En un famoso prefacio al clásico de Sérgio Buarque de Holanda Raízes do Brasil (1936), Antonio Candido recordaba a los lectores en 1967 que el libro concluye con una nota de duda respecto a «las condiciones para una vida democrática en Brasil». Buarque reconocía que, en las ciudades, las viejas aristocracias estaban siendo reemplazadas por cuadros procedentes de estamentos inferiores, templados por las dificultades del trabajo y capaces de establecer un orden político igualitario. Al mismo tiempo, indicaba que persistían viejas formas personalistas y oligárquicas y que no estaba claro cuál de los dos impulsos iba a prevalecer¹. Las elecciones brasileñas de octubre de 2022 fueron una dramática materialización de esta pregunta. El país más grande de América Latina –alrededor de 215 millones de habitantes y la decimotercera economía mundial– conmemoraba el bicentenario de su independencia reavivando formas violentas de sociabilidad. Moviéndose en la dirección opuesta, una especie de concertación o coalición democrática –aunque mucho menos formalizada que su contrapartida chilena– llevó por tercera vez a la Presidencia al antiguo obrero metalúrgico Luiz Inácio Lula da Silva. En la segunda vuelta, celebrada el 30 de octubre de 2022, Lula obtuvo 51% de los votos válidos frente a 49% de su rival, con una participación de 79%. Por todo el mundo se pudo oír un suspiro de alivio a ritmo de samba. 

Sin embargo, casi la mitad del electorado –dirigido por oficiales del ejército y acaudalados empresarios de los sectores agroindustrial, servicios y de la construcción, acompañados por una enfurecida clase media y por trabajadores con ingresos bajos influenciados por la teología de la prosperidad– optaron por la política autocrática de Jair Messias Bolsonaro, que obtuvo 58.206.354 votos frente a los 60.345.999 de Lula. El antiguo paracaidista de 67 años se convirtió en el primer presidente en funciones desde 1988 que no lograba la reelección. No obstante, el gigantesco conglomerado militar-religioso-agroindustrial consiguió hacerse con el bloque mayoritario en el Congreso, situando a la derecha en una posición sólida para obstruir cualquier intento de cambios estructurales. Los partidarios de Bolsonaro se hicieron con los estados de San Pablo, Río de Janeiro y Minas Gerais, los tres más ricos del país.

Después de su victoria, Lula ofreció un discurso cuidadosamente preparado en el que prometía que «las ruedas de nuestra economía empezarán a rodar de nuevo, propiciando la creación de empleo, aumentos de los salarios y renegociación de la deuda de aquellas familias que han estado perdiendo poder adquisitivo». Sin embargo, los partidarios descontentos de Bolsonaro bloquearon autopistas y acamparon frente a los cuarteles para protestar contra los resultados, mientras el derrotado presidente salía corriendo hacia Florida. A pesar de que su candidato a vicepresidente era Walter Braga Netto, un militar retirado, el Ejército pareció aceptar los resultados electorales. En una entrevista en O Globo, otro general, Hamilton Mourão –vicepresidente con Bolsonaro entre 2019 y 2022 y recién elegido senador por Rio Grande do Sul– daba el tema por cerrado².

La política de lo que en otros lugares he llamado una «autocracia inclinada hacia el fascismo» se quedó a un paso de inaugurar un nuevo periodo de oscuridad en la América de habla portuguesa³. Este artículo, escrito mientras se desarrollaban estos acontecimientos, intenta dotar de algún sentido al enmarañado amasijo de intereses, ideas y tácticas subyacentes. Analizando exhaustivamente los datos, la primera parte del artículo se detiene en el papel central desempeñado por los sectores desfavorecidos en el seno de la coalición democrática; la segunda esboza la configuración del bloque bolsonarista; la tercera y última regresa a la alianza triunfadora, señala los imperativos de clase que la dominan y trata de anticipar los desafíos a los que tendrá que enfrentarse. Un análisis sobre la marcha de acontecimientos que todavía están desarrollándose puede, desde luego, resultar parcial o exagerado; lo que viene a continuación es un intento de contribuir al proceso de reflexión en medio de contradicciones, cuya resolución final se encuentra todavía muy lejos.

1. La centralidad del hambre

En octubre confluyeron dos alianzas rivales dispuestas a librar la batalla electoral. Según las encuestas de opinión, los pobres habían tomado su decisión de voto ya en abril de 2021, cuando Lula, una vez que el Tribunal Supremo anuló su condena por el caso Lava Jato, prometió que si él ganaba habría «cerveza en el vaso y carne en la mesa». En un país que es el mayor productor de proteínas de origen animal del mundo, el consumo doméstico de carne roja había caído a su nivel más bajo desde 1996. Sucesivas encuestas de opinión mostraban que alrededor de 50% de los entrevistados confirmaban su intención de llevar de nuevo a Lula al Palacio de la Alborada, la residencia oficial del presidente brasileño. Con una sustancial ventaja en las encuestas, Lula empezó a construir una coalición ad hoc, que fue creciendo con el paso del tiempo. Apoyó la candidatura a gobernador de Río de Janeiro de un combativo candidato de izquierda, aunque auspiciado por el tibio Partido Socialista Brasileño (psb). Al mismo tiempo, respaldó a un peso pesado de la centroderecha, un populista vinculado al principal equipo de fútbol local, como gobernador de Minas Gerais. A finales de 2021, tras elegir a Geraldo Alckmin para la Vicepresidencia –un antiguo gobernador de San Pablo, miembro actualmente del psb y viejo pilar del centrista Partido de la Social Democracia Brasileña (psdb)–, Lula fue tejiendo a su alrededor un vasto entramado de grupos de naturaleza diversa.

Sin embargo, el estrato de la clase dominante que actúa como el sistema nervioso central de la burguesía brasileña y cuyos intereses en la banca, el sector manufacturero, la industria pesada y la cultura están más directamente relacionados con el núcleo del capitalismo global, especialmente a través de la intermediación financiera⁴, se mostró hasta el último momento reacio a unirse a la diversificada alianza de los partidarios de Lula. Hubo unas cuantas excepciones, como Gustavo Ioschpe, heredero de un fabricante de componentes automovilísticos, que ya en julio manifestó que votaría por Lula. Pero la mayoría organizada de esta fracción de clase permaneció distante a pesar de los grandes esfuerzos de Alckmin. Presionó al ex-presidente pidiendo explícitas, detalladas y concretas concesiones en su política económica que no llegaron a materializarse. Esta puede ser la razón final que hizo que la contienda electoral llegara a una segunda vuelta. El 2 de octubre Lula obtuvo 48,43% de los votos, quedándose a las puertas del 50% necesario para obtener la victoria; 1,6 puntos porcentuales adicionales habrían asegurado el triunfo inmediato de la candidatura Lula-Alckmin. 

En la segunda vuelta, cuando las cosas se pusieron feas –y por razones vinculadas con la política y no con la economía–, los banqueros se encontraron momentáneamente alineados con sindicalistas y movimientos de trabajadores sin tierra y sin techo; los sectores más avanzados de la industria se unieron brevemente con las mujeres, los negros, los pueblos indígenas y el movimiento lgbti+; por un momento, los conglomerados de los medios de comunicación hicieron causa común con los estudiantes universitarios. La unidad de esta concertación duró lo mismo que un cubito de hielo en un vaso (como en la canción de Joaquín Sabina): lo suficiente como para echar a Bolsonaro y salvaguardar las instituciones de la democracia representativa, razón por la cual la burguesía moderna estuvo dispuesta el 30 de octubre, por muy poco intuitiva que pueda haber sido esta decisión, a presionar la tecla 13 en la cabina de votación, esto es, el número de la candidatura de Lula⁵. El periodo de luna de miel, si es que llegó a haberlo, no duró más de diez días tras los cuales los socios reanudaron sus discusiones públicas sobre la dirección de la economía, como se analiza a continuación.

