Las instituciones representativas tradicionales están atravesando una crisis en muchos países del mundo, aunque no existe un consenso sobre su irreversibilidad o excepcionalidad. Esta regresión ha dado lugar a interpretaciones de tintes alarmistas sobre las disfunciones institucionales de regímenes en los que las elites ya no actúan como garantes de las normas democráticas básicas¹ o concentran demasiado poder económico². 

La incapacidad de los sistemas políticos para encauzar demandas y ofrecer soluciones concretas a la sociedad, junto con la expansión de la crítica entre la ciudadanía, ha contribuido a una radicalización de los electorados en diferentes partes del mundo, y esto se ha convertido en caldo de cultivo para las derechas radicales. En particular, el electorado no teme transgredir ciertos ideales democráticos cuando estos chocan con temas apremiantes de su vida cotidiana como el orden y la seguridad, el aumento de los precios o la inmigración. Un reciente estudio mostró que, incluso en Finlandia, una de las democracias más avanzadas del planeta, la ciudadanía estaba dispuesta a sacrificar los principios de la democracia liberal en un trade-off para conseguir objetivos de interés público³. Todo indica que las derechas radicales han logrado capitalizar gran parte de ese «inconformismo social en favor de distintas salidas políticas antiprogresistas»⁴.

Este artículo analiza esta creciente normalización como parte de un fenómeno global, y las dinámicas de reconfiguración de las derechas en Chile desde una estrategia de moderación hasta una regresión conservadora. Examina los factores de apoyo al Partido Republicano (pr) y sus implicancias para la derecha convencional.

El patrón de normalización de la nueva derecha radical

Según Cas Mudde, las derechas radicales se distinguen de las derechas «extremas» o antidemocráticas por aceptar las reglas procedimentales de la democracia, al tiempo que socavan sus principios liberales. Otra de sus características es su creciente normalización. Para el politólogo neerlandés, este fenómeno marca la emergencia de una cuarta ola de ultraderechas que, de ser actores minoritarios marginalizados, se convirtieron en referentes políticos con implantación territorial, representación parlamentaria y apoyo electoral crecientes⁵. 

Esta tendencia tuvo como hito la victoria de Donald Trump en Estados Unidos en 2016, que empezó a encender las alarmas sobre el futuro de la democracia. Tres sucesos reforzaron ese pesimismo: que su elección haya tenido lugar en el país que fue cuna de la democracia moderna; que haya sido casi simultánea con el «Brexit» a raíz del cual el Reino Unido se retiró de la Unión Europea; y que en esos mismos años se registraran avances electorales de derechas radicales en las democracias más consolidadas de Europa occidental. En las elecciones europeas de 2019, la derecha radical pasó a ser la primera fuerza en cinco países (Francia, Italia, el Reino Unido, Polonia y Hungría) y hoy en día, salvo en Irlanda y Malta, se encuentra representada en todos los parlamentos nacionales del continente, con porcentajes electorales superiores a 20%⁶. Desde septiembre de 2022, Italia está también dirigida por el gobierno ubicado más a la derecha desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, producto de una alianza entre partidos de derecha radical y centroderecha.

Este auge se ratificó en las elecciones presidenciales. En Francia, la líder de Agrupación Nacional (rn, por sus siglas en francés), Marine Le Pen, obtuvo en 2022 resultados inéditos al mejorar en cerca de 24 puntos la votación obtenida en 2002 por su padre, Jean-Marie Le Pen, frente a Jacques Chirac. Aquella elección significó entonces un sismo político y dio lugar a movilizaciones multitudinarias para «cerrar el paso» a la extrema derecha. Dos décadas después, una encuesta de Fondapol comprobó más bien el alza del voto de indignación social entre los franceses, que se expresó en el apoyo a las fuerzas políticas más extremas⁷. En la primera vuelta de la elección presidencial de 2022, los tres candidatos «radicales» –Marine Le Pen y Eric Zemmour en la extrema derecha y Jean-Luc Mélenchon en la izquierda– totalizaron más de la mitad de los sufragios (52%). 

