Transición energética verde

Desde finales de 2020, todos los tipos de materias primas resumidos en los índices de precios se han encarecido, en especial y con mayor rapidez las materias primas críticas¹. Las razones son múltiples: además de las expectativas de crecimiento económico tras la pandemia de covid-19 y las consecuencias de la guerra en Ucrania para el suministro mundial de materias fósiles, los programas gubernamentales y supraestatales anunciados en todo el mundo para la transición energética hacia la «neutralidad climática» también están impulsando las expectativas de beneficios y precios. Uno de estos programas es el Pacto Verde Europeo de la Comisión Europea², cuyo objetivo es descarbonizar la economía de la región para 2050, es decir, hacerla neutra desde el punto de vista climático. Dado que se plantea que la neutralidad climática se logra principalmente mediante la electrificación de la economía y la movilidad, es esencial el acceso a metales como el cobre –necesario para conducir la electricidad– o el litio –que se almacena en baterías–. La Agencia Internacional de Energía (aie) prevé que, para 2040, la demanda de litio se multiplicará por 43 con respecto a la de 2020, y la de cobre lo hará por 28³.

El gobierno alemán persigue objetivos similares con la transición energética: para 2030, se matricularán 15 millones de automóviles eléctricos, según los deseos de la «coalición semáforo», nombrada por los colores de los partidos que gobiernan actualmente: el Partido Socialdemócrata de Alemania (spd, por sus siglas en alemán, rojo), los liberales del Partido Democrático Libre (fdp, por sus siglas en alemán, amarillo) y Alianza 90/Los Verdes. Con el telón de fondo de la guerra de Ucrania, el gobierno también busca la expansión de las energías renovables en el sector eléctrico, al tiempo que modifica su discurso: en vista de las ahora problemáticas importaciones de gas, carbón y petróleo de Rusia, las energías renovables ya no son solo un medio de protección del clima, sino que se han convertido en una «cuestión de seguridad nacional»⁴ y en «energías de la libertad»⁵. 

Tanto la Unión Europea como la «coalición semáforo» alemana centran la transición energética en la modernización ecológica del sistema capitalista a partir de soluciones tecnológicas, y en la innovación científica para hacer frente a la crisis energética y climática. Estos organismos quieren obtener parte de las materias primas necesarias para esta transición energética verde y corporativa por medio del reciclaje. Sin embargo, la mayor parte se importará de los países que tienen grandes yacimientos y que históricamente han desempeñado el papel de proveedores de materias primas en la división internacional del trabajo de la producción capitalista de mercancías, es decir, las naciones de África y América Latina.

Este posicionamiento encaja con lo que Pablo Bertinat y Jorge Chemes llaman «transición energética corporativa»⁶, un modelo que se caracteriza por una perspectiva «estrictamente tecnoeconomicista hegemónica». El objetivo principal es emitir menos gases de efecto invernadero, incrementar la seguridad energética garantizando el acceso a nuevas fuentes de energía renovables y recursos estratégicos a escala global, y sostener un crecimiento verde ilimitado. De esta manera, las relaciones de desigualdad global se mantienen. Las corporaciones transnacionales desempeñan un papel importante en esto, ya que son ellas las que invierten y controlan las nuevas infraestructuras, plantas de producción, minas, investigación y transporte. 

Por lo tanto, se teme que la modernización ecológica orientada a la descarbonización en el Norte global pueda promover un nuevo superciclo de los commodities⁷. Esto podría traducirse en una nueva fase de acumulación mediante la expropiación de materias primas, suelos y propiedades de la naturaleza en el Sur global, como el viento y la radiación solar. A diferencia del último superciclo de principios de la década de 2000, esta vez la atención no se centra únicamente en los combustibles fósiles y en los metales preciosos e industriales, sino también en los «lubricantes» que deben impulsar una economía verde y electrificada de alta tecnología. Además de las materias primas críticas ya mencionadas, esto incluye el hidrógeno verde.

