Venezuela fue un país rico. Muchos lo dicen y lo repiten: en otros tiempos,
asentó su crecimiento sobre las mayores reservas petroleras del mundo.
Ahora, en cambio, es la economía más pobre de América del Sur en términos de
crecimiento del PIB per cápita. Venezuela está atravesando la peor crisis
económica de su historia, con una tasa de inflación de más de 500%, una tasa de
cambio muy volátil y un crítico endeudamiento que se ha quintuplicado desde
2006. Esta crisis ha agravado «guerras económicas» de larga data entre un
sector empresarial ubicado en la oposición y el gobierno. Del mismo modo, inacabados
ciclos de protesta y represión han marcado un camino que durante la última
media década ha polarizado a una sociedad ya dividida en términos clasistas y
partidistas y ha enraizado una cultura política de suma cero, donde el ganador
se lleva todo, incluidas las elecciones. En este escenario, violencia de todo
tipo ha alcanzado lo que parece ser un punto de no retorno. Lo que parece estar
en juego aquí es la mismísima capacidad de la democracia para combinar fuerzas
de transformación y resistencia.
La crisis en Venezuela también ha sido foco de debate en las organizaciones
regionales. La Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y la Organización de
Estados Americanos (OEA) han manifestado preocupación por la debilidad de las
instituciones democráticas, la impunidad, el acoso y la criminalización de la
disidencia.
Sin embargo, el argumento que presento aquí es que salvaguardar los derechos
y el derecho de las personas a decidir sobre su propio destino (democrático) en
Venezuela no es neutral desde el punto de vista de género. Enraizar la promesa
democrática en los derechos institucionales y constitucionales no debe omitir
otras formas de abordar los derechos y la autodeterminación. Un enfoque de
género redefine tanto a la «promesa» como a la «trampa» de la democracia
venezolana.
La promesa de Venezuela
Durante más de una década, Venezuela fue un punto focal en la promesa
continental de una alternativa más directa e inclusiva a los enfoques
dominantes basados en la mercantilización del desarrollo y la democracia. Fue
en Venezuela donde, a fines de la década de 1990, las fallas del modelo
neoliberal se materializaron abriendo nuevas posibilidades para experimentos «post-neoliberales»
en toda la región. Durante más de una década estos experimentos parecieron
funcionar. Según el Banco
Mundial, en América Latina la proporción de personas de la región que viven
en la pobreza extrema, definida como un ingreso diario de menos de u$s 2.50, se
redujo a la mitad entre 2003 y 2012. La reducción de la pobreza estuvo
acompañada de un fuerte crecimiento de los ingresos de 40% en los deciles más
bajos de la población. En el caso de Venezuela, las reformas sociales,
políticas y económicas condujeron a una reducción espectacular de 50% de la
pobreza y a una disminución de 65% en la pobreza extrema entre 1998 y 2012.
Asimismo, aumentaron los servicios públicos y el número de médicos en el sector
primario de salud, así como también el acceso a la atención médica para
millones de venezolanos pobres.
De hecho, el sistema de salud de Venezuela fue durante mucho tiempo una
fuente de orgullo para el gobierno por ser pionero en políticas
de bienestar en toda la región. Por ejemplo, en 2008, proyectos
relacionados con el sector salud entre Cuba y Venezuela alcanzaron los 1.355
millones de dólares, incluido el emblemático programa Petróleo por médicos
mediante el cual Venezuela exporta petróleo subsidiado por un intercambio de
médicos y programas de capacitación en el país. Dentro de este marco, programas
como Barrio Adentro brindaron atención médica básica gratuita en Venezuela,
mientras que Misión Milagro ha brindado atención a personas con afecciones
oculares. Otros programas han abordado necesidades de personas con
discapacidades en América Central y del Sur. La promesa de políticas de
bienestar regional fue posible mientras Venezuela gozara de su bonanza
petrolera y registraba una importante acumulación de reservas. Sin embargo, el
bienestar social impulsado por los recursos creó una especie de trampa para la
promesa socialista. A medida que Venezuela se vio cada vez más afectada en la
desaceleración de la industria petrolera internacional, la escasez de recursos
y la privación social generalizada provocaron una inevitable crisis
sociopolítica.
