Mientras el 1° de enero el mundo entero curaba sus resacas de la noche anterior, Brasil vivía uno de los días más emocionantes de su historia: una toma de posesión conmovedora del hombre que pareció renacer de sus cenizas al ser votado para comandar los destinos del gigante latinoamericano por tercera vez. Una ceremonia llena de simbolismos y nombres que nos van a servir en este artículo para analizar las posibilidades futuras del gobierno ya bautizado como «Lula 3».

Bolsonaro ausente, «amnistía no» y los decretos de Lula

A nadie sorprendió cuando días antes del fin de su mandato Jair Bolsonaro tomó un avión de la Fuerza Aérea Brasileña y viajó a Estados Unidos, más precisamente a Orlando, y se negó así a un rito democrático importantísimo en Brasilia, como lo es pasar la banda presidencial al nuevo mandatario del país. Tampoco su vicepresidente, Hamilton Mourão, aceptó pasar la banda. Desde el domingo de su derrota electoral, Bolsonaro había permanecido casi escondido, prácticamente en silencio, apocado, algunos dicen que deprimido, lo que se pareció a un abandono de sus seguidores; hay que recordar que en las elecciones de octubre pasado obtuvo en la segunda vuelta 49,10% de los votos, casi la mitad de los votantes del país. Una de las grandes incógnitas con la «huida» del ya ex-presidente es qué pasará ahora con las 58 denuncias que se están tramitando contra él. Desde este momento no tiene más inmunidad y debe responder en la justicia común por procesos que conllevan desde posibles crímenes cometidos durante la pandemia (como resultado de sus discursos negacionistas), divulgación en masa de fake news e interferencia sobre la Policía Federal hasta ataques a jueces de las cortes superiores. Y no solo él, sus hijos también se enfrentan al riesgo de tener que responder en la justicia por casos de corrupción y noticias falsas. ¿Habrá amnistía para Bolsonaro y su familia en nombre de la pacificación y conciliación nacionales? Esta es la gran pregunta a la que respondieron quienes participaron de la asunción de Lula, mientras el ex-sindicalista pronunciaba su discurso de investidura, con la consigna «amnistía no», que resultaría premonitoria a la luz del asalto a la Plaza de los Tres Poderes, una semana más tarde, por huestes bolsonaristas. Tal vez el propio Lula dejó un indicio de respuesta. Después de la ceremonia de posesión, firmó varios decretos y medidas, entre las cuales se encontraba una específica sobre transparencia: en 30 días, la Contraloría General de la Unión (cgu), el órgano federal responsable por la defensa del patrimonio, la transparencia y la corrupción, debe revisar el secreto que Bolsonaro impuso en varios documentos, secretos incluso de hasta 100 años. Imaginen lo que alguien quiere esconder cuando intenta esconderlo por 100 años.

El pueblo… y la primera dama

La asunción fue, sin duda, una ceremonia donde hubo dos protagonistas: Lula y la gente. Primero, porque el nuevo mandatario reunió multitudes en la capital federal, militantes y simpatizantes en una gran ola roja –los colores del Partido de los Trabajadores (pt)– que desafió las amenazas de atentado y violencia de los bolsonaristas radicales. La organización de la toma de mando fue escenificada de forma tal de mostrar una contratara del bolsonarismo: la reivindicación del Brasil diverso y plural. La «banda del pueblo» fue pasada a Lula por las manos de representantes de los sectores más vulnerables de la sociedad brasileña, que tanto han sufrido en estos cuatro años de bolsonarismo (un niño negro periférico, una persona con deficiencia, el cacique kayapó Raoni Metuktire, una recolectora cartonera, un trabajador de la industria metalúrgica, una cocinera, un profesor, un artesano). En ausencia de Bolsonaro, una mujer negra, recolectora y recicladora de residuos, fue la encargada de colocar la banda alrededor del pecho de Lula. Hemos dicho que hubo dos protagonistas de la ceremonia, cuando tal vez sería más exacto decir tres y contar también a Rosângela «Janja» da Silva, la esposa de Lula y ahora primera dama. Janja ya ha declarado en diversas ocasiones que no será una primera dama decorativa y, de hecho, tuvo un rol importante en la campaña y fue la encargada de la organización de la toma de posesión. Su look, además, buscó enviar un mensaje: en lugar de los clásicos vestidos pudorosos de las primeras damas, optó por un traje de pantalón, chaleco y blazer con bordados artesanales del nordeste, región de donde proviene.

