Opinión

Perú: ¿de la indignación a una nueva Constitución?


julio 2020

A inicios de 2018, Perú asistió a una grave crisis institucional que involucró a políticos renombrados en causas de corrupción. El proceso desató la ira ciudadana y acabó con la renuncia del presidente Kuczynski. La nueva etapa peruana no ha estado, sin embargo, exenta de debates. Perú discute si reforma su Constitución actual o si, en cambio, convoca a una Asamblea Constituyente. Izquierdas y derechas están divididas.

Perú: ¿de la indignación a una nueva Constitución?

Hace dos años, la indiferencia con que la mayoría de la población peruana observaba la política se convirtió en caos, enojo, incertidumbre y miedo. En los primeros siete meses de 2018, el país fue testigo de crisis políticas que propiciaron la caída de varios actores fundamentales. Primero se produjo la renuncia del ex-presidente Pedro Pablo Kuczynski, tras una serie de cuestionamientos que se iniciaron con el indulto humanitario que le concedió a Alberto Fujimori y que se amplificaron cuando se lo vinculó al caso Odebrecht, al descubrirse su cercanía con empresas que trabajaron junto a la constructora brasileña en obras para el Estado cuando Kuczynski ejercía el cargo de ministro de Economía.

Luego de la caída de Kuczynski, se reveló una serie de audios provenientes de interceptaciones telefónicas que expusieron una red de corrupción y tráfico de influencias en el nivel más alto del sistema de justicia peruano. En una de las grabaciones se podía escuchar al presidente de la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia, César Hinostroza, coordinando una rebaja de pena y hasta una posible liberación del violador de una niña de 13 años. Las investigaciones periodísticas develaron que aquel caso había terminado con la eliminación de la pena de 30 años que se le había impuesto al imputado en una instancia previa, por más que existían testimonios de la propia víctima y estudios médico-legales que evidenciaban el delito. Frente al cúmulo de indignación, Martín Vizcarra, quien había asumido la Presidencia en reemplazo de Kuczynski, anunció, en el tradicional Mensaje a la Nación de cada 28 de julio, que enviaría al Congreso un paquete de proyectos de ley para reformar el sistema de justicia. Cuarenta días después, sin ninguna de las propuestas debatidas seriamente en el Parlamento, el gobierno –haciendo uso del mecanismo de cuestión de confianza– presionó al Congreso a aprobar los proyectos centrales del paquete, para lo que se requería una reforma constitucional, para así convocar a un referéndum en el que la misma población expresara su apoyo o su rechazo a los cambios propuestos.

«Quiero decirles a todos los peruanos y peruanas que no soy ajeno a su indignación, que la hago propia y la comparto. Recojo el clamor popular. ¡Reforma ya! Basta de comprar y vender derechos y dejar impunes delitos que transgreden nuestro sistema legal y enferman a nuestra sociedad», exclamó el mandatario en señal abierta para toda la población.

Las cuatro reformas constitucionales fueron aprobadas por el Parlamento y la ciudadanía acudió a las urnas el 9 de diciembre de 2018. Los votos validaron tres de ellas: la no reelección de los congresistas, nuevas regulaciones para el financiamiento de las organizaciones políticas y modificaciones en la conformación del cuestionado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), órgano encargado de nombrar y destituir a los magistrados del país. Se rechazó, en cambio, el planteamiento de establecer un Parlamento bicameral.

La imagen de Vizcarra salió fortalecida del referéndum. Un estudio de opinión mostró que entre los principales motivos para acudir a los comicios habían estado expresar apoyo al presidente (33%) y rechazo a los congresistas de oposición (25%). Era innegable que la ciudadanía había volcado su indignación en la idea de cambiar sustancialmente las instituciones más desacreditadas del Estado (Poder Judicial, partidos políticos y Congreso de la República). Era innegable, también, que promover esos cambios, fuera este el objetivo final o no, generaba réditos políticos.