Hoy miles de pacientes no pueden recibir tratamientos médicos esenciales, y
otros tantos más están en la lista de espera para someterse a cirugías
potencialmente vitales. Los médicos no tienen recursos necesarios para operar o
salarios para subsistir. Asimismo, enfermedades como la malaria y la difteria,
previamente eliminadas o controladas, se han vuelto causas principales de una
crisis humanitaria sin precedentes.
Se trata de una Venezuela fracturada que divide la política regional. Las
diferencias políticas e ideológicas entre las naciones sudamericanas han
llevado a la UNASUR a un punto de inacción, mientras que Argentina, Brasil,
Chile, Colombia, Paraguay y Perú desertaron de la organización en abril de 2018
para formar el Grupo Lima
uniéndose a la oposición estadounidense al gobierno y a la reelección de Maduro
el pasado 20 de mayo, al considerarla como mínimo «ilegítima». El Grupo Lima
también encabeza una fuerte pero divisiva campaña para expulsar a Venezuela de
la OEA apelando a la Carta Democrática
Interamericana (CID) que establece que «cualquier alteración
inconstitucional o interrupción del orden democrático en un Estado del
Hemisferio constituye un obstáculo insuperable a la participación del gobierno
de ese estado en el proceso de Cumbres de las Américas».
Reclamar el derecho democrático es una batalla política. Fue, después de
todo, la promesa del regionalismo sudamericano y de las relaciones
interamericanas. Pero el mismo imperativo de la democracia, codificado en la
gobernanza regional, carece de una definición y criterios sobre cómo defender
los derechos «colectivos», también clave en el proceso de democratización.
Derechos de las mujeres y dignidad: entre
la promesa y la trampa
La crisis de Venezuela y su daño social no son neutrales. Afecta a las
mujeres, a sus derechos y elecciones de formas distintivas, particularmente en
términos de derechos reproductivos y salud sexual, generando vulnerabilidades y
violencia de género. Venezuela tiene una de las tasas de embarazo adolescente
más altas en el mundo y en América Latina, incluso desde antes del colapso
económico. La anticoncepción formaba parte del derecho que gozaban las mujeres
durante el gobierno socialista. Pero desde 2005 la Federación Farmacéutica
Venezolana estima que la provisión de anticonceptivos en el país ha
disminuido 90%. Esto está provocando un aumento de las enfermedades de
transmisión sexual, en particular el VIH, los abortos ilegales y un aumento de
la esterilización. Según Amnistía
Internacional, entre 2015 y 2016 la mortalidad materna aumentó 65% en
Venezuela, anulando los avances recientes y volviendo a la situación que
prevalecía hace veinticinco años. Las principales causas incluyen la falta de
medicamentos, herramientas, equipos y recursos médicos básicos, y el número
cada vez menor de personal médico, vinculado principalmente a la migración. La
situación ha llevado a muchas mujeres embarazadas en situaciones desesperadas y
de miedo a la muerte materno-neonatal, a embarcarse en un éxodo hacia países
vecinos –Brasil y Colombia– para dar a luz. El número total de llegadas a los
países vecinos, según el ACNUR,
ha aumentado de manera constante a 5.000 por día a principios de 2018. De los
más de 56.000 venezolanos que cruzaron en enero de 2018, 40% son mujeres. Su
exposición a la violencia, riesgos, e inseguridades y los sentimientos contra
la inmigración que comienzan a manifestarse en la región revelan las luchas
diarias de mujeres y de su ejercicio por el acceso a necesidades y derechos básicos.
En este contexto, las naciones sudamericanas y las organizaciones regionales
deben salvaguardar el «derecho a decidir» para evitar la trampa que afecta la
realizaciónde los derechos y la dignidad de las mujeres, más allá de los
principios constitucionales.