La frontera que simultáneamente separa y une el mundo andino amazónico y Brasil forma un gigantesco arco paralelo a la cordillera de los Andes desde Venezuela hasta Bolivia, pasando por Ecuador, Perú y Colombia como parte de la selva amazónica o Panamazonia¹. Esta configuración fronteriza es el resultado de un largo y conflictivo proceso demarcatorio que ocupó casi dos siglos, desde finales del periodo colonial hasta la última década del siglo xx, cuando Perú y Ecuador acordaron una delimitación satisfactoria en sus dominios amazónicos tras varios conflictos y guerras. A lo largo de esta etapa, los países que comparten el amplio espacio amazónico hicieron, con diversos resultados, sus mejores esfuerzos para consolidar sus respectivos Estados-nación, a la par que dieron forma a las regiones amazónicas de cada país, lo que hoy conocemos como Amazonias nacionales. Estos procesos de larga duración, además de ser el producto del trabajo de comisiones y expediciones de límites que se formaron de manera explícita para adelantar las negociaciones de demarcación de las nuevas naciones, se entrelazaron con los avances y retrocesos de los frentes extractivos coloniales de nuevo cuño, del comercio y de la creciente presencia de agentes militares y civiles, así como de otras protoinstituciones que representaban a estos incipientes Estados.

Una primera diferencia en la configuración de este gran espacio de confluencia fronteriza amazónica entre Brasil y los países andinos durante el siglo xix la constituyó el hecho de que el primero, después de separarse de Portugal en 1822, mantuvo su forma imperial hasta 1889, cuando se proclamó la República, mientras que las naciones andinas con territorios en la Amazonia habían experimentado, cada una por su parte, varias décadas de búsqueda y cimentación de su modelo republicano. Igualmente, fue determinante el acuerdo de comercio, navegación y límites que firmaron el Imperio del Brasil con el Perú republicano en 1851, para monopolizar el comercio y la navegación del gran río excluyendo a la comunidad internacional de la época de su participación en estas actividades y a los vecinos andinos que reclamaban acceso directo al Amazonas, así como la jurisdicción territorial correspondiente. Este duopolio excluyente, que favoreció ampliamente a Brasil en perjuicio de su socio peruano², terminó en 1866, cuando se volvió a abrir el Amazonas a la navegación internacional, en parte gracias a la presión de Estados Unidos, cuyas empresas mercantes ya avizoraban grandes ganancias en la extracción, el comercio y el transporte de gomas elásticas, que se incrementaban en forma geométrica para satisfacer la demanda mundial de entonces³. Entre tanto, a diferencia de Brasil y Perú, que a partir del acuerdo de 1851 pudieron delimitar sus territorios amazónicos, las demarcaciones de estos dos países con las demás naciones con territorios en la Amazonia debieron esperar hasta las primeras décadas del siglo xx⁴.

La delimitación de las Amazonias nacionales, con la excepción de las de Perú y Ecuador, se consolidó en general durante las cuatro primeras décadas del siglo xx, luego de la finalización del auge cauchero y de la firma de varios acuerdos de límites entre Colombia y Ecuador (1916) y Colombia y Perú (1922), entre otros⁵. Después del conflicto y la guerra entre Colombia y Perú en 1933, ocasionada por la puesta en marcha del Convenio Salomón-Lozano y la subsecuente reacción interna peruana contra el acuerdo, se constituyó la triple frontera de Brasil, Colombia y Perú, que se ha mantenido de manera relativamente estable hasta el presente. Cabe decir que esta no es la única triple frontera existente en el arco fronterizo formado entre la Amazonia andina y la brasileña. También están la de la confluencia entre Venezuela, Brasil y Colombia en el alto río Negro; la de Colombia, Ecuador y Perú sobre el río Putumayo y la de Bolivia, Perú y Brasil en la región del Madre de Dios (v. mapa).