En busca de la gobernabilidad

Pocos días después de haber ganado las elecciones, Lula da Silva estaba en Brasilia negociando con el Congreso Nacional una medida considerada prioritaria para su gobierno: la Propuesta de Enmienda Constitucional de la Transición, que, fundamentalmente, excluye el gasto del programa social Bolsa Família del techo de gastos¹, una política votada durante la presidencia de Michel Temer y que impone un límite bajísimo para los gastos públicos. Lo consiguió, y fue una victoria política antes de volver al Planalto. Logró también comenzar a encaminar la relación con un Congreso superpoderoso, en el cual el gobierno no tiene mayorías, y cuyo presidente, Artur Lira, tiene aires imperiales. La relación con el Congreso –caracterizado por lo que en Brasil se denomina la «política fisiológica», centrada en mantenerse en el cargo– va a ser un factor decisivo para la gobernabilidad. Hasta ahora, tal como lo dejó ver en el «frente democrático» que armó para volver al poder, que abarca desde la izquierda socialista hasta la centroderecha y sectores de las elites, Lula está mostrando que su habilidad negociadora será imprescindible para mantener la estabilidad política del país. 

Para coronar estos éxitos iniciales, el Tribunal Supremo le hizo un regalo de Navidad al viejo-nuevo presidente: el fin del «presupuesto secreto». ¿Qué era el «presupuesto secreto»? Básicamente, otra política polémica por la que en el Congreso se movían grandes cantidades de dinero de forma ajena al escrutinio público lo que, evidentemente, institucionalizaba la corrupción generalizada. Aprobada a mediados de 2020, esta forma de reparto de los recursos le sirvió al gobierno de Bolsonaro para mantener la gobernabilidad dentro de una Cámara de Representantes caracterizada por el clientelismo político². 

Además de este trabajo previo a la posesión, el día 1o de enero se pudo ver a Lula luciendo la banda presidencial y firmando decretos y medidas que buscaban trazar una frontera política y simbólica con su antecesor. La política social Auxilio Brasil volverá a llamarse Bolsa Família y fue fijada en 600 reales (algo más de 100 dólares estadounidenses); se limitó por decreto la posesión y circulación de armas que Bolsonaro había facilitado en línea con la ideología proarmas estadounidense; creó la Comisión Interministerial Permanente de Control y Prevención de la Deforestación (y firmó varios decretos dirigidos a fortalecer la lucha ambiental), lo cual, junto con el nombramiento de la veterana política y activista ambiental Marina Silva, busca hacer del ambiente un eje de la gestión, que lo distinga del negacionismo climático del mandatario saliente; revocó decretos de Bolsonaro que limitaban la participación popular en órganos colegiados ligados al gobierno; y, finalmente, frenó la privatización de empresas estatales importantes como Correos, Petrobras y otras cinco más. Estas medidas expresan los ejes autoimpuestos por el nuevo gobierno: lucha contra la pobreza, medio ambiente, educación, recuperación de las empresas estatales, disminución de la circulación de armas y participación popular en los órganos de gobierno.

El vicepresidente

Si la primera dama no va a ser decorativa, el vicepresidente, Geraldo Alckmin, muchísimo menos. Proveniente de la centroderecha, el ex-gobernador de San Pablo fue la expresión de las alianzas –amplias «hasta que doliera»– construidas por Lula para vencer a Bolsonaro. Alckmin tuvo a cargo la importante tarea de coordinar los equipos que llevaban trabajando en Brasilia desde la victoria electoral para garantizar que la transición entre gobiernos fuera lo más tranquila, o al menos lo menos traumática posible. Además, Alckmin tiene otras dos tareas relevantes. Primero, la de apagar algunos fuegos que Lula seguramente provocará. El vicepresidente tiene buena relación con empresarios, industriales, sectores conservadores y, más en general, con «los mercados». El presidente puede permitirse ir un poco más a la izquierda en sus declaraciones públicas porque sabe que tiene en la retaguardia a su número dos tranquilizando a los agentes económicos. Es por eso que, además, ha nombrado a Alckmin ministro de Industria y Comercio, decisión que fue muy celebrada por quienes manejan el dinero en Brasil. Todo indica que la combinación Lula-Alckmin puede ser bastante activa, cada uno ocupándose de los sectores y temas en los que se desenvuelve mejor. Desde luego, lo cierto es que si hay alguien feliz en Brasilia, es el nuevo vice, que antes de volverse acompañante de Lula da Silva era un cadáver político desplazado de su partido de toda la vida –el Partido de la Social Democracia Brasileña (psdb, centroderecha)– y sin ninguna perspectiva de volver al escenario público. Hoy ha vuelto, y por la puerta grande, lo que, a la vez, lo coloca como un potencial candidato para las elecciones presidenciales de 2026.

