Dos tendencias caracterizan la actualidad latinoamericana: el temor al populismo y el entusiasmo por los movimientos autonomistas que defienden reivindicaciones particularistas. Esto define un contexto posliberal y posneoliberal. Aunque muy difundidas, ambas tendencias tienen como origen común una concepción limitada de la ciudadanía: en el primer caso es percibida exclusivamente en función de los derechos políticos y el formalismo democrático, mientras que en el segundo se la concibe solo en su dimensión cultural. El artículo argumenta que, para que sea un instrumento eficaz de progreso social, la ciudadanía no debe ser vista de manera reduccionista, sino repensada –y valorada– en todas sus dimensiones.

Las elecciones generales realizadas en Jamaica el 3 de septiembre de 2007 terminaron con una ajustada derrota del Partido Nacional del Pueblo, en el poder desde hace 18 años. Su líder, Portia Simpson-Miller, no logró unificar detrás de su liderazgo a los diferentes sectores partidarios, cometió una serie de errores durante la campaña y fue blanco de los prejuicios debido a su origen popular, su color de piel y su condición de mujer. Pero esto no significa un cheque en blanco para Bruce Golding, quien pese a contar con enormes recursos financieros y una campaña cuidadosamente planeada, obtuvo una victoria estrecha que lo obligará a buscar consensos con la oposición.

Michelle Bachelet se impuso en las elecciones presidenciales de 2006 porque expresaba una combinación de continuidad (con los gobiernos de la Concertación) y cambio (por su condición de mujer y su promesa de renovar el gabinete). Desde que asumió, sin embargo, diversos episodios no previstos provocaron una caída de su popularidad: las protestas estudiantiles, la caótica implementación del Transantiago y la indecisión en algunos temas claves la han forzado a implementar dos cambios de gabinete en menos de un año y medio de gobierno. El artículo sostiene que Bachelet, sin descuidar las señales de cambio, debe recuperar la esencia de la Concertación, la gestión eficiente de una economía social de mercado y el sólido respaldo de los partidos políticos que integran la coalición.

El fenómeno urbano está marcado por la disociación entre urbes (la forma espacial y arquitectónica de la ciudad) y civitas (las relaciones humanas y políticas que se generan en ellas). Pero en las metrópolis brasileñas, cuya población total se ha incrementado como consecuencia de la desruralización y la industrialización, la primera condición parece disociada de la segunda. La expansión del trabajo informal, la concentración de habitantes en favelas y barrios periféricos cercanos o de fácil acceso a las zonas más ricas y el incremento de la violencia han generado un marcado proceso de segregación territorial que hace que las grandes ciudades brasileñas sean cada vez más ingobernables.

Suele mencionarse a Guayaquil como un ejemplo de buena gestión municipal, como un sinónimo de gobernabilidad, eficiencia y progreso. Sin embargo, la utopía modernizadora en esta ciudad ecuatoriana esconde los efectos perversos de un proceso de renovación urbana que restringe el espacio público y privatiza las funciones municipales, con consecuencias sociológicas problemáticas. El recorrido etnográfico en que se basa este artículo parte de la experiencia cotidiana y revela algunos aspectos silenciados que se ocultan tras los paisajes y las propagandas de la ciudad de tarjeta postal.

Las ciudades latinoamericanas están cambiando. De la «ciudad frontera», con una lógica de urbanización basada en la expansión de las periferias y la metropolización industrial, se ha pasado a una «ciudad en red», resultado de la globalización, la reforma del Estado y los cambios demográficos. En este nuevo contexto, se perciben en la región dos modelos políticos de gobierno de la ciudad: el de la ciudad empresarial privada, que recurre al mercado para inyectarle eficiencia a la gestión urbana, y el de la ciudad inclusiva, basada en una revalorización del espacio público y la promoción de derechos. La exitosa experiencia de algunas fuerzas de izquierda demuestra que es posible una perspectiva distinta de gestión de la ciudad.

La creciente velocidad con la que mueven enormes masas de capital, el debilitamiento de la intervención estatal en la gestión urbana y la competencia entre ciudades que buscan atraer inversiones han potenciado la importancia de los negocios inmobiliarios en el desarrollo urbano. El fenómeno, de alcance mundial, se verifica también en diversas ciudades de América Latina. Estas inversiones se orientan a construir grandes complejos comerciales, modernos edificios de oficinas y lujosas residencias que, aunque pueden contribuir al crecimiento de la ciudad, también profundizan la fragmentación y las desigualdades territoriales.