Hidrógeno verde

Se plantea que el hidrógeno verde debe tener una alta prioridad en la transición energética. Su método de producción utiliza energías renovables, mientras que el hidrógeno gris se produce con fuentes de energía fósiles. Si las emisiones de co2 resultantes se almacenan bajo tierra, se habla de hidrógeno azul. En junio de 2020, el gobierno alemán de entonces, una coalición entre democristianos y socialdemócratas, adoptó una estrategia nacional para el hidrógeno. En ese momento se fijó el objetivo de producir 14 teravatios/hora de hidrógeno verde en Alemania para 2030⁸; sin embargo, esto está lejos de cubrir la demanda estimada. Los huecos se cubrirán con importaciones de «países en desarrollo, ricos en sol y viento» que «tienen un alto potencial de energías renovables»⁹. La «coalición semáforo» sigue con esta estrategia en sus esfuerzos por asegurar el futuro suministro de hidrógeno para Alemania mediante negociaciones bilaterales. Las llamadas «asociaciones de hidrógeno» ya se realizan con Marruecos, Sudáfrica, Namibia y Chile. Este tipo de colaboraciones también podrían establecerse próximamente con otros países latinoamericanos como Colombia, Argentina y México. 

Para garantizar el suministro de hidrógeno verde y asegurar un acceso privilegiado, el gobierno federal y las empresas alemanas también participan en el desarrollo de plantas de hidrógeno verde en el Sur global. Por ejemplo, Siemens Energy va a construir y dirigir una planta de 20 mw de electrólisis con el objetivo de producir hidrógeno verde para Ecopetrol en Cartagena, Colombia¹⁰. En Punta Arenas, Chile, la empresa de automóviles alemana Porsche, junto con Siemens Energy y otras empresas internacionales, ha construido una planta industrial para la producción de e-fuels a base de hidrógeno verde¹¹. Asimismo, Alemania participa, junto con otros países, en la Clean Hydrogen Mission (Misión Hidrógeno Limpio), fundada en 2021, cuyo objetivo es avanzar en el desarrollo del llamado «hidrógeno limpio» en todo el mundo y reducir los costos de producción y transporte. La ampliación de las capacidades de producción y el desarrollo de infraestructuras para el transporte de hidrógeno verde son también el objetivo de la plataforma h2lac, lanzada en noviembre de 2021 por la Sociedad Alemana de Cooperación Internacional (giz, por sus siglas en alemán) en cooperación con el Banco Mundial, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y la ue¹². 

Este tipo de iniciativas bi- y multilaterales se acompañan de un discurso «todos ganan» (win-win). Lo que no se dice es que la producción de hidrógeno verde requiere la construcción de gigantescos parques eólicos y solares, del mismo modo que la electromovilidad requiere la explotación de enormes cantidades de litio, cobre y otros metales. La presión sobre los ecosistemas, los medios de subsistencia y los modos de vida en aquellas regiones que ya han sido disputadas durante años en términos de explotación, control, acceso y conservación debido a su abundancia de materias primas aumentará, muy probablemente, a raíz del extractivismo verde.

Extractivismo verde

Con la expresión «extractivismo verde», activistas y científicos critican la explotación y la apropiación capitalista de las materias primas, las propiedades naturales (como la radiación solar o el viento) y la mano de obra, especialmente en el Sur global, con el fin de llevar a cabo una transición energética verde basada principalmente en innovaciones tecnológicas. Por lo tanto, lo verde no es sinónimo de un uso de la naturaleza respetuoso con el medio ambiente y socialmente justo, sino de la reestructuración de la economía, la energía y el transporte. La explotación de los recursos se convierte en un medio para el extractivismo verde, compatible con los objetivos de desarrollo sostenible (ods) e inevitable para el camino hacia un futuro con bajas emisiones de carbono¹³. La crítica asociada al concepto, por otra parte, apunta a las condiciones y consecuencias estructurales de la transición energética verde-tecnológica, que afianza las relaciones globales de desigualdad y explotación. Aquí también entra el concepto del llamado «colonialismo verde»¹⁴, el cual destaca que la explotación y la apropiación de las materias primas para la modernización ecológica van de la mano de un creciente control e influencia de las empresas transnacionales, las organizaciones internacionales, los gobiernos occidentales y fracciones del capital nacional sobre la política, los territorios y el trabajo en aquellas regiones que son (o deben ser) «sacrificadas» para la modernización ecológica¹⁵.

