La reelección del presidente Nayib Bukele el 4 de febrero de 2024, desafiando la prohibición constitucional, plasmó la esencia de su gobierno: un menosprecio por las normas jurídicas establecidas. Su candidatura ha sido criticada como inconstitucional y como síntoma de una deriva autoritaria en el país centroamericano. En efecto, la Constitución de 1983 prohíbe la reelección inmediata, y la prohibición fue reafirmada por un fallo de 2014. Sin embargo, la mayoría absoluta obtenida por el partido Nuevas Ideas de Bukele en las elecciones legislativas de febrero de 2021 le dio los medios para alterar estas reglas constitucionales. Inmediatamente después de esta victoria, la mayoría de la Asamblea Legislativa votó a favor de reemplazar a los miembros de la Corte Suprema. El tribunal cooptado, dominado por magistrados aliados de Bukele, dictaminó en septiembre de 2021 que el presidente en ejercicio podría postularse legalmente para el cargo si tomaba licencia antes de las elecciones. El mismo mes, Bukele declaró oficialmente su intención de buscar la reelección. Más tarde, en noviembre de 2023, según decisión de la Corte Suprema, entregó temporalmente sus funciones a la secretaria privada de la Presidencia Claudia Rodríguez de Guevara, quien asumió como presidenta en funciones al día siguiente sin que Bukele renunciara¹. La aplastante victoria de Bukele en las elecciones lo devolvió así al palacio presidencial el 1 de junio de 2024 tras seis meses de «ausencia». Elegido para un nuevo mandato, Bukele está preparado para continuar con la concentración de poder en sus manos y eliminar los controles y equilibrios que caracterizan la gobernanza democrática.

Para comprender este poder irrestricto del que disfrutan el presidente y su gobierno, así como el alarmante problema de la corrupción gubernamental, es fundamental examinar las acciones iniciadas por Bukele desde su campaña para las elecciones presidenciales de 2019 y su acceso al poder ese mismo año. 

La llegada de Bukele al poder

La prevalencia de la corrupción en El Salvador se refleja en los procesos judiciales contra los últimos cuatro presidentes de la nación centroamericana: Francisco Flores Pérez (1999-2004), Elías Antonio Saca (2004-2009), Carlos Mauricio Funes (2009-2014) y Salvador Sánchez Cerén (2014-2019). Todos estos políticos eran miembros de los dos principales partidos políticos que controlaron la política local tras el fin del conflicto armado en 1991: la Alianza Republicana Nacional (Arena) y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (fmln). Bukele fue militante del fmln, del que fue expulsado en 2017, y se posicionó como un reformador contra la corrupción. Bajo la bandera de la Gran Alianza para la Unidad Nacional (gana), se distanció de los principales partidos y se negó a participar en el tradicional debate entre candidatos. En cambio, impulsó una intensa campaña en las redes sociales con la que movilizó a numerosos votantes. Durante sus intervenciones, exigió a los partidos opositores que «devuelvan lo robado», lo que transformó en hashtag en las redes.A medida que la lucha contra la corrupción se convirtió en el tema central de su campaña, Bukele prometió importantes iniciativas y reformas institucionales. Esto incluyó la formación de una Comisión Internacional contra la Corrupción en El Salvador, siguiendo el modelo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (cicig) y la Misión de Apoyo a la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (maccih), y la creación de un nuevo puesto de comisionado anticorrupción que estaría en manos de la oposición política². Se comprometió a establecer la Comisión dentro de los primeros 100 días de su gobierno para enjuiciar a todos los políticos que hubieran estado involucrados en actos de corrupción durante años bajo el gobierno de Arena y el fmln.

A lo largo de su campaña, Bukele puso el foco en un problema clave en el país, y esto contribuyó a su aplastante victoria en la primera vuelta durante las elecciones presidenciales de 2019, asegurándose más votos que todos los demás candidatos juntos. Se convirtió en el primer candidato en 30 años en ganar sin el apoyo de ninguno de los dos grandes partidos. Este acontecimiento decisivo en la política salvadoreña reveló el profundo descontento del electorado con la corrupción enraizada en el país.

