Frente a un virus desconocido, el gobierno de Jair Bolsonaro hizo trampa: en lugar de intentar manipular su curso, lo dejó librado a un aparente azar e hizo de cuenta que sus efectos eran un destino manifiesto. Ricardo Piglia, cuando leyó La República, dijo que el Estado descrito por Platón «manipula el azar y tiende a convertir en determinación aquello que puede ser considerado arbitrario». El autor agrega que «por supuesto el Estado va a hacer trampa. Primero decide cómo quiere que sean esas relaciones desiguales y luego manipula las reglas y todos los sujetos atribuyen la desigualdad a la suerte». Se trata de un verdadero complot. Las teorías conspirativas no sirven para pensar la política, pero la metáfora del complot se distingue de ellas porque pone el acento en la decisión del gobierno. Bolsonaro primero definió cómo iba a ser la relación de los brasileños con la pandemia –optando por una inmunidad de rebaño— y en pos de ello manipuló las reglas: alentó las concentraciones, desestimó el confinamiento y el uso de máscaras. En lugar de impulsar testeos y la compra de vacunas, decidió producir cloroquina a través de las Fuerzas Armadas y transfirió responsabilidades a estados y municipios. El resultado está a la vista: Brasil está por alcanzar los 500.000 fallecidos por Covid-19.

Rebaño sin inmunidad

«No hay alternativa», parece decir Bolsonaro, en una suerte de destino para el que no habría margen de acción. Pero el presidente brasileño actuó: se opuso a todas las medidas alentadas desde la Organización Mundial de la Salud (OMS) e implementadas por la mayoría de los países. ¿Qué responsabilidad le cabe entonces frente a los resultados? Los cuatro exministros de salud consultados en este informe –tres de los cuales ocuparon el cargo durante gobiernos del Partido de los Trabajadores (PT) y uno en el de Bolsonaro– coincidieron en que la responsabilidad del presidente «es total» porque la teoría que subyace a sus decisiones es la de la inmunidad de rebaño a través de la exposición al virus y de un supuesto tratamiento precoz contra el Covid-19 sin base científica. Además de esa coincidencia, el primer ministro de Salud del expresidente Luiz Inácio «Lula» Da Silva, actual senador nacional y uno de los once titulares de la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI), Humberto Costa, ve a Bolsonaro como «el principal responsable por la tragedia sanitaria» en Brasil. «Adoptó la teoría de que el mejor camino para enfrentar la pandemia era permitir que el virus sea transmitido libremente con la expectativa de promover una inmunidad natural, de rebaño, y así habría un control inclusive sin necesidad de gastos. Esa decisión es trágica»- afirma. En tanto, Luiz Henrique Mandetta, pese a haber llegado a la cartera de Salud el mismo día en que Bolsonaro asumió su cargo al frente del Planalto, no tiene una valoración distinta a Costa y asegura que el presidente «pasó a creer en la teoría de que, si las personas se exponían al virus, Brasil llegaría a la inmunidad de rebaño». Esa idea, dice, respondía a un «asesoramiento paralelo» que tenía el presidente de Brasil. Eso explica por qué Bolsonaro fue «a aglomeraciones, que no usara mascarilla, que no haya adquirido vacunas, que hablara del uso de la cloroquina sin evidencia científica» y el hecho de que el Ministerio de Salud llegara a incinerar «casi tres millones de test» sin uso. Si no hay una cantidad aún más grande de casos es, según el ex-funcionario de Bolsonaro, porque los gobernadores y alcaldes tomaron medidas. Costa agrega que «el gobierno saboteó el aislamiento social practicado por estados y municipios y demoró todas las medidas económicas que permitirían a la población cumplir con la cuarentena». 