Desde ese momento y hasta el día de hoy, la totalidad de la clase política incorporó en su discurso la reforma política y judicial. Cada quien con sus matices. Así, durante la campaña para las elecciones congresales extraordinarias de comienzos de 2020 –desarrolladas después de que Vizcarra disolviera el Congreso anterior–, la reforma política y judicial, junto con la lucha contra la corrupción, fueron los ejes del debate.

Los candidatos de todos los partidos ofrecieron perfeccionar los cambios. Modificar la Constitución no es fácil en Perú. La Carta Magna habilita la reforma constitucional tan solo mediante el voto de una mayoría absoluta de los miembros del Parlamento, que debe ser ratificada por medio de un referéndum o por una segunda aprobación en la legislatura siguiente. Durante los comicios del presente año, se hizo notorio que el clásico debate ideológico entre derecha e izquierda había mutado: ya no había quien defendiera el statu quo. El combate de ideas estaba centrado en dos opciones: reforma constitucional o nueva Constitución.

Una nueva Constitución

En la actualidad, el rechazo a la Constitución Política aprobada en 1993 y la demanda de una nueva son banderas de sectores radicales de izquierda. Sin embargo, revisando la historia, vemos que años atrás fue un pedido de todos los sectores políticos.

Con la caída del régimen de Alberto Fujimori a finales de 2000, varios cambios estructurales fueron puestos en marcha por el gobierno de transición encabezado por Valentín Paniagua. El objetivo era desmontar las redes de corrupción de las instituciones claves del Estado para así poder garantizar la transparencia de nuevas elecciones generales. Entre los temas que se revisaron estuvo el de la Constitución aprobada después del autogolpe de Fujimori. Tanto el Poder Ejecutivo como el Parlamento impulsaron grupos de trabajo para proponer una reforma total de la Constitución y ambos llegaron a la misma fórmula: volver a la Carta Magna de 1979 y, con esta vigente, impulsar una nueva. A pesar de ello, entre debates y aplazamientos, el asunto quedó paralizado en abril de 2003.

Para diversos grupos políticos, la eliminación de la firma del ex-mandatario en la Carta Magna –lograda mediante una norma– constituyó un triunfo democrático. Y esto provocó que los sectores de izquierda, que además de cuestionar la legitimidad de nacimiento de la Constitución de 1993 tenían discrepancias de fondo en materia económica y laboral, se quedaran solos en la exigencia de un nuevo pacto social.

En el escenario actual, fueron dos los grupos políticos de izquierda que en los últimos comicios prometieron una nueva Constitución y que lograron un espacio en el Congreso: el Frente Amplio (FA) y Unión por el Perú (UPP), liderada por Antauro Humala. Pero a pesar de tener un objetivo común, cada uno propone vías distintas para llevarlo a cabo.

El FA promueve una nueva Constitución mediante la convocatoria de una Asamblea Constituyente, en consonancia con sindicatos, movimientos y agrupaciones sociales. UPP, en cambio, plantea una fórmula que recuerda a las discusiones de antaño: declarar ilegítima la actual Carta Magna y, como consecuencia, derogarla, reestablecer la de 1979 y, solo después de eso, convocar a una Asamblea Constituyente que, en el plazo de seis meses, elabore y apruebe una nueva Constitución.

La propuesta de UPP ya ha sido volcada en un proyecto de ley y actualmente espera de ser debatida. Sin embargo, es una propuesta en solitario. A pesar de ser un paso adelante hacia la concreción del esperado nuevo pacto social, ni el FA ni otros colectivos sociales fuera del Parlamento han expresado su apoyo. Las razones son de fondo. Gran parte de la izquierda peruana ve con recelo a este grupo político por levantar propuestas polémicas, como la restitución de la pena de muerte, y también por la incomodidad que causa el liderazgo partidario de Antauro Humala –hermano del ex-presidente Ollanta Humala– que actualmente cumple condena por encabezar el Andahuaylazo, una rebelión llevada a cabo en 2005 por 150 reservistas contra el gobierno de Alejandro Toledo, que se cobró la vida de cuatro policías y dos insurrectos.