Los ministros

La pregunta del millón durante estos meses en Brasil ha sido, sin duda, quiénes integrarían el nuevo gabinete. La composición ministerial de 37 carteras, cuando hay que dar cobijo a los cuadros del pt, el mayor partido de América Latina, a los políticos que apoyaron a Lula en la segunda vuelta y a los diversos partidos que van a garantizar la gobernabilidad, se vuelve una tarea hercúlea y que requiere unas matemáticas minuciosas. El primero y más importante nombre es el de Fernando Haddad como ministro de Economía, a quien le cae sobre los hombros la complejísima misión de conjugar inversión pública y control del déficit en un país con los cofres arrasados. Militante del pt y ex-candidato presidencial con Lula en prisión, Haddad es un moderado, con un perfil socialdemócrata y negociador. En sus primeras declaraciones ha dicho que la prioridad será establecer una nueva regla fiscal que abarque los innumerables gastos necesarios para reconstruir mínimamente el país, pero que no deje las arcas públicas en rojo, es decir, en el marco de la responsabilidad fiscal. Cómo lo hará es la principal incógnita de este gobierno, y «los mercados» esperan ansiosos la respuesta. Haddad también ha afirmado que enfrentará como prioridad la reforma tributaria del esquizofrénico sistema impositivo brasileño, que básicamente sobrecarga a los más pobres con una enorme y desorganizada cantidad de tributos. La meta es simplificar el sistema y hacerlo más justo. Lo cierto es que si Haddad hace un buen trabajo, se coloca como el sucesor más probable de Lula para 2026, si el presidente, de 77 años, cumple con su promesa de no volver a candidatearse. Junto a Haddad hay otros dos nombres del pt que se destacan por sus puestos de influencia: el ex-gobernador de Bahía, Rui Costa (pt), que será ministro de la Casa Civil, cuyo papel es, en esencia, la coordinación de las políticas públicas con los demás ministerios, y Alexandre Padilha, ministro de Relaciones Institucionales, que se encargará de la interlocución con el Congreso. Ambos son políticos de gran experiencia y capacidad, experimentados negociadores, con perfiles sensatos, que devuelven al gobierno la capacidad de diálogo que había perdido con Bolsonaro y que acompañarán a Lula de cerca. 

Otro ministro cuyo nombre ha sido muy bien acogido es el del ex-gobernador de Maranhão y senador Flávio Dino (Partido Socialista Brasileño, psb), ministro de Justicia y Seguridad Pública, encargado de la revocación de los decretos de armas de Bolsonaro. Dino es además ex-magistrado y cuenta con la simpatía de Lula. A Dino le competen ahora dos tareas nada menores: reestablecer una relación de normalidad con el Poder Judicial después de toda la onda expansiva del activismo judicial antipolítico del Lava Jato, y humanizar la seguridad pública brasileña en un país campeón en homicidios, con un sistema carcelario que se aproxima al millón de personas presas en cárceles que más parecen mazmorras medievales, y con una policía letal que ha pasado por un proceso de radicalización y legitimación del «gatillo fácil» durante el gobierno de Bolsonaro. 

Y si hablamos de nombres bien acogidos, sin duda el de la futura ministra de Medio Ambiente, la mencionada Marina Silva, ha sido uno de ellos. Lula tiene claro que la diplomacia verde reubicará a Brasil en el centro de la atención internacional, pero la nueva ministra no lo tendrá fácil: deberá enfrentar los intereses de los poderosísimos lobbies de los grandes latifundios, la minería y la actividad maderera, y recordemos además que ella dimitió de este mismo ministerio en 2008 y se distanció entonces de Lula. Por otro lado, el presidente ha creado el Ministerio de los Pueblos Indígenas, a cuyo frente estará la indígena arariboia Sônia Guajajara, del Partido Socialismo y Libertad (psol), ubicado a la izquierda del pt. La gran incógnita que pesa sobre este ministerio es si será simplemente simbólico o si será lo suficientemente combativo como para enfrentar los conflictos de un país que nunca ha llevado a cabo una reforma agraria, tiene uno de los campos más violentos del mundo y donde ya se habla de genocidio indígena, además de ecocidio. 