La progresión de ese voto de protesta resulta de al menos tres factores estructurales. Primero, se debilitaron los vínculos programáticos de los partidos con la sociedad a raíz de cambios tanto económicos como socioculturales⁸. Segundo, la tecnología digital modificó la estructura de la arena pública anulando a los partidos como canales privilegiados de información e intermediación y desregulando las relaciones políticas⁹. También tendió a amplificar la visibilidad de candidatos en abierto conflicto con la democracia liberal. Tercero, en muchos contextos, las elites tradicionales han contribuido al empoderamiento de sus contrincantes más radicales. Es lo que muestra la correlación entre el declive de los partidos de centroizquierda y centroderecha y el auge de la derecha radical. 

A estos factores estructurales se suman otros coyunturales, como la crisis de autoridad, orden y seguridad, que han sido los temas de mayor predilección de líderes iliberales. Estos problemas hacen de la democracia una «forma de régimen mucho más contingente» de lo que presumieron los teóricos de las transiciones¹⁰. E invitan a su vez a tomar con cautela la idea de crisis excepcional e irreversible de los sistemas democráticos, ante el carácter más bien cíclico, contextual y contingente de esta¹¹. En el Democracy Index que publica anualmente The Economist, Chile fue reincorporado a la lista de las democracias plenas y ya no «defectuosas», lo que se explica en parte por el fin de las restricciones ligadas a la pandemia. Para su integración al top ten de los mejores desempeños democráticos, incidió además la forma en que la cuestión constitucional fue gestionada hasta la aprobación por el Congreso de la reforma que habilita un nuevo proceso constituyente. Pero, a pesar de este buen resultado, la política chilena no ha estado inmune a populismos y radicalismos de derecha e izquierda. 

Otro factor, más bien contingente, que contribuye a explicar el apoyo a ofertas políticas disruptivas y radicales son las actitudes críticas hacia democracias juzgadas incapaces de satisfacer las expectativas sociales de la ciudadanía. Al igual que en varios países de Europa donde se registran altos porcentajes de insatisfacción con la democracia, existe una evaluación crecientemente negativa del rendimiento democrático en los países latinoamericanos, sin que esto implique necesariamente un cuestionamiento al tipo de régimen en sí. En 2020, este descontento alcanzaba a 70% de la ciudadanía frente a 51% en 2013¹². En El Salvador, Lucas Perelló y Patricio Navia comprobaron que la variable clave para explicar el voto por Nayib Bukele fue el desencanto democrático, más que la inconsistencia programática de los partidos¹³. Bukele no solo habría construido su apoyo entre quienes no estaban interesados en política, sino entre los votantes de centroizquierda. Lo mismo se observó en Brasil: previo a la elección de Jair Bolsonaro en 2018, los brasileños mostraban los niveles más bajos de aprobación del gobierno (6%) y satisfacción con la democracia (9%) de la región. Solo dos de cada cinco declaraban preferir la democracia al autoritarismo¹⁴. Por último, si bien las condiciones político-institucionales de Chile difieren de las de El Salvador y Brasil, entre 1995 y 2020 la satisfacción con la democracia perdió también 15 puntos y pasó de 33% a 18%¹⁵. 

Desde fines de 2019, el Partido Republicano (pr), fundado ese mismo año por José Antonio Kast, prosperó en ese contexto de desafección democrática aprovechando una coyuntura fluida en la que la opinión pública se mostraba crecientemente preocupada por la alteración del orden público y el aumento de la violencia, además de escéptica sobre la capacidad de la Convención Constitucional de solucionar los problemas de los chilenos. Logró de esta forma instalar una narrativa contrahegemónica sobre el estallido social y la redacción de una nueva Constitución, que encontró eco en el plebiscito de salida del 4 de septiembre de 2022 en el que se impuso el Rechazo (62%). La consolidación del pr es en este sentido indisociable de un momentum prolongado por la agudización de la crisis de orden y seguridad y económica (Chile se percibe principalmente como un país en retroceso o estancado) y la cuestión migratoria. Sobre este último punto, la reciente encuesta Nacional Bicentenario uc 2022 de la Universidad Católica de Chile muestra que un alto porcentaje de los consultados considera que la población inmigrante es excesiva para el país. Indudablemente, las propias debilidades estructurales del gobierno tienden a reforzar estas percepciones. 