Entender este singular aspecto del concertacionismo en Brasil nos ayuda a desenmarañar los ritmos discontinuos y sorprendentes de la sinfonía que estamos tratando de comprender. Después de que los votantes pobres se hubieran posicionado al principio de la campaña, mientras que los más acomodados solamente lo hicieron al final, Lula pasó este periodo semielegido –aunque mejor sería decir no-elegido– hasta que las secciones más avanzadas de las grandes empresas prestaron atención a las preocupaciones sobre la propia democracia representativa. En contraste con el apoyo a Lula, el bloque de Bolsonaro ascendía lenta y constantemente, sabiendo desde el principio la estrategia que debía desplegar. Desde el 22% registrado en diciembre de 2021, Bolsonaro avanzó lentamente hasta llegar a 45% en octubre de 2022⁶. Respaldado por un Brasil paralelo y actuando desde las redes sociales, el presidente recompuso de nuevo una parte importante del apoyo electoral que había amasado en 2018. Lo que no consiguió fue recuperar precisamente al sector que se unió a Lula en el momento final y que inclinó la balanza a su favor. 

Esta historia no lineal culminó en una confrontación entre dos coaliciones, comparable a la que se produjo en Estados Unidos en 2020, con las secciones dominantes e intermedias de la sociedad divididas en dos campos⁷. Los pobres, que a diferencia de eeuu, constituían cerca de la mitad del electorado brasileño (cuadro 1), se inclinaban mayoritariamente por un bando, mientras que los estratos con ingresos bajos y los acomodados lo hacían hacia el otro (cuadro 2). En vísperas de la segunda vuelta, Lula tenía una ventaja de 21 puntos sobre Bolsonaro entre votantes cuyos ingresos familiares mensuales eran menores a dos salarios mínimos, siendo este el más bajo de los cuatro rangos utilizados para estratificar a los encuestados⁸.

La empresa de encuestas Datafolha categorizaba a casi dos tercios de los votantes pobres como «vulnerables», es decir, con ingresos bajos e inestables⁹. Aquí entraba probablemente el subproletariado brasileño –trabajadores agrícolas temporales, vendedores callejeros, guardias de seguridad en empleos informales, empleados de pequeñas manufacturas sin contratos laborales, trabajadoras del hogar no registradas, etc.– que se encuentra «privado de los mínimos requisitos para participar en la lucha de clases», ya que no puede sindicalizarse o ir a la huelga¹⁰. El lulismo había surgido como fenómeno político con el realineamiento electoral de 2006, cuando los pobres y los ancianos acudieron por millones en apoyo del antiguo obrero metalúrgico¹¹. En 2022 el lulismo afirmó su aspecto subproletario y resultó vencedor sobre todo entre las mujeres y la población de los estados nororientales. Lula obtuvo la victoria en 97% de las 1.000 ciudades más pobres de Brasil, de las cuales 80% están en esos estados. Esta vez, también obtuvo la victoria en la ciudad de San Pablo, posiblemente con la ayuda del tercio restante de votantes pobres, designados por Datafolha como «resilientes» y caracterizados por ingresos bajos pero estables vinculados al sector formal del mercado de trabajo.

Para comprender por qué los pobres decidieron votar a Lula desde un momento tan temprano, necesitamos retrotraer nuestro análisis. En general, los brasileños que perciben los ingresos más bajos rechazaban sistemáticamente el gobierno de Bolsonaro. Pero con el establecimiento del programa de Ayuda de Emergencia –aprobado por el Congreso a iniciativa del Partido de los Trabajadores (pt) de Lula en abril de 2020 en respuesta a la pandemia–, los índices de aceptación del presidente, sorprendentemente, empezaron a subir. La población atribuía a Bolsonaro el amplio alcance del programa, que llegaba a 67 millones de beneficiarios, así como la generosidad de sus pagos: alrededor de 600 reales mensuales (115 dólares), el triple de lo establecido en el programa Bolsa Família creado por Lula en 2004. Como resultado, los ingresos del 10% más pobre de la población aumentaron 15% por encima de la inflación. En regiones donde el costo de vida era bajo, los beneficiarios de la Ayuda de Emergencia pudieron eventualmente acceder a una vivienda muy precaria¹². Más de siete millones de personas salieron de la pobreza y, según el Banco Mundial, la pobreza extrema en Brasil cayó hasta 1,95%, el nivel más bajo de la historia.

Aunque durante la pandemia Bolsonaro perdió cierto respaldo entre la clase media por sus ataques a las medidas de distanciamiento social, su oposición a las mascarillas, su defensa de la cloroquina, sus burlas sobre la tasa de mortalidad y su cuestionamiento de las vacunas, recogió en cambio cierto apoyo entre los estratos más pobres. Si hubiera proseguido con la lucha contra la pobreza, podría haber amenazado el realineamiento electoral de 2006 representado por el lulismo, que combinaba la reforma gradual con el conservadurismo institucional. Pero no fue así. A principios de 2021, con una media de 1.000 muertes diarias, el ministro de Economía de Bolsonaro, Paulo Guedes, recortó los pagos mensuales de la Ayuda de Emergencia de 600 reales a 170-370 reales (30-70 dólares), al mismo tiempo que limitaba el acceso a la ayuda. Para los excluidos, esto significó el desastre. En marzo de 2021, además, la tasa de desempleo entre los pobres había subido a 36%; a finales de ese mismo año, los ingresos del 5% más pobre eran apenas la mitad de lo que habían sido en 2020. Con las tasas de contagio disparándose, Bolsonaro dio la espalda a los que estaban más necesitados, quienes no le perdonarían su negativa a ayudarlos.

Naturalmente, a medida que se acercaban las elecciones de 2022, la cuestión social regresó al primer plano de la agenda presidencial. Según una encuesta de la consultora Ipec, el apoyo a Bolsonaro entre los más pobres –aquellos cuyos ingresos familiares mensuales equivalían a un único salario mínimo– había caído hasta 14% en diciembre de 2021, después de haber alcanzado a 35% en septiembre de 2020. Cuando en abril de 2022 las cifras de las personas que pasaban hambre se dispararon hasta 33 millones¹³, el presidente decidió finalmente abrir el grifo bombeando alrededor de 200.000 millones de reales (40.000 millones de dólares) en la economía. Por supuesto, esto se hizo con la mirada firmemente puesta en las elecciones que se avecinaban; harían falta varias páginas para enumerar todas las medidas que se desplegaron con el objetivo de atraer a los votantes de menos recursos. Unos cuantos ejemplos serán suficientes. En enero de 2022, el gobierno de Bolsonaro comenzó a pagar el programa Auxílio Brasil, que entregaba 400 reales mensuales, el doble de lo abonado por el programa Bolsa Família al que reemplazaba, y llegaba aproximadamente a 21 millones de familias, contra 14,5 millones que recibían el programa anterior. En agosto de 2022, el valor de los pagos de Auxílio Brasil aumentó de nuevo hasta alcanzar la cifra mágica de los 600 reales que se habían pagado durante la pandemia. Al mismo tiempo, las subvenciones al combustible, instituidas para ayudar a las familias pobres que se habían visto obligadas a cocinar con leña, se duplicaron hasta llegar a los 112 reales mensuales. Dado que estos pagos se realizaban cada dos meses, los receptores de las subvenciones recibieron en septiembre más de 800 reales (150 dólares). En los primeros días de octubre, otro medio millón de familias pudieron acceder a estas ayudas, mientras el gobierno anunciaba otro programa de alivio de la deuda, permitiendo que los beneficiarios del Auxílio Brasil tomaran nuevos préstamos y el valor se descontara de sus subsidios mensuales, lo cual distribuyó otros 1.800 millones de reales (340 millones de dólares) a 700.000 personas. Finalmente, el paracaidista reconvertido en Robin Hood prometió un pago extra anual durante 13 meses para las mujeres inscriptas en el programa Auxílio Brasil.