El extractivismo verde no se opone al llamado «neoextractivismo» que surgió como modelo económico y de desarrollo hegemónico en América Latina a principios del siglo xxi, cuya característica es la explotación y, principalmente, la exportación de materias primas fósiles, metálicas y minerales, así como de productos agrícolas, con consecuencias fatales. Por mencionar algunas: la destrucción ecológica y la intensificación de los conflictos sociales; la alta dependencia de los presupuestos estatales de los países extractores de las rentas de recursos naturales debido al bajo valor añadido, que asegura altos beneficios a las empresas transnacionales; la destrucción de los medios de vida alternativos en las zonas rurales; y el aumento de la violencia durante la ejecución de proyectos extractivistas¹⁶. 

Sin embargo, el extractivismo verde se diferencia del neoextractivismo, por un lado, en los discursos utilizados para legitimarlo. Al estar al servicio de los objetivos ecológicos, actores estatales, internacionales, del sector privado y ong ambientales describen esta forma de explotación natural como respetuosa del clima, promotora del desarrollo, sostenible, progresista y ecológicamente moderna. La ue promueve la alianza h2lac como una oportunidad para combinar la protección del clima en Europa con la promoción de la transición energética y el crecimiento económico sostenible en América Latina¹⁷. De este modo, surge un nuevo dispositivo de desarrollo verde que vincula las soluciones tecnológicas a la crisis climática con la modernización ecológica y el desarrollo económico¹⁸. Por otro lado, los gobiernos de los países extractores desempeñan un papel mucho más activo en el extractivismo verde, ya que también impulsan la explotación de materias primas críticas y la expansión de las energías renovables con el objetivo de llevar adelante una transición energética en sus propios países.

El extractivismo verde en América Latina

Gracias a las cantidades de cobre y litio, muchos países latinoamericanos resultan propicios para la producción y exportación de hidrógeno verde. Junto con las decisiones políticas de las últimas décadas, se posibilitan las condiciones marco para el surgimiento del extractivismo verde en la región. En la década de 1990, varios gobiernos, bajo la presión del Fondo Monetario Internacional (fmi) y del Banco Mundial, tomaron medidas para liberalizar y privatizar sus sectores agrícolas, mineros y energéticos, y crearon las estructuras político-institucionales para la apropiación de la tierra, los metales, minerales e hidrocarburos. En la actualidad, nuevas reformas favorecen la inversión privada en los sectores verdes para promover la explotación, la producción y la exportación de materias críticas como litio, cobre e hidrógeno verde. Estas reformas cuentan con el apoyo de organizaciones financieras internacionales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (bid), la Cepal, la ue y agencias nacionales de desarrollo como la giz¹⁹. 

Varios países latinoamericanos han aprobado leyes y programas para una transición energética en los últimos años, como México (en 2015), Argentina (en 2015 y 2021), Colombia y Perú (en 2021). En Chile, el gobierno del presidente de izquierda Gabriel Boric, en el poder desde marzo de 2022, está preparando una ley de transición energética. Los primeros debates sobre un proyecto de ley tuvieron lugar en abril de 2023²⁰.

El objetivo común de estas iniciativas es la eliminación progresiva de los combustibles fósiles y el paso a las energías renovables mediante el fomento de la energía eólica y solar, la energía hidroeléctrica y geotérmica, la electromovilidad y la producción de hidrógeno preferentemente verde, pero también azul y gris. Además de la transformación hacia la producción de energía renovable y la electromovilidad en Chile, los programas y leyes también pretenden ganar la carrera por el liderazgo del mercado mundial en la exportación de energías renovables, especialmente hidrógeno verde. 

