Recientemente, en Argentina, como en otros países de la región, tuvieron lugar procesos de recomposición del trabajo y de sus organizaciones, en el marco de los cauces habilitados por tres gobiernos entre 2003 y 2015 –uno de Néstor Kirchner y dos de Cristina Fernández– que actualizaron los núcleos identitarios de la tradición nacional-popular peronista. Las irrupciones sociales que protagonizaron la escena política nacional hacia fines de 2001 tienen su antecedente en la resistencia social que expresó el sindicalismo, en especial con la constitución de una nueva central sindical, la Central de Trabajadores de la Argentina (cta), y una disidencia en el interior de la histórica Confederación General del Trabajo (cgt) bautizada Movimiento de Trabajadores Argentinos (mta). Estos agrupamientos gremiales resistieron con unidad de acción la ofensiva neoliberal de la década de 1990. En cambio, no coincidieron sobre la forma política más adecuada para organizar a los trabajadores en la nueva fase capitalista, y la discusión no se saldó, ya que la experiencia de los gobiernos kirchneristas concluyó sin el reconocimiento de derecho de la nueva central y con una mayor fragmentación de las organizaciones gremiales.

La figura más disruptiva para el ciclo neoliberal fue la del «piquetero», que terminó por desbordar el sindicalismo: el trabajador desocupado que se organizó en los barrios y que «puso el cuerpo» para bloquear las rutas. En 1992, en un contexto de cierre de industrias y aumento del desempleo, la cta se fundó bajo la caracterización de que «la nueva fábrica es el barrio», lo cual habilitó la inclusión de diversos movimientos de base territorial que congregaban el colectivo en ascenso de los «ex-trabajadores» en su estructura sindical. Unos años después, un libro sociológico llevaría el título: Entre la ruta y el barrio para registrar el tortuoso trayecto político que debieron afrontar las organizaciones piqueteras¹.

«Los trabajadores viven bajo la constante amenaza de tres calamidades que se llaman alza de precios, desempleo y represión», escribió una vez Jean-Paul Sartre². Y en nuestro país, tres escenas decisivas sintetizan el descomunal proceso de deterioro de las condiciones de vida de los trabajadores, de sus empleos, de sus viviendas, de sus barrios y de los servicios públicos a los que pudieron continuar accediendo durante la larga fase regresiva que se extiende entre 1976 y 2001-2002.

Escena 1: «Para terminar con la rabia hay que matar al perro», sentenció José Alfredo Martínez de Hoz, ministro de Economía de la sangrienta dictadura que se inició en Argentina en 1976. El blanco fue una trama industrial con protagonismo de los trabajadores. Y el objetivo: desindustrializar mediante la política económica y la represión criminal para eliminar ese protagonismo, en una acción dirigida especialmente contra la organización sindical en las fábricas (los delegados sindicales fueron víctimas de primer orden de la represión). Escena 2: las hiperinflaciones de finales de la década de 1980. Los denominados «golpes de mercado» fueron instalando una doble condición de trabajador y pobre. Y el «trauma social» de estas hiperinflaciones habilitaría la fase de reformas promercado. Escena 3: en medio de las denominadas «reformas estructurales» del neoliberalismo, los muy elevados niveles de desempleo permitieron activar el par incluidos/excluidos para profundizar el ataque al trabajo. Vale la pena detenerse en este momento. Inicialmente, los que tenían empleo fueron acusados de intentar mantener «privilegios» que impedían la creación de puestos para los millones de desocupados. Así, «legislar para los que tienen hambre» se transformó en legislar contra quienes tenían trabajo, mediante una reforma de flexibilización laboral que desmembró los principios de estabilidad y protección del trabajo. En un segundo momento, el foco se puso en la empleabilidad, con la consiguiente culpabilización individual de los desocupados (excluidos inempleables). La focalización desplaza la universalidad de la política social; se procede a la disección de los desempleados para construir la «población objetivo», los segmentos minoritarios caracterizados como obsoletos que recibirían una ayuda irrisoria y acciones de capacitación para volverse empleables. Finalmente, cuando la desocupación es visibilizada por la organización popular en su dimensión colectiva, los piqueteros pasan a ser estigmatizados brutalmente como peligrosos y violentos (excluidos violentos). Se produce así un redespliegue hacia el último determinante del sistema de poder: la fuerza. En ese marco se producen los asesinatos del 19 y 20 de diciembre de 2001, en medio de sublevaciones populares que combinaron cacerolazos, grandes movilizaciones y saqueos a supermercados, y posteriormente, en junio de 2002, los asesinatos de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, militantes piqueteros que participaban del corte de uno de los accesos a la Ciudad de Buenos Aires.