Es muy importante anotar que a lo largo y a través de las líneas divisorias, dobles o triples, dentro de esta franja, se ha conformado una serie de asentamientos y ciudades fronterizas binacionales e incluso trinacionales cuya existencia es prácticamente desconocida para las sociedades nacionales, para las elites políticas de los países mencionados y, por supuesto, para el resto de América Latina. Estos asentamientos surgieron antes del perfeccionamiento de la delimitación de estos espacios amazónicos en relación con las disputas fronterizas de los imperios español y lusitano en la Amazonia, o con posterioridad a ellas, en el periodo republicano⁶. Entre los asentamientos triples que hoy subsisten se puede mencionar, en la frontera de Brasil con Bolivia y Perú, los poblados de Assis, Bolpebra (que por la combinación de sus iniciales evoca un asentamiento trinacional) e Iñapari; y sobre el río Amazonas, uniendo Brasil, Colombia y Perú, están Tabatinga, Leticia y Santa Rosa, tal vez la aglomeración urbana más importante de estos triples espacios en la Amazonia, ya que congrega a más de 100.000 personas. Esto se suma a una importante cantidad de asentamientos binacionales, pequeños y medianos, a lado y lado de las líneas divisorias o de los ríos que sirven de frontera nacional natural, sin pasar por alto que gran parte de la población que vive en y a través de estos márgenes es descendiente de las parcialidades nativas originarias que habitaban la Amazonia cuando arribaron los europeos, o proviene de migraciones internas, como las de quechuas y aymaras en el caso de la Amazonia boliviana.

Entre el extractivismo desarrollista y el neoliberalismo

Como en otras partes de América Latina y el resto del mundo, el extractivismo es un rasgo estructural del capitalismo como «economía mundo» que define históricamente a la región amazónica y su economía y que, como se sabe, ha estado basado en la explotación, el comercio y el transporte de sus activos minerales y vegetales, ahora denominados commodities, con destino a los mercados ultramarinos de las metrópolis donde se realiza su beneficio⁷. Así ha sido desde la época de la extracción de las drogas do sertão en los siglos xvi y xvii, durante el de auge de las gomas elásticas llamadas genéricamente caucho o borracha entre finales del siglo xix y comienzos del xx o de la explotación de maderas, pieles, minerales como el oro y tierras raras, hidrocarburos y cocaína, hasta nuestros días. La importancia de esta referencia no es menor si tenemos en cuenta que la mayor parte de esos productos y actividades han tenido como escenario y han salido de la región amazónica surcando o descendiendo el río Amazonas, así como otros ríos fronterizos tanto de los espacios andino-amazónicos como de Brasil. No está de más decir que la realización completa del sueño extractivista en la Amazonia parece concretarse con el diseño y puesta en marcha, en la primera década del siglo xx, del emblemático megaproyecto extractivista eufemísticamente denominado «integracionista» de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (iirsa), al cual nos referiremos más adelante⁸.

Hacia el final de la década de 1960 irrumpió en todo el mundo la llamada revolución verde, que incorporaba en los procesos productivos los desarrollos biotecnológicos y la genética para ponerlos al servicio de la acumulación capitalista, bajo el justificativo discurso del desarrollo y el progreso. En la Amazonia estos emprendimientos tuvieron como objetivo la extracción de materias primas y commodities, para lo cual se pusieron en marcha megaproyectos de infraestructura, como la construcción de la carretera transamazónica, grandes represas para la producción de energía, producción agroindustrial de biocombustibles o explotación de inmensos yacimientos de minerales e hidrocarburos⁹. El significado que estas actividades tuvieron en la degradación y/o destrucción de los ecosistemas amazónicos terrestres y acuáticos, con cientos de miles de hectáreas de selva deforestadas¹⁰ y la desaparición de cientos de especies de fauna y flora, además del impacto sobre las sociedades y culturas aborígenes, se puede encontrar sin mucha dificultad en cientos de publicaciones e investigaciones. En el caso de la Amazonia brasileña, que representa casi 70% del territorio de toda la Panamazonia, el extractivismo desarrollista fue impulsado por la dictadura militar (1964-1985), que parece haberse reencarnado en el poder 35 años después con la presidencia de Jair Bolsonaro, en una de las muestras de cómo se han retroalimentado en la región el autoritarismo y el modo predominante capitalista del extractivismo depredador.

