La crisis del gobierno de Lula no se reduce a un problema de corrupción. Tiene su raíz en una concepción del Estado como aparato ajustable y contabilizable y en la transformación del Partido de los Trabajadores en una máquina electoral dedicada exclusivamente a la conquista de la Presidencia. En un contexto de modernidad tardía y periférica, la desorganización del mundo del trabajo desarticuló a las clases y los grupos de referencia y está arrastrando a partidos, sindicatos e instituciones políticas. Lo que está en juego en Brasil, entonces, no es solo la supervivencia del gobierno, sino un modo de hacer política, concebir el Estado y pensar el cambio social.

Los tratados de libre comercio firmados en los últimos años por varios países latinoamericanos reconocen algunos derechos laborales fundamentales, con el objetivo de prevenir la competencia desleal basada en la reducción de la protección al trabajo. Este artículo analiza pormenorizadamente el impacto logrado con ello: cuál ha sido su aplicación, cómo han funcionado y qué influencia han tenido sobre las condiciones concretas de trabajo. Además, indaga hasta qué punto la inclusión de cláusulas laborales permitirá reforzar la escasa efectividad de tales derechos en los ordenamientos jurídicos internos.

Aunque puede interpretarse cínicamente como la necesidad de emitir una señal de cambio por parte de una coalición que ya lleva quince años en el poder, el triunfo de Michelle Bachelet también puede leerse como parte del proceso de cambio cultural que atraviesa Chile: la victoria de la líder socialista derriba los estereotipos acerca del lugar de las mujeres en la política pero implica, también, la continuidad con una estrategia económica neoliberal que las discrimina en el mercado laboral. Fruto de las paradojas y tensiones de la modernización chilena, el gobierno de Bachelet producirá auténticas transformaciones en la medida en que los movimientos de mujeres se activen y la fuercen a avanzar en una agenda que permita reducir la desigualdad de género.

Luego de su arrollador triunfo en las elecciones de diciembre, Evo Morales ha dado los primeros pasos en el gobierno intentando conciliar las tres grandes tendencias que cruzan su partido: la fuerte reivindicación indigenista, el antiimperialismo de izquierda y la valorización de la democracia, cuyo principal defensor parece ser el mismo presidente. Sobre la base de entrevistas inéditas a los principales líderes del MAS, se traza aquí un mapa de los retos y desafíos que enfrenta Morales, quien deberá hacer concesiones, buscar equilibrios y articular creativamente las diferentes corrientes, si quiere transformar a la sociedad boliviana y consolidar la democracia.

En los últimos 25 años, México vivió una espiral virtuosa de institucionalización democrática, apertura del Congreso al pluralismo y aprendizaje de convivencia pacífica entre las diferentes fuerzas políticas. Concluida la larga etapa de partido hegemónico y la presidencia de Vicente Fox, todo indica que las elecciones presidenciales del 2 de julio de 2006 darán lugar a un gobierno que no contará con una mayoría clara en el Congreso. Será necesario, por lo tanto, vencer las resistencias ideológicas y avanzar en la conformación de gobiernos de coalición que permitan una profundización de los avances institucionales y una mayor productividad política.

En mayo de 2003, los principales empresarios de América Latina se reunieron para buscar soluciones al drama de la pobreza y la desigualdad y el encuentro fue punto de partida para una serie de discusiones a puertas cerradas. El impulsor de la iniciativa fue el mexicano Carlos Slim. Dueño de la cuarta fortuna del mundo y principal magnate de la región, Slim quiere evitar la experiencia del venezolano Gustavo Cisneros, quien a partir del ascenso de Hugo Chávez perdió buena parte de su poder y su influencia. Por eso, ha decidido convocar a las cumbres e intenta acercarse a Manuel López Obrador, candidato presidencial de centroizquierda para las elecciones de México.

Antes, el obrero llegaba a la fábrica y encontraba allí sus herramientas. Hoy, según las nuevas doctrinas de la literatura de negocios, el trabajador de la era de la información lleva su capital (su conocimiento y sus destrezas, su capital humano) y lo invierte en la empresa en que trabaja. Este cambio de concepción, que borra la tradicional línea divisoria entre el capital y el trabajo, tiene profundas implicancias: la propagación del concepto de «capital humano» puede ser vista como un signo de «humanización» de las empresas (que pasarían a considerar a cada trabajador como un inversor), pero supone, también, una exigencia constante sobre los individuos y constituye un símbolo de la difusión social de los valores corporativos.

