del desorden tradicional, a la vez que limitar las concesiones caóticas e incoherentes asegurando disciplina y rigor en los comportamientos pedigüeños de todo el mundo. Si algo caracterizó el temperamento voluble de su dirigente máximo fue el rechazo terminante a la anarquía de demandas expresadas sin el debido respeto a la autoridad y sin los modales esperados frente a las jerarquías oficiales. Afirmar el principio de autoridad pareció una obsesión excéntrica y personalista, pero nacía de una voluntad modernizadora que veía esas concesiones constantes y parciales, esas negociaciones repetidas e inestables, como un obstáculo.

La imagen pública, modernizadora y disciplinaria, no agota todo el contenido de esta última década en la que los cambios sociales se combinan con las permanencias. El clientelismo y el desorden siguieron existiendo en todos los ámbitos de la acción gubernamental y el autoritarismo caudillesco difícilmente puede considerarse una gran innovación cuando jamás estuvo ausente en las tradiciones políticas más vivas del país. Pero hay una modulación diferente de sus pesos respectivos y de su lugar en el proceso continuo de modernización capitalista del Ecuador. Nunca antes, ni siquiera en los gobiernos de Galo Plaza Laso (1948-1952) y Sixto Durán Ballén (1992-1996), la tecnocracia gubernamental tuvo un peso tan importante en las decisiones políticas. Entre las aspiraciones más profundas de estas tecnocracias suele yacer el disciplinamiento de una sociedad caótica y atávica que resiste la modernización y la deforma. Esto le otorga un matiz peculiar al proyecto político y económico del correísmo. La tecnocracia nace de una cierta sociedad y una cierta historia y está, por supuesto, impregnada de las prácticas clientelares heredadas y de las reglas de convivencia del transformismo. Sin embargo, aspira a sustituirlas por un orden ideal de decisiones impersonales y cálculos fiables de lúcidos ingenieros sociales.

Montado sobre los abundantes fondos públicos provenientes del boom de las materias primas, este proyecto (que es solo uno de los proyectos que conviven en el correísmo, amalgama ecléctica de diferentes intereses) logró prosperar. Pero no existe seguridad alguna de que pueda mantenerse. Y aunque es poco probable que permanezca inalterado, tampoco es fácil prever que parte de la peculiar combinación de herencias de esta década perdurará. El tecnocratismo correísta se caracterizó por ser, como el de Galo Plaza, más estatista que la tecnocracia neoliberal de Durán Ballén. Este esquema parece, sin embargo, difícilmente sostenible ahora que el ciclo económico mundial cambió de dirección. El caudillismo, en cambio, podría seguir teniendo un futuro tan luminoso como su pasado. Esa herencia reforzada no parece destinada a cambiar.