Entrevista
diciembre 2016

«El femicidio es la expresion más extrema de la violencia, y la violencia contra las mujeres es la manifestación más extrema de la discriminación»

Entrevista a Natalia Gherardi

La directora del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género afirma que la lucha contra el femicidio requiere combatir la estructura social patriarcal.

<p>«El femicidio es la expresion más extrema de la violencia, y la violencia contra las mujeres es la manifestación más extrema de la discriminación»</p>  Entrevista a Natalia Gherardi

Durante los últimos dos años y a raíz del movimiento «Ni Una Menos», en América Latina se ha puesto de manifiesto la situación del femicidio como la manifestación más extrema y execrable de la violencia de género. ¿Cuáles han sido las respuestas de los Estados ante este tipo de reclamos? ¿Ha habido modificaciones en las legislaciones nacionales de los países de América Latina?

América Latina es la primera región que contó con una Convención Internacional específica para abordar la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, la Convención de Belém do Pará, aprobada en 1994. Desde entonces, la región fue pionera en la sanción de normas nacionales que fueron refinando el concepto de violencia, precisando las distintas expresiones de la violencia en la vida familiar, social, comunitaria. Bien entendida, la definición de «violencia contra las mujeres» en la Convención de Belém do Pará incluye las manifestaciones que fueron definidas legalmente en los últimos años, como la violencia mediática, la violencia obstétrica, el femicidio y también (un concepto que se está construyendo de modo más reciente) la violencia política. Pero lo cierto es que fueron el movimiento de mujeres y las feministas que desde la academia, las organizaciones y las instituciones avanzaron en esa construcción. El movimiento que se comenzó a articular desde 2015 bajo la consigna «Ni Una Menos» y que atravesó varios países de América Latina es la expresión más visible de una construcción profunda con décadas de evolución. Por eso, la gran visibilidad social y pública que se logró en estos casi dos años pudo nutrirse de estudios, datos, análisis que se vienen elaborando desde hace tiempo. Frente a los reclamos sociales recientes, las respuestas de los Estados se han concentrado en el aspecto más público: campañas y compromiso público de referentes diversos, lo que muestra que el tema de la violencia pudo instalarse en la agenda política como no había sucedido antes. Mientras tanto, avanzan algunas medidas legislativas, como el debate de leyes integrales de violencia (que solo están vigentes en una docena de países de la región) y también las iniciativas que proponen la sanción de un delito específico bajo la figura del femicidio (que existe, con diversas variantes, en algunos países). Ha habido menos avances en reconocer la necesidad de mejorar los sistemas de registro de las distintas manifestaciones de violencia (incluyendo el femicidio), y menos aún en establecer mecanismos transparentes y participativos para el monitoreo y la evaluación de las distintas políticas que se implementan.

El tema parece haber calado profundamente en algunos sectores sociales, sobre todo los de los grandes centros urbanos pertenecientes a la pequeña burguesía. ¿Qué políticas deberían producirse para extender el debate y las políticas a otros actores sociales?

En este último año hemos participado de muchas actividades locales, en pequeños centros urbanos, en los barrios, en asambleas populares, y nuestra impresión es que el tema caló también profundamente en otros sectores sociales y no solo en lo que podría llamarse la pequeña burguesía. En las chicas y adolescentes, en las mujeres jóvenes, hay una conciencia de género muy interesante, que tal vez no se exprese en esos términos, pero sin duda hay una sensibilidad social que ha llegado a amplísimos sectores. Para que ese debate se expanda aún más y sobre todo llegue a las mujeres adultas, a los varones y otros actores sociales, es preciso impulsar campañas sostenidas a través de canales diversos, con un discurso que interpele desde distintos lugares, corriéndose de los ámbitos esperables.

Los Estados han asumido algunas medidas en torno de la prevención y la lucha contra el femicidio. ¿Falta, sin embargo, un cambio o una modificación en las concepciones patriarcales del propio Estado para hacer posible la erradicación de esta situación? Y, de ser así, ¿cómo podrían trabajar los Estados con la sociedad civil?

Los Estados estan trabajando desde distintos ámbitos en la atención de los casos de violencia ya ocurridos, buscando promover la intervención del Estado sobre todo a través de la implementación de políticas que mejoren las respuestas del Estado y, en particular, del Poder Judicial. Son políticas dedicadas a la creación o ampliación de líneas telefónicas de atención, políticas para promover la sensibilización y capacitación de integrantes del Poder Judicial, así como su coordinación con las fuerzas de seguridad y con los servicios sociales encargados de la implementación de políticas públicas. Pero estas políticas, en el mejor de los casos, podrán mejorar la atención y contención de las mujeres que ya están atravesando situaciones de violencia, y la eventual sanción de los agresores. Lo que falta, en gran medida, son las políticas dirigidas a la prevención primaria de la violencia, es decir, antes de que suceda y de que comience ese espiral de violencia que puede llevar al femicidio. De eso se trata la educación sexual integral, como estrategia para la educación para la igualdad. Esa es la mejor política de prevención de los femicidios.

¿Cuáles serían los clivajes culturales para abordar el problema del femicidio y cómo se han incorporado a esos debates las distintas tendencias analíticas en el campo del feminismo?

El femicidio es la expresión más extrema de la violencia, y la violencia contra las mujeres es la manifestación extrema de la discriminación. Una sociedad que sigue sosteniendo y permitiendo la desvalorización de las mujeres, la cosificación, la violencia simbólica a través de los medios de comunicación y de los discursos de formadores de opinión, es una sociedad que más allá de las declamaciones, aún sostiene una estructura social patriarcal de sometimiento de un género. Esta es la lucha del feminismo que busca problematizar las distintas manifestaciones de las violencias: no solo aquellas que son evidentes y que generan masivas movilizaciones sociales (como el femicidio), sino también aquellas otras violencias cotidianas que son las que permiten las condiciones en las que la violencia extrema se reproduce.

Natalia Gherardi es abogada, Directora Ejecutiva del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género.


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