Perú es el segundo productor mundial de cobre después de Chile. La producción anual ya casi se ha duplicado, pasando de 1,3 a casi 2,5 millones de toneladas entre 2012 y 2019. Después de los descensos de producción relacionados con la pandemia en 2020, la producción ha vuelto a aumentar de forma constante desde 2021²¹. 60% de los ingresos por exportación del país proceden del sector minero; por lo tanto, Perú depende económicamente de las materias primas, que seguirán aumentando según las previsiones actuales de precios y demanda. Destinos importantes para la exportación del mineral de cobre peruano son China, Estados Unidos, Alemania y Japón, que cuentan con la mayor capacidad de procesamiento industrial del mundo. También se espera que la producción de litio orientada a la exportación en Bolivia, Chile y Argentina aumente ante los elevados precios del mercado mundial o siga generando ingresos para los Estados, aunque bajo diferentes auspicios en cada caso. El gobierno boliviano del presidente progresista Luis Arce intenta –hasta ahora sin resultados– promover la creación de valor interno mediante el desarrollo de su propia industria de transformación. Argentina es diferente: cuenta con enormes cantidades de litio no explotado hasta ahora, el doble de lo que podría producir aun el vecino Chile. Con los 13 nuevos proyectos que se van a llevar a cabo con empresas transnacionales, el gobierno argentino del presidente liberal progresista Alberto Fernández quiere hacer una importante contribución a la seguridad del suministro mundial en el futuro, atraer nuevas inversiones al país y ampliar la cartera de exportaciones. Si los proyectos se hacen realidad, los analistas ya clasifican a Argentina como una nueva potencia mundial en el mercado del litio²². En Chile, el gobierno de Boric ha presentado nuevas normas para el uso de las aguas superficiales y subterráneas con una reforma del Código de Aguas aprobada en abril de 2022²³. Esto restringe severamente la obtención de agua en ecosistemas sensibles y regiones glaciares. En consecuencia, la extracción de litio, que hace un uso intensivo del agua, se enfrenta a una estricta legislación sobre este recurso, que podría ponerle límites. Sin embargo, el desierto de Atacama, en el norte de ese país, no solo es rico en litio, también es una de las regiones del mundo con mayor radiación solar directa, mientras que la Patagonia, al sur, tiene un enorme potencial eólico. En ambas regiones se promoverá la generación de electricidad con plantas fotovoltaicas a gran escala y con parques eólicos. Aquí también se acelerará la expansión de la producción de hidrógeno verde. A partir de 2030, Chile quiere convertirse en el mayor exportador mundial del codiciado portador de energía verde. El anterior gobierno colombiano, del presidente conservador Iván Duque, formuló planes igualmente ambiciosos, por ejemplo, la instalación de parques eólicos marinos en el Caribe, así como parques eólicos y solares en el norte del país (en la provincia de la Guajira). Al igual que Chile, Colombia quiere ampliar su cartera energética orientada a la exportación de energía verde en forma de hidrógeno. 

Queda por ver hasta qué punto los gobiernos de izquierda de Chile y Colombia conseguirán anteponer la protección del medio ambiente, así como los intereses nacionales de una transición energética sostenible y justa, a las exportaciones de materias primas, con el telón de fondo de la crisis energética mundial y el aumento de los precios y de la demanda global, además de las crisis económicas y sociales en el ámbito nacional. En el caso de Colombia, desde el estallido de la guerra en Ucrania y la paralización por parte de la ue de las importaciones de carbón procedentes de Rusia, el país ha aumentado la producción de este mineral con fines de exportación.

Lucha contra el extractivismo verde

Desde hace años hay protestas contra el extractivismo en América Latina. En su mayoría, están dirigidas por movimientos ecoterritoriales²⁴, es decir, por alianzas entre movimientos ecologistas, campesinos, pueblos indígenas y afrolatinoamericanos y organizaciones urbanas juveniles. La base de estas protestas gira en torno de la destrucción de la tierra, el desplazamiento y el reasentamiento forzoso, la contaminación del aire y del agua, y el cambio de los derechos de uso y acceso a los bienes existenciales. Además, demandan participación democrática, descentralización, distribución de los beneficios, niveles de compensación y acceso al trabajo. Las protestas contra la minería no se refieren únicamente a sus pros y contras, sino también a cuestiones fundamentales de las relaciones de poder sociales y globales, como la desigualdad social, la pobreza, el desprecio de los derechos, la explotación de la mano de obra, la aplicación autoritaria de los proyectos económicos y la externalización de los costos ecológicos y sociales a aquellas zonas del Sur global que, a menudo, son consideradas por las empresas y los gobiernos como «espacios vacíos» y/o «poco desarrollados». 

