El tema de la lucha armada, de su viabilidad para abatir al régimen capitalista y de las condiciones objetivas para desarrollarla, ha estado presente en la historia de Chile durante varias décadas. No constituye, por lo tanto, una novedad ni un rasgo ahistórico el que siga presente en la discusión y en la práctica concreta de los partidos de la izquierda chilena.

Durante la década de los años sesenta, tal como sucediera en otros lugares de América Latina, en Chile surgieron varios partidos y movimientos que bajo el influjo fundamental de la revolución cubana y de lo que fue la experiencia de Ernesto “Che” Guevara en Bolivia, se plantearon alternativas armadas como un camino posible tras el cual las masas sublevadas se apoderarían del poder y destruirían el orden burgués capitalista y proimperialista. Si volvemos a ese período constataremos –por tanto– que la alternativa armada fue recurrente en la discusión política y que la materialización de ella se expresó en partidos como el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), en sectores del Partido Socialista de Chile (PS)* y en pequeños grupos marginales. Sus “compromisos militares”, sin embargo, no alteraron el acontecer real del país, y el curso “democrático-burgués” que culminara con la elección de Salvador Allende y el triunfo de la Unidad Popular fue el que predominó mayoritariamente en la izquierda chilena.

El golpe de Estado de Pinochet repuso el tema de la lucha militar desde una nueva perspectiva. Desde luego éste constituyó un nuevo estímulo a esa alternativa aunque, contradictoriamente, obligó a los partidos y movimientos que la asumieron a una reformulación drástica de los llamados “esquemas operativos” dentro de los cuales éstos se intentan insertar. No fue ajeno a esa reconsideración de la táctica militar de estos partidos, la evidencia de la fortaleza, capacidad estratégica y poder de fuego que mostraron las fuerzas armadas de Chile cuando con tanta saña y brutalidad aplastaron gran parte del movimiento popular e iniciaron una guerra implacable contra todas aquellas expresiones políticas que aún mantuvieron en el centro de su práctica la lucha armada y la preparación consecuente para enfrentarla.

Entre los años 1973 y 1979 esa práctica militar estuvo centrada, básicamente, en los esfuerzos desplegados por el MIR y en los intentos de otros sectores para reiniciar una política destinada a preparar cuadros capacitados de dominar “el arte de la guerra” y conocer las nuevas variantes que éste ha ido adquiriendo a partir de las diversas experiencias, triunfantes o no, que se dieron en distintos lugares del mundo y particularmente en América Latina. En especial, constituyó un centro de atención práctica y política el desarrollo del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y el triunfo que éste obtuviera contra la dictadura somocista.

El Frente Patriótico Manuel Rodríguez y su guerra contra Pinochet

Un análisis más detenido de lo que fue este período indica que esta experiencia tuvo el efecto de reponer en la práctica política de varios partidos chilenos la idea que el camino armado es viable y de que su aplicación en Chile, en particular, requería de la firme voluntad política de impulsarla más allá de los costos, divergencias o alternativas diferentes que otros sectores levantaron –durante ese mismo período– a partir de enfoques distintos acerca de la naturaleza de la dictadura pinochetista y su proyecto de “refundación capitalista”.

El surgimiento del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) sin embargo, no puede considerarse una simple repetición en Chile de experiencias como las de Nicaragua, Angola, Mozambique, etc. Hay a lo menos dos rasgos distintos que explican la especificidad de él y su posterior desarrollo en el país. En primer lugar, es indudable que el FPMR obtiene un impulso muy esencial luego del viraje notable que a partir de 1980 se produce en la política del Partido Comunista de Chile. Los planteamientos formulados por este partido –inéditos en sus 64 años de existencia– que consideran como legítima la tesis de implementar “todas las formas de lucha para terminar con la dictadura”, constituyen –sin duda– un acicate y un estímulo al desarrollo del FPMR y a la necesidad de iniciar el reclutamiento selectivo de militantes para la puesta en práctica más profesionalizada de la alternativa militar, que estos planteamientos conllevan.