Estas subvenciones permitieron que Bolsonaro ganara unos cuantos puntos en municipios con elevadas tasas de dependencia del programa Auxílio Brasil, lo que mejoró su imagen en el norte de Minas Gerais, en el sertão nororiental, en el estado de Pará y en las ciudades pequeñas del borde occidental de la región central. El programa Auxílio Brasil contribuyó a reducir la brecha con Lula de cinco puntos en la primera ronda hasta dos puntos en la segunda. Aun así, solamente 34% de aquellos que recibieron estos pagos, o que cohabitaban con alguien que los recibía, declararon su intención de votar por Bolsonaro, mientras que 61% apoyaba a Lula. A efectos comparativos, conviene recordar que en 2006 las intenciones de votar por Lula saltaban de 39% a 62% cuando el entrevistado recibía la ayuda de un programa federal¹⁴. ¿A qué se debe esta diferencia?

El politólogo Felipe Nunes ha sugerido que los votantes percibieron el carácter descaradamente electoral de las medidas de Bolsonaro; reinaba un claro escepticismo sobre la continuidad del pago de los 600 reales¹⁵. También es posible que los pagos del programa Auxílio Brasil fueran utilizados para saldar deudas de los hogares –en septiembre de 2022, 79% de los perceptores tenía deudas–, mientras que una inflación de dos dígitos se comía lo que sobraba. La revelación de que el Ministerio de Economía estaba buscando maneras de desvincular el salario mínimo y los beneficios sociales de la tasa de inflación puede haber sido la gota definitiva.

De cualquier forma, el bolsonarismo no solo utilizó la zanahoria de las concesiones. También sacó el palo de la intimidación política generalizada, la agresión física y la coacción económica por parte de los patrones, hechos que se multiplicaron a medida que se acercaba la fecha de las elecciones. Ilza Ramos Rodrigues, una jornalera de mediana edad de la microrregión de Itapeva, en el estado de San Pablo, manifestaba a un periodista que la donación de productos básicos, que normalmente recibía de un empresario partidario de Bolsonaro, había sido suspendida debido a sus simpatías por Lula, y que a menudo se encontraba con la «despensa vacía». A pesar de ello, se mantenía firme en su intención de voto: Lula «siempre ha estado de nuestro lado», «con los pobres», manifestaba a mediados de septiembre al diario Folha de S. Paulo. Estos estratos sociales pasaron a llamar a Lula, con sus 77 años de edad, painho, «padrecito», como en Bahía. Recordando a Getúlio Vargas, al que se llamaba pai dos pobres, «padre de los pobres» cuando fue reelegido en 1950 a la edad de 68 años, el painho reunió una concertación mixta, pero su regreso a la Presidencia se ha debido sobre todo al apoyo de los más débiles.

2. El bloque de Bolsonaro

A pesar del crecimiento del lulismo entre los votantes con menores ingresos, Bolsonaro tenía una ventaja de nueve puntos entre aquellos cuyos ingresos familiares se situaban entre dos y cinco veces el salario mínimo y que constituían alrededor de 40% del electorado (cuadros 1 y 2). Fue este estrato, que incluye a la mayoría de los trabajadores «formales», el que hizo que la extrema derecha fuera competitiva en 2022. La cuestión clave es el porqué. En primer lugar, Bolsonaro fue capaz de crear un sentimiento de bienestar por medio de una plétora de medidas fiscales que beneficiaban directamente a este estrato: reducciones de los impuestos a los combustibles, cheques para gasolina para taxistas y camioneros, pagos acelerados de primas de fin de año para pensionistas o liberación del retiro de las cuentas del Fondo de Garantía por Tiempo de Servicio (fgts) de los trabajadores. El pib brasileño creció 2,5% en el primer cuatrimestre de 2022 y el real se valorizó 1,3% en el tercero. El desempleo pasó de 11% a 8,7% entre finales de 2021 y septiembre de 2022, momento en el que 53% de los brasileños pensaban que era probable que la situación económica mejorara en los siguientes meses, la percepción más optimista desde el comienzo del mandato de Bolsonaro.

Estas medidas contribuyeron a reactivar las viejas inclinaciones derechistas de algunos sectores de la sociedad brasileña; pero hubo otros factores materiales e ideológicos que sin duda fueron decisivos para que Bolsonaro estuviera a punto de igualar el apoyo que obtuvo en 2018 entre los votantes incluidos en el rango salarial de los ingresos familiares comprendido entre dos y cinco veces el salario mínimo¹⁶. En el contexto brasileño, muchos de estos trabajadores pueden ser considerados parte de la clase media-baja y parece que se vieron atraídos por una novedosa conjunción entre formas de producción y sus correspondientes visiones del mundo. El superciclo de las materias primas, que repuntó a principios de 2021 y todavía se mantenía con fuerza en vísperas de las elecciones, ofreció buenas oportunidades para ello. En 2020, la demanda exterior de materias primas y la devaluación del real impulsó una expansión de la producción agrícola de 24%, a pesar de la pandemia. La agricultura en su conjunto contribuyó en 27% al pib brasileño, mientras que el otrora pujante sector industrial redujo su peso económico y disminuyó su participación hasta 11%. La producción agropecuaria creció otro 8% en 2021; la producción de cereales batió todos los récords. En julio de 2021, el Financial Times informaba que «prácticamente todo el zumo de naranja que se consume en el mundo procede de árboles ubicados en el estado de San Pablo»; según el presidente de la Empresa Brasileña de Investigación Agropecuaria (Embrapa, por sus siglas en portugués), un instituto gubernamental, en algunos lugares «la agricultura tropical sostenible» hacía posible tener tres cosechas anuales¹⁷.

Una novedosa «Confederación»

Como ha señalado el economista Bráulio Borges, los bastiones del bolsonarismo se corresponden estrechamente con las grandes plantaciones, cuyos beneficios crecieron en términos reales 30% con Bolsonaro¹⁸. Estas plantaciones son un inmenso enclave al estilo tejano que se extiende desde el norte de Rio Grande do Sul por Santa Catarina –donde manifestantes pro-Bolsonaro fueron filmados haciendo saludos nazis después del resultado de las elecciones– y el Centro, y llegan hasta los límites del Nordeste (v. mapa). Estas regiones disfrutan de empleos, dólares y ciudades habitables donde se puede disfrutar de la sertaneja (música rural brasileña), del tiro deportivo y recreativo y del fervor derechista. Esto ayuda a explicar por qué la fracción agraria de la clase dominante, por muy «moderna» que sea, se diferencia del tronco principal con un programa que el economista José Luis Oreiro ha llamado fazendão, o «plantacionismo»¹⁹. Como podemos imaginar, esto significa más armas, menores impuestos sobre la agroindustria y un sostenido retroceso de los derechos de los trabajadores, de la protección medioambiental y de la demarcación de territorios indígenas.

Aquí está en juego un novedoso alineamiento político que podríamos llamar una Confederación bolsonarista. La alusión a la Guerra Civil estadounidense (1861-1865) debe tomarse cum grano salis: en el Brasil del siglo xxi no hay un sistema esclavista, ni amenaza alguna en ciernes de una guerra civil en busca de la secesión. Pero el término habla de la consolidación de una coalición con una base territorial, económica y social cuya indignación toma la forma de un cierto sentimiento secesionista político-ideológico: no queremos formar parte del Brasil lulista, con su típica base social (pobres, negros) y territorial (nororiental). Este modelo confederado-exportador, que legitima una xenofobia antinororiental y un cierto grado de separatismo, consiguió atraer a algunos sectores de la clase trabajadora. Se vio reflejado a sí mismo en el bolsonarismo, cuyo lema podría ser: la sociedad no debería ser integrada sino jerarquizada.