Alexandre Padilha, el primer ministro de Salud de Dilma Roussef, va más allá. Sostiene que, ya desde 2019, el gobierno de Bolsonaro «sofocó financieramente a todo el sistema de salud, cortó 22% del presupuesto» y «fue el primer año en el siglo XXI que el Brasil no alcanzó sus metas de vacunación en niños». Luego «usó los instrumentos como jefe de Estado para crear obstáculos en todos los pasos del enfrentamiento de la pandemia; en la ampliación de test y camas, en la llegada de médicos, en campañas, y en la contratación de vacunas» y cree que la única solución es «interrumpir el gobierno de Bolsonaro». El actual diputado del PT por San Pablo dijo también que el presidente «tomó una opción que fue no controlar la pandemia y apostar a que podría ser resuelta con un gran número de personas infectadas», un «corredor de la muerte», y que sus decisiones además de estar «motivadas por un proyecto genocida y negacionista», tiene «intereses financieros». En la misma línea, el cuarto ministro de salud de Lula, José Gomes Temporão, sostuvo que el «desastre» que se ve en Brasil «fue una estrategia deliberada y llevada a cabo por el gobierno federal bajo el liderazgo del presidente». Señaló también que «prevaleció una postura negacionista y anticientífica, que comprometió seriamente la capacidad de utilizar bases científicas y de salud pública» y marcó la falta de liderazgo nacional para coordinar con las administraciones subnacionales. Recién en marzo pasado, Bolsonaro creó un comité nacional, pero como aterrizó un año y un mes después del primer caso confirmado los cuatro ex ministros consultados dijeron la misma frase: «este comité llega tarde». Mandetta comentó que esa instancia «nace muerta» porque solo buscó «solucionar una crisis política» por las rivalidades con los otros poderes.

En suma, los cuatro ex líderes de la cartera de salud identifican una línea de comportamiento y los mismos fundamentos para los actos de Bolsonaro. Pero ¿se puede comprobar la responsabilidad del presidente? Las expectativas, si existen, están en el Congreso.

La Comisión Parlamentaria de Investigación y la salud en el Brasil de Bolsonaro

A fines del mes de abril el Senado brasileño creó una Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) para determinar las responsabilidades del gobierno frente a la pandemia. Si bien Bolsonaro intentó posponerla –y su hijo, el senador Flavio Bolsonaro, pidió se active recién cuando todos en la cámara estén vacunados—, la CPI avanzó. Pero muchos de los temas expuestos allí ya eran públicos, entonces ¿qué se puede esperar de esta comisión que ya lleva más de 50 días de los 90 que tiene estipulado para su funcionamiento? «La CPI tiene la finalidad de descubrir por qué Brasil no compró la vacuna y apostó en otras hipótesis para combatir un mal tan grande que ya mató a más de 450 mil brasileños», dijo en una entrevista con Folha de S. Paulo, Omar Aziz, miembro del Partido Social Democrático y presidente de la CPI. Por su parte, Padilha, que además de ex-ministro de Rousseff ocupó cargos en el gobierno de Lula, espera que la CPI «vaya a fondo» ya que hay investigaciones que «solo una CPI puede hacer sobre las medidas de Bolsonaro y los intereses financieros que estaban detrás». Además, agregó: «Tengo la seguridad absoluta de que mucha gente ganó dinero con las medidas negacionistas de Bolsonaro y eso necesita ser investigado inclusive para saber cuál es la relación de ese lucro con él». 