Desde que llegó al poder en 2019, Bukele se ha esforzado por rodearse de gente leal. Al asumir el cargo, el «presidente millennial» armó el nuevo gobierno incluyendo a primos, amigos de la familia y antiguos compañeros de clase. Sin embargo, el primer círculo de influencia lo conforman sus tres hermanos, Karim, Yusef e Ibrajim Bukele. Aunque no ocupan ningún cargo público oficial, desempeñan un papel de primer orden en la mayoría de las decisiones del presidente, incluidos la estrategia política, la economía y el nombramiento de funcionarios públicos. Desde entonces, han servido como estrategas, emisarios y negociadores claves para la administración presidencial³. Esto marcó la dirección de la presidencia de Bukele, en la que primó la decisión de fortalecer su autoridad y socavar las instituciones de control.

A pesar de que Bukele se basó en un resentimiento generalizado con la corrupción en anteriores administraciones durante su campaña electoral, su combate contra ese flagelo una vez en la Presidencia estuvo lejos de las promesas. De hecho, no nombró a ningún comisionado anticorrupción y, aunque la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (cicies) se estableció en septiembre de 2019, generó escepticismo sobre su capacidad de acción⁴. El acuerdo con la Organización de Estados Americanos (oea) fue negociado apresuradamente para cumplir con el compromiso y sin diálogo con la sociedad civil⁵. En contraste, la cicig y la maccih se establecieron después de un amplio diálogo entre gobiernos, ciudadanos y organizaciones internacionales. Además, el marco de la cicies suscitó dudas sobre su capacidad para llevar a cabo su mandato de manera independiente, ya que fue diseñado para depender principalmente del Poder Ejecutivo, sin garantías de transparencia ni mecanismos de supervisión pública.

Por otra parte, Bukele mostró rápidamente su desprecio por la idea misma de separación de poderes. En febrero de 2020, seis meses después de asumir la Presidencia, el mandatario provocó una crisis política interna tras la objeción de la Legislatura controlada por la oposición a su octava solicitud de préstamo internacional. Irrumpió en el Parlamento con soldados y policías armados, presionando a los diputados para aprobar un préstamo de 109 millones de dólares para comprar helicópteros, un buque de guerra y otros gastos militares⁶. Esta medida fue criticada por violar los principios democráticos y el Estado de derecho, pero no tuvo mayores consecuencias.

La guerra contra el covid-19 y el primer estado de emergencia

Tras el estallido de la pandemia de covid-19, el gobierno salvadoreño declaró el estado de emergencia en marzo de 2020. Esto retrasó los procesos administrativos y provocó que las instituciones retuvieran información pública de manera indefinida. Posteriormente, El Salvador fue clasificado como uno de los países con menor acceso a la información pública durante la pandemia⁷. Este hecho obstaculizó de igual manera el escrutinio público de la respuesta del gobierno a la crisis sanitaria y el gasto de emergencia. La Asamblea Legislativa aprobó un préstamo de 2.000 millones de dólares para responder a la pandemia, y el Poder Ejecutivo aprovechó las condiciones de excepción para manejar con mayor discrecionalidad aún el presupuesto. Al finalizar el año, se observaron irregularidades en dos tercios de todas las adquisiciones de contratación pública, según fiscales de corrupción pública destituidos posteriormente⁸.