Cuando Bolsonaro relajó los controles sobre la destrucción de la selva amazónica –bajo su administración, la deforestación aumentó 60%– y permitió la invasión de las reservas indígenas, los madereros y los mineros del norte, muchos de ellos operando ilegalmente, dieron un apoyo entusiasta a los confederados. La extrema derecha obtuvo el triunfo en 265 municipios de los nueve estados amazónicos. En la ciudad de Novo Progresso, en el estado de Pará, donde en 2019 los latifundistas promovieron un «Día del Fuego» –una iniciativa para provocar incendios que llegó a los titulares de todo el mundo–, Bolsonaro podía contar con 80% de los votos. En la segunda vuelta obtuvo la mayoría en los estados de Acre, Rondônia y Roraima, empatando prácticamente en toda la región norteña.

En las grandes ciudades, la Confederación obtuvo el apoyo de los principales empresarios de los sectores de la construcción y los servicios, simbolizados por Luciano Hang, el dueño de una cadena de grandes almacenes. Nouveau riches dueños de escuelas de idiomas, restaurantes, concesionarios de autos, gimnasios, tiendas de deportes y empresas de construcción estaban activamente comprometidos con el modelo agroindustrial de exportaciones al que podían adherirse como elementos subsidiarios. Detrás de ellos venía una ruidosa parte de los 20 millones de brasileños propietarios de pequeños negocios, algunos de los cuales podrían considerarse miembros de la clase media baja. Hasta 77% de estos «propietarios de negocios» planeaba votar por Bolsonaro en la segunda vuelta. Una de ellas, Thaís do Carmo, de 31 años y oriunda de Betim (Minas Gerais), explicaba en Le Monde que «como mujer empresaria» ella lógicamente «detestaba a la izquierda»²⁰. 

En agosto de 2022, Hang, el dueño de los grandes almacenes, que normalmente aparece con la cabeza afeitada y un traje verde lima acompañado de una estridente corbata amarilla, respondía a la «carta abierta» de dirigentes empresariales en apoyo de la democracia (analizada más adelante) diciendo que «millones de propietarios de empresas» firmarían el «manifiesto contrario»²¹. Puede ser que tuviera razón. El único municipio en el estado de Pernambuco que dio a Bolsonaro más votos que a Lula fue Santa Cruz do Capibaribe, un centro de empresas textiles con muchos pequeños negocios donde el ingreso medio familiar era de 2,5 a 4 veces el salario mínimo. De acuerdo con el antropólogo Maurício de Almeida Prado, el discurso del Estado pequeño tenía muchos partidarios entre estos «luchadores». El politólogo Antonio Lavareda sostenía que este sector establecía un vínculo causal entre «la corrupción visibilizada por el Lava Jato y el empobrecimiento de la sociedad»²².

El partido militar

Los profesionales de «la bala y la Biblia» tuvieron un papel significativo en el bricolaje bolsonarista. Generales y empresarios religiosos aportaron una dimensión constitucional y moral a la plataforma económica de la Confederación y contribuyeron a su relevancia en los medios de comunicación. Conectando la perspectiva del mundo del interior del país con los problemas de la vida en las ciudades, pedían menos liberalismo en la política, menos Estado en la economía, más familia –en respuesta a la precariedad atomizada del capitalismo tardío– y, para hacer frente al grave desafío de la seguridad pública, más represión.

La cuestión de la seguridad pública tiene una enorme importancia en una nación donde hubo más de 200.000 homicidios entre 2008 y 2011, cerca del triple de los muertos durante los tres primeros años de la ocupación estadounidense de Iraq (76.000). Con más de 700.000 personas en prisión, Brasil tiene la tercera mayor población reclusa del mundo, después de Estados Unidos y Rusia; sus superpobladas celdas fueron descritas como «mazmorras medievales» por uno de los ministros de Dilma Rousseff. Una gran cantidad de personas están empleadas en la industria de la seguridad: 380.000 en el Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea; alrededor de 400.000 en la Policía Militar; otras 130.000 son funcionarias de la Policía Civil y Federal, además de alrededor de un millón empleadas como guardias de seguridad privados. Esta es la razón por la que el papel de las Fuerzas Armadas y de la Policía Militar, que tiene competencia estatal, es tan relevante: fortalece la asociación entre el mensaje de «Orden y progreso», presente en la bandera nacional verde-amarilla y el papel capilar de los escalones inferiores de los empleados en servicios armados.

Partidaria de las armas y de las prisiones y hostil al universalismo de los derechos humanos, la ola bolsonarista se demostró «poderosamente seductora», no solo para las Fuerzas Armadas y la Policía Militar sino también para las fuerzas de la Policía Civil y Federal, como recoge el periodista Fabio Victor en su importante libro Poder camuflado. Otro estudio muestra que, en 2021, aproximadamente un tercio de la Policía Militar había interactuado online con bolsonaristas radicales. Marcelo Pimentel, un coronel de la reserva que ha hecho un estudio sobre lo que se llama el «partido militar», señala que 14 de los 17 generales que formaban el Alto Mando de las Fuerzas Armadas en 2016 tuvieron puestos dirigentes en el gobierno de Bolsonaro de 2021²³.

El regreso de los generales al escenario político, del que habían sido expulsados tras el desmantelamiento de la dictadura militar de 1964-1985, pertenece a una historia que se remonta a la proclamación de la República en 1889. Durante el último periodo de esa historia puede ser útil distinguir cuatro etapas claves. En la primera, bajo las presidencias de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) y Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010), el régimen militar todavía era objeto de culto para un indeterminado pero significativo número de oficiales en los cuarteles. Sin embargo, estas perspectivas solamente las expresaban públicamente unas cuantas figuras en la reserva y eludían el radar de la mayoría de los estudiosos y políticos, lo que producía la falsa impresión de que los oficiales más jóvenes eran inmunes al encanto del autoritarismo. La segunda fase empezó en 2011 cuando Dilma Rousseff, sucesora de Lula, estableció la Comisión Nacional de la Verdad (cnv), cuya tarea era investigar las muertes y desapariciones de opositores bajo la dictadura. El informe de la cnv, publicado en diciembre de 2014, mostraba que alrededor de un centenar de militares, todavía vivos, habían sido violadores de los derechos humanos, lo cual provocó, como señala Victor, la indignación de los cuerpos de oficiales y las «intervenciones políticas de generales en activo». La tercera fase corresponde al enjuiciamiento político de Rousseff en 2016, mientras su vicepresidente, Michel Temer, daba a los militares «un grado de poder desconocido en 21 años»²⁴.

Finalmente, este retorno gradual dio lugar a la aparición de un candidato presidencial con una base en las Fuerzas Armadas: Jair Bolsonaro, graduado en 1977 en la Academia Militar de Agulhas Negras, equivalente a West Point, lanzaba su carrera hacia la Presidencia en una ceremonia de graduación de cadetes celebrada en la misma escuela. A pesar de haberse visto en 1988 al borde de la expulsión del Ejército por indisciplina, fue «amnistiado» por sus antiguos colegas. Después de la debacle en 2016-2018 del gobierno de Temer, que rápidamente cayó en un cenagal de corrupción, miembros de las Fuerzas Armadas se lanzaron en tropel a apoyar la candidatura del que hasta entonces era un anodino congresista y a quien sus admiradores calificaban de «leyenda»²⁵. En un momento clave de la precampaña de 2018, el máximo responsable de las Fuerzas Armadas hizo público un mensaje dirigido al Tribunal Supremo Federal, que al día siguiente debía emitir su dictamen sobre el escrito de hábeas corpus que podría haber abierto la vía para que Lula –entonces en prisión en Curitiba por el Lava Jato– se presentara a la contienda electoral. El mensaje advertía que el Ejército no toleraría la «impunidad». El hábeas corpus fue rechazado y Bolsonaro se convirtió en el 38° presidente de la República.