Una restitución que no alcanzó

Néstor Kirchner llegó al gobierno en mayo de 2003. Su figura no constituía una excepción en el mar de descrédito generalizado de la representación política. Sin mayoría electoral (ganó con 22,2% de los votos), su gestión se orientó a construirla. Y en pos de ese objetivo, sobresalen dos acciones políticas: «restituir» y «desagraviar», verbos que expresan lo novedoso de la irrupción del kirchnerismo en la política argentina luego de casi tres décadas con abrumadora mayoría de impulsos en sentido inverso. A modo de ejemplo: restituir las negociaciones colectivas y el salario mínimo vital y móvil; desagraviar ordenando retirar el cuadro del genocida Jorge Rafael Videla del panteón de presidentes del Colegio Militar, o reparar con el pedido de perdón en nombre del Estado nacional por el terrorismo de Estado a las víctimas y a la sociedad argentina en su conjunto. Una nostalgia anidó en el kirchnerismo originario: la vuelta al «tiempo feliz» de la sociedad de pleno empleo peronista, con Estado fuerte, sindicatos poderosos y empresarios nacionales. El impulso inicial que habilitó realidad y ensoñación estuvo dado por la megadevaluación realizada por el fugaz gobierno previo de Eduardo Duhalde, que implicó cuantiosas transferencias para los exportadores y generó márgenes amplios para alentar la puja salarial. Kirchner interpretó la oportunidad y alentó esa puja con varios decretos de incremento salarial de sumas fijas que beneficiaron en mayor medida a los trabajadores registrados más empobrecidos. Asimismo, acompañó –y podríamos decir que hasta celebró– los conflictos laborales de los trabajadores registrados y bajo convenciones colectivas de trabajo. Los dos más resonantes fueron los que involucraron a los trabajadores del subterráneo y los paros activos, con tomas de edificios, de los trabajadores telefónicos. Conflictos que, mirados con detenimiento, volvían patente la complejización no solo de la trama laboral, sino también del sindicalismo.

El desempleo, que había alcanzado niveles sin precedentes en la historia nacional al superar en 2002 la tasa de 21%, se redujo de manera persistente hasta 5,9% en octubre de 2015. Esta disminución se sostuvo pese a crisis financieras internacionales de envergadura como la que se originó en 2008 en Estados Unidos. Así, Kirchner podía decir en un discurso en la populosa zona de La Matanza, en el Conurbano bonaerense, a mediados de 2005:

Le estamos ganando la batalla al desempleo, estamos volviendo a construir la palabra «trabajo» (…) Cuando veo los gorritos amarillos de los trabajadores de la construcción, me emociono y lloro porque sé que con esos gorros vuelve el trabajo, vuelve el pan a la casa, vuelve la alegría a la familia, vuelve la esperanza a la sociedad. Claro que sueño con decirles a los argentinos, cuando esté terminando mi mandato, que estamos en menos de un dígito de desocupación; es mi gran sueño.³

Durante aquellos primeros años, la vuelta de los sindicatos, de la negociación colectiva⁴ y del conflicto laboral era festejada como evidencia irrefutable de la ruptura con el pasado, lo que llevó a soslayar las persistencias que se expresaban, por ejemplo, en el modo en que la desigualdad se instaló en el mundo del trabajo como síntoma de una estructura productiva desmembrada. En el mismo sentido, se minimizaron las dificultades y los límites propios del sindicalismo para expresar el conjunto heterogéneo de realidades del trabajo. Todo esto, aun en un contexto de crecimiento económico con creación de empleo y de un gobierno que, como lo expresara tantas veces el propio presidente, no sería neutral en conflictos que involucraran derechos de los trabajadores.