Luego de años de predominio neoliberal, en los países andinos, con la excepción de Colombia, han aparecido movimientos y liderazgos de masas que apelan a una tradición andina radical y encarnan un acentuado nacionalismo y antielitismo. Por lo mismo, constituyen un desafío para los grandes empresarios y las corporaciones, que han optado por tácticas que van del abierto golpismo a la cooptación e incluso el diálogo. Si se tienen en cuenta las realidades económicas globales y el peso de las fuerzas del mercado, es evidente que en la mayoría de los países los líderes contestatarios necesitan de la inversión privada. Por eso, aunque el escenario de confrontación siempre es posible, también hay espacio para la negociación y el entendimiento.

La reconfiguración del sistema económico mundial, la hegemonía del neoliberalismo y la democratización de América Latina han generado una profunda transformación en los empresarios, quienes ocupan hoy un lugar central en la economía y la sociedad. La izquierda, por su parte, se vio obligada a moderar su discurso y a correrse hacia el centro del escenario político. Se trata, en ambos casos, de un pragmatismo con sentido positivo, que flexibiliza y ensancha el horizonte de convivencia y resulta fundamental para la gobernanza de los sistemas políticos de la región. Como demuestra el caso de Chile, la cooperación entre empresarios e izquierda, antes impensable, es hoy crucial para enfrentar los desafíos de los acuerdos comerciales, mejorar la competitividad internacional e insertarse exitosamente en el mundo globalizado.

La pregunta «¿Puede un empresario ser de izquierda?» lleva a un interrogante más básico: ¿qué significa hoy ser de izquierda? Para el autor, es necesario distinguir entre dos izquierdas, una moderna y política, y otra arcaica y no política. La primera tiene, además de sus programas específicos, la obligación de garantizar la vitalidad del juego político democrático. Si lo consigue, como ocurre hoy en algunos países de América Latina, los empresarios podrán apoyar a los partidos de izquierda capaces de ofrecer una estabilidad social que garantice las inversiones de largo plazo.

La izquierda moderada, antes denominada socialdemócrata, es hoy cada vez más «socioliberal»: busca gobernar el capitalismo de forma más competente que los capitalistas y acepta un papel más activo del mercado en la economía. No hay, por lo tanto, ningún obstáculo para que se produzca una alianza con el sector privado, como ocurre ya en algunos países de América Latina: los empresarios se benefician si disminuyen la desigualdad y la inestabilidad política, y se inclinarán entonces por apoyar a una izquierda que, ante el fracaso del neoliberalismo, ubique el desarrollo nacional en el centro de su estrategia.

La cada vez más confusa división entre izquierda y derecha está siendo reemplazada por la defensa de distintos modelos de Estado. En Chile, país que pasó de la violencia y los vaivenes ideológicos a una situación de consenso promisorio, las fuerzas políticas y las empresas se encuentran alineadas, a grandes rasgos, en dos grandes posiciones: el modelo de Estado americanista al estilo Reagan y Thatcher (defendido por los partidos de derecha y las grandes corporaciones), y el modelo europeo o asiático (impulsado por los sectores de centroizquierda, junto con las empresas pequeñas y medianas, sobre todo las modernas e innovadoras). Por eso, aunque una vieja ley hidráulica diría que el capital fluye siempre hacia la derecha, aquí se sostiene que la armonía entre empresarios y gobiernos progresistas es perfectamente posible.

Desde mediados de los 80, en simultáneo con el agotamiento del modelo de Estado de Bienestar y el auge del neoliberalismo, la sociedad comenzó a demandar a las empresas mayor responsabilidad social y ambiental, además de un comportamiento más ético y transparente. La sociología de la empresa permite analizar desde un nuevo ángulo estas problemáticas, ya que la concibe no solo como un instrumento para obtener ganacias, sino como un actor social dotado de una cultura propia, capaz de crear identidad. Esto es clave en la coyuntura actual, en que la empresa ya no se limita a administrar recursos económicos, técnicos y humanos, como ocurría hasta hace algunos años. Hoy, la creación y el desarrollo permanente de nuevos recursos se imponen como exigencias para la supervivencia económica.

A pesar de los profundos cambios políticos experimentados en América Latina, con el ascenso de líderes de izquierda en muchos países, la relación entre los empresarios y los diferentes gobiernos no se ha visto afectada de manera sustancial. Una de las manifestaciones más concretas de este raro entendimiento es la Comunidad Sudamericana de Naciones, una iniciativa impulsada especialmente por tres gobiernos de izquierda –los de Brasil, Argentina y Venezuela– que, sin embargo, beneficiará a los empresarios con contratos de construcción y, más adelante, con el abaratamiento del costo de fletes y la disminución del tiempo de envío para sus productos industriales.