De acuerdo con el vicepresidente Mourão, el gobierno de Bolsonaro no era un régimen militar, sino un régimen formado por antiguos militares. Sin embargo, y según cálculos de Victor, 60% de los 5.000 oficiales uniformados que ocupaban puestos ejecutivos –incluidas, como hemos visto, posiciones de alto nivel– estaba en activo. Además de multiplicarse por dos el número de militares incorporados al aparato de gobierno, los cuerpos del Ejército y la Policía recibieron numerosos beneficios materiales. El «partido militar» correspondió demostrando su apoyo a los autocráticos proyectos del líder, a pesar de las continuas renuncias. Por poner un ejemplo, el general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, un antiguo comandante de las Fuerzas Armadas, dejó de lado su imagen «moderada» en cuanto fue nombrado ministro de Defensa en marzo de 2022 y rápidamente se reveló como un «ardiente militante»²⁶. Nogueira de Oliveira acompañó a Bolsonaro en julio de 2022, cuando el presidente profirió sus amenazas más claras de golpe de Estado, mientras atacaba la integridad del voto electrónico y dejaba claro, frente a una audiencia de 40 embajadores extranjeros, que en caso de derrota apoyaría rupturas institucionales como la intentada por Donald Trump en el Capitolio de eeuu. En respuesta a estas declaraciones, un portavoz del Departamento de Estado del gobierno de Joe Biden señaló que el sistema electoral brasileño no solo era «sólido y había demostrado su eficacia», sino que era un modelo para otras naciones.

Apoyo con condiciones

Tres semanas después, el 11 de agosto de 2022, fue el turno de la burguesía financiero-industrial, que desplegó el estandarte de la legalidad en la carta abierta mencionada anteriormente, que provocó el desprecio de Hang. «El intento de desestabilizar la democracia y la confianza pública en la imparcialidad del sistema electoral» no tuvo éxito en eeuu «y tampoco lo tendrá aquí», declaraban los firmantes²⁷. La fecha marcó una división dentro de la clase dominante brasileña. Quienes pertenecían al mundo de las finanzas y de las grandes empresas profesaban su fidelidad a la «democracia», aunque no a Lula. Quienes no firmaron la carta, encabezados por las modernas empresas agroindustriales, se pusieron del lado de los confederados. Desde luego, hubo quienes en los sectores agrícola y de servicios apoyaron el sistema democrático, y otros adscritos a los sectores financiero e industrial que respaldaron a Bolsonaro. Pero la línea general de división entre las dos facciones ya había quedado establecida. Lo mismo sucedía con la clase media tradicional, que se dividió en dos: el sector mayoritario –55%, v. el cuadro 2– no siguió el camino de las grandes empresas y del sector financiero, con quienes había coincidido desde el regreso de la democracia electoral en 1985. 

El apoyo de la burguesía financiero-industrial llegó con condiciones. Sabiendo perfectamente bien que no había ningún candidato que tuviera posibilidades de vencer a Bolsonaro a no ser que tuviera una base en la amplia masa de la población, el bloque empresarial que se había movido el 11 de agosto para evitar un coup d’état decidió dar aire a las velas de Simone Tebet, una senadora centrista del Movimiento Democrático Brasileño (mdb) de Mato Grosso do Sul, esperando ganar fuerza en su negociación con Lula. Tebet se presentaba como una alternativa moderada a las dos coaliciones principales y recibió finalmente 4% de los votos en la primera vuelta, en la que, recordemos, a Lula le faltaron 1,8 puntos porcentuales para alzarse con la victoria. Ciro Gomes, un candidato de centroizquierda del Partido Democrático Laborista (pdt), obtuvo otro 3%. Una vez que la primera vuelta había dejado claro que cada voto era importante, Gomes dio un superficial apoyo a la coalición democrática y se retiró del escenario. Tebet, por el contrario, pidió una mayor ampliación de la concertación y asumió una actitud combativa en la nueva alianza. Entre bastidores estaba en marcha otro forcejeo. Los capitalistas avanzados querían un «gesto radical» de Lula con el que se comprometiese con la responsabilidad fiscal, aunque el manifiesto programático presentado al Tribunal Superior Electoral prometía «revocar el techo al gasto público».

El 6 de octubre, con todo esto todavía sin resolver, cuatro destacados economistas del psdb –Pedro Malan, Edmar Bacha, Armínio Fraga y Persio Arida– hablaron, por así decirlo, en nombre del moderno capital financiero-industrial, declarando que votarían por Lula con las «expectativas» de que se produciría una «gestión responsable de la economía». The Economist, que puede considerarse el termómetro del capital extranjero, había hecho lo mismo 48 horas antes. La prensa «seria» de gran tiraje, abiertamente opuesta a Bolsonaro, dio amplia cobertura a estos hechos y, durante tres semanas, situó la democracia por encima de la falta de confianza en el lulismo²⁸. Quince días después de la declaración del cuarteto del psdb, Lula observaba brevemente en un discurso pronunciado en el auditorio de la Universidad Católica de San Pablo que «este no será un gobierno del Partido de los Trabajadores». Al hacerlo, de acuerdo con el periodista Cristiano Romero, enviaba un mensaje tanto a «las corrientes más a la izquierda de su partido como, por supuesto, a los mercados». En el tercer mandato de Lula no habría espacio en el gobierno para los miembros del pt «que suscitaran la más mínima duda sobre el curso de la política económica»²⁹. La presencia en el acto de Henrique Meirelles, arquitecto del techo al gasto público, anterior presidente global del BankBoston y presidente del Banco Central con Lula, así como de Persio Arida, otro ex-presidente del Banco Central en los años de Cardoso y cerebro de la reforma monetaria antiinflacionaria de la década de 1990, el Plan Real –que permitió la sustitución de la antigua moneda, el cruceiro, por el real–, subrayaba el mensaje.

Conservadores y cristianos

Mientras tanto, el «partido militar» parecía haber entendido que tratar de dar la vuelta a los procedimientos electorales establecidos sin el apoyo del capital financiero-industrial o de eeuu acabaría dejándolo aislado e incapaz de gobernar. El programa autocrático tendría que ser propuesto dentro del marco de las instituciones democráticas, por lo menos por el momento. Como manifestó Mourão al reconocer la derrota, «aceptamos tomar parte en una partida en la que el otro jugador [Lula] no debería haber estado presente. Pero lo aceptamos y no hay nada de qué quejarse». Cuando se le preguntó por las protestas a favor de Bolsonaro, replicó: «Se deberían de haber producido cuando el jugador que no debería haber estado en la partida fue autorizado a jugar. Este jaleo en la calle debería haber empezado entonces, pero no fue así»³⁰.

Como compensación, las elecciones de 2022 registraron un significativo aumento de los representantes elegidos ligados a los servicios de seguridad: 48 diputados federales y 39 en el ámbito estatal, lo cual supone un aumento de 27%³¹. La maquinaria política confederada, con sus componentes presentes en los servicios de seguridad y su liderazgo económico, tiene las condiciones necesarias para mantenerse en funcionamiento, incluso si el «legendario» Bolsonaro se desvanece después de 2023. Realmente, hay quien piensa que el carisma de la «leyenda» tiene raíces meramente provincianas. En opinión del periodista Bruno Paes Manso, Bolsonaro y sus hijos son los representantes ideológicos de la cultura de las milicias surgida en Río de Janeiro, que «ha recorrido todo el camino hasta la Presidencia del país»³². Las milicias en cuestión fueron unidades creadas en Río durante la década de 1990 por funcionarios de policía en activo y retirados, que asumieron el papel de proporcionar «seguridad» a zonas supuestamente invadidas por traficantes de drogas depredadores. Estas milicias recaudaban dinero por la protección y obligaban a los residentes a pagarles por determinados servicios: conexiones ilegales de televisión por cable, tasas impuestas a cooperativas de transporte e imposición de un elevado porcentaje sobre las compras y alquileres de automóviles. Un estudio calcula que, en los últimos 30 años, las milicias de Río de Janeiro se han apoderado de más de la mitad del territorio que estaba controlado por el crimen organizado, que cuenta con una población de más de cuatro millones de personas. Un análisis del voto de la primera vuelta electoral muestra que Bolsonaro arrasó en los distritos en los que había una elevada presencia de las milicias³³.