El segundo factor está relacionado con la pertinaz obcecación que ha manifestado el régimen de Pinochet de no ceder a las aspiraciones democráticas de la mayoría del pueblo de Chile y la aplicación estricta por parte de aquél de la denominada “Doctrina de Seguridad Nacional”, a través de la cual ha pretendido caracterizar la situación chilena, durante 13 años, como un “estado de guerra” con un enemigo interno al que hay que “derrotar” a cualquier precio. La mantención de la Central Nacional de Informaciones (CNI), como la fuerza represiva destinada a implementar “la guerra sucia” contra los grupos políticos opositores chilenos; el compromiso de las propias FFAA con la represión, el asalto a poblaciones, etc.; la justificación permanente por parte del propio Pinochet a todos los actos y tropelías cometidos; así como la violación permanente de los derechos humanos, son hechos elocuentes que justificaron a quienes inspiraron la formación del FPMR y de las acciones que éste empezara a implementar con notoriedad desde 1983.

Desde esa época hasta 1986, el FPMR desarrolla acciones de distinta naturaleza, que van desde la llamada “propaganda armada” hasta acciones de enfrentamiento más directas con los aparatos represivos. El reclutamiento de cuadros militares para su estructura regular al parecer tiene fuentes diversas, que van desde cuadros preparados en el exterior hasta aquellos formados en las organizaciones de masas que más activamente enfrentaron las “múltiples protestas” realizadas contra Pinochet y su régimen desde mayo de 1983. La incorporación de jóvenes cesantes y radicalizados surgidos en medio de la situación de miseria reinante en la mayoría de las llamadas “poblaciones” que rodean las principales ciudades del país, nutren las denominadas “milicias rodriguistas” que –al parecer– dentro de la estructura operativa del frente, constituyen un escalafón de preselección de cuadros más profesionales y de prácticas paramilitares. Durante esos años, el FPMR logra un importante triunfo político, cuando con acentos distintos, pero apuntando a la misma dirección, todos los partidos del Movimiento Democrático Popular (MDP), y en especial el PC, le atribuyen a las acciones paramilitares del frente (apagones de luz, asaltos a retenes de carabineros, incendio de vehículos de la movilización colectiva, etc.) carácter de “complementarias” a las acciones de masas a la movilización social destinada a generar grados de ingobernabilidad o de cerco social al régimen dictatorial.

Dos planteamientos intentan establecerse como elementos justificatorios a estos actos de complementariedad. Por un lado, la idea que “la militarización de la política” y en consecuencia de la violencia, surge de la naturaleza del régimen y que es éste en última instancia el factor causante de la existencia de estos fenómenos. Y por otro la idea de que ninguna acción pacífica o de masas puede tener éxito si “lo militar no es un elemento omnipresente en la política chilena”. La idea central aquí es la siguiente: “Se trata de golpear a la dictadura en su base de sustentación fundamental, se trata de ablandar el pilar en que Pinochet basa su poder y todo esto como complemento al accionar político en la más amplia y decidida lucha de los patriotas por terminar con la tiranía” (Boletín de prensa FPMR - 23 de junio de 1986).

Los elementos señalados son tal vez los más clave para entender el entrampamiento en el que se encuentra la situación política chilena. Dos lógicas poderosas terminan por retroalimentarse. Por un lado Pinochet que no acierta a abandonar su prédica majadera de “los marxistas enemigos de la patria” como un intento para justificar su disposición cierta de no abandonar el poder para “evitar el caos marxista que sobrevendría después de él” y, por otro, el FPMR y otros grupos que entienden como central y determinante la respuesta militar a la dictadura, independientemente de los factores políticos en las que dichas respuestas sean hechas.

¿Lucha de masas o “guerra popular”?

Desde la perspectiva del FPMR, el concepto de complementariedad de las acciones armadas con respecto a las acciones de masas, envuelto con la fórmula de “todas las formas de lucha”, no constituye una creación reciente entre aquellos que han adherido desde siempre a las tesis insurreccionales de carácter violento para definir las contradicciones de clase, las injusticias, las opresiones en otros países latinoamericanos.