La CPI no parece estar cerca de definir cómo Bolsonaro se benefició de ese lucro, pero sí de cuáles fueron los sectores que sí lo hicieron. El senador Costa sostiene que los crímenes contra la salud pública ponen en duda el marco normativo y aseguró: «Nuestra tesis es que el gobierno dejó que la enfermedad sea transmitida libremente, esa actitud es francamente criminal. Todo indica que la CPI tendrá que evaluar también la legislación sanitaria, para ver si atiende a los requisitos de una situación de emergencia». El congreso erigió la CPI encima de los 68 pedidos originales de impeachment; de esos consideró sólo seis, y el resto llevan cerca de 900 días esperando su evaluación. «No creo nada en un desdoblamiento de la CPI para un impeachment porque además de ser un proceso traumático es largo e invadiría el 2022, el año de las elecciones. Creo que va a dejar en claro y documentar el papel de cada uno para que el país aprenda», sostuvo Mandetta días después de ser el primero en comparecer frente ante la CPI. Temporão, que impulsó el primer caso en el mundo en quebrar la patente de medicamento después de que la Organización Mundial de Comercio habilitara esa opción en 2001 para crisis sanitarias, dijo que su «expectativa» es que «la CPI investigue la verdad para responsabilizar a las autoridades causantes de esta tragedia». Mandetta, que estuvo en el cargo apenas hasta abril de 2020, explicó lo mismo que declaró ante la CPI, que trató de desligarse de las decisiones de Bolsonaro: «Yo lo alerté sistemáticamente pero no le gusta escuchar y yo tenía mucha preocupación de que dijera que no fue advertido, por eso le escribí una carta». La obsesión del ex funcionario por despegarse crece cuando se le consulta si va a jugar en las presidenciales 2022: «Creo que sí. Voy a participar activamente». Volviendo a quiénes formaban lo que llamó un «asesoramiento paralelo», aseguró: «Bolsonaro cuenta con una estructura paralela donde está su hijo Carlos –una persona destructiva–, auxiliares de la presidencia y personas externas». Este gabinete en las sombras lleva, según Mandetta, «carne a los leones», es decir a los votantes de Bolsonaro que «son movidos por el odio» en este «coliseo moderno de Internet». Un ejecutivo de Pfizer para la región confirmó también que Carlos –el único de los cinco hijos del presidente que lo acompañó en el auto que lideró el cortejo el día que asumió su padre– participó en una de las reuniones con la empresa a pesar de ser concejal en Río de Janeiro y no tener ninguna función que justifique su participación. Mandetta asegura, por ello, que Bolsonaro tiene una visión «de un gueto en Río de Janeiro» y que se asesora «con este tipo de gente». La CPI evalúa actualmente un video que muestra  a un grupo de políticos y referentes de la salud con el presidente, donde hablan de un «gabinete en las sombras»  y recomendaron el uso de cloroquina.

 Las vacunas

«Quiero hacer todos los esfuerzos posibles para asegurar que las dosis de nuestra futura vacuna estén reservadas para la población brasileña. Sin embargo, la rapidez es crucial», decía la carta que el 12 de septiembre de 2020 le envió el CEO mundial de Pfizer, Abert Bourla, a Bolsonaro. Fue uno de los 34 contactos propiciados por el laboratorio. La misiva hablaba incluso de negociaciones previas. Sin embargo, Brasil no respondió. Pfizer insistió: «hasta ahora no hemos recibido respuesta». El CEO de Pfizer en América Latina, Carlos Murillo, dijo ante la CPI que hizo ofertas formales al gobierno por 70 millones de dosis con entrega incluso en diciembre pero que el ministro de salud y general activo del Ejército Eduardo Pazuello habría citado problemas de logística y jurídicos para no firmar. Así, el ejecutivo de la farmacéutica refutó al ministro, quien el 23 de enero emitió una nota donde admitía la recepción de la carta pero criticaba las cláusulas «abusivas» del contrato y quien también el 11 febrero de 2021 ante el Senado dijo que Pfizer había ofrecido solo 2 millones de dosis de enero a marzo cuando en realidad ellos querían «grandes cantidades y sin condiciones leoninas». Por esa y otras contradicciones, Pazuello fue acusado en la CPI de mentir a los senadores, como parte de su estrategia de exculpar al presidente. Por su parte, el ex secretario de comunicación del gobierno, Fábio Wajngarte, sí confirmó las demoras del gobierno frente a Pfizer. En una entrevista previa, había dicho que la inmunización se demoró por la «incompetencia» del Ministerio de Salud, pero no nombró a Pazuello. Mandetta, que dejó el gobierno en abril cuando «ningún laboratorio estaba en fase dos» dijo que «el error» fue no apostar a un «mix de vacunas» considerando que un «país continental con 215 millones de habitantes» necesitaría al menos «450 millones de dosis» y un laboratorio solo no podría producirlas, y lamentó que Brasil, que «tiene capacidad instalada para ser una fábrica para América del Sur» no lo haya hecho. El presidente siguió sembrando desconfianza hasta el punto de decir que él no iba a tomar la vacuna y que Pfizer no se responsabilizaba si su producción convertía a las personas en «yacaré». Pero esa misma desconfianza no se le generó la cloroquina, una droga sin ninguna comprobación científica de eficacia alguna para el tratamiento de Covid-19. En paralelo a la política nacional, el gobernador de San Pablo, João Doria, firmó en junio de 2020 un acuerdo con Sinovac que permitió la aplicación de la primera vacuna, la Coronavac, el 17 de enero de este año. Bolsonaro criticó sistemáticamente ese desarrollo pero al iniciar Doria la vacunación y al ser aprobada por Anvisa en enero, la reivindicó. El ritmo de vacunación para Temporão es «extremadamente lento» cuando «Brasil tiene uno de los mejores sistemas de vacunación del mundo», y esto se debe a «errores del gobierno federal, que no se dedicó a brindar las dosis suficientes y lideró una guerra contra las vacunas».