Río es también el estado donde mayor influencia tienen los grupos pentecostales. Los predicadores evangélicos escenificaron huelgas de hambre en protesta por la perspectiva de que Lula ganara en la primera vuelta y la presión religiosa puede haber tenido allí una gran influencia. En Minas Gerais, donde no se conoce que operen las milicias, el avance del bolsonarismo en la segunda vuelta se atribuyó a los evangélicos. Con el respaldo de 30% de la población y una lista recientemente elegida de 92 representantes, destacadas iglesias evangélicas lanzaron una movilización nacional sin precedentes a favor de Bolsonaro. Los votos que obtuvo en 2018 ya habían estado vinculados con el evangelismo, pero el ciclo electoral de 2022 asistió a un auge bíblico-conservador que no se había visto nunca. Bolsonaro, católico declarado, invirtió sistemáticamente en construir relaciones con los dirigentes evangélicos. A partir de 2011 empezó a incorporar a su actividad legislativa «temas relacionados con la moral sexual» y se bautizó públicamente en el río Jordán. Una vez en el poder, colocó en todas partes su eslogan «Dios por encima de todos», aplicó conceptos religiosos a las decisiones del Estado, nombró a personalidades evangélicas para que ocupasen puestos ministeriales, permitió su entrada en el Tribunal Supremo, se opuso a las restricciones impuestas a los grupos religiosos durante la pandemia y perdonó los 1.400 millones de reales (unos 270 millones de dólares) que debían las iglesias al Estado³⁴.

A cambio de ello, los líderes religiosos –incluido el multimillonario Edir Macedo, fundador de la poderosa Iglesia Universal del Reino de Dios– dieron al proyecto bolsonarista un respaldo entusiasta. El canal de televisión Rede Record, propiedad de Macedo y el segundo mayor canal de Brasil, se unió a otros medios de comunicación, incluido Jovem Pan, un equipo creado a imagen de Fox News, para contrarrestar la cobertura crítica sobre Bolsonaro que hacía Globo, el mayor y más influyente canal de televisión de Brasil. Un comunicado de la Iglesia Universal emitido en septiembre de 2022 reiteraba el apoyo de Macedo al presidente, ya que «el pensamiento evangélico» no podía aceptar «el constante ataque sobre la estructura familiar tradicional compuesta de padre, madre e hijos»³⁵.

Al comienzo de la campaña electoral, empresarios religiosos inundaron el país con un ejército de fervientes propagandistas que dieron voz a lo que la politóloga Marina Basso Lacerda ha llamado el «paleoconservadurismo brasileño»³⁶. Importado de eeuu, sus sermones explican que una sociedad sana no se consigue por medio de la política pública o de medidas redistributivas, sino a través del «fortalecimiento de la familia como fuente de provisión para sus miembros». Como Bolsonaro manifestó en la Organización de las Naciones Unidas (onu), la familia era la célula madre de la que surgiría una sociedad más saludable. Un Brasil «conservador y cristiano» tendría que defender su orden moral interno contra todos los que intentaran socavarlo. Aunque Bolsonaro evitaba una explícita oposición al Estado secular, esa cuestión estaba efectivamente sobre el tapete, habida cuenta de que un país cristiano deja a los que no son cristianos en una posición de inferioridad. Se produce una inversión de la realidad que transforma al agresor en la víctima³⁷. El mensaje es que los enemigos de la familia pretenden destruir este pilar de una sociedad sana y por ello deben ser suprimidos, cuando en realidad quienes quieren suprimir al otro y se niegan a permitir la diversidad son los paleoconservadores.

Un estudio realizado en una zona periférica del sur de San Pablo en la década de 2010 recogía la lenta difusión de charlas contra el pt entre evangélicos de clase trabajadora, generalmente pertenecientes al estrato que gana entre dos y cinco veces el salario mínimo –empleados de salones de belleza, dependientes de tiendas, guardias de seguridad, funcionarios de la policía–, que acompañaban el agravamiento de los problemas económicos y las acusaciones de corrupción dirigidas contra el pt³⁸. Puede que sea este cóctel de sentimiento molecular contrario al pt y paleoconservadurismo lo que explica el carácter fanático de la polarización política de 2022. En un lenguaje que recordaba el de los agitadores de extrema derecha presentes en eeuu durante la década de 1930, estudiado por Leo Löwenthal y Norbert Guterman, los oponentes políticos ya no se concebían como obstáculos humanos para el logro de objetivos particulares, sino como un cuerpo externo a la sociedad, la encarnación del propio mal³⁹.

Dirigiéndose a una congregación de la Iglesia Bautista de Filadelfia en Salvador, Bahía, poco antes de la segunda vuelta, un pastor elegido para el Congreso habló de «una guerra civil contra el inminente mal de una posible victoria de la izquierda». Un miembro de otra iglesia informó que el pastor había dicho que, si Lula resultaba elegido y empezaban a quemar iglesias, «se aseguraría de que cualquiera que hubiera votado a Lula fuera el primero en arder». En Belo Horizonte, un pastor con una congregación semanal de 5.000 personas utilizó el púlpito para acusar a Lula de apoyar el aborto y la legalización de las drogas, así como de querer restringir los medios de comunicación y liberar a los pequeños delincuentes⁴⁰. Las presiones fueron tales que, dos semanas antes de la segunda vuelta, Lula se sintió obligado a publicar una «Carta a los evangélicos», en la que aseguraba a sus lectores que él no iba a obstruir el funcionamiento de lugares de culto, que personalmente se oponía al aborto y que estaba comprometido con «fortalecer a las familias de manera que los jóvenes se mantuvieran alejados de las drogas». Sin embargo, partiendo de un empate técnico con Lula entre los evangélicos en diciembre de 2021, la agitación de los pastores le dio a Bolsonaro 20 puntos de ventaja entre ellos en la carrera hacia la segunda vuelta.

3. La gran coalición

En la política brasileña, que se caracteriza por un hiper-transformismo que desconcertaría incluso a Antonio Gramsci, la más fanática de las posiciones puede alterarse simplemente con un cambio del viento que sopla. El 3 de noviembre de 2022, Edir Macedo predicaba el «perdón» de Lula. La Realpolitik fue incluso más rápida y las negociaciones con el Congreso empezaron inmediatamente. El presidente de la Cámara de Diputados, Arthur Lira (Partido Progresista-Alagoas), un aliado de Bolsonaro que habla por el Centrão –el mayor grupo del Congreso, con alrededor de 300 miembros principalmente conservadores–, ni siquiera esperó el anuncio formal de los resultados del 30 de octubre para presentarse ante las cámaras de los noticiarios y decir que la voluntad del pueblo expresada en las urnas «nunca debe ser impugnada». En ese mismo momento, el presidente del Senado, Rodrigo Pacheco (Partido Social Democrático-Minas Gerais), también en buenos términos con Bolsonaro, se unía a su colega de la Cámara de Diputados: «Podemos ofrecer al pueblo una gran coalición en la que converjan las instituciones en el futuro gobierno».