La pandemia les dio cobertura a las irregularidades y la corrupción. La Fundación Nacional para el Desarrollo (funde) registró 20 casos de mala conducta financiera y poca transparencia en el manejo de los recursos públicos en 2020⁹. El gobierno fue acusado de distribución partidista de ayuda financiera de emergencia, de eliminar los registros públicos de gastos, de impedir las inspecciones a los gastos de emergencia y de no presentar informes a la Asamblea Legislativa. Mientras la cicies investigaba posibles irregularidades, el gobierno se protegía de la inspección suspendiendo el acceso a la información pública. En noviembre de 2020, la creciente sospecha sobre malversación de fondos por parte del Ejecutivo llevó a la Fiscalía General de la República a iniciar una investigación para determinar si las irregularidades en las compras públicas durante la pandemia constituían delitos de corrupción¹⁰. A pesar de eso, el gobierno de Bukele pudo eludir la rendición de cuentas gracias a las elecciones legislativas de febrero de 2021. El presidente obtuvo entonces la mayoría absoluta de las bancas, algo que no había ocurrido en casi tres décadas en la política salvadoreña. Con el recién creado Nuevas Ideas, obtuvo 56 escaños, mientras que Arena se redujo a 14 y el fmln, a 4.

Bukele aprovechó rápidamente su hegemonía. En su primera sesión, celebrada en mayo de 2021, la nueva Asamblea Legislativa votó a favor de destituir al fiscal general, alegando sus vínculos con un partido de la oposición, mientras su investigación por corrupción seguía en curso. Todos los jueces de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia fueron destituidos por una sentencia dictada contra el Ministerio de Salud durante la pandemia de covid-19¹¹. La Asamblea Nacional nombró entonces a nuevos magistrados y fiscales generales y, al final de la sesión, la Legislatura había sustituido a ambas instituciones por partidarios. Unos meses después, en agosto de 2021, promulgó una reforma que ordena la jubilación de todos los jueces mayores de 60 años o con más de 30 años de servicio. Posteriormente, la recién constituida Corte Suprema designó a 98 jueces para reemplazar a los salientes, sin seguir el procedimiento legal establecido para tal fin. El gobierno también gozó de inmunidad completa. La Asamblea Legislativa salvadoreña aprobó una ley en mayo de 2021 que impedía el escrutinio de las compras gubernamentales relacionadas con la pandemia y otorgaba retroactivamente a los funcionarios públicos protección frente a sus responsabilidades civiles y penales. El nuevo fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, también puso fin a las investigaciones de corrupción al gobierno de Bukele, mientras que los opositores eran arrestados por cargos similares¹². A pesar de las acusaciones de esquemas de corrupción multimillonarios relacionados con la respuesta de emergencia, no se tomó ninguna medida¹³. Una de esas investigaciones fue el caso «Catedral», que descubrió una red arraigada dentro del gobierno involucrada en prácticas fraudulentas con los hermanos del presidente. Estos delitos incluyeron la producción de registros ficticios, el desvío de fondos y la negociación con líderes de pandillas¹⁴. La destitución del fiscal general, destinada a detener estas investigaciones sobre los hermanos de Bukele, expuso tanto las cuestionables actividades criminales llevadas a cabo por el entorno familiar del presidente como el intento de eliminar cualquier control judicial que los amenazara. Finalmente, en junio de 2021, Bukele puso fin al acuerdo con la cicies y disolvió la comisión, lo que marcó la culminación de la eliminación por parte del gobierno de todas las restricciones de supervisión y controles. Las investigaciones en curso fueron cerradas por el fiscal general¹⁵. La oea denunció los intentos del gobierno de «impedir el avance en las investigaciones sobre las denuncias de corrupción de la actual administración» e «inducir a la cicies a investigar exclusivamente las acciones de los políticos de la oposición»¹⁶. Esto destacó cómo, antes de la disolución de la cicies, el gobierno había intentado repetidamente debilitar la eficacia e independencia de la organización.