El empleo no registrado descendió desde 48,5%, su pico máximo registrado en 2003, hasta 34% en 2010. Pero tras este descenso significativo, quedó prácticamente estancado hasta 2015. Publicaciones elaboradas por el Ministerio de Trabajo muestran que la atención gubernamental estuvo puesta desde el principio en esta problemática y que a raíz de ello se implementaron diversas medidas que lograron resultados destacables⁵. Sobresalen dos nuevos regímenes laborales: el de trabajadores agrarios, sancionado a fines de 2011⁶, y el de trabajadores de casas particulares, en su mayoría mujeres, vigente desde marzo de 2013⁷; actividades –en ambos casos– en las cuales se concentran muy elevados niveles de no registro y precarización del trabajo.

Tras una década de crecimiento del empleo, de mayor gravitación de los sindicatos y de implementación de políticas específicas diseñadas para reducir el empleo no registrado, uno de cada tres trabajadores asalariados no se encuentra inscripto en la seguridad social. El cuadro se agrava si se tiene en cuenta la injerencia del cuentapropismo de oficio y subsistencia⁸, la tasa de no registro en unidades productivas con menos de cinco empleados⁹ y la infiltración de la tercerización laboral en el conjunto de las actividades económicas.

Cristina Fernández asumió la Presidencia en diciembre de 2007 y gobernó durante dos mandatos consecutivos. Hacia 2009 se produjo un cambio en la caracterización del mundo trabajador realmente existente. Tras la reestatización del sistema jubilatorio, se implementó la Asignación Universal por Hijo para la Protección Social (auh), cuyo objetivo central es garantizar un ingreso mínimo a niños cuyos padres no tienen una inserción ocupacional registrada y que, por lo tanto, no acceden a la asignación por hijo estipulada en el régimen contributivo de asignaciones familiares¹⁰. Actualmente, la auh da cobertura a alrededor de 3,5 millones de niños y jóvenes distribuidos en 1,8 millones de hogares. Diversos estudios muestran su efectividad en la reducción de la indigencia y la pobreza. En el mismo año, se lanzó el Programa Ingreso Social con Trabajo (conocido como Argentina Trabaja), que promovió la organización en cooperativas de trabajadores sin ingresos formales para realizar tareas de mantenimiento y mejoras en la infraestructura de sus barrios y comunidades de pertenencia. Finalmente, el monotributo social se orientó también a estos mismos segmentos de trabajadores e impulsó, a través de una pequeña contribución, el paulatino registro de las economías de los barrios empobrecidos tras décadas de neoliberalismo¹¹. Los inscriptos en este régimen pueden emitir facturas, ser proveedores del Estado y, de acuerdo con la normativa, ingresar en el sistema previsional y acceder a las prestaciones de las obras sociales del sistema nacional de salud. En este apartado no pretendimos exhaustividad en el relevamiento de políticas vinculadas al trabajo pero sí señalar dos grandes etapas. La primera apuesta fue poner en funcionamiento los resortes que otrora habían sido efectivos para el conjunto de la población. Se registraron logros muy significativos, que hemos repasado más arriba, pero una parte extensa de la realidad sociolaboral permaneció relativamente ajena. El capitalismo creó una inmunidad nueva, y en este punto las formas previas de intervención en la relación entre capital y trabajo desde el Estado se han vuelto parcialmente estériles. En la segunda etapa, en especial a partir del año 2009, la intervención se dirigió a brindar alguna cobertura a los hogares de los millones de trabajadores que, como dice el dirigente del Movimiento Evita Emilio Pérsico, «se autoinventaron el trabajo»: puesteros, vendedores ambulantes y callejeros, trabajadores de la limpieza, talleristas, recicladores, campesinos, cooperativistas de los barrios, albañiles, plomeros, trabajadores de casas particulares, pequeños emprendedores de galpón y fondos de casas particulares, entre otras tantas actividades.

Las formas organizativas

El sindicalismo logró importantes avances durante los años de recuperación del empleo. A principios de siglo, el temor al desempleo teñía la realidad del trabajo. Recuerdo que en ese entonces realizaba una encuesta a trabajadores jóvenes de grandes supermercados y la constatación más significativa, además del miedo al despido, era la ajenidad de los trabajadores respecto del sindicato. Muchas palabras no significaban ya nada para ellos: convenio colectivo, paritaria, delegado sindical, negociación colectiva. La jerga sindical se había desvanecido. Actualmente, es una escena usual en los lugares de trabajo la discusión de los trabajadores (incluidos los más jóvenes) sobre lo negociado en cada paritaria y la realización de comparaciones con otros gremios que alcanzaron mejores o peores condiciones. El sindicalismo recuperó una mayor presencia cotidiana en los establecimientos.

