El gobierno chileno dio inicio a un significativo esfuerzo para resolver el conflicto entre el Estado y el pueblo mapuche con un programa que incluía diálogo político y medidas de desarrollo económico. En paralelo, sin embargo, también aumentó la militarización del territorio indígena, lo que terminó con un joven mapuche asesinado por la policía de un balazo en la nuca. El crimen desató una indignación nacional sin precedentes. Mostró que, al no reconocer que se trata de un conflicto fundamentalmente territorial, el gobierno de Sebastián Piñera está apuntando al blanco equivocado.