En 2021, Kast disputó la segunda vuelta con el candidato de la alianza Apruebo Dignidad (Frente Amplio y Partido Comunista), Gabriel Boric, que resultó finalmente electo. El pr obtuvo también en las elecciones parlamentarias del mismo año una bancada de 14 diputados y un senador, y logró así en poco tiempo posicionar su proyecto político. A diferencia de Brasil y El Salvador, donde el auge de los populismos de derecha resulta en gran parte de la débil consolidación del sistema de partidos, en Chile el crecimiento de la derecha radical ocurrió principalmente a costa de la coalición de centroderecha Chile Vamos¹⁶. Su moderación programática fue interpretada como un abandono de los valores tradicionales de su electorado, lo que se vio amplificado por un contexto en el que aquellos valores se veían amenazados por una izquierda refundacional. En este sentido, el desperfilamiento de la centroderecha chilena es similar al patrón observable en las derechas convencionales europeas en relación con las radicales¹⁷. 

El diseño comunicacional de la campaña presidencial de Kast incluyó una utilización estratégica de las nuevas tecnologías, que los líderes populistas han demostrado dominar más y mejor que los partidos tradicionales. Sin embargo, la retórica populista entendida como «desafío a la autoridad legítima del establishment» fue más que todo un recurso para posicionarse en una coyuntura particular: la crisis social y política de fines de 2019¹⁸. Kast contrapuso entonces a «los políticos» con la «mayoría silenciosa» que «no marcha» ni elige «la violencia». Se erigió en el representante de los verdaderos valores y principios de su sector frente a una alianza de gobierno llevada al banquillo de los acusados por suscribir un acuerdo transversal por una nueva Constitución. 

En suma, aunque haga uso de un estilo de comunicación más directo y polarizante, que saca provecho de los temas de mayor preocupación ciudadana, los valores reivindicados como parte de un proyecto de restauración nacional y cultural no dan cuenta de la «ideología (delgada)» asociada a los populismos¹⁹. Se trata más bien de principios «gruesos» en respuesta al «marxismo cultural» que esconde el espectro del comunismo. Asimismo, estas formaciones políticas surgirían como reacción a una nueva fase de la «revolución silenciosa» analizada por Pippa Norris y Ronald Inglehart²⁰, marcada por una dinámica de liberalización de las sociedades. Desde abril de 2022, Kast encabeza la Red Política por los Valores, una plataforma transcontinental que busca poner freno a la conquista de derechos por las minorías. Esta red cuenta con consejeros en varios países latinoamericanos y es pensada como contrapeso a cónclaves progresistas como el Foro de San Pablo o el Grupo de Puebla. Gracias a sus conexiones globales, y en contextos de crisis propicios a su consolidación, el proyecto ideológico de esas derechas ha adquirido cierta unidad y coherencia, más allá de sus matices culturales e institucionales. 

El auge de líderes como Bukele en El Salvador o Javier Milei en Argentina muestra, al revés de lo que sostienen Lisa Zanotti y Kenneth Roberts²¹, que en América Latina las derechas radicales tienen un importante margen de crecimiento, que podría volverlas comparables a sus símiles en Europa. En Chile, en la reciente elección de consejeros constitucionales del 7 de mayo de 2023, la derecha radical superó todos los pronósticos al conseguir 23 escaños sobre 51 (Chile Vamos, con la lista Chile Seguro, solo se adjudicó 11). El resultado es histórico para un partido político, solo comparable a la performance de la Democracia Cristiana a inicios de la década de 1990²². Otorga al pr por sí solo el poder de vetar normas. Aliado con Chile Vamos, logra el quorum de dos tercios del Consejo, lo que entrega a la derecha el control absoluto del proceso de redacción de la nueva Carta Magna. 

Este sorpasso de la derecha radical marca una involución respecto al camino de moderación emprendido por la centroderecha a partir de los años 2000 y podría tener dos consecuencias: la creciente normalización del pr que, sin apartarse de su eje discursivo, podría al mismo tiempo seguir avanzando en su «desdemonización» –la misma que trajo réditos electorales a Agrupación Nacional en Francia–, y una mayor radicalización de Chile Vamos.

De la nueva derecha «liberal» a la regresión conservadora

En otros trabajos, mostramos que la coalición Chile Vamos se encontraba tensionada entre dos tipos de proyectos: uno más centrista, expresado por una parte en el proyecto de renovación liberal de Evópoli y por otra parte en el socialcristianismo reivindicado por Renovación Nacional; y otro más derechista, circunscrito a la defensa de un núcleo doctrinario (liberal en lo económico y conservador en lo moral) que se reconfiguró ideológicamente en la dictadura pinochetista. Esta defensa se dio en particular en la udi, aun cuando el pragmatismo terminó imponiéndose sobre la doctrina, como parte de una estrategia para transformar a la centroderecha en un referente competitivo y legítimo²³. 