En el comienzo referimos a dos agrupamientos que lucharon contra el neoliberalismo y que, pese a su desacuerdo sobre el modelo sindical, construyeron resistencia en unidad de acción (mta y cta). Otro sector sindical, el que hegemonizó la cgt durante la década de 1990, se concentró en lo que la politóloga María Victoria Murillo denominó «supervivencia organizativa», basada en la «defensa de sus privilegios organizacionales y la formación de empresas sindicales surgidas de las reformas de mercado»¹². Mayoritariamente, estos sectores sindicales funcionaron como una oposición abierta o agazapada al kirchnerismo. Para caracterizar la índole de su posicionamiento político-sindical, me permito transcribir las declaraciones del entonces secretario general del sindicato de Luz y Fuerza frente a la pregunta de un periodista sobre qué haría el sindicalismo si el gobierno nacional se decidía a intervenir en el sistema de las obras sociales de salud (cuyos fondos son administrados por los sindicatos con escasa transparencia): «Mirá, esto te lo dice Oscar Lescano, publicalo bien grandote y no lo digo por Lescano, lo digo por todos, porque conozco el sentimiento de cada secretario general: el día que nos quieran tocar las obras sociales, estatizarlas, privatizarlas o querer hacerles cualquier cosa, les vamos a declarar la guerra total, van a tener que matarnos a todos»¹³.

Se trata de un ejemplo descarnado de un sindicalismo que directamente se define como factor de poder y que por ello afirma que le resulta indiferente si la intervención del gobierno fuera para estatizar el sistema (para crear, por ejemplo, un sistema público más igualitario y transparente) o para privatizarlo (y crear uno más regresivo). Este referente sindical, recientemente fallecido, no es una excepción, sino que ilustra una parte de la realidad del sindicalismo nacional.

Más allá de las divisiones, con fundamentos muy nítidos vinculados al lugar del sindicalismo frente a las reformas neoliberales previas, durante los años kirchneristas la mayoría del sindicalismo materializó avances para sus trabajadores, lo cual redundó en un fortalecimiento económico de sus organizaciones. Los avances no solo se vincularon con la mejora del poder adquisitivo del salario de los trabajadores registrados, sino también con el aumento de la cobertura de la negociación colectiva. Es decir que el sindicalismo logró expandirse.

No obstante, dentro de este panorama general, dos problemas de fondo mostraron los límites del sindicalismo como forma organizativa del trabajo. Por un lado, el desmantelamiento de la organización gremial en los establecimientos y lugares de trabajo, objetivo cumplido por la última dictadura militar. Una encuesta realizada en 2005 permitió constatar que en aproximadamente 86% de las empresas no existía ninguna instancia de representación directa de los trabajadores¹⁴ y que 61% de los trabajadores se desempeñaba en empresas que no tenían delegados gremiales. Asimismo, la revisión de reformas de estatutos de diferentes sindicatos durante los últimos años mostró que la tendencia de las cúpulas sindicales ha sido restringir las competencias y prerrogativas de los delegados de establecimiento en la vida sindical¹⁵. Otro indicio –no necesariamente concluyente– relacionado con el problema de la reducción del sindicalismo a la «dinámica desde arriba» es el prolongado mandato de los secretarios generales¹⁶ y, finalmente, una suerte de ahogo financiero a los sindicatos «simplemente inscriptos»¹⁷ al impedirles recaudar las cuotas salariales de los planteles de trabajadores, de retención automática, en aquellos casos en que estos sindicatos ganaron la representación gremial en el establecimiento¹⁸.

La combinación de estructuras sindicales poderosas con una expandida organización gremial en los lugares de trabajo había habilitado, desde el primer peronismo en los años 40, la gravitación de los trabajadores en la escena social y política del país. La coexistencia de estos niveles de representación no estuvo exenta de tensiones e incluso en muchos momentos produjo fuertes enfrentamientos en el seno de la clase trabajadora. Sin embargo, definía la forma sindical argentina desde la irrupción del peronismo. Delegados y comisiones internas funcionaron como figuras de contrapeso, al evitar el encierro de los sindicatos y su esclerosis. A su vez, la acción sindical en cada establecimiento se veía fortalecida por la acumulación lograda por los sindicatos y se encauzaba en una estrategia conjunta, lo que creaba un equilibrio precario, pero muy productivo en términos políticos, entre estructuras poderosas y decisión transformadora, entre poder económico y poder gremial.

