«Firmamos por más seguridad», rezaban los carteles de una sorpresiva campaña que se lanzó en mayo de 2018 en Uruguay. Jorge Larrañaga, senador del Partido Nacional –tradicional y de derecha–, presentó junto con su sector, Alianza Nacional, un proyecto de reforma constitucional con cuatro puntos bajo el nombre Vivir Sin Miedo. En Uruguay se necesitan al menos 280.000 firmas para activar el proceso de plebiscito y diversas organizaciones sociales denunciaron la falta de información durante la campaña de recolección, en la que la mayoría de los promotores solo preguntaban: «¿Querés firmar para vivir sin miedo?».

La reforma propuesta se basa en tres ejes: el aumento de penas, la habilitación de los allanamientos nocturnos y la creación de una Guardia Nacional. Esta última contaría, en principio, con 2.000 efectivos militares para cumplir tareas de seguridad pública interna. Todas estas medidas podrían haber sido vehiculizadas por medio de los códigos penales y civiles. Es por esto que, aun sin profundizar en el significado de estas propuestas, las organizaciones contrarias a la reforma defienden que hay una intención de posicionamiento electoral tras la decisión de presentar esta propuesta como un plebiscito.

Además, los tres ejes son indivisibles y se votan con una misma papeleta. Esto inhabilita la discusión de cada punto por separado y obliga a estar de acuerdo con todos o con ninguno. Fue esto, también, lo que otros políticos de la oposición señalaron como un problema, ya que aun creyendo que alguna de las medidas propuestas ayudaría a mejorar la seguridad, no acompañarán la reforma por creer que otros puntos son inútiles o contraproducentes.

La propuesta que genera mayor controversia es la que dispone la creación de una Guardia Nacional. De manera casi instintiva, organizaciones sociales relacionadas al pasado reciente se manifestaron totalmente en contra de incluir efectivos de las Fuerzas Armadas para atender cuestiones de seguridad pública interna. Se debe recordar que el Ejército de Uruguay aún no ha pedido disculpas públicas por los crímenes de lesa humanidad llevados adelante durante la época de la dictadura y el terrorismo de Estado. Sin embargo, fueron también los propios militares quienes se mostraron contrarios a este punto: defienden que su formación no está enfocada en el trabajo con la delincuencia civil, sino en la defensa del territorio nacional frente a amenazas extranjeras.

Otras voces que se oponen a la reforma afirman que este tipo de medidas ya han fracasado en la región y en otros países del mundo. Solamente en Río de Janeiro, estado en el que Michel Temer decretó la intervención militar en febrero de 2018, hubo un aumento de 56,6% en los tiroteos y de 33,6% en los asesinatos con intervención de uno o más agentes del Estado –de febrero a diciembre, comparado con igual periodo del año anterior–. A esto se suma la reciente y brutal represión militar y policial en Chile. Según el Instituto Nacional de Derechos Humanos de ese país, en solo una semana hubo 535 heridos y 18 muertos. Además, hay al menos ocho detenidos que aseguraron haber sufrido situaciones de violencia sexual por parte de agentes de seguridad.

Esta situación regional, que también ha impactado duramente en Argentina, donde la acción de las fuerzas de seguridad suele desbocarse y resultar en situaciones de abuso de poder, tiñe todos los discursos contra la militarización de la seguridad interna en Uruguay. A pesar de esto, es esta medida en particular la que toma fuerza en aquellos lugares donde más impacta el delito, que son también los lugares donde prima la desigualdad económica, social y cultural.

Por otra parte, la reforma tiene un enfoque puramente punitivista, ya que prima el castigo por sobre todas las otras formas de abordar el delito. En este sentido, la reforma propone dos medidas: la prisión permanente revisable y el cumplimiento efectivo de las penas. La primera determina la cadena perpetua para personas que hayan cometido «delitos graves» y la segunda impone la imposibilidad de reducir las penas incluso existiendo indicadores de buena conducta y rehabilitación para quienes hayan realizado una gama amplia de delitos incluyendo la rapiña, que es cualquier robo con algún grado de violencia.

Nuevamente, organizaciones sociales y académicos dedicados a estudiar las cuestiones de seguridad plantean que esta propuesta cae en el error de atacar el delito una vez que ya fue cometido en vez de enfocar esfuerzos en prevenirlo, lo que tiene menor costo social y económico. Llama la atención, también, que el texto de reforma constitucional no hace mención ni una vez a la figura de la víctima o la del ciudadano que sufre un delito. Al enfocarse únicamente en el castigo, quita el foco de la necesidad de reparar los daños materiales y psicológicos que generan estas situaciones.