En cuanto a nombramientos simbólicos, también lo ha sido el del Ministerio de Igualdad Racial, que estará a cargo de la activista feminista y antirracista Anielle Franco, hermana de la concejala asesinada Marielle Franco, cuyo homicidio sigue sin resolverse hasta hoy. Siguiendo con la lista de nombres aplaudidos, está Nísia Trindade Lima, nueva ministra de Salud, una científica de reconocido prestigio, que hasta ahora lideraba la Fundación Oswaldo Cruz, el mayor centro científico de salud de Brasil y Latinoamérica, que tuvo un papel fundamental durante el covid-19 con la producción de millones de vacunas. La nueva ministra aparece entonces en las antípodas del negacionismo de Bolsonaro que tantas vidas costó, y su principal reto será levantar un sistema público de salud hundido por la gestión bolsonarista y por el poder mastodóntico de las empresas privadas del sector sanitario. 

En contrapartida, un nombre que no le ha sentado muy bien a la izquierda es el de José Múcio Monteiro, del Partido Laborista Brasileño (ptb, por sus siglas en portugués), ministro de Defensa. Hombre conservador, forjado políticamente en la derecha, su nombramiento ha sido elogiado por los comandantes de la Fuerzas Armadas y hasta por el propio vicepresidente de Bolsonaro, el general Hamilton Mourão. Con Múcio, que más que ministro parece que será un representante de las Fuerzas Armadas en el gobierno, Lula manda un mensaje claro: no nos vamos a meter con los militares. Cierto es también que Múcio fue ministro de la Secretaría de Relaciones Institucionales en el segundo mandato de Lula y cuenta con la confianza del presidente. El gobierno de Bolsonaro ha sido el más militarizado de la historia de Brasil, y diversos miembros de la cúpula de las Fuerzas Armadas protagonizaron episodios y declaraciones de naturaleza golpista. En Brasil, si hay alguien que parece intocable, son los militares. 

Otro de los desafíos de los protagonistas del gobierno «Lula 3» será reubicar a Brasil en el escenario internacional tras una administración que lo dejó casi en la condición de paria, sobre todo tras la derrota de Donald Trump y el giro político en eeuu. Para esta tarea, ha sido elegido Mauro Vieira. Este diplomático de carrera ya fue ministro de Relaciones Exteriores con Dilma Rousseff entre 2015 y 2016, y pasó por importantes embajadas, como las de Buenos Aires y Washington, además de liderar la representación de Brasil en la Organización de las Naciones Unidas (onu). Vieira es, además, un hombre de confianza de Celso Amorim, el ministro de Relaciones Exteriores responsable por la política «activa y altiva» que llevó a Brasil a su periodo de gloria internacional. Vieira tendrá que retomar las negociaciones del acuerdo Mercosur-Unión Europea, además de reconstruir las relaciones con eeuu, reestablecer la agenda Sur-Sur y repensar el papel de los brics (Brasil, Rusia, la India, China, Sudáfrica), que tan importantes fueron en su día para la estrategia internacional lulista, en el nuevo contexto marcado por la invasión rusa de Ucrania.

Desafíos

Desde luego, a pesar de los primeros éxitos, los nombramientos de personas competentes para los ministerios y las emociones del día 1o de enero, Lula da Silva no lo va a tener fácil en su tercer mandato. Se enfrenta a varios retos no menores. El reto económico de conjugar inversión con responsabilidad fiscal tendrá al mercado pendiente de cada paso en falso. Lula, Haddad y la nueva ministra de Planificación, Simone Tebet (del ultrapragmático Movimiento Democrático Brasileño, mdb), se encuentran ante el abismo, con las cuentas públicas arrasadas y un país por reconstruir. Y es que esta ha sido la palabra de los últimos días: «reconstrucción». El hambre, la miseria y la desigualdad son los grandes desafíos, sin duda. Bolsonaro deja como legado más de 33 millones de personas en situación de inseguridad alimentaria y cuestiones tan horrendas como los bajos índices de vacunación infantil después de que muchos progenitores se dejasen convencer por la política negacionista de Bolsonaro. El reto del bolsonarismo extremo tampoco es pequeño. Se calcula que cerca de 10%-12% del electorado entra en esta categoría. Son votantes de Bolsonaro que asumen una postura radicalizada, racista, lgbt-fóbica y machista y son movidos por el odio al diferente. Pero los límites de lo decible se han ampliado en estos tiempos. Al lado de estos radicales, están los más de 58 millones de electores cuya mayoría no es fascista, pero que fue seducida por el discurso bolsonarista. Reconstruir la relación con este conjunto de la sociedad brasileña es prioritario, pero no será fácil; esos votos dieron lugar a una fuerte bancada conservadora en el Congreso y a un conjunto de gobernaciones opositoras. Dialogar con ellos es imperativo. Pero dialogar con ellos significa plantearse, por ejemplo, cómo relacionarse con omnipresentes y poderosas iglesias neopentecostales que han diseminado el pánico moral para tratar de hacer sentir a sus fieles que un gobierno de Lula significaría, literalmente, la satanización de Brasil. 