Sin embargo, el empequeñecimiento de la organización gremial en los diversos lugares de trabajo, en el marco de la precarización laboral, impuso un límite evidente a la transformación social. En muchos sindicatos, las mejoras llegaron «desde arriba» y se centraron en el aumento salarial y no en modificar la desigualdad de las condiciones de trabajo que existe tanto en el interior de los establecimientos como esparcida por las cadenas «invisibles» de la tercerización laboral. Dada la importante injerencia que la legislación nacional (vigente por décadas) otorga al poder gubernamental en la vida sindical, es posible sostener que, durante el ciclo de gobiernos kirchneristas, los esfuerzos no se dirigieron a promover «procesos desde abajo» como contrapeso de las cúpulas sindicales que protagonizaron la etapa de «organizaciones enriquecidas y trabajadores empobrecidos» –como las definiera el líder del sindicato de camioneros Hugo Moyano–. Es posible que haya predominado una actitud conservadora por el temor al crecimiento de sectores de izquierda radical (trotskistas en varios casos), que venían ganando cierto lugar en la organización de los trabajadores precarizados en empresas de las que los sindicatos se habían retirado.

El segundo problema de fondo es lo que provoca el «otro» movimiento obrero. En Argentina, como en otros países de la región, se constata un rechazo muy profundo a políticas como la auh y, en mayor medida, a programas como el Argentina Trabaja. «Planero» (término despectivamente referido a quien vive de un plan social o subsidio) reemplaza, en los tiempos actuales, a piquetero, «negro» o el más antiguo «cabecita negra». También es utilizada la expresión «negros planeros». Durante los primeros años del kirchnerismo, esta reacción permaneció difusa y desarticulada, pero fue creciendo y arraigándose socialmente.

Retomando la clasificación del inicio, incluidos-excluidos, podríamos decir que durante los últimos años fue construyéndose la antinomia imaginaria entre los «trabajadores que se rompen el lomo» y los «planeros que viven del Estado». Un intenso murmullo social nos permite retomar los términos en los que son definidos: «los que reciben planes, los vagos, los que quieren vivir de arriba, los que viven de nosotros que trabajamos y pagamos nuestros impuestos». Un elemento central que ocasiona la repulsa hacia los «planeros» es que no se comportan como «asistidos». Una importante cantidad de ellos está organizada en cooperativas que a su vez integran organizaciones de base territorial y políticas. Trabajan limpiando los ríos contaminados de los barrios¹⁹, construyendo viviendas, reparando escuelas y salas de salud, desmalezando rutas, reciclando montañas de basura, construyendo cordones cuneta, produciendo uniformes de trabajo o escolares, entre muchas otras actividades. Su trabajo, su producción y el valor que generan para realizar la reproducción social están invisibilizados. Son representados como un «lastre social»: la parte hundida de la sociedad que empuja hacia abajo.

En 2010 se creó la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (ctep). En un documento elaborado por la ctep, sus miembros se definen así: «somos informales, precarios, externalizados y de subsistencia»²⁰. Juan Grabois, uno de sus dirigentes, explica que la ctep es

una herramienta gremial del pueblo pobre, de los trabajadores sin derechos, sin reconocimiento, sin capital y sin patrón. Es, podría decirse, la cgt de los excluidos. La ctep agrupa cartoneros, campesinos, artesanos, vendedores ambulantes, feriantes, costureros, limpiavidrios, cuidacoches, constructores, gasistas, cerrajeros, trabajadores de empresas recuperadas, del transporte informal, de cooperativas populares, de programas sociales, de infraestructura barrial, de organizaciones de acción comunitaria (cuidadores, cocineros, educadores) o de pequeños talleres y unidades productivas (mecánica, carpintería, alimentos).²¹

Las organizaciones del «otro movimiento obrero» tendieron a quedar atrapadas en el Ministerio de Desarrollo Social. Encontraron allí un espacio de reconocimiento, pero también un límite. Reconocidos como sujetos organizados, ya no serían «los asistidos», pero su condición de pobres solaparía la de trabajadores. El 9 de diciembre de 2015, un día antes de la entrega del mando al nuevo presidente Mauricio Macri, quien derrotó al kirchnerismo en las últimas elecciones, el gobierno de Cristina Fernández, mediante una resolución del mtess, otorgó la «personería social» a la ctep. Una figura legal débil (en comparación con la personería gremial exigida por la propia organización), que de todas formas implica para la ctep un punto de acumulación, a mitad de camino, en el trayecto de pobres a trabajadores pobres.