Las décadas de 1970 y 1980 anunciaron el advenimiento del llamado giro ambiental, pero también de la imposición del discurso y el modelo neoliberales, los cuales por supuesto no significaron, en el caso de la Amazonia, la disminución o suspensión del extractivismo desarrollista sino, por el contrario, su profundización. Después de la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro de 1992, así como de varios foros globales que proclamaron la feliz y falaz conjunción del desarrollo económico con la conservación, no se logró, ni realmente se intentó, detener la intensificación de los procesos extractivos ni la deforestación, ni por tanto la destrucción de la selva amazónica. Hoy se conocen las severas limitaciones y los pobres resultados de las iniciativas «neodesarrollistas» o «neoconservacionistas» que intentaron implementar en muchas regiones del mundo, como en la región amazónica y en sus fronteras, los organismos internacionales, las agencias financiadoras, las ong ambientalistas y las grandes corporaciones, independientemente de sus sugestivas denominaciones: «pago por servicios ambientales», «cambio de deuda por naturaleza», «reducción de las emisiones de la deforestación y la degradación de bosques (redd)» y «redd +» o «deforestación evitada», entre otras¹¹. Tanto en los países andino-amazónicos como en Brasil, estas estrategias de acomodación al discurso ambiental del capitalismo global acompañaron o provocaron reformas políticas, por lo menos en Brasil, Colombia y Perú, que viabilizaron una mayor dependencia financiera de estos países, así como ajustes macroeconómicos, liberalización del comercio y, en general, profundización de la globalización económica¹². También se expidieron normas ambientales importantes, como la creación del Ministerio del Medio Ambiente en Colombia o del Instituto Brasileño del Ambiente (ibama), ambos en 1993.

La incidencia de las reformas políticas y ambientales en las regiones fronterizas de los países amazónicos en las últimas dos décadas del siglo anterior ha sido en general muy limitada por la débil capacidad de los Estados para implementarlas y porque, al fin y al cabo, las fronteras amazónicas continuaban en condiciones de marginalidad con respecto a los centros económicos y políticos de sus respectivas naciones. El predominio de la doctrina neoliberal de privatización, adelgazamiento del Estado y desregulación agudizó la periferización de las fronteras amazónicas, que se vieron aún más privadas de recursos de inversión para fortalecer las precarias estructuras institucionales sectoriales en todos los niveles de la administración pública, empezando por las instancias encargadas de la regulación del comercio, así como de las relaciones exteriores en las fronteras, o sea, las cancillerías, muy conocidas y renombradas en las zonas de frontera por su centralismo, su inoperancia y su ineficiencia¹³. En estas condiciones, es explicable que los ríos y los pasos fronterizos amazónicos hayan continuado siendo o se hayan convertido en los espacios donde medran, sin mayor control, todo tipo de actividades económicas, legales, ilegales e informales.

Bajo estas condiciones, las fronteras amazónicas entre los países andinos, como las existentes entre estos y Brasil, se han convertido en el «no lugar» para la implementación de las políticas públicas, tanto por la precariedad de los aparatos estatales e institucionales y la persistente periferización estructural ya mencionada como por la disparidad e incompatibilidad de esas mismas políticas entre un país y otro. Esta ausencia de Estado en los corredores fronterizos tiene enormes costos económicos, sociales y ambientales, derivados de la imposibilidad y/o la falta de interés de las elites y burocracias que ostentan el poder en cada uno de estos países de ejercer controles territoriales, fiscales y ambientales. La situación es aprovechada para la acción de compañías y corporaciones extractivas globales, legales, ilegales e informales, para llevar a cabo con toda libertad e impunidad la explotación, el comercio y el transporte de materias primas y commodities a lo largo y a través de los ríos fronterizos amazónicos: ese es el caso de la explotación maderera, de la minería, de la extracción de hidrocarburos, del tráfico de cultivos de uso ilícito y precursores químicos, amén de otras actividades muy poco documentadas de trata de personas y tráfico de armas, entre otros.