¿Cómo hacer un gobierno digno para las mujeres pobres brasileñas, que mueren por abortos clandestinos, cuando hay que tener mínimamente satisfecha a la bancada fundamentalista religiosa del Congreso y cuando el propio Lula se ha declarado contra la legalización del aborto? Un gobierno de malabarismos; así será el gobierno «Lula 3», que tendrá que conciliar lo que parece irreconciliable y navegar por las aguas turbias del legado bolsonarista. No será fácil para Lula, aunque si hay alguien que ha demostrado ser un trapecista magistral en el poder es el ex-sindicalista metalúrgico.

Además de los desafíos federales, Lula también tendrá que enfrentar desafíos regionales. De los cuatro mayores estados de Brasil, el pt solo ganó uno (Bahía) y los otros tres gobernadores (San Pablo, Minas Gerais y Río de Janeiro) son de oposición. El presidente ya ha dicho que una de sus mayores urgencias será reestablecer el diálogo con las gobernaciones, que estuvo bloqueado por parte de Bolsonaro durante la pandemia. Los ojos del país se vuelven especialmente hacia el gobernador de San Pablo, Tarcísio Gomes de Freitas, un bolsonarista más moderado e inteligente que Bolsonaro, que arrasó en las urnas del estado más rico de la federación. Ante la ausencia y el futuro incierto del ex-presidente, Freitas se perfila como el heredero natural del bolsonarismo. Bolsonaro ha perdido el poder, pero el bolsonarismo sigue vivo, con la mayor bancada parlamentaria del país, en manos del Partido Liberal (pl), con 99 diputados y con representantes que han batido récords de votos, como la senadora y pastora fundamentalista Damares Alves, ex-ministra de Bolsonaro. Nombres como el del propio Alckmin, la ministra Tebet (tercera en las pasadas presidenciales) o el nuevo líder del psdb y gobernador de Rio Grande do Sul Eduardo Leite son las figuras de mayor popularidad de una derecha civilizada, que urge colocar de nuevo en pie para frenar los impulsos de lo que podríamos denominar un «bolsonarismo 2.0». Las complejidades no son solo para Lula: el campo político brasileño en general debe enfrentarse a una reconstrucción inédita, después de haber pasado por un periodo de destrucción sin precedentes en el proceso democrático brasileño. De cualquier forma, el gobierno empieza con buen pie, buenos nombres, buenos proyectos. Habrá que ver si todo eso alcanza para dejar atrás el legado bolsonarista.

Epílogo: el asalto a Brasilia

Una semana después de la posesión, las alarmas se encendieron. El 8 de enero, un grupo de unos 5.000 bolsonaristas radicales invadía los palacios de la Presidencia, el Congreso Nacional y el Tribunal Supremo de Justicia en Brasilia, ante la inacción y complacencia de la Policía Militar del Distrito Federal, del secretario de Seguridad Pública de Brasilia y del gobernador del Distrito Federal. Ya tenía Brasil su versión tropical del asalto al Capitolio. El saldo: una destrucción patrimonial escandalosa y un golpe frustrado. La reacción de Lula, los jefes de los tres poderes, el Tribunal Supremo y los 27 gobernadores no se hizo esperar, fue unánime y rotunda, todos han cerrado filas en torno de la democracia. Los radicales han sido detenidos, se enfrentan a penas de cárcel y el lamentable episodio le da a Lula la oportunidad de depurar responsabilidades y hacer rodar las cabezas de algunos políticos y comandantes bolsonaristas golpistas. 

El tiro les salió por la culata, y si juega bien sus cartas y aísla a los radicales, Lula saldrá fortalecido social y políticamente, y junto a él, quien gestionó la respuesta a la crisis, el ministro de Justicia y Seguridad Pública Flávio Dino, quien con una reacción rápida y contundente y un discurso muy bien estructurado se posiciona como uno de los protagonistas del Poder Ejecutivo. Bolsonaro, claro, es el responsable político de esta intentona golpista, y el juez del Tribunal Supremo Alexandre de Moraes ya aceptó incluirlo en las investigaciones.

Imagen: Peter Hamlin - AP