El país andino-amazónico vive desde hace años una descontrolada explotación del oro impulsada por el alza del precio internacional del metal. Cooperativas mineras, con bajos impuestos y un arbitrario sistema de concesiones, dominan la extracción, contaminando ríos amazónicos con mercurio y avanzando sobre áreas protegidas. El Estado recibe una fracción mínima en regalías, pero la compra de parte de ese oro le ha permitido aumentar sus reservas internacionales, mientras el contrabando sigue creciendo.