En el caso del frente es interesante hacer notar que en casi todos los números de su boletín clandestino, El Rodriguista, encontramos a menudo referencias a esta situación a partir de las experiencias que viviera Fidel Castro en su lucha contra Batista, y los del FSLN en su lucha contra Somoza (en El Rodriguista, boletín de enero de 1986, encontramos por ejemplo una separata titulada “La sublevación de Masaya”). Más aún, ciertos elementos simbólicos de lo que fueron las sublevaciones de importantes ciudades nicaragüenses han sido reproducidos en los barrios populares del Gran Santiago, en un intento de reafirmar similitudes y de conferirle a la lucha en Chile un carácter de liberación nacional en el sentido otorgado a este concepto por las experiencias antes nombradas. Es interesante señalar que el uso de la fogata, de la barricada y de la aparición de “muchachos” con los rostros cubiertos, tal como se diera en la experiencia de la sublevación popular que encabezara el FSLN, son elementos casi siempre presentes en prácticamente todas las “protestas y movilizaciones sociales” que viviera el país hasta el 2 y 3 de julio de 1986.

El problema sin duda traspasa lo meramente simbólico. La vinculación del FPMR con el PC y su política de la sublevación nacional ha sido una discusión permanente en los medios políticos chilenos. Aun cuando los últimos sucesos acaecidos entre agosto y septiembre de 1986 –nos referimos al descubrimiento por parte de efectivos de seguridad de la internación de un cuantioso arsenal de armas muy sofisticadas y al fallido intento de matar a Pinochet– reafirman la idea de que el FPMR es efectivamente el brazo armado del PC, no puede afirmarse de manera categórica que la relación entre ambas entidades sea directa y jerarquizada. El grado de autonomía en la formulación de sus tesis de sublevación nacional por parte del frente, así como el sistema de reclutamiento de combatientes, la fórmula jerarquizada de dirección establecida a través de un sistema altamente compartimentado, con unidades a cuya cabeza se encuentran comandantes, nada tienen que ver con la manera y con el actuar cotidiano de las expresiones políticas y sociales del PC. En cuanto a los políticos, incluso, los matices en las políticas de unos y otros se han tornado temas vitales del debate chileno. A modo de ejemplo, el Acuerdo Nacional firmado en agosto de 1985, por el espectro político más amplio que se haya constituido en el país desde 1973, bajo el directo respaldo del Cardenal Arzobispo de Santiago, Monseñor Juan Francisco Fresno, mereció respuestas distintas tanto del MDP, donde el peso del PC es incuestionable, como del FPMR. Mientras los primeros fueron extremadamente cuidadosos en el uso de los calificativos respecto de este trascendental paso dado por la mayoría de los partidos políticos chilenos, llegando incluso a valorar como altamente positivas las medidas inmediatas que desde ese documento se exigen al régimen de Pinochet, el FPMR no dudó en ningún instante en descalificar la iniciativa como un intento de conciliación y de negociación con Pinochet, y como una maniobra política fraguada en el Departamento de Estado de Estados Unidos, a fin de impedir la inminencia de la sublevación popular que se anunciaba para 1986.

En relación al tema de la sublevación anunciada para el año 1986 –llamado también “año decisivo” por gran parte de la oposición, es interesante consignar lo señalado por el editorial El Rodriguista Nº 12 de enero del año pasado: “nosotros decimos tajantemente, se irá en 1986 (refiriéndose a Pinochet) porque el pueblo ya no resiste seguir soportando la tiranía, siente la urgencia de ponerle fin hoy mismo (subrayado nuestro), en pos de ese objetivo se ha alzado usando múltiples formas de lucha en su combate diario”. Más adelante señala que: “hay que agregar dos condiciones básicas para lograr la caída de la tiranía: la unidad de todos los opositores y un plan único de lucha”. Para afirmar en seguida: “los rodriguistas afirmamos nuestra decisión de emplearnos a fondo en los combates venideros hasta producir la sublevación popular que ponga fin a la dictadura”.

Sublevación o solución política

La contradicción entre los intentos de conferirle una solución política y pacífica a la crisis chilena respaldada por la mayoría de las fuerzas políticas opositoras y la convicción de que la alternativa de sublevación militar es francamente inviable y rechazada categóricamente por la mayoría de los chilenos, y la política de hecho llevada a cabo por el FPMR con el respaldo implícito del PC y otras fuerzas del MDP, es un hecho determinante que explica la falta de unidad de la oposición chilena.