Debe insistirse en que todo esto se ha venido dando, en las dos primeras décadas de este siglo, en el marco de la profundización de la modalidad extractivista neoliberal que afectó a todos y cada uno de los países mencionados en este artículo, con independencia de la filiación ideológico-política de izquierda o de derecha de quienes dirigieron en su momento las riendas del poder en cada una de estas naciones. Una de las críticas que se hacen a los gobiernos autodenominados progresistas o «socialistas», como los de Ecuador, Brasil o Venezuela, es haber mantenido incólumes tanto la estructura económica capitalista como la modalidad extractivista neoliberal¹⁴. Así lo demuestran el impulso y la promoción de hipermegaproyectos como el de la iirsa, adoptado por todos los gobiernos bajo iniciativa de Brasil a comienzos de este siglo, y su permanencia, pese al desmonte de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) en cuyo seno fue formulado, en las nuevas instancias como el «Frankenstein de la integración» que representa el Foro para el Progreso de América del Sur (prosur)¹⁵.

Políticas de frontera y diplomacias de papel

A diferencia de los países andino-amazónicos, Brasil cuenta con una política de fronteras que se condensa en la llamada faixa de fronteira, un corredor interno de una extensión promedio de 150 kilómetros que corre paralelo a los límites de este inmenso país con todos sus vecinos. Esta faja se divide en tres grandes arcos: el primero cubre la frontera amazónica brasileña con las Guyanas; el segundo, la frontera con los países andino-amazónicos y el tercero, las fronteras con Paraguay, Argentina y Uruguay en el sur. Esta política se empezó a cimentar desde los tiempos de Getúlio Vargas y en las últimas décadas ha estado subordinada a las políticas de seguridad del Estado brasileño. En el caso de la Amazonia, la política de seguridad de Brasil ha estado dictada como respuesta a las supuestas amenazas que representa el conflicto armado colombiano aunque, de paso, con una importancia casi puramente mediática, se invoca la necesidad de interdicción de las actividades del narcotráfico¹⁶. Esto explica la presencia y el establecimiento de varios batallones con más de 10.000 militares a lo largo de las fronteras de Brasil con Venezuela, Colombia y Perú, en un territorio donde la mayor parte de la población es indígena y dista mucho de alcanzar la cifra de los militares, dispersa en una zona donde las líneas de frontera son casi totalmente imperceptibles, lo que sugiere una gran desproporción entre el abultado aparataje militar y las amenazas reales representadas por la población que habita estas regiones. Según sus resultados, con pocas excepciones, esta permanente fuerza militar, que no solo afecta el lado brasileño de la frontera, ha sido totalmente incapaz de enfrentar y detener el lucrativo negocio relacionado con la producción de cocaína o la minería ilegal, así como las esporádicas manifestaciones del conflicto armado colombiano. La militarización de la frontera amazónica de Brasil, que se presenta en menor medida en los demás países, denota la persistencia de una visión unidimensional y reduccionista del Estado en la Amazonia, donde aún prevalece la concepción decimonónica de la soberanía y la seguridad nacionales en desmedro de las políticas de integración y cooperación. Ejemplo de esto han sido los despliegues recientes de militares brasileños en la frontera con Venezuela para hacer frente a la crisis migratoria de este país, o la actual política de militarización de las fronteras, especialmente la colombiana, para abordar la pandemia de covid-19.

A propósito de la integración, hay que reconocer que en las políticas de frontera o, en su defecto, en el ejercicio de las relaciones internacionales de los países amazónicos, es posible encontrar diversas menciones a la necesidad de actuar mancomunadamente para lograr la cooperación y la integración económica de las zonas limítrofes o para coordinar la gestión de las entidades territoriales fronterizas. Sin embargo, esto no ha pasado de ser, como se dice, un simple saludo a la bandera, entre otras cosas por la falta de decisión y voluntad política, como en el caso colombiano, para implementar y/o desarrollar normativamente la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial (loot) o la Ley de Fronteras aprobada en 1995. Algo similar ocurre con el Tratado de Cooperación Amazónica (tca), firmado originalmente en 1978 con la participación de los ocho países de la cuenca¹⁷ y rebautizado en 1995 como Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (otca), con el propósito de promover la cooperación y el «desarrollo armónico» de la región a través de la preservación del ambiente y del uso racional de los recursos de la Amazonia. Desde el comienzo, el tratado estuvo lleno de buenas intenciones, aunque ha logrado incidir muy poco en las agendas estatales sobre la región y mucho menos en la adopción de políticas comunes, debido a las fuertes restricciones técnicas y presupuestarias, la ausencia de voluntad política de los gobernantes de los países integrantes y el escaso carácter vinculante de sus propuestas¹⁸. Esto explica la poca o ninguna incidencia de esta organización para tratar o enfrentar problemas de interés conjunto de los países amazónicos, como la destrucción de la biodiversidad o los incendios forestales. La irrelevancia de la otca como organización de cooperación internacional panamazónica es tal, que los gobiernos amazónicos signatarios del Pacto de Leticia¹⁹, convocado a mediados de 2019 por el presidente colombiano para apoyar a su colega brasileño con el supuesto propósito de conjurar los incendios que afectaban toda la cuenca, aunque excluyendo convenientemente a Venezuela, por poco olvidan convidar a la mencionada organización a participar de esta famosa pero inocua cumbre.

