Desde hace ya un tiempo considerable, usted ha venido batallando para juzgar los casos de esterilizaciones forzosas a mujeres pobres y de comunidades originarias realizadas durante el gobierno de Alberto Fujimori. Muchos de los casos son realmente escalofriantes. ¿Podría comentarnos como se desarrolló esta política por parte del Estado y cuáles fueron los métodos para obligar a las mujeres a esterilizarse?

Hoy sabemos, gracias a fuentes fidedignas, que las esterilizaciones forzadas tuvieron un carácter sistemático y masivo, y constituyeron graves violaciones a los derechos humanos. Este programa de esterilizaciones fue una política de Estado aplicada de manera vertical, con directivas dadas desde el Ejecutivo, que la cumplían el Ministerio de Salud, médicos, administrativos y asistentes, usando la estrategia de reclutar a las mujeres casa por casa o conducirlas bajo engaño y coacción.

Los operadores de salud estaban obligados a cumplir cuotas de cirugías sin tomar en cuenta el derecho al consentimiento de «buena fe». En muchos casos realizaban las operaciones bajo engaño, ubicaban a las mujeres (y también hombres) en su centro de trabajo, en las chacras o en ferias dominicales. No había una información clara hacia las usuarias sobre el propósito de la intervención. Existió una cadena de mando para la implementación de dicha política y se ofrecía una comisión de 30 dólares por cada paciente que esterilizaban con fines de cumplir metas.

Las mujeres que fueron obligadas a esterilizarse. ¿Han recibido algún tipo de reparación por parte del Estado peruano? ¿Qué pasa con aquellas mujeres que han tenido complicaciones en su salud y problemas psicológicos? ¿Hay alguien que esté haciéndose cargo de esta situación?

Percibo que existe un gran silencio sobre el tema, una intención de ocultar los hechos, negarlos o hasta marginar a las víctimas. Las organizaciones de sobrevivientes están exigiendo la creación del Grupo de Trabajo por las Reparaciones Integrales, donde participen los ministerios competentes (Justicia, Salud, de la Mujer y Cultura), tal como lo exige la Corte Interamericana de Derechos Humanos al Estado peruano.

Tenemos el Decreto Supremo 006-2015-JUS, que da origen al Registro de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas (REVIESFO), a cargo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que establece el marco jurídico para implementar asistencia legal gratuita, el acompañamiento psicológico y atención de salud integral. Si bien hay avances (5483 solicitudes de inscripción a julio de 2017), no todas llegan a la etapa final ni acceden a la constancia por la falta de información sobre la existencia de este registro y por las dificultades para el acceso de las oficinas, que están muy distantes de la ciudad o capitales de región, o también por barreras culturales. Pero debemos aclarar que este registro no sustituye a política alguna de reparación.

Desde el despacho congresal hemos oficiado a los Ministerios de Justicia, Salud y Ministerio de la Mujer, a fin de conocer cuántas mujeres han accedido al seguro integral de salud (SIS), si han recibido atención psicológica y para conocer los diferentes tipos de atención brindados por parte del Estado, así como los avances del registro, porque hasta el momento tenemos testimonios de las mujeres indicando que no estarían siendo reparadas.

Pese a las aberraciones cometidas, en enero de 2014, y contra buena parte de la opinión pública y de los datos revelados por numerosos medios, el gobierno del ex presidente Alberto Fujimori fue exculpado de las esterilizaciones forzosas por parte de la Justicia peruana. ¿En qué situación se encuentra judicialmente este caso al día de hoy?

Se ha dilatado el proceso judicial iniciado contra los responsables directos e indirectos. El año 2014 la Fiscalía archivó parcialmente la denuncia penal contra Alberto Fujimori y sus ex ministros de Salud Alejandro Aguinaga, Eduardo Yong Motta y Marino Costa Bauer, que estuvieron a cargo de la implementación del Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar.