Cuando apartamos analíticamente el rechazo social más difuso, asociado a los grandes grupos económicos de comunicación, nos encontramos con el problema de dos movimientos obreros en el país: el sindical, que suele autodenominarse movimiento obrero organizado, y el «social», que definimos como el otro movimiento obrero²². La vinculación entre ambos es motivo de otro ensayo²³, pero cabe apuntar que existieron intentos de sumarse a la cgt por parte de organizaciones como la ctep, intentos que no prosperaron ya que en su mayoría los dirigentes del movimiento obrero organizado no reconocen la condición de trabajadores de sus miembros; los piensan y definen como «extranjeros», como cuerpos extraños a la tradición sindical argentina.

De todas formas, el movimiento obrero organizado no es homogéneo y a medida que avanzaron los años kirchneristas, crecieron las fracturas. En 2011, se dividió la cta, que ya había perdido fuerza de novedad y capacidad para expresar al «otro movimiento obrero», en parte porque no logró que los gobiernos kirchneristas le otorgaran la personería gremial y quedó así reducida a un sindicalismo de trabajadores estatales. Sin embargo, a pesar de no haber logrado expandirse hacia el sector privado (con algunas excepciones significativas, como el sindicato de trabajadores del transporte subterráneo), en especial los sindicatos de docentes de la educación pública sostuvieron luchas y reivindicaciones durante todo el ciclo analizado y maniobraron la difícil tensión de integrar una central sindical que apoyó activamente los gobiernos kirchneristas sin dejar de ejercer niveles de autonomía para la defensa de los trabajadores docentes. Un año después, en 2012, se produce la división más significativa de la cgt, cuando los poderosos gremios del transporte bajo la conducción de Hugo Moyano, entonces secretario general de la cgt, se enfrentan al gobierno nacional de Cristina Fernández. Otros sindicatos importantes integran la cgt Balcarce que, bajo la conducción del metalúrgico Antonio Caló, logra sostener gestos de apoyo al gobierno. Sin embargo, dentro de ese agrupamiento sindical coexistieron sindicatos muy heterogéneos en términos de tradiciones gremiales y de idearios políticos: algunos de ellos asumieron el kirchnerismo como continuidad de una tradición nacional y popular, otros se sostuvieron como férreos antikirchneristas y antimoyanistas (los denominados «gordos»). El carácter híbrido de este nucleamiento impidió cualquier protagonismo de esta central, con la consiguiente dilapidación de fuerza organizativa. Entretanto, el sindicalismo moyanista²⁴ crea, bajo la dirección del líder camionero, la cgt Azopardo, que si bien representa a una proporción más pequeña de trabajadores, está integrada por sindicatos poderosos que combinan poder económico con poder gremial y gozan de una elevada capacidad de presión, ya que pueden interrumpir la circulación del país. En la ruptura del moyanismo con el gobierno subyace un cuestionamiento sindical al carácter regresivo del sistema impositivo nacional, pero se desencadena cuando la presidenta desoye la exigencia de disminuir la carga tributaria (el impuesto a las ganancias) que afecta sobre todo al segmento de los empleados registrados con salarios más elevados, quienes aun ubicándose entre los más beneficiados no dejaban de tener ingresos de asalariados. La consigna «el salario no es ganancia» fue la base de este reclamo.

Una antinomia compleja entre los trabajadores del «techo» y los trabajadores del «piso» se instaló en la narrativa del final del gobierno de Cristina Fernández, mientras que sus tensiones con varios de los jefes sindicales estrechaban las bases de sustentación de su gobierno, especialmente durante su segundo mandato.