La frontera amazónica: tres pandemias en una

A partir del mes de marzo de 2020, la frontera amazónica de Brasil, Perú y Colombia, y más específicamente el eje urbano trinacional conformado por Manaos, Leticia-Tabatinga e Iquitos sobre el río Amazonas, han debido soportar la irrupción del covid-19, con una elevada cantidad de contagios y muertos, muchos de ellos pertenecientes a los pueblos indígenas sobrevivientes del extractivismo colonial y capitalista inaugurado por los europeos hace más de cinco siglos en la región. Estas tres ciudades presentaban a mediados del mes de mayo las tasas más altas de contagios y muertes dentro de sus respectivos países²⁰. No obstante, no se trata solamente del covid-19, pues esta frontera sufre simultáneamente las consecuencias de la actual crisis política que aqueja a toda la región. Estamos hablando de las consecuencias de la grave situación de gobernanza que se ciernen sobre Brasil, Bolivia y Venezuela, para no hablar de Colombia, Perú e incluso Ecuador, como parte del rumbo racista, nacionalista y patriarcal que afecta a buena parte de los gobiernos de América, sin mencionar otros continentes. De la misma manera, esta frontera también ha sido escenario de la profunda crisis socioambiental por la que atraviesa todo el planeta y cuyas manifestaciones más dramáticas fueron los criminalmente provocados incendios forestales, que se presentaron con especial crudeza en 2019 en la Amazonia, pero también en otros lugares tan distantes como California y Australia.

Finalmente, el erróneo e inadecuado manejo dado a la crisis sanitaria en la frontera por parte de los gobiernos nacionales de los tres países, y en menor medida también por los locales, así como la militarización y el cierre fronterizo como casi únicas respuestas para enfrentar la pandemia, son responsables no solo de la difusión del virus a través de las fronteras de Brasil con Colombia y Perú, sino también del elevado número de contagiados y fallecidos que muestran los boletines oficiales y particulares. Hacia finales de mayo, la cifra de muertos en la conurbación trinacional de Leticia, Tabatinga y Santa Rosa ya se acercaba a los 200, y los contagios superaban los 3.000, en un área donde la población apenas supera las 100.000 personas²¹. Debe recordarse que la Amazonia de estos tres países fue el primer foco donde el virus golpeó con gran fuerza y que, en esa misma medida, afectó principalmente a la población indígena. Esto sin olvidar que esta situación también es consecuencia de la privatización de los sistemas de salud, la ausencia de servicios básicos estatales, los elevados niveles de corrupción y la falta de coordinación con los países vecinos, entre otras cosas. Este manejo ha develado la naturaleza de los gobiernos y sus políticas económicas y sociales, que ha llegado al uso deliberado de la violencia estructural como resultado de la implementación de una política de la muerte o necropolítica²², especialmente en el caso de los indígenas de la Amazonia brasileña, lo que ha agravado la desarticulación, periferización y marginalización de esta región en relación con sus sociedades nacionales. En este contexto, podemos decir a su vez que el desastroso manejo de la pandemia en las fronteras amazónicas es producto combinado de la profunda crisis estructural por la que atraviesa el modelo extractivista capitalista en su modalidad neoliberal, que en este caso se refleja con particular fuerza en los órdenes político, socioambiental y sanitario.