Con casi 18 millones de habitantes, la Región Metropolitana de San Pablo, integrada por 39 municipios, combina pujanza económica con altos índices de pobreza, en un contexto marcado por la precariedad urbana y los riesgos socioambientales. En una ciudad segmentada, los déficits de infraestructura y servicios se combinan con una distribución desigual de la población, que tiende a concentrarse en la periferia y a generar un despoblamiento del cuadrante sudoeste, donde se ubican las oportunidades laborales, la infraestructura y los servicios. La gestión municipal de Marta Suplicy hizo algunos avances en la solución de estos problemas mediante la elaboración de un plan rector y la implementación de diferentes mecanismos para mejorar la situación de las zonas más relegadas, pero es mucho lo que aún resta por hacer.

La creación de diferentes mecanismos de participación popular fue una de las grandes innovaciones de los partidos de izquierda y centroizquierda que gestionaron ciudades latinoamericanas durante los 80 y 90. El presupuesto participativo impulsado por el Partido de los Trabajadores (pt) en Porto Alegre ganó fama mundial y se extendió por toda la región. Sin embargo, una vez que llegaron al gobierno nacional, estos mismos partidos descartaron los mecanismos participativos y el objetivo de construir una democracia profunda. El artículo analiza los casos del pt en Brasil, el Frente Amplio en Uruguay y el chavismo en Venezuela y los motivos por los cuales las instancias participativas han sido reemplazadas por visiones más corporativas o, en el caso venezolano, más cercanas a la izquierda ortodoxa.

La gestión de Tabaré Vázquez como intendente de Montevideo le permitió a la izquierda uruguaya dejar su sello: el impulso a la descentralización, un énfasis inédito en las políticas sociales y una activa estrategia internacional demostraron que era capaz de gobernar igual o mejor que los partidos tradicionales. Sus sucesores profundizaron y agregaron nuevos matices a la administración municipal, que se convirtió en un trampolín para el triunfo del Frente Amplio en las elecciones nacionales de 2004. El artículo identifica y explica por qué la gestión municipal sirvió como ensayo general para el gobierno nacional.

El tránsito, uno de los grandes problemas de la vida urbana, perjudica sobre todo a los sectores más pobres, que carecen de autos particulares y se ven obligados a utilizar el transporte público. Las vías segregadas para buses, que no se inventaron en América Latina pero que se popularizaron y perfeccionaron en la región, constituyen la respuesta de muchos gobiernos locales a este problema, y hoy funcionan con relativo éxito en varias ciudades brasileñas, en Quito, Lima y Bogotá. La principal ventaja de este sistema es que permite trasladar a una gran cantidad de personas en poco tiempo y a un costo de infraestructura mucho más bajo que el de un metro. Sin embargo, para que funcione adecuadamente, debe diseñarse junto con una reorganización general del sistema de buses.

La inseguridad es uno de los ejes del debate político latinoamericano. Su incremento se vincula a la pérdida de espacios públicos, un comportamiento social más individualista y una creciente sensación de angustia y temor. En este contexto, la ciudad ha ido perdiendo su capacidad socializadora, para convertirse en un campo de batalla. Aunque la función de control de la seguridad está a cargo de los gobiernos nacionales o estaduales, en cuya órbita se encuentran las fuerzas policiales, las gestiones locales son, sin duda, las más adecuadas para trabajar en la prevención del delito. Para ello deben dejar de lado los planteos simplificadores y desarrollar políticas de largo plazo que impliquen el compromiso de la comunidad.

Ciudad fragmentada, rota, discontinua, México df resulta ya imposible de representar por entero. Sin embargo, las síntesis caprichosas pueden transmitir algo de su esencia: las instalaciones involuntarias que ornamentan las calles, desde un par de zapatos colgados de un cable de luz hasta el tronco de un árbol tapizado de chicles, o los recuerdos fragmentados de una ciudad en permanente deconstrucción, en la que el pasado puede funcionar como un mapa tan bueno como cualquier otro.