En medio de estos alarmantes acontecimientos que aumentaron los temores de corrupción y el debilitamiento de las instituciones democráticas del país, el presidente Bukele tomó la decisión muy controversial de adoptar el bitcoin como moneda de curso legal. En septiembre de 2021, El Salvador se convirtió en el primer país en tomar una medida semejante después de que la Asamblea Legislativa aprobara la Ley Bitcoin en tiempo récord. No obstante, el estatus del bitcoin como moneda nacional junto con el dólar estadounidense generó preocupaciones sobre los peligros de la corrupción desenfrenada y el lavado de dinero¹⁷. De hecho, El Salvador carece de la infraestructura tecnológica y del marco regulatorio y de supervisión sobre la criptomoneda, lo que expone al país a riesgos de prácticas generalizadas de lavado de dinero. Se estima que el gobierno compró 2.381 bitcoins, gastando aproximadamente 106 millones de dólares. Sin embargo, estas cifras se basan en 11 anuncios realizados en la red Twitter por el presidente Bukele, ya que no existe información pública oficial al respecto. En julio de 2021, el Banco Centroamericano de Integración Económica otorgó a El Salvador un préstamo de asistencia de 600 millones de dólares para apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas afectadas negativamente por la pandemia. A pesar de eso, un tercio del préstamo se asignó al Plan Bitcoin¹⁸.

La guerra contra las pandillas y el segundo estado de emergencia

Tras el estallido de la violencia de las pandillas en el país, el gobierno salvadoreño declaró un nuevo estado de emergencia en marzo de 2022. El 25 de marzo de 2022 se inició un abrupto brote de violencia severa de pandillas, que resultó en el asesinato de 87 personas en 72 horas, 62 de ellas solo el 26 de marzo. La mayoría de las víctimas no pertenecía a ninguna pandilla. Este se convirtió en el día más violento en el país en décadas¹⁹. 

Desafortunadamente, este no fue un incidente aislado en El Salvador, que tiene una larga historia de violencia de pandillas, atribuida a dos organizaciones criminales enfrentadas: la Mara Salvatrucha (ms-13) y la pandilla Barrio 18. En 2015, el país fue clasificado como el más violento del mundo. No obstante, tras un salvaje recrudecimiento de la violencia en 2015, la tasa de homicidios disminuyó gradualmente en los años siguientes, y cuando Bukele asumió el cargo en 2019 había caído a su punto más bajo en 20 años. El periódico en línea El Faro ha acusado a Bukele de haber negociado un acuerdo secreto con los líderes de las pandillas para reducir la violencia y alentar el voto para su partido a cambio de beneficios penitenciarios. Pero después de la destitución del fiscal general, se cerró la investigación penal sobre las negociaciones del gobierno con los líderes de las pandillas, lo que impidió un enjuiciamiento oficial sobre el caso.

El estado de emergencia estatal de 30 días declarado por la Asamblea Legislativa amplió los poderes de las fuerzas del orden para tomar medidas enérgicas contra las pandillas. Más de 73.000 presuntos pandilleros fueron arrestados por la policía y el ejército a medida que aumentaban su presencia en el terreno. A pesar de la gran preocupación por las violaciones de derechos humanos debidas a las detenciones arbitrarias y a la falta del debido proceso, el pueblo salvadoreño apoyó abrumadoramente las drásticas medidas oficiales y Bukele se convirtió en el líder más popular de América Latina. Esto se debe a una disminución masiva de las tasas de violencia y homicidios: el gobierno ha informado repetidamente una tasa cero de homicidios diarios en el país. Según datos oficiales, 2022 terminó como el año más seguro en la historia salvadoreña²⁰. El estado de emergencia que siguió al aumento de la violencia de las pandillas le dio al gobierno de Bukele, nuevamente, cobertura para las irregularidades y la corrupción, al igual que lo hizo durante el estado de emergencia pandémico. El resultado fue una falta de transparencia y de acceso a la información pública, así como una ausencia de rendición de cuentas en el uso de los recursos públicos nacionales²¹.