El 24 de marzo, Bolsonaro dijo que Brasil es el quinto país con más vacunación contra el Covid-19, pero para Padilha la declaración es «una vergüenza» ya que «en relación a población Brasil está en la quincuagésima sexta posición de vacunados». Es impensado en nuestra tradición», sostuvo. Y afirmó que, en la pandemia del H1N1, Brasil fue «el país que más vacunó en sistema público del mundo». El médico que ocupó la titularidad de la cartera de Salud desde 2011 a 2014 y que tuvo un programa insignia en el «Mais Médicos», dijo que el país rechazó vacunas: «Covax Facility ofreció 138 millones de dosis y el gobierno contrató apenas 46 millones».

La cloroquina y las teorías alternativas

«Tengo la certeza absoluta de que la decisión de Bolsonaro de hacer publicidad de la cloroquina y mandar a producirla por el gobierno federal no es solo una creencia negacionista, hay muchos intereses financieros detrás, alguien ganó dinero con esa producción absurda sin eficacia a costa de las muertes de nuestro pueblo», aseveró Padilha. Hasta el momento, la CPI expuso que Bolsonaro ordenó la producción de cloroquina a través de las Fuerzas Armadas, luego amplió su fabricación, intercedió ante el primer ministro indio Narendra Modi para que libere componentes para su producción y beneficiar así a empresas que lo producían en Brasil. Pero, según Costa, el presidente intentó dar vuelta este último argumento para reforzar la idea de un tratamiento precoz. «Crea una teoría de la conspiración de que mucha gente y laboratorios quieren ganar dinero con la pandemia, mientras hay un medicamento -según su visión- que la sería solución, que es barato y producido en Brasil, y por eso estimuló la producción de cloroquina contra todas las orientaciones de salud pública». También dijo retiradas veces que él la había consumido y alentó a que otros lo hicieran, creó la app TrateCov que la recomendaba, hizo publicidad desde la cartera de Wajngarte, cambió ministros que estaban en contra de su uso, quiso modificar el prospecto de la droga para incluir el tratamiento del Covid19. Para los cuatro exministros queda claro el interés de Bolsonaro en este medicamento, ahora resta saber si la CPI podrá definir si él fue un beneficiario directo o no.

El complot como metáfora de la política

Tanto para los ex ministros como para los senadores de la CPI, la negligencia de Bolsonaro está más que probada. Sin embargo, las acusaciones públicas manifestadas en esa instancia quedarán a mitad de camino si no hay acuerdo para demostrar cómo la política bolsonarista constituyó un atentado contra la salud pública, y así definir un «crimen de responsabilidad» para hacer avanzar los pedidos de impeachment. Esto implicaría ingresar en un proceso más largo que el del camino a las urnas para el que faltan solo 16 meses. El modesto resultado al que parece aspirar la CPI es a exponer públicamente a Bolsonaro, explicitar que estas decisiones no fueron parte de un destino manifiesto sino de la decisión política principalmente del gobierno federal de Brasil, metaforizada como complot. Pese a sus resultados, no parece que el presidente vaya a encontrar una instancia de rendición de cuentas antes de las urnas en 2022.