Lo que Lira y Pacheco querían a cambio de este conspicuo giro de 180 grados –que también servía para desalentar posibles movimientos hacia un golpe de Estado por parte de los extremistas bolsonaristas– era el apoyo de Lula para su reelección a sus respectivas Cámaras en febrero de 2023. Además, querían el mantenimiento de lo que se ha llamado el «presupuesto secreto», un mecanismo en funcionamiento desde 2019 y oficializado por Bolsonaro en 2021, en virtud del cual el líder de la Cámara de Diputados recibe una enorme suma de dinero –alrededor de 20.000 millones de reales (3.800 millones de dólares)– para repartirlo a fin de efectuar enmiendas legislativas. Parte de estos fondos pueden ser utilizados por los legisladores dentro de sus propias circunscripciones, sin tener que detallar los trabajos realizados o rendir cuenta alguna. Se trataba de un recurso (escandaloso) para comprar el control de los miembros del Congreso, ya que los receptores de estas sumas tienden a ser reelegidos; las elecciones de 2022 registraron la tasa más baja de rotación en la Cámara desde 1998. El presupuesto secreto fortalecía la posición del presidente de la Cámara, ya empoderado por la cláusula constitucional que estipula que él, y solamente él, puede decidir si llevar ante el plenario de la Cámara las propuestas de impeachment que le son presentadas. Bolsonaro aceptó el presupuesto secreto como el precio para evitar su propio impeachment y así se convirtió en el «tchutchuca do Centrão», como decía uno de sus propios seguidores, expresión traducida enternecedoramente por Associated Press como «la ‘querida’ de una fracción clientelista del Congreso»⁴¹.

Habida cuenta de que Lula también necesitaba el apoyo del Congreso para escapar del impeachment, así como para aprobar los programas sociales que había prometido, también él ha utilizado el hiper-transformismo apoyando la reelección de Lira y Pacheco. Pero en el proceso de negociación pudo obtener algunas concesiones. La historia está llena de giros a derecha e izquierda. Después de las elecciones, Lula –como cualquier presidente brasileño– tuvo que negociar con numerosos partidos del Congreso, e incluso con miembros independientes, hasta que, siguiendo las normas de la «gran coalición», consiguió el suficiente apoyo parlamentario para gobernar⁴². Los diputados son elegidos por representación proporcional en el ámbito estatal, de manera que el apoyo absoluto a escala nacional que recogió el presidente no se refleja en el Congreso. Por otra parte, gracias a la flexibilidad de las reglas de formación de partidos, Brasil tiene desde hace mucho tiempo el panorama de partidos más fragmentado del mundo. En 2022, había 23 organizaciones representadas por los 513 miembros de la Cámara de Representantes, lo cual significa que cada una de ellas solo tenía un pequeño bloque de representantes⁴³. Dado que los partidos de la coalición del pt solamente tenían 154 escaños en la Cámara, el psd y el mdb –el partido que encabezó el golpe parlamentario contra Rousseff en 2016– fueron rápidamente invitados a entrar en el tercer gobierno de Lula. En teoría, porque las lealtades individuales a los partidos son también bastante relativas, aportaban 83 escaños más. El partido conservador Unión Brasil, con un valioso bloque de 59 escaños, también ha obtenido posiciones en el gobierno, pero incluso así está dividido en cuanto al apoyo a Lula. De este modo, el gobierno de Lula ha reunido una exigua mayoría en la Cámara a costa de englobar a todo el espectro político, desde la derecha hasta la izquierda, excluyendo solamente a los partidos que apoyan a Bolsonaro. En el Senado, el candidato bolsonarista a presidirlo fue derrotado por 49 votos contra 32 el 1o de febrero de 2013, y fue reelecto Pacheco. 

Si estos ambiguos grupos pueden mantenerse unidos –una alternativa siempre costosa–, podría evitarse un nuevo impeachment. Pero ni siquiera ellos tienen mayoría suficiente como para aprobar enmiendas a la Constitución, que requieren 308 diputados y son esenciales para cualquier mínimo programa legislativo, ya que la Constitución brasileña es extremadamente detallada y deja poco al azar. Ya a principios de octubre, los analistas sugerían que Lula también intentaría cooptar a miembros de los partidos pro-Bolsonaro dentro del Centrão atrayendo a diputados individuales⁴⁴. Después del rápido y radical cambio de Macedo, los Republicanos, un partido vinculado a la Iglesia Universal, declararon «no ser fervientes partidarios» de estar en la oposición. Algunos miembros del Partido Progresista, el principal heredero de la dictadura, también se inclinaron por unirse a Lula. Incluso en el Partido Liberal (pl), una organización creada en 1985 y colonizada por Bolsonaro en 2021, alrededor de 40 de los 99 miembros de la Cámara eran partidarios de entrar en un gobierno encabezado por Lula. Pero el jefe del partido, Valdemar Costa Neto, actuando bajo las presiones de Bolsonaro, adoptó una posición intransigente. El manto de la oposición ha recaído en el pl como plataforma desde la cual desestabilizar al gobierno de Lula. Por otro lado, el psdb, anteriormente hegemónico entre la clase media y actualmente con solo 13 representantes, se ha declarado independiente tanto de Lula como de Bolsonaro; y quizá las fracciones modernas del capital financiero-industrial sigan el mismo camino. 

La situación económica de Brasil, combinada con las presiones recesivas e inflacionionarias globales, hacía que para Lula fuera imprescindible alcanzar alguna clase de acuerdo presupuestario a comienzos de 2023. Un factor de «malestar» era precisamente lo que estaban esperando las fuerzas de la Confederación para prender la hoguera que quemaría el capital político acumulado por Lula. Dado que un respiro fiscal estaba descartado por una enmienda constitucional de 2016 que imponía un techo muy estricto al gasto público, la cuestión era tirar de las costuras del mosaico interclasista que apoya al gobierno. Además, el discurso de Lula del 21 de octubre, en presencia de Meirelles y Arida, parecía haber descartado cualquier movimiento redistributivo. ¿Había capitulado Lula ante las presiones que Rui Falcão, anterior presidente del pt, tenía en mente cuando advertía contra la posibilidad de verse empujados a «adoptar un programa que no es nuestro programa»?⁴⁵. La verdad es que Lula estaba buscando una fórmula de conciliación, algo que intentó con su «Carta para el Brasil de mañana» publicada 48 horas antes de las votaciones: «Es posible combinar la responsabilidad fiscal, la responsabilidad social y el desarrollo sostenible». El sector financiero previsiblemente consideró que el documento era demasiado genérico y que carecía de respuestas en cuanto al origen del dinero para satisfacer tantas exigencias.

Sin embargo, la necesidad de cumplir las promesas hechas a los pobres y proporcionar alivio a la deuda de las familias, de elevar el salario mínimo y de financiar medidas de seguridad pública, el sistema sanitario y la educación –en resumen, la reconstrucción nacional que tantos estaban esperando– empujó a Lula, en un paso inteligente, a negociar con Lira incluso antes de tomar posesión. Simplificando la historia, intercambió su implícito apoyo para la reelección de Lira y Pacheco a cambio de una exención de los límites al gasto durante el primer año. Formalmente, Lula dio el control de su equipo de transición a Alckmin y nombró a Arida como uno de sus coordinadores de política económica junto a otros tres economistas, dos de ellos miembros del pt⁴⁶. Arida defendió un plan para superar los límites del gasto por un importe de 100.000 millones de reales (19.000 millones de dólares), lejos de lo que la gente situada a la izquierda juzgaba necesario para un proyecto de reconstrucción, que tenía su modelo en la comparecencia de Biden ante el Congreso estadounidense el 28 de abril de 2021. Ni siquiera era suficiente para garantizar el «mínimo social»: la promesa de Lula de mantener en 600 reales la ayuda del programa Bolsa Família, con un plus de 150 reales por cada hijo menor de seis años. 