El descubrimiento de una importante internación de armas encontradas en el norte chico del país y luego con el fallido atentado a la comitiva de Pinochet, efectuado por un comando del FPMR el 7 de septiembre de ese mismo año, constituyen los elementos más culminantes de esta contradicción aún no superada.

La dictación inmediata que hiciera el régimen de Pinochet de estado de sitio, el encarcelamiento de distintos dirigentes opositores, incluidos algunos no pertenecientes a los partidos que conforman el MDP, así como la detención de un número importante de miembros del propio frente, a raíz de los hechos señalados, puso de relieve la necesidad de superar esta contradicción y de delimitar claramente ante las propias fuerzas opositoras, los términos exactos de la política compartida, genéricamente conocida como movilización social. Hasta ese instante, existe un acuerdo tácito entre todas las fuerzas políticas y sociales comprometidas con la movilización social de conferirle un carácter legítimo a la política de “autodefensa de las poblaciones”. De hecho, en casi todas las principales poblaciones del país se implementaron iniciativas unitarias tendientes a impedir o a aminorar el efecto de la represión o del asalto brutal por parte de los organismos de seguridad de Pinochet, destinados principalmente a infundir temor y miedo entre los sectores populares. En tales iniciativas de autodefensa, entendida como el desarrollo de fórmulas operativas pacíficas para dificultar el accionar de los aparatos represivos, participaron todas las organizaciones representativas de cada una de las poblaciones incluyendo aquellas directamente ligadas a la Iglesia católica.

Las armas encontradas, sin embargo, cambiaron radicalmente los términos del acuerdo establecido y cuestionaron el fondo de una iniciativa que hasta ese momento había sido ampliamente compartida.

En la esfera de lo político, de los esfuerzos por conferirle a la movilización social, a la presión social, una importancia fundamentalmente orientada hacia la búsqueda de una salida política, el descubrimiento de las armas alejó la posibilidad de establecer un marco de confianza política mayor entre los partidos que más decididamente han impulsado esta expresión de rebeldía cívica que con diversos niveles de éxito se han implementado durante estos tres años, pregunta que aún ronda entre los partidos políticos de oposición. La mayoría de aquéllos que han rechazado la militarización de la política ante el intento de Pinochet de polarizar la situación haciendo creer que al frente él sólo tiene a los comunistas, han hecho ver la necesidad de revisar críticamente los procesos de movilización social desarrollados hasta el momento y ha determinado exigir reglas claras al PC a fin de reabrir una posibilidad destinada a reponer con éxito la lucha social unitaria de los chilenos en contra de Pinochet. La mayoría de las organizaciones sociales y los partidos opositores no están dispuestos a aceptar que esta legítima expresión de lucha de nuestro pueblo sea un “momento” de la pregonada sublevación popular armada y generalizada como la busca el FPMR. Es más, la fórmula implementada por el PC de “todas las formas de lucha son válidas” ha quedado cuestionada no solamente por la ofensiva política publicitaria lanzada por Pinochet a raíz del atentado y por los crímenes cometidos por comandos secretos ligados al régimen luego del atentado, el más conocido de los cuales fue el que afectó al conocido periodista y dirigente del MIR José Carrasco, sino además porque dicha fórmula en definitiva encierra en su lógica interna, la idea de que en Chile no hay solución política sin que ella tenga necesariamente un ingrediente militar. En otros términos, la internación de armas y el atentado fallido a Pinochet evidenció a los ojos de los partidos que rechazan la política militarista que, en última instancia, cuando se emplea la fórmula de todas las formas de lucha, las alternativas políticas quedan supeditadas a la lógica de guerra y a las capacidades operativas que las fuerzas encontradas tengan para arribar en su momento a la definición final de la crisis.

Avalan los planteamientos de los partidos que se han opuesto firmemente a esta equívoca fórmula, el diagnóstico que éstos han hecho de la realidad política y social de nuestro país. Todas las encuestas realizadas últimamente por distintos organismos de orientaciones diversas, indican que la mayoría de los chilenos aspiran a una solución política y pacífica a la crisis a que nos ha arrastrado el régimen de Pinochet. Sorpresivamente dicha aspiración no se da sólo con fuerzas en los sectores medios altamente influyentes en la vida cívica del país, sino fundamentalmente en los sectores socioeconómicos más bajos de la población, entre aquellos que han sido brutalmente afectados por la política monetaria del régimen militar.

