Opinión
Noviembre 2020

Un golpe a los derechos de los trabajadores en California

Empresas como Uber gastaron 200 millones de dólares en la exitosa campaña para que se aprobara la Proposición 22, que considera a sus trabajadores «contratistas independientes». Los demócratas arrasaron en California, pero en el referéndum votaron a favor de las empresas.

Un golpe a los derechos de los trabajadores en California

La «gig economy» ha operado durante mucho tiempo en los márgenes externos de la fuerza laboral, pero en California –donde las plataformas de servicios de Silicon Valley cobran gran importancia– el trabajo en plataformas ocupa un lugar destacado en el escenario político. El martes, tras semanas de cobertura mediática, los votantes de este estado aprobaron la Proposición 22, una iniciativa de ley que efectivamente otorga a las grandes empresas de viajes compartidos y reparto el poder de quitarles los derechos laborales a sus conductores.

Los abogados laboralistas ven la medida como un duro golpe al progreso reciente logrado en la consagración de protecciones legales para los trabajadores de plataformas, incluidos no solo los conductores de viajes compartidos, sino también diversos trabajadores independientes como escritores y músicos. La Proposición 22 consultaba a los votantes sobre la posibilidad de que los conductores de viajes compartidos y repartidores quedasen fuera del alcance de una trascendental ley promulgada recientemente, la AB 5, que elevó la vara para determinar si un trabajador es un empleado de una empresa o simplemente un contratista independiente, un primer intento de evitar la clasificación errónea de trabajadores mediante la aplicación de una prueba más estricta de la medida en que los empleadores ejercen control sobre las condiciones laborales de los trabajadores. La iniciativa de ley llega en un año de devastación económica para los conductores de Uber y Lyft, que han visto cómo se achicaba el negocio debido a la pandemia y los cierres de la administración pública.

La semana pasada, Nicole Moore, conductora de viajes compartidos a tiempo parcial y activista de la asociación Rideshare Drivers United (RDU), tenía la esperanza de que la Proposición 22 fuera derrotada. Me dijo: «Contamos con que la gente, cuando vea que la Proposición 22 exime a empresas como Uber y Lyft de respetar los derechos laborales básicos, votará por la negativa, porque sabrá en ese momento que, por mucho que amemos el servicio de Uber y Lyft, estas empresas no tratan correctamente a sus conductores».

Después de que la Proposición 22 ganara con el 58% de los votos, Moore dijo: «Lucharemos sin cuartel contra ella. Lucharemos en los tribunales. Lucharemos con nuevas leyes. Lucharemos de la forma en que los conductores han tenido más éxito, que es con botas de cuero y pancartas. Seguiremos nuestra lucha cuerpo a cuerpo».

Basándose en un fallo judicial anterior sobre un caso de derechos laborales conocido como Dynamex, la «prueba ABC» de la iniciativa AB 5 dañó la estructura básica de ganancias de las empresas de plataforma. La ley obligaría a las plataformas que emplean trabajadores autónomos a tratar a los conductores como empleados, con beneficios básicos como salario mínimo y horas extras, seguro de desempleo, seguridad social y otros impuestos sobre la nómina. La Proposición 22 socava la AB 5 al considerar que los conductores de viajes compartidos y repartidores son contratistas independientes, al tiempo que ofrece algunas regulaciones limitadas, pero mucho menos de lo que ofrecería una ley laboral del Estado.

La AB 5 hizo que las grandes empresas de plataformas entraran en pánico. En agosto de 2019, semanas antes de que el gobernador Gavin Newsom la convirtiera en ley, una coalición de aplicaciones –DoorDash, Lyft y Uber– invirtió 30 millones de dólares cada una en una campaña para impulsar una iniciativa que derogara y reemplazara dicha ley. Al tiempo que advertían que la AB 5 acabaría con su negocio, el principal argumento de las empresas a favor de la Proposición 22 era la noción de «flexibilidad», la supuesta posibilidad de los conductores de elegir cuándo y dónde trabajar. Lo que esto deja de lado es que gran cantidad de conductores trabajan muchas horas sin beneficios y apenas logran subsistir debido a los bajos y, en muchos casos, decrecientes, ingresos por viajes o repartos.

La Proposición 22 ofrece «un piso de ganancia neta que toma como base el 120% del salario mínimo» y subsidios parciales de las primas del seguro médico según la cantidad de horas trabajadas. Sin embargo, muchos de estos beneficios estarían vinculados al «tiempo ocupado» del conductor: el tiempo que le insume recoger y transportar a un pasajero o completar una entrega. Eso deja afuera una gran parte del tiempo de trabajo típico de los conductores, e ignora tareas rutinarias como cargar gasolina, esperar a que aparezca una solicitud de viaje en sus teléfonos o limpiar el vómito del asiento trasero después de haber dejado a un pasajero borracho que no dejó propina.

El objetivo principal de la iniciativa es establecer explícitamente que los conductores autónomos, en tanto son contratistas independientes y no empleados, no están protegidos por las leyes laborales estándar.