La Asamblea Legislativa aprobó una resolución que exime al gobierno de Bukele de seguir los procedimientos legales sobre contratos y compras públicas mientras esté vigente el estado de emergencia, eliminando las restricciones legales sobre el manejo de fondos públicos. Esto recordó las circunstancias durante la pandemia, cuando el gobierno eliminó todas las restricciones a la contratación pública, lo que dio lugar a un aumento de las acusaciones de corrupción. Además, restringió la transparencia y el acceso a la información pública al declarar confidenciales las políticas de seguridad para garantizar la seguridad nacional. Hasta la fecha, el estado de emergencia se ha prorrogado 22 veces, la última vez en enero de 2024.

La medida generó preocupación por la corrupción teniendo en cuenta el financiamiento excepcional de la Asamblea Legislativa de 400 millones de dólares para seguridad, que se proporcionó al gobierno poco después del inicio del estado de emergencia. Se sumó al presupuesto de seguridad y defensa de 890 millones de dólares para 2022. El estado de emergencia da lugar a la falta de transparencia de las fuentes de financiamiento y a la limitación de la información sobre cómo se gestiona el dinero²². El presupuesto de 2023, aprobado a finales de 2022, volvió a priorizar el gasto en seguridad, asignándole 1.664,2 millones de dólares, monto superior al destinado a salud y educación²³. Entre los déficits presupuestarios crónicos, se publican pocos datos sobre la composición exacta del presupuesto del Estado, y la supervisión de las finanzas públicas es prácticamente inexistente.

Asimismo, el estado de excepción ha sido utilizado como método para silenciar a los críticos del gobierno, en particular a las organizaciones de la sociedad civil y a los medios de comunicación. En 2022, se denunciaron 182 incidentes en los que defensores de derechos humanos y periodistas fueron objeto de ataques²⁴. Como resultado de la cobertura crítica sobre la corrupción y las políticas públicas, los periodistas han experimentado la autocensura al enfrentarse a la intimidación y las agresiones. Otros fueron obligados a abandonar el país. El Faro, que ha estado informando sobre la corrupción institucional de El Salvador durante décadas, trasladó sus oficinas de El Salvador a Costa Rica, citando intimidación del gobierno. Debido a la extensión perpetua del estado de excepción, la suspensión excepcional de las restricciones legales sobre el manejo de fondos públicos, el acceso a la información pública y la libertad de expresión de los críticos del gobierno ha adquirido un carácter permanente e indefinido, lo que expone al país a un periodo prolongado de corrupción generalizada.

La «guerra contra la corrupción» y las elecciones presidenciales

En su discurso a la nación de junio de 2023, Bukele lanzó una nueva «guerra contra la corrupción». Sin embargo, dado que el presidente ya había comenzado su campaña para las elecciones presidenciales de 2024, esta retórica se hizo eco de sus promesas durante la campaña de 2019, que no solo quedaron incumplidas, sino que también se vieron ensombrecidas por la corrupción generalizada. La puntuación general de El Salvador en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional ha disminuido constantemente desde 2000, cuando ocupaba el puesto 43 entre 180 países. A pesar de una pequeña mejora en 2020, la tendencia se revirtió el año siguiente cuando el país cayó aún más en la clasificación, alcanzando su núcleo más bajo de 126 sobre 180 en 2023. El informe de Transparencia Internacional subraya los importantes retrocesos en la lucha contra la corrupción y los atribuye a la cooptación del Poder Judicial, del Ministerio Público y del Poder Legislativo por el Poder Ejecutivo. Estas acciones han erosionado gravemente el Estado de derecho y han ofrecido impunidad para la corrupción en la administración de Bukele, ya que el sistema de justicia no lleva a cabo investigaciones contra los funcionarios actuales²⁵.