La sublevación armada ¿táctica o estrategia?

La aparición y desarrollo del FPMR así como la política reiterada por un sector del MIR que encabeza Andrés Pascal han puesto por último un tema crucial para definir el futuro de Chile. Para despejarlo no basta sólo con recurrir a lo que estas organizaciones han expresado a través de sus órganos informativos. Se requiere un análisis más detenido de lo que en estas páginas podemos hacer. En lo concreto se refiere a la siguiente cuestión: ¿La política militar que se ha implementado para enfrentar a Pinochet tiene un carácter táctico o en definitiva constituye un ingrediente fundamental de la estrategia política de los partidos comprometidos con esta forma de lucha? Los signos recibidos son de distinto tipo e incluso contradictorios. En apariencia el FPMR sólo está destinado a conseguir la caída de la dictadura y su compromiso sería, producido este hecho, disolverse en el tejido democrático que Chile deberá reconstruir. El MIR de Pascal, en una reciente entrevista aparecida en la revista APSI indica, por el contrario, que su lucha no sólo está destinada a la derrota militar de Pinochet sino que ella proseguirá más allá, tendiente a conseguir “el total abatimiento del sistema capitalista y de la dominación burguesa”.

Una concertación para impedir la perpetuación de Pinochet

Este hecho político trascendental debe ser dilucidado al más breve plazo, en la medida en que no existen posibilidades de instalar un régimen verdaderamente democrático en Chile si este va a ser amenazado permanentemente no sólo por los golpistas contumaces de derechas, sino también por aquellos que desde la ultraizquierda no conciben otro tránsito hacia la democracia profunda, amplia y participativa, a la que aspiran la mayoría de los demócratas, que no sea aquel relacionado con el lenguaje de las armas. Una democracia amenazada, impedida de desarrollar el camino de la justicia social, del pleno restablecimiento de los derechos humanos, en capacidad para resolver todos los crímenes cometidos durante estos trece años, no logrará la reconstrucción de Chile si a ese esfuerzo no se suman todos los chilenos sin distinción ni exclusión de ningún tipo y si ella no cuenta con el respaldo legítimo por la soberanía popular para implementar todas las medidas urgentes que se refieran para resolver los graves problemas que Chile enfrentará luego de la dictadura.

Este breve análisis hecho en torno al FPMR no ha pretendido ser un recuento de sus acciones ni menos un estudio acerca de su sistema organizativo, de los mecanismos de toma de decisión que en su interior existen ni tampoco de las relaciones formales que nacional e internacionalmente el FPMR pueda tener. Para emitir las opiniones que hemos entregado, nos hemos basado exclusivamente en la documentación pública que esta organización hace llegar con regularidad a los partidos políticos y organizaciones sociales en Chile. Debemos dejar en claro que no compartimos su política, más aún cuando ésta adquiere ribetes de carácter terrorista, sino que la consideramos profundamente alejada de las aspiraciones de la mayoría de los chilenos y que es un factor más que obstaculiza los entendimientos democráticos más amplios, que faciliten el camino de la derrota política al régimen militar. Impedir por lo tanto las pretensiones de Pinochet de perpetuarse en el poder y lograr cambiar, fundamentalmente por la acción de la lucha organizada de nuestro pueblo, los plazos y mecanismos que el propio Pinochet se ha dado a través de “su” Constitución de 1980 para “legitimar” sus intentos de permanecer en el poder, es fundamental en momentos en que el régimen ha tomado una serie de iniciativas tendientes a materializar sus pretensiones intrínsecamente antidemocráticas, creando un clima de fraude electoral que es necesario denunciar con toda energía. Para ello la concertación de todos los demócratas es primordial. Conseguirlo es una tarea patriótica superior. De ahí que alentar acciones armadas en medio de la compleja búsqueda de tal concertación, constituye no solamente un grave error, sino que la hacen francamente imposible.

* Aunque el PSCH acordó privilegiar la lucha armada, luego de su Congreso de 1967, lo cierto es que sólo un sector pequeño participó de “ese compromiso militar”.