Además, Uruguay tiene una de las tasas más altas de encarcelamiento de América Latina. Las cárceles en este país no logran asegurar derechos humanos básicos y las personas privadas de libertad se encuentran en altos niveles de hacinamiento. La medida propuesta agravaría inevitablemente la superpoblación carcelaria y haría necesaria la construcción de más cárceles. Esto aumentaría el gasto y no mejoraría los resultados: la tasa de reincidencia está, actualmente, por encima de 60%.

La propuesta de imposibilitar la liberación de presos antes del cumplimiento efectivo de su condena está en entredicho con el artículo 26 de la propia Constitución uruguaya, que determina que «en ningún caso se permitirá que las cárceles sirvan para mortificar, y sí sólo para asegurar a los procesados y penados, persiguiendo su reeducación, la aptitud para el trabajo y la profilaxis del delito». Esta medida tiene un mensaje claro: no importa qué tanto un preso pueda mejorar, lo que importa es que sea castigado. También resulta conflictivo impulsar esta serie de determinaciones en una propuesta para mejorar la seguridad porque Uruguay adhirió a tratados internacionales que impulsan la mayor implementación de las medidas no privativas de la libertad, ya que está comprobado que son más efectivas y menos caras.

Por último, la reforma propone habilitar los allanamientos nocturnos, prohibidos desde la primera Constitución uruguaya. Según expresaron, esto es para controlar los puntos de venta y tráfico de drogas. Se habilitaría en caso de «fundadas sospechas» de que se estén cometiendo delitos. Este término fue señalado como vago por abogados penalistas, ya que podría dar lugar a abusos de poder.

Esta operación es una de las más riesgosas en múltiples sentidos. El sindicato de policías ya se manifestó en contra por no darse las condiciones necesarias para que los allanamientos nocturnos se produzcan de manera segura. También varias asociaciones que trabajan en barrios periféricos resaltaron lo traumático, violento y peligroso que un allanamiento nocturno puede ser para las personas -incluidos niños- que vivan en esa casa y en las casas cercanas. Además, se defiende que existen formas más efectivas de combatir el narcotráfico, apuntando a una mejor inteligencia policial que pueda tener conocimiento de las rutas que hace la droga y asegure menor tráfico y, a la vez, menor violencia a la hora de detenerlo.

El germen del miedo está instalado en Uruguay. La gente utiliza menos los espacios públicos y elige encerrarse tras las rejas de sus propias cárceles. El delito aumentó y este tipo de medidas, que son las que se vienen proponiendo por parte de todo el sistema político desde hace más de 30 años, no han servido para disminuirlo. Las personas tienen miedo y ese miedo es alimentado en círculo vicioso, que también alimenta la violencia societal, delictiva, policial y política.

13% de los homicidios suceden como consecuencia de una rapiña. Es una cifra muy alta, pero dentro del panorama completo, ocupa el mismo porcentaje de homicidios que los que se generan por violencia intrafamiliar, donde se ubican los dolorosos femicidios. La cifra sube cuando hablamos de altercados de convivencia –homicidios entre personas que se conocen– o de ajustes de cuentas entre «bandas criminales». Esta propuesta de reforma constitucional utiliza ese primer 13% como caballo de batalla para legitimarse de manera popular, pero ignora el resto de los homicidios y propone medidas que solo sirven como respuesta para los homicidios por rapiña y no constituyen, en ninguna medida, una verdadera solución.

La articulación que se agrupó para decirle «no» a la reforma asegura que existe otro camino posible para la seguridad. Uno que apunte a la profundización de la convivencia, a la construcción de sujetos políticos, a la confianza, a la empatía y al respeto absoluto por los derechos humanos. Esta no es una propuesta utópica o blanda –como sugieren algunos-, sino lo que la propia sociedad nos está enseñado en silencio. Las experiencias que proponen este tipo de apuestas han tenido siempre mejores resultados; tanto en la prevención del delito, como en la disminución de la violencia y en el descenso de la reincidencia en las cárceles. El modelo punitivista fracasa, divide y exalta la violencia. El miedo no puede ser la emoción que impulse a buscar una solución al problema de la seguridad.