En esa situación, Lula dio un audaz paso recurriendo directamente a las negociaciones con el Congreso, es decir, con Lira y Pacheco, sin consultar al equipo de economistas que él mismo había nombrado bajo la autoridad de Alckmin. Al mismo tiempo, el Tribunal Supremo declaraba ilegal el «presupuesto secreto» sometido a su consideración, lo que significaba que Lira tenía que aceptar la solución intermedia que ofrecía Lula, la cual supondrá nuevas negociaciones entre el presidente de la Cámara (Lira) y del Ejecutivo (Lula) sobre la asignación de parte de lo que era el «presupuesto secreto». Sin duda, Lira hará todo lo que esté en sus manos para mantener el control del dinero. Al mismo tiempo, Lula intentará arrancarle concesiones legislativas a cambio de las enmiendas que quiere. En cuanto al resultado de esta fiera batalla, solo el tiempo nos lo dirá, pero Lula, con la decisiva ayuda del Tribunal Supremo, ha sido capaz de recuperar cierto poder para la Presidencia. 

La denominada «Enmienda constitucional para la transición», que Lula obtuvo del Congreso, dejaba sin efecto el límite al gasto anual, aumentando la propuesta de Arida en 50% y llegando a los 150.000 millones de reales (unos 30.000 millones de dólares), cifra que debería garantizar el «mínimo social» hasta finales de 2023. Después de duras negociaciones, la enmienda constitucional fue aprobada el 21 de diciembre de 2022. La pregunta es si será suficiente. Los cálculos dicen que cubrirá el «mínimo social», manteniendo los 600 reales del nuevo Bolsa Família, además de otros 150 reales por cada hijo menor de seis años. En otras palabras, Lula obtuvo del Congreso lo suficiente como para beneficiar a su electorado: los pobres. Una familia con dos hijos menores de seis años recibirá 900 reales mensuales (unos 170 dólares), no tan lejos del salario mínimo establecido en 1.300 reales. Pero solamente quedarán 23.000 millones de reales para el resto (4.500 millones de dólares).

«Un comienzo realmente malo» para el nuevo gobierno, comentó un asesor empresarial al Financial Times⁴⁷. Aunque la fracción principal de la burguesía se vio empujada a ponerse del lado de los pobres por el bien de la democracia, puede encontrarse pronto molesta por los gastos que ello supone. Hay razones para pensar que le pueda entrar nostalgia por el programa de Paulo Guedes, el ministro de Economía de Bolsonaro, que insistía –incluso hasta el punto de arriesgarse a la derrota de su jefe– en la necesidad de despojar al presupuesto de sus «índices, ataduras y obligaciones», abriendo el camino para que las pensiones y el salario mínimo fueran por detrás de la inflación. Dicho esto, la verdadera oposición es probable que venga del Senado. Con los ex-ministros claves elegidos como senadores, una brigada de bolsonaristas está tratando de crear un búnker contrario a Lula en la Cámara Alta. Cuando vengan los tiempos difíciles, ¿podrá Lula contar con Lira, el hombre que le guardó las espaldas a Bolsonaro en la Cámara? Y con una coalición tan amplia, ¿habrá suficiente consenso para aprobar programas que puedan convencer a la población de que la democracia merece la pena?

Unos disturbios y su significado

Cuando gran parte de este ensayo ya estaba escrito, la revuelta bolsonarista del 8 de enero de 2023 descargó toda su furia sobre los preciosos edificios diseñados por Oscar Niemeyer en Brasilia. Más allá del daño sustancial y quizá irreparable causado a las instituciones democráticas fundamentales de la nación, ¿qué puede decirse sobre sus consecuencias políticas? De acuerdo con Ross Douthat, que escribió sobre el tema en The New York Times, la tormenta que se desencadenó en Brasilia solamente era performativa, ya que Lula había sido investido la semana anterior, el 1o de enero, y ninguno de los órganos de los aparatos ejecutivo, legislativo o judicial estaba trabajando porque era domingo. Douthat sostenía que la enloquecida multitud extremista, venida de muchos lugares del interior, no estaba tratando seriamente de alterar la democracia electoral. Estaban ofreciendo un espectáculo para evocar las imágenes de la invasión del Capitolio del 6 de enero, acaecida dos años antes⁴⁸.

En cuanto a la sincronización de los actos vandálicos, Douthat tiene razón. Explotaron cuando, gracias al hábil manejo del Congreso por parte de Lula, las expectativas populares sobre el nuevo gobierno estaban en alza. Gracias a la pragmática sabiduría de Lula, los 100 días de benevolencia tras su conmovedora investidura estaban en marcha. Por eso, la asombrosa violencia contra las instituciones democráticas en la Plaza de los Tres Poderes cayó en el vacío y el aislamiento, al margen de verse enérgicamente repudiada por la abrumadora mayoría de los brasileños. Quizá puede haber contribuido a infligir una herida mortal al bolsonarismo, aunque eso dependerá de que la alianza entre el gobierno y el Tribunal Supremo se demuestre capaz de aprovechar la oportunidad.

Pero hay tres aspectos en los que el análisis de Douthat falla. El primero, curiosamente, tiene que ver con su éxito. El increíble deseo de ser como los trumpistas que mostró la multitud reunida en Brasilia el pasado 8 de enero resulta peculiar, algo que es necesario estudiar en sus propios términos. Aunque la invención estadounidense de 2016 dejó sentir su impacto a escala mundial, el panorama social brasileño fue probablemente el más afectado por la experiencia de Trump. El impulso por imitar a eeuu es parte constitutiva de la historia republicana de Brasil. Cuando se abolió la monarquía en 1889 para dar lugar a la República, la primera bandera que se propuso para el nuevo régimen brasileño tenía barras y estrellas en amarillo y verde; después de un periodo de conciliación, acabó con estrellas en un globo, sin franjas, un diseño bastante parecido al de la vieja enseña imperial. Es posible que el bolsonarismo haya dado un nuevo paso en esa trayectoria, aproximando la política brasileña a la estadounidense más que nunca.

El segundo aspecto se refiere a las consecuencias simbólicas del episodio. Resulta peligroso hipertrofiar el peso del simbolismo en la política; después de todo, y como enseñaba Marx, lo que se hace es más importante que lo que se dice. Pero las representaciones, las palabras y los símbolos tienen un lugar especial en la política. Aquel día de enero fue lo suficientemente impresionante como para no olvidarlo, incluso en una cultura que tiene tendencia a olvidarlo todo. Siempre será un recordatorio de que, finalmente, el bolsonarismo no puede ser absorbido por la democracia, incluso aunque pretenda actuar de una manera criptoautoritaria.

El tercer punto se refiere a la responsabilidad política de militares, policías, funcionarios, pastores evangélicos y empresarios en los hechos de enero de 2023. Su implicación muestra que la imitación brasileña de los acontecimientos del Capitolio, señalada por Douthat, también era un aviso a la concertación por parte de un sector del bloque confederado. Desde el gobernador de Brasilia, cuya policía dio la bienvenida a los «manifestantes», hasta los militares que evitaron detener a algunos de los que buscaron refugio en el «campamento» cerca del Cuartel General del Ejército, por no hablar de los empresarios que financiaron la destrucción, el mensaje era claro: no aceptamos la conciliación y no hemos depuesto las armas. Las investigaciones en marcha del Tribunal Supremo y de la Policía Federal tienen los medios para presentar cargos contra mucha gente, incluido el anterior presidente. El que esto suceda dependerá de la convicción, grado de unidad y, por último, pero no menos importante, del apoyo popular a la gran coalición en los meses venideros. 

El dilema nos devuelve a las predicciones de Buarque y Candido. Para ambos, la democracia solo podía prevalecer en Brasil si servía para apresurar «la emergencia de los estratos oprimidos de la población, que son los únicos con capacidad para revitalizar la sociedad y dar un nuevo sentido a la vida política»⁴⁹. Al ponerse la banda presidencial el primer día de enero de este año, Lula también ha asumido la responsabilidad de abrir nuevas perspectivas para los más desfavorecidos, bajo la amenaza de un resurgimiento autocrático que borraría la resplandeciente Cruz del Sur del mapa de las estrellas y de la bandera tropical.

Nota: este artículo se publicó en New Left Review, en inglés y en español. Agradecemos la autorización para reproducirlo. Traducción: José María Amoroto Salido.