En el plano electoral, esta moderación comenzó con la campaña de Joaquín Lavín en 1999, quien reposicionó a la udi como un partido con vocación de mayoría. La tendencia centrista dio finalmente sus frutos en 2009, cuando Sebastián Piñera fue elegido presidente (posteriormente fue reelecto en 2017). Los inicios del primer gobierno de Piñera estuvieron marcados por un afán renovador, con el anuncio de la fundación de una «nueva derecha» que se abrió a políticas más redistributivas, al reconocimiento de la agenda de valores asociada a las demandas de la diversidad sexual y de género –teniendo sin embargo como piedra de tope, incluso en Evópoli, la legalización del aborto– y asumió un distanciamiento y condena más categórica respecto a las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura. Sin embargo, esas posiciones suscitaron resistencias de quienes señalaron un desdibujamiento de la identidad de la derecha en la última década, lo que daba cuenta de una lucha por la hegemonía política e ideológica en el sector²⁴. De hecho, el segundo gobierno de Piñera rompió con la tendencia iniciada en 1999. Su programa se posicionó más a la derecha de todas las candidaturas de las últimas dos décadas, en un contexto de fuerte cuestionamiento a las reformas estructurales y los resultados económicos del gobierno de Michelle Bachelet²⁵. 

Tanto el estallido social de octubre de 2019 como la pandemia, al llevar al paroxismo las críticas al orden institucional y al modelo político-económico heredado de la dictadura, reactivaron esa lucha por la hegemonía en el interior de Chile Vamos, lo que tuvo dos consecuencias. Primero, se consolidó una centroderecha que había construido su crítica hacia la ortodoxia neoliberal desde una sensibilidad más solidaria, expresada en el interés por construir un Estado social y contar con una nueva Constitución. De parte del gobierno, se observó también una mutación del paradigma de política pública, desde la lógica subsidiaria y focalizada heredada del neoliberalismo hacia un modelo sustentado en la universalidad y la garantía de derechos. Por último, la distribución de los votos en la Convención Constitucional que inició sus funciones en julio de 2021 confirmó la existencia de una derecha liberal-solidaria (casi siempre del colectivo de independientes, rn y Evópoli), abierta a acercar posiciones con sus contrapartes en pos de reformas necesarias y favorable a una mayor regulación del Estado o a apoyar nuevos derechos como la vivienda o la seguridad social²⁶. Tras el resultado negativo del plebiscito de salida, estas posiciones se plasmaron en la continuidad que Chile Vamos quiso dar al proceso constituyente firmando el Acuerdo por Chile, al que el pr no se sumó.

Como segunda consecuencia, se fortaleció una derecha radical con un perfil marcadamente identitario y contrapuesto a esa centroderecha pragmática, cuya flexibilización no dejó de producir tensiones en el electorado tradicional del sector y en algunos de sus cuadros dirigentes. En 2016, tras 20 años de militancia, Kast renunció a la udi luego de dos intentos infructuosos de llegar a la Presidencia del partido. En la elección presidencial de 2017, alcanzó casi 8% de los votos, lo que fortaleció su determinación de recuperar los valores fundacionales de la derecha «verdadera». Tras el acuerdo de noviembre de 2019, fustigó el carácter «claudicante» de un itinerario político que fijó como hito la celebración de un plebiscito sobre un cambio de Constitución en octubre de 2020, en el que 78% de los chilenos se pronunció a favor del Apruebo. 