Desde que se conoció la composición del nuevo Congreso, el FA ha hecho varios esfuerzos para no verse relacionado con este grupo político. El líder del FA Marco Arana ha asegurado, por ejemplo, que UPP «no es un verdadero partido de izquierda», y la bancada en su conjunto ha rechazado expresamente que Antauro Humala sea calificado como «preso político». Sin embargo, los avances del FA para la conformación de una Asamblea Constituyente son actualmente inexistentes, pese a contar con el apoyo de los sectores más progresistas de la sociedad y a ser prácticamente la representación en el Congreso de esa demanda. Este partido, de tendencia más ecologista y más marcadamente defensor de los derechos humanos, se enfrenta a un problema de fondo: cómo socializar la propuesta de una Asamblea Constituyente en medio de una pandemia, sin una estrategia marcada y con tan solo la consigna de «que el pueblo decida», que termina resultando demasiado etérea para gran parte de la población alejada de un discurso crítico del sistema.

Si bien durante la pandemia han existido intentos de darle formulaciones más concretas y aterrizadas a los problemas estructurales que agudiza el modelo económico marcadamente liberal que promueve la Constitución, estos han terminado fracasando. Cuando desde la izquierda se señaló que era debido a la Carta Magna que el Estado no podía actuar frente a las clínicas que cobraban precios exorbitantes para atender a los pacientes de covid-19, varios constitucionalistas y expertos en leyes señalaron que el artículo 82 de la Ley General de Salud facultaba al gobierno a disponer de los centros de salud privados durante tiempos de epidemias. De hecho, el mismo presidente amenazó con expropiarlas, invocando el artículo 70 de la Constitución.

Como la figura de la Asamblea Constituyente no se encuentra contemplada en la Carta Magna, la presión social resulta fundamental para motivar a que la clase política lo plantee. La muestra de que una norma puede sortear este vacío es la convocatoria a elecciones para una Asamblea Constituyente de 1978, expedida por un dictamen del Poder Ejecutivo liderado por Francisco Morales Bermúdez. El decreto ley 21949 subsanó el vacío de la Constitución de 1933 con respecto a una Asamblea Constituyente y dio paso así a la Constitución Política de 1979.

El poder de los votos

Pero aún si UPP y el FA lograran concordar una fórmula que sacarla adelante, juntos suman tan solo 21 votos de los 66 que hacen faltan para lograr una mayoría absoluta parlamentaria que pueda establecer cambios en el nivel constitucional. Para ambos resulta necesario buscar el apoyo de otras bancadas. Y son dos las que podrían sumar votos a su demanda: el Frente Popular Agrícola FIA del Perú (Frepap) y Acción Popular.

El resultado más sorpresivo de las últimas elecciones fueron los 15 escaños que logró el Frepap. A pesar de que la agrupación, erigida sobre la base de la Asociación Evangélica de la Misión Israelita del Nuevo Pacto Universal, ya había ocupado un espacio en el Legislativo en tres oportunidades, los medios sembraron desconfianza sobre lo que sería su actuación parlamentaria, presentando su origen religioso como un inminente obstáculo en la agenda a favor de ela quidad de género y el empoderamiento de las mujeres.