Para citar un caso, las movilizaciones contra la minería de cobre en Perú muestran las dimensiones sociales y político-institucionales de estas protestas. El cobre es extraído en ese país principalmente por empresas transnacionales en minas industriales a gran escala. Este tipo de producción es intensiva en capital, pero no en mano de obra. La población rural de las regiones mineras, mayoritariamente indígena, en contadas ocasiones encuentra empleo en las minas, mientras que la minería del cobre –como resultado del desplazamiento, la falta de compensación y la destrucción del medio ambiente– elimina sus medios de vida y viola sus derechos, así como sus necesidades básicas. La mina de cobre de Las Bambas, explotada por la empresa china Minerals and Metals Group (mmg), es especialmente disputada. mmg suspendió la producción de cobre a finales de abril de 2022, ya que más de 100 miembros de una comunidad indígena la ocuparon. Debido a la construcción de la mina, perdieron sus tierras y aldeas, y por ello exigían una compensación adecuada y justa por el reasentamiento, inversiones en infraestructura social y productiva para asegurar los ingresos y los medios de vida, y el cese de la destrucción del medio ambiente. Los participantes en la protesta subrayan que las comunidades locales están siendo engañadas por las empresas mineras²⁵. 

Estas movilizaciones en territorio peruano se llevan a cabo hace años y seguramente continuarán bajo los auspicios verdes. En la carrera por el cobre y el litio se sacrifican las necesidades básicas, los derechos y los medios de vida de aquellos grupos de población que no son considerados «necesarios» para la conveniencia del extractivismo verde, esto es, la población indígena, afro y campesina rural. 

Por ello, también se está articulando una resistencia contra la extracción de litio en los salares andinos, que constituyen la base del sustento de muchos pueblos indígenas. En sus protestas, estos exigen la protección de sus derechos culturales, territoriales y existenciales, así como los de este ecosistema tan sensible. También se disputa en los países de la región andina la expansión de la generación de energía a partir del viento y el sol para la producción de hidrógeno verde. 

En el norte de Colombia, las comunidades wayuu protestan contra el establecimiento de megaproyectos eólicos en sus territorios. Se trata de las mismas zonas en las que la minería del carbón orientada a la exportación ya ha provocado un enorme trastorno ecológico, sanitario y social²⁶. Junto con movimientos nacionales, ong y socios internacionales, las poblaciones indígenas llevan años de rechazo frente a la destrucción de sus medios de vida a causa de la explotación de los recursos fósiles. En el contexto del creciente deseo de energía verde del Norte global, estas áreas están sufriendo una doble presión, pues es aquí donde la extracción de combustibles fósiles se solapa con los proyectos de minería verde y los proyectos a gran escala para la generación de energía renovable, electricidad que se necesita urgentemente para la producción de hidrógeno verde. Con la destrucción de sus medios de vida, las poblaciones de las regiones mineras tienen que pagar el precio más alto para asegurar el suministro de energía y resolver la crisis climática mundial, a la que han contribuido en mínima proporción.

Perspectivas

Actualmente se está fijando el rumbo político-institucional mundial para la implementación de una transición energética verde-tecnológica o, en otras palabras, una transición energética corporativa. Las reglas son formuladas, principalmente, por los representantes del capital privado, las instituciones financieras internacionales, las agencias y bancos de desarrollo, la Cepal, las agencias energéticas nacionales e internacionales y los gobiernos del Norte global –con o sin la participación de los gobiernos latinoamericanos–. Esto no es sorprendente, ya que estos actores cuentan con el capital necesario para construir una infraestructura de producción verde, de transporte y de explotación de recursos. 

Por el momento, no sabemos hasta qué punto Chile, por ejemplo, conseguirá evitar las extremas distorsiones ecológicas provocadas por la minería del litio, reforzar los derechos de la población indígena del país y utilizar el potencial de las energías renovables prioritariamente para el consumo interno, mediante una estricta legislación medioambiental reguladora. Lo mismo ocurre en Colombia, donde el presidente Gustavo Petro y la nueva ministra de Minas y Energía, Irene Vélez Torres, han dejado claro que quieren romper con el modelo extractivista y fosilista del pasado, y buscan promover una transición energética justa. Los movimientos sociales de los países cuyos gobiernos no pueden o no quieren hacer cumplir normas ecológicas y sociales no solo deberán enfrentarse a la expansión de un extractivismo verde, sino a un discurso verde hegemónico que dificulta aún más el establecimiento de alianzas internacionales. El discurso de la transformación verde difiere considerablemente del utilizado por los defensores del neoextractivismo para legitimar sus acciones. Ya no se trata solo del desarrollo, sino de la modernización verde, el progreso verde, la sostenibilidad y la solución de la crisis climática, ¿quién podría oponerse a ello? 