Sin embargo, Chile Vamos y el pr se presentaron unidos en las elecciones de convencionales constituyentes de mayo de 2021, cuando fueron derrotados. Con 21% de los votos y 37 convencionales, la elección dejó a la derecha como un actor prácticamente irrelevante del proceso. Tras esa debacle, los partidos de Chile Vamos se reorganizaron para enfrentar las elecciones generales de noviembre de 2021 en las cuales Kast obtuvo cerca de 28% de los votos. En segunda vuelta, Chile Vamos terminó cuadrándose con él: la conservadora udi, sin condiciones, mientras que rn pidió ajustes sustantivos al programa de gobierno. Evópoli determinó su apoyo en un consejo nacional, pero descartando integrar un eventual gobierno del postulante de la derecha radical. Varios intelectuales liberales criticaron esa adhesión²⁷. Si bien esos apoyos de los partidos de la coalición de derecha fueron interpretados como expresión de una radicalización de Chile Vamos, la evidencia de las votaciones en la Convención Constitucional –y, posteriormente, el compromiso de continuar con el proceso aunque ganara el Rechazo– muestra que no hubo tal asimilación en bloque a la derecha radical. 

La elección de convencionales constituyentes del 7 de mayo confirmó en las urnas la existencia de una nueva batalla por la hegemonía dentro del campo de la derecha. Ratificó también la tendencia a una regresión conservadora que vuelve poco probable el avance del programa de reformas del gobierno en los términos en que ha sido planteado. Este nuevo escenario implica un retroceso en el proceso de renovación hacia el centro que caracterizó a la derecha durante los últimos 20 años. 

Pese a que este tipo de movimiento pendular de restauración del orden después de movimientos sociales de carácter refundacional no es excepcional en la historia, como lo muestra el ejemplo de los acontecimientos de Mayo del 68 en Francia, seguidos de una victoria de la derecha, esta contratendencia no debe hacer olvidar los cambios culturales experimentados por la sociedad chilena durante los últimos 30 años. En efecto, durante este periodo, las encuestas pusieron en evidencia una mayor valoración de las libertades individuales por parte de los chilenos, en particular en el ámbito moral, así como del rol del Estado para proveer derechos en pensiones, salud y educación, lo que corresponde a las demandas del estallido social. En 2021, una encuesta entre electores de derecha mostraba a su vez que 65% de ellos apoyaban el matrimonio entre parejas del mismo sexo y 58% estaba de acuerdo con que estas parejas adopten hijos²⁸. Estos resultados confirman así que una parte importante, tanto de los votantes de derecha como de las dirigencias de Chile Vamos –según nuestra encuesta–²⁹, no había sido inmune a la «revolución silenciosa». 

En mayo de 2021, los malos resultados electorales del pr en las elecciones municipales y de gobernadores –sumados a su debacle en la elección de constituyentes– mostraron de hecho la inadecuación entre esa oferta política y el sentir mayoritario de la ciudadanía. Se estimó entonces que entre 30% y 50% de los electores de derecha había votado por el Apruebo en el plebiscito³⁰. 

Si bien en la actualidad la demanda por más Estado parece haber disminuido y se tendería a valorar en mayor medida el esfuerzo y la responsabilidad personal en el propio bienestar³¹, esa derechización de la sociedad chilena en relación con el periodo de pandemia no refleja posiciones extremas. Un tercio de quienes se identifican con la derecha sigue siendo, por ejemplo, favorable a un cambio de Constitución, que tan solo 24% de los chilenos rechaza³². La misma encuesta muestra además que no todos quienes preferirían que Kast fuese el próximo presidente de Chile se identifican con la derecha, sino que son también electores moderados, de centro y un porcentaje menor de izquierda. Esto contribuye a explicar la transversalidad del voto del 7 de mayo, que no parece responder a los patrones generales de votación de la derecha³³, sino a una coyuntura de insatisfacción con la democracia y con un gobierno que es considerado incapaz de solucionar los problemas que aquejan a la sociedad. Sería muy prematuro interpretar los comicios recientes como una elección crítica, dada la peculiaridad de la forma en que se eligió a los miembros de un órgano transitorio. Solo cabe observar que estos resultados entregan al pr la oportunidad de seguir creciendo y normalizándose, al mismo tiempo que contribuyen al fortalecimiento de un proyecto de principios «gruesos». 

El hecho de que las derechas radicales en el mundo estén cada vez más decididas a jugar en el terreno de la democracia vuelve más probables y legítimas las alianzas con la derecha convencional. En ese juego, la alianza Chile Vamos está, sin embargo, enfrentada a dos desafíos mayúsculos: por un lado, mantener la cohesión interna que la ha caracterizado³⁴; por el otro, evitar que el mimetismo la lleve a ser fagocitada por el pr si ambos terminan acercando sus posiciones.