A finales de 2023, se informó que aproximadamente 65 ex-funcionarios gubernamentales, asambleístas y políticos estaban condenados, prófugos o a la espera de juicio por cargos de corrupción. Estas medidas enérgicas en relación con los servidores públicos corruptos, como parte de la guerra de Bukele contra la corrupción, incluyeron la incautación de propiedades pertenecientes al ex-presidente Alfredo Cristiani (1989-1994) por parte de la Fiscalía General, bajo cargos de malversación de fondos durante su mandato tres décadas antes. Sin embargo, la loable iniciativa contra la corrupción oculta la impunidad de la que disfrutan la administración y los partidarios del actual gobierno dentro de los poderes Legislativo y Judicial, ya que los procedimientos judiciales no se dirigen contra los funcionarios actuales a pesar de las numerosas acusaciones de corrupción. El Departamento de Estado de Estados Unidos ha acusado de corrupción a más de una docena de funcionarios del gobierno de Bukele²⁶. Muchos de ellos figuran en la «Lista Engel» del gobierno estadounidense, que incluye a personas sancionadas acusadas de corrupción y de socavar la democracia. La última actualización de la lista en diciembre de 2023 sumó también a tres comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública, cuya misión misma es garantizar el ejercicio de este derecho²⁷.

Si la institución responsable de la transparencia en El Salvador contribuye a la opacidad, esto dice mucho de la terrible situación en la que se encuentra el país centroamericano. Con un gobierno que continuamente toma medidas para restringir el escrutinio de la corrupción, como lo demuestra la Ley de Compras Públicas aprobada por la Asamblea en enero de 2023, que restringe la supervisión del gasto público para «proyectos estratégicos de utilidad pública», las vías para descubrir la corrupción están severamente limitadas. Otro ejemplo de flagrante eliminación del escrutinio fue la nominación, en agosto de 2023, de Roxana Soriano como presidenta del Tribunal de Cuentas por la Asamblea Legislativa. Soriano supervisa el control de las finanzas públicas a pesar de su cuestionable imparcialidad al haber sido candidata de Nuevas Ideas al Congreso en 2020. El informe de la ong Cristosal ilustró claramente los obstáculos para acceder a la información pública. La ong solicitó a medios de comunicación, institutos de investigación y organizaciones de la sociedad civil que proporcionaran una lista de todas las solicitudes de información que presentaron a instituciones públicas entre junio de 2019 y diciembre de 2023. De 1.463 solicitudes en total, 1.069 no fueron atendidas y solo 394 fueron emitidas, dando como resultado que más de 73% de estas solicitudes fueran rechazadas²⁸.

Por lo tanto, considerando la erosión de los mecanismos anticorrupción claves y la impunidad otorgada a la administración actual, la viabilidad de la nueva guerra contra la corrupción es dudosa, en especial porque el Departamento de Estado de eeuu consideró que el programa anticorrupción de la administración Bukele era inherentemente ineficaz²⁹. De manera similar, la Alianza para el Gobierno Abierto ha declarado a El Salvador inactivo en la lucha contra la corrupción y la promoción de la transparencia gubernamental debido a la evidente falta de acción de la administración³⁰. A pesar de las acusaciones de corrupción entre los funcionarios de Bukele y su entorno cercano, ninguno ha sido destituido de su cargo ni procesado. En cambio, esta nueva campaña apareció como un medio para eliminar a los rivales políticos antes de las elecciones legislativas, presidenciales y municipales de 2024, al tiempo que protegía a la administración de la rendición de cuentas.

La abrumadora victoria de Bukele en las elecciones presidenciales fortaleció su legitimidad en su continua consolidación del poder. Con el Poder Legislativo bajo el control total de su partido, el Poder Judicial cooptado por sus partidarios y el Poder Ejecutivo manejado por su círculo de confianza de hermanos y leales, Bukele logró una autoridad indiscutible en El Salvador. Sin embargo, el gran apoyo que recibió de la población salvadoreña, demostrado por el 85% de los votos obtenidos, ha contribuido a opacar la cuestión de la corrupción. Nayib Bukele asumió el poder en 2019 con la promesa de luchar contra la corrupción, por lo que su renovada promesa de combatirla es tan vacía como en ocasiones anteriores. En consecuencia, como primer presidente reelegido en El Salvador en 90 años, y con un virtual partido único en el poder, su nuevo mandato seguirá poniendo al país en un camino de creciente autoritarismo y opacidad.