Sin embargo, existen varios puntos de partida para politizar la profundización de las estructuras de explotación a través de la transición energética verde. La reducción de las emisiones de co2 a través de soluciones enfocadas en la tecnología desde Europa provocará más distorsiones socioecológicas en los países del Sur global. La enajenación de la tierra sigue siendo objeto de luchas políticas y de contramovimientos. Varios enfoques de una transición energética socioecológica justa y popular se discuten y practican en el movimiento postcrecimiento, en cooperativas de energía y de agroecología, en enfoques ecosocialistas y en las luchas feministas-indígenas²⁷. La tarea de una política de transición energética emancipadora de izquierdas es conectar estas luchas transnacionalmente. 

Al mismo tiempo, es necesario reformar radicalmente el camino de la transición energética verde que se ha emprendido y que probablemente no pueda evitarse del todo. El litio se seguirá extrayendo, al igual que el cobre. La producción de hidrógeno verde aumentará, la cuestión crucial es saber en qué condiciones políticas ocurrirá esto en los países de América Latina. Por lo tanto, paralelamente al desarrollo de enfoques alternativos de transición energética, una intervención de la izquierda emancipadora debería consistir en el fortalecimiento de las fuerzas que en América Latina y en todo el mundo intentan limitar el inminente extractivismo verde con una estricta legislación medioambiental, democrática y de política social. 

El objetivo de estas regulaciones legales debe ser detener la destrucción de los ecosistemas frágiles, los hábitats, las bases existenciales y la biodiversidad. La región andina y las selvas tropicales son dos de las regiones más biodiversas del mundo, y ambas han mostrado, en una comparación global, la mayor pérdida de especies en los últimos 50 años. Las áreas con especies amenazadas y los ecosistemas que son imprescindibles para la reproducción socioecológica, como los glaciares, bosques y salares andinos, así como las cuencas hidrográficas, los páramos, el agua, etc., deben ser declarados bienes comunes. Dentro de esas zonas, la explotación extractiva y destructiva de las materias primas debe prohibirse, mientras que las formas existenciales de apropiación y uso de la naturaleza en el sentido de la «conservación convivencial» deben seguir siendo posibles. Una izquierda emancipadora tiene la tarea de convertir radicalmente la protección medioambiental liberal y orientada al mercado hegemónico de la década de los 90 en una política medioambiental social-ecológica y democrática. La protección liberal del medio ambiente se centra en la gestión neutral de los costos de las consecuencias ecológicas negativas de la explotación de los recursos; un ejemplo de ello son las compensaciones de biodiversidad (biodiversity offsets), en las que las empresas mineras invierten en la conservación de la naturaleza en otros lugares para «compensar» los daños ecológicos causados por una mina. Una política medioambiental social-ecológica y democráticamente constituida se negocia públicamente y se centra en la protección de las necesidades reproductivas de la naturaleza y de la vida comunitaria. Esta se basa en un concepto amplio de trabajo que tiene en cuenta tanto el aspecto productivo como el reproductivo y los principios básicos del Acuerdo de Escazú (acceso a la información medioambiental, participación pública, derecho a presentar quejas). Además, se refiere a una democratización de la economía, de la política energética y de las materias primas, las cuales deberían ser el objetivo de las reformas legales progresivas. 

El control democrático de la producción, del consumo de energía, de la explotación y del uso de los recursos naturales significa organizar estos ámbitos centrales de la reproducción social de forma descentralizada y orientada al bienestar público, en lugar de hacerlo de forma privada. En el contexto del acceso desigual a la energía y de la crisis climática, hay que negociar políticamente cómo se produce, distribuye y utiliza la energía, quién lo hace y para qué. Frente a la transición energética verde y al extractivismo verde en expansión, la orientación hacia el bien común en el ámbito de la política energética y de materias primas debe crear condiciones marco legales que prioricen la reducción de la pobreza energética a las exportaciones, y convertirlas en un requisito para las inversiones internacionales. Por ejemplo, las exportaciones de hidrógeno verde tendrían que someterse al principio de adicionalidad en una política energética destinada al bien común. Esto quiere decir que el desarrollo de una infraestructura de hidrógeno verde debe ser útil primero para los países y sociedades proveedores.

Nota: la versión original de este artículo fue publicada por la Oficina Región Andina de la Fundación Rosa Luxemburgo con el título: «Transición energética y extractivismo verde. La transición energética en Europa anuncia el extractivismo verde en América Latina», Serie Análisis y Debate No 39, 9/2022.