Increíblemente, el año 2016 se volvió a archivar el caso. La fiscal consideró a las 2089 mujeres como presuntas víctimas, excluyó a 72 mujeres porque debían ampliar el plazo de investigación para determinar si existió violación de derechos humanos, y solo en el caso de 7 mujeres se denunció al personal de salud que intervino en las esterilizaciones forzadas.

Esta demora obstaculizó el acceso a la justicia para las víctimas cuyos casos ya estaban documentados, y generó el rechazo de organizaciones como la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) y la organización feminista DEMUS.

Pareciera que los procedimientos legales implementados han servido en este caso para obstaculizar el avance de las investigaciones y una pronta administración de justicia.

Organizaciones como Amnistía Internacional y el Comité de América Latina y el Caribe para la defensa de los Derechos Humanos (CLADEM) han trabajado duramente para que esta situación no quede impune. Ahora usted, en calidad de parlamentaria del Frente Amplio, ha asegurado que el caso debe ser llevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué recepción ha tenido del organismo en este sentido? ¿Cómo está actuando la comunidad internacional respecto de esta cuestión?

Hay un caso emblemático –el de Mamérita Mestanza Chávez— que fue llevado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Esta humilde mujer tenía 33 años y había dado a luz a su séptimo hijo cuando comenzó a ser acosada por las enfermeras del centro de Salud de La Encañada, en Cajamarca, quienes la visitaban y amenazaron con ponerle multas o encarcelarla si no se sometía a la ligadura de trompas, por lo que la operaron bajo coacción, sin haber realizado un análisis previo ni brindarle atención postoperatoria. A los ocho días de ser operada, el 05 de abril de 1998, murió a consecuencia de una infección, dejando siete hijos huérfanos, incluyendo al pequeño Almanzor Salazar, de solo cuatro meses. A la fecha, el hijo sobreviviente espera ser reparado por lo menos con el derecho a la educación superior.

El 15 de junio de 1999, DEMUS, CLADEM y APRODEH interpusieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una petición por el caso María Mamérita Mestanza Chávez contra el Estado peruano. Las representantes de la víctima y el Estado suscribieron el Acuerdo de Solución Amistosa (ASA), en el que el Estado quedaba comprometido a viabilizar reparaciones para a los familiares de la víctima, así como a investigar y sancionar a los responsables.

Desde el 2003 hasta la fecha se ha hecho seguimiento al cumplimiento de las cláusulas del ASA, llegando a firmarse un acta de acuerdos en la reunión de trabajo de la CIDH, el año 2016, donde el Estado se comprometió a cumplir con algunas de las cláusulas no cumplidas del ASA y sobre todo a crear un grupo de trabajo sobre reparaciones integrales a las víctimas de esterilizaciones forzadas.

Una de las principales fuerzas políticas de Perú es la liderada por la hija de Alberto Fujimori. Quisiéramos saber qué posición está adoptando con respecto a este caso, dadas sus declaraciones según las cuales todo fue responsabilidad de una serie de médicos que «no cumplieron los protocolos». También nos interesaría saber cuáles son las posiciones dominantes en el partido de gobierno del presidente Kuczynski con respecto a esta situación.

Como explicamos, los ex ministros de Salud del régimen de Alberto Fujimori, Alejandro Aguinaga, Eduardo Yong Motta y Marino Costa Bauer, estuvieron a cargo de la implementación del Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar, que era monitoreado directamente por el ex presidente Alberto Fujimori.

Existe o hay responsabilidad política del ex jefe de Estado en estos casos de violación de derechos humanos, porque esta medida para reducir la población respondió a una política coercitiva, sistemática y de violación de derechos humanos de mujeres y hombres.

Por otra parte, durante la campaña presidencial el presidente Kuczynski prometió cumplir con el pago de las reparaciones civiles de las más de 300 mil mujeres víctimas de esterilizaciones forzadas. Es un compromiso pendiente.

A nivel del Congreso, los congresistas de su bancada muestran predisposición a defender los derechos humanos. Y los parlamentarios tenemos el deber de trabajar por los derechos humanos de todos los peruanos.