Bajo el sistema actual, dijo Moore, «los conductores todavía viven al límite, tienen que retrasarse en los pagos del alquiler y escatimar en la comida para sus familias. No estamos haciendo todos los viajes que necesitamos, no estamos ganando el dinero que necesitamos. Ni siquiera es el salario mínimo, una vez que pagamos nuestros gastos». Dijo que la Proposición 22 haría que la vida de los conductores fuera aún más precaria. «Lo que [Uber y Lyft] han establecido es en realidad peor de lo que nos están pagando en la actualidad y ciertamente es peor que la ley laboral básica, que, sinceramente, pone muy baja la vara».

RDU cree que las reglas de la Proposición 22 para beneficios y salarios dejarían a los conductores ganando tan solo 5,64 dólares la hora –menos de la mitad del salario mínimo del Estado–, incluyendo el tiempo de espera y los gastos relacionados, los costos de mantenimiento que el conductor debe asumir por su cuenta y los impuestos sobre la nómina y beneficios para empleados no pagados.

Otra puñalada para los trabajadores será que, una vez que la Proposición 22 quede convertida en ley, será virtualmente imposible su derogación directa, por lo que se requerirán los votos de siete octavos de la legislatura estatal.

La victoria de las plataformas sobre la Proposición 22 es especialmente sorprendente a raíz de una reciente orden judicial en California que, en los hechos, ordenaba a Lyft y Uber a reclasificar a sus conductores como empleados. (Por otro lado, el Consejo General de la Junta Nacional de Relaciones Laborales y el Departamento de Trabajo federal del gobierno de Donald Trump se han puesto del lado de las plataformas, al afirmar que sus trabajadores son contratistas y, por lo tanto, están fuera del alcance de las normas federales en materia de trabajo y empleo.)

Las plataformas invirtieron un récord de 200 millones de dólares para venderle la medida a los votantes: un bajo precio a pagar a cambio de preservar su modelo de negocio global. Si bien la campaña de la oposición tuvo el respaldo de una coalición de sindicatos, organizaciones comunitarias y funcionarios electos federales y del estado de California, contaba con aproximadamente un décimo del presupuesto de sus oponentes, y sus mensajes en las redes sociales y la banca telefónica fueron fácilmente eclipsados por la guerra relámpago publicitaria del «Sí» (solo lo gastado en avisos publicitarios en Facebook superó lo que la campaña presidencial de los principales partidos había gastado en California). Los conductores fueron bombardeados con anuncios en sus propias plataformas; estos mensajes, que prometían incansablemente que la Proposición 22 protegería la «flexibilidad» y la independencia, disparó una impugnación judicial infructuosa por parte de los trabajadores agraviados.

Moore cree que los votantes fueron engañados por la propaganda de la campaña del Sí: «Uber y Lyft describieron la Proposición 22 como una ley por los derechos civiles y los trabajadores... La gente votó pensando que estaba haciendo lo correcto... es el disfraz del que Lyft y Uber dotaron a la Proposición 22».

Siguiendo un antiguo patrón de las compañías de viajes compartidos, que presionan ferozmente contra las regulaciones estatales, Uber presume que planea llevar el modelo de la Proposición 22 al resto del país. Pero en toda la nación existe una creciente presión desde las bases por parte de los conductores y sus abogados a favor de medidas que obliguen a las plataformas a pagar lo que equitativamente les corresponde en materia de salarios, beneficios e impuestos. Desde que la pandemia hizo que los ingresos por viajes compartidos cayeran abruptamente en 2020, RDU ha estado presionando a Uber y Lyft para que paguen los subsidios por desempleo que reclaman los conductores a pesar de su controvertido status legal. Grupos sindicales y funcionarios han iniciado numerosas demandas judiciales contra las empresas de viajes compartidos con éxito desparejo. La ciudad de Nueva York y, recientemente, Seattle han intentado frenar la expansión de las plataformas de viajes compartidos estableciendo estándares de salario mínimo específicamente para los conductores que trabajan para aplicaciones. Consumidores, legisladores y conductores ahora enfrentan dos caminos divergentes hacia adelante: uno pavimentado por el dinero de las empresas y el otro, abierto por los trabajadores que están detrás del volante.

«Tenemos claro que los conductores no pueden ser trabajadores de segunda clase», dijo Moore. «Que tengamos éxito en el futuro del trabajo, significa que establezcamos exitosamente estándares laborales básicos como país –a menos que usted sea un contratista independiente legítimo, esas reglas se aplican a usted–, y que subamos la vara juntos... Estos son beneficios básicos de la red de seguridad que otros países han descubierto y, simplemente, deberían existir. Seguimos luchando por ellos».


Traducción: Carlos Díaz Rocca

Este artículo es producto de la colaboración entre Nueva Sociedad y Dissent. Se puede leer la versión original acá.

Foto: Times of San Diego



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