Epílogo: a propósito del consumo y del «boom de los commodities»

Una anécdota de 2008, que difunde con perspicacia el columnista Mario Wainfeld, aporta algunos elementos que aún no mencionamos y que suman claves interpretativas sobre la década kirchnerista:

Hace alrededor de dos años, el cronista se cruzó con Néstor Kirchner en un pasillo de la Casa Rosada (…). Sacó un papelito del bolsillo (un gesto usual) y preguntó al cronista, data en mano, si conocía cuántos splits [equipos de aire acondicionado] se habían vendido durante su mandato. Este diario lo ignoraba con holgura, se le espetó una cifra millonaria. Sin tomar aire, Kirchner estimó cuántos habrían sido adquiridos por gentes de clase alta o media alta. Los restó del total y concluyó que tantísimos hogares de clase media baja o trabajadora habían tenido por primera vez un aparato de aire acondicionado en su casa en el transcurso de su gobierno. Multiplicó la cifra por cuatro o cinco (familia tipo) y remató: «Millones de personas que por primera vez no se mueren de calor en verano. ¿Y sabe cuánto pagan de electricidad?». Eso sí era público, muy poco. «Por eso, porque hay millones de laburantes que viven mejor, tenemos tanto apoyo», se solazó. Y, en su salsa, agregó su pizca confrontativa: «Y por eso hay tantos que nos detestan».²⁵

La expansión de la demanda interna sobre la base del incremento del poder de compra de las clases populares ha sido un denominador común de muchos de los gobiernos heterodoxos que gobernaron la región en los últimos años. Pero la condición de posibilidad del aumento del consumo no residió únicamente en la voluntad política y en la organización popular nacida de las diversas resistencias al neoliberalismo. La coyuntura global habilitó recursos para financiar el proceso distributivo en una ecuación del tipo «todos ganan»: el denominado «boom de los commodities». La paradoja residió en que la mayor disponibilidad de recursos que se volcó hacia los sectores populares agravó el persistente problema de las estructuras productivas desequilibradas –problema al que se refirió Marcelo Diamand en la década de 1970–, ya que profundizó la asimetría entre poder agropecuario y poder industrial.

La anécdota de los splits condensa la fuerza de la transgresión subjetiva que significa replicar ciertos modos de consumo de los sectores de mayores recursos, pero también un extravío. El consumo de electrodomésticos no fabricados en Argentina o con alta incidencia de componentes extranjeros también agravó el persistente problema latinoamericano de la restricción externa. En un artículo que reconstruye los diversos elementos que intervienen en la actual crisis política brasileña, Perry Anderson afirma que:

La compra de productos electrónicos, de electrodomésticos y vehículos despegó (los autos a través de estímulos fiscales), mientras que el suministro de agua, las carreteras pavimentadas, los autobuses eficientes, el tratamiento de aguas servidas, las buenas escuelas y hospitales fueron descuidados. Los bienes colectivos no tuvieron una prioridad ni ideológica ni práctica. Así que junto a necesarias y genuinas mejoras en las condiciones de vida, el consumismo en su sentido más deteriorado se propagó por toda la jerarquía social, desde una clase media bombardeada con publicidad y centros comerciales, en niveles elevados incluso para estándares internacionales.²⁶Esta reflexión es interesante para diferenciar cierta singularidad del proceso argentino, que combinó consumo popular largamente postergado con un «consumismo de tipo capitalista» como aquel al que alude Anderson, pero que también produjo inversiones en determinados bienes públicos (como la mejora sustancial de la infraestructura educativa, la extensión de la red de agua potable y de cloacas, la duplicación de kilómetros de autopistas y autovías y, en general, una importante extensión de caminos, entre otras)²⁷. Finalmente, es también cierto que la falta de vivienda, la desigualdad en el acceso a la salud y un transporte público deficiente continuaron siendo problemas para las grandes mayorías trabajadoras. Queda, sin embargo, pendiente el balance de esta ecuación.

Cada vez más, movimientos y organizaciones populares definen el «consumismo» como una barrera cultural para potenciar procesos de mayor igualdad social. Y en este marco, se consolida el cuestionamiento a un neodesarrollismo presente en el ideario de gobiernos nacional-populares, que habría generado únicamente el espejismo de un bienestar que no logró cambiar las condiciones estructurales de vida de los trabajadores. Hoy esta situación se agrava con el acceso de Mauricio Macri al gobierno y los horizontes de retroceso en varias esferas.