Si bien en sus primeras exposiciones mediáticas los miembros del Frepap tuvieron respuestas que parecieron corroborar el temor de los sectores progresistas, tales como que los homosexuales «tienen enquistado en su corazón el mal», siempre insistieron en que su trabajo parlamentario se centraría en las demandas populares. Hasta el día de hoy, el partido religioso ha sido de los más activos a la hora de cumplir sus promesas electorales. Durante el tiempo de la pandemia, el Frepap impulsó proyectos de ley enfocados en materia económica y justicia social. Entre sus iniciativas se encuentran, por ejemplo, el establecimiento de un impuesto a las grandes fortunas, la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas y el subsidio de 100% de las tarifas de telefonía e internet para los hogares en extrema pobreza. Además, contra lo que pronosticaron los medios, la bancada se ha mantenido activa en busca de la paridad y alternancia para promover la participación política de las mujeres, exigiendo para ello la eliminación del voto preferencial que permite a los electores establecer su propio orden de preferencias entre los candidatos y que según muchos análisis debilita la presencia de mujeres en el Parlamento.

Pese a que el Frepap no ha expresado su adhesión a la demanda de una nueva Constitución, su postura contraria al modelo económico resguardado por la actual Carta Magna y declaraciones puntuales de algunos de sus parlamentarios dan pistas de un posible apoyo.

Acción Popular, el partido fundado por el ex-presidente Fernando Belaúnde Terry, es actualmente la mayor fuerza política del Congreso, con 25 parlamentarios en sus filas. A pesar de que durante la campaña sus candidatos se manifestaron en contra de cambiar la Constitución, al día de hoy la única iniciativa legal que acompaña a la de UPP en su objetivo de un cambio constitucional proviene de esta bancada. El proyecto de ley de Acción Popular, que también espera a ser debatido, propone aprovechar las próximas elecciones generales para realizar un referéndum en el que la población elija entre una reforma total o parcial de la Constitución, centrado en el régimen económico, ambiental y en los recursos naturales.

La exposición de motivos de esta iniciativa alude a que la pandemia debe propiciar una reflexión en la sociedad «sobre el verdadero rol que [el Estado] debe tener sobre el manejo de todo aquello privatizado y/o concesionado. (...) En las circunstancias que atravesamos, en este momento producto del covid-19, el Estado Peruano se encuentra impedido de efectuar acción alguna por limitación constitucional, debiendo tenerse presente que un país que no controla sus recursos, no administra su futuro». A pesar de la claridad del texto, la propuesta cuenta tan solo con el apoyo de ocho parlamentarios y son pocas las posibilidades de que alcance los votos suficientes para concretarse. La atomización y la poca solvencia ideológica han sido las características más notorias de la bancada de Acción Popular durante los últimos meses. Al mismo tiempo que se presentó el proyecto en cuestión, otro sector de la bancada impulsó una iniciativa para privatizar el sistema penitenciario. Por lo tanto, dadas las circunstancias actuales, el apoyo a una nueva Constitución mediante una Asamblea Constituyente solo sería secundado por una fracción de la bancada.

Más allá de estos grupos, se encuentran las otras cinco bancadas que ven en el modelo económico actual la causa de que la economía peruana haya tenido un crecimiento continuo durante los últimos 21 años; una tendencia quebrada recién con la pandemia de covid-19. Los cambios en materia constitucional que proponen estos grupos se centran únicamente en alteraciones en la estructura de los diferentes poderes del Estado para garantizar mayor eficiencia y transparencia, en línea con los reclamos de gran parte de la población.

En la misma postura se encuentra el Poder Ejecutivo, que acaba de nombrar un nuevo Consejo de Ministros para afrontar lo que ha llamado «una nueva etapa en la lucha contra la pandemia», centrada sobre todo en la recuperación económica después de meses de aislamiento social obligatorio. El presidente del Consejo de Ministros ya ha anunciado que el gobierno impulsará créditos para los estudiantes y que su prioridad será destrabar inversiones. Los ministros que ha nombrado para carteras claves, como Energía y Minas y Trabajo y Promoción del Empleo, provenientes de sectores privados, ejemplifican esa voluntad.

Además de la lucha contra la pandemia y la recuperación económica, el primer ministro Pedro Cateriano ha anunciado que un foco de su gestión será garantizar el proceso de las elecciones generales de 2021.

Otra campaña se acerca.

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