Qué son los cuidados

Por «cuidados» se entienden cosas muy diversas. Nos cuidan nuestras madres, los sistemas de salud, las redes comunitarias… Si pasamos de este concepto atrapatodo a uno más preciso, los cuidados son el conjunto de actividades que nos permite dedicarnos a todo lo que no es cuidar: estudiar, trabajar o disfrutar de la vida requiere que se haya atendido la preparación de los alimentos, el lavado de la ropa, la limpieza de la casa, pero también necesidades afectivas y emocionales… Estamos frente a aspectos materiales, económicos y psicológicos fuertemente entrelazados¹. Los cuidados son la «carretera» física, afectiva y emocional por la que circula la vida. Como toda carretera, no la construye una persona ni una familia; se construye desde y con el Estado. Desde la política pública se pone asfalto, se contrata a terceros, se ordena el tránsito… El equivalente en materia de cuidados es una política pública que garantiza remuneración para cuidar ante nacimientos y servicios públicos de calidad en etapas posteriores de la vida.

En cada momento, buena parte de la sociedad necesita de terceras personas para atender sus cuidados. Hay personas cuidado-dependientes y hay personas cuidado-proveedoras. Cuidado-dependientes son generalmente niños, niñas, personas adultas mayores, personas con distintos tipos de discapacidades o con algún grado de dependencia. También lo son, como muestran las encuestas de hogares, buena parte, si no la mayoría, de los hombres adultos. Cuidado-proveedoras son, principalmente, las mujeres.

Ellas cuidan, ellos no

Una parte de los cuidados se ofrece mediante el trabajo remunerado; otra, mediante el no remunerado. Los cuidados remunerados dan lugar a un importante sector de la economía, en general pobremente pagado. Las trabajadoras domésticas, un cuarto de toda la fuerza laboral femenina, son un claro ejemplo. Son indispensables y, a la vez, cobran salarios muy bajos. A fines de 2019, en promedio, los cuidados no remunerados representaban 46% de todas las horas trabajadas en América Latina, 76 de cada 100, en manos de mujeres: 8 horas diarias en comparación con las 2,4 horas diarias aportadas por hombres².

El uso del tiempo masculino dedicado a los cuidados es un recurso distribuido «democráticamente» entre clases sociales: se cuida tan poco en la parte inferior como en la superior de la distribución del ingreso, y tampoco importa incluso la presencia de hijos e hijas, los años de educación o los ingresos³. Las mujeres son otra historia: su dedicación a los cuidados es profundamente desigual entre clases sociales. Mientras que en el extremo superior de la distribución de ingresos las mujeres dedican menos de cuatro horas al día al trabajo de cuidados no remunerado, en el extremo inferior de la distribución del ingreso le dedican, en promedio, ocho horas diarias⁴.

En los años 2000, cuando las economías y los salarios crecían, la expansión de la fuerza laboral femenina se estancó. Ello sorprendió porque había trabajo disponible y porque el estancamiento era además mayor entre las mujeres de menores ingresos que más necesitaban empleos remunerados⁵. La responsabilidad de los cuidados fue la principal causa del estancamiento: mientras las mujeres de mayores ingresos compraban cuidados, las de menores ingresos solo se tenían a ellas mismas, a sus madres, hermanas e hijas. Porque mientras los mercados laborales se feminizaban, la división sexual del trabajo permanecía inalterada⁶.

El Estado cuida poco

Los cuidados son el componente menos desarrollado en los sistemas de protección social en América Latina. El que los gobiernos no aborden o aborden escasamente las responsabilidades de cuidado limita los alcances de la protección social, acentúa el rol de las familias y limita la capacidad de generar ingresos de las mujeres en todos los niveles. Mientras que para los hombres las principales razones para salir de la fuerza laboral son los estudios, la enfermedad o la discapacidad, para las mujeres son las responsabilidades familiares⁷.

Durante los 15 años de política social expansiva que tuvo lugar entre 2000 y 2015, académicas y activistas feministas y algunos gobiernos impulsaron avances para reorganizar los cuidados⁸. Además, los cuidados llegaron al derecho y a la normativa nacional y regional⁹. Así, el tiempo remunerado para cuidar a recién nacidos dejó de ser solo para asalariadas y se extendió a las trabajadoras por cuenta propia, temporales y domésticas. En el apogeo del periodo de expansión del empleo formal y las reformas en la política social, alrededor de 2013, la proporción de trabajadoras asalariadas latinoamericanas con derecho a licencia por maternidad era de 41%, pero subía a 48% cuando se contabilizaba a trabajadoras por cuenta propia y domésticas¹⁰. Aun así, muchas mujeres permanecieron excluidas. De las más de 18 millones de trabajadoras domésticas en la región, en su mayoría mujeres, indígenas e inmigrantes, en 2022 77,5% eran informales y menos de 11% tenía seguridad social, licencias por maternidad u otros beneficios¹¹.

Además, el papel asignado a los hombres continuó siendo limitado. La mitad de los países latinoamericanos carecen de licencia remunerada por paternidad y donde existe, dura solo de tres a cinco días¹². Los tres países que han tomado medidas para superar el maternalismo son Chile, Cuba y Uruguay, con licencias parentales potencialmente utilizables por los padres. Sin embargo, ninguno ha introducido hasta la fecha una «cuota para papá» que haga que la licencia no sea opcional ni transferible de padres a madres¹³.

Segundo, durante la segunda mitad de los años 2000, el trabajo de cuidado ingresó en la agenda pública como un asunto que requería esfuerzos estatales, en gran parte como resultado de agencias internacionales, actores estatales y demandas feministas¹⁴. La demanda fue por tiempo remunerado para cuidar, de mayor cantidad y calidad de servicios de cuidado, y de atender los cuidados desde el nacimiento hasta el envejecimiento. Como respuestas, varios países crearon sistemas (Uruguay), redes (Costa Rica) o programas de cuidado (Chile)¹⁵.

A pesar de estas medidas, el trabajo de cuidado todavía se considera principalmente como un asunto familiar y femenino. Luego de dos décadas de contar con la Red Nacional de Desarrollo y Cuidados Infantil definida como de alcance universal hasta los 12 años, Costa Rica, uno de los países con políticas sociales más desarrolladas de la región, solo cubre a 2 de cada 10 niños y niñas en condición de pobreza¹⁶. Además, su licencia por paternidad remunerada data apenas de 2022.

Uruguay es un raro buen ejemplo de un Estado que reconoce a los padres como cuidadores como un derecho paterno, no uno que se desprende de la condición de pareja de la madre. En este país se define la provisión de licencia por nacimiento como una medida para ayudar a fortalecer los vínculos entre padre e hijo, y para promover una paternidad cuidadora¹⁷. A la vez, es el país de la región que logró implementar simultáneamente más medidas dirigidas a vincular masculinidades cuidadoras, a ampliar servicios y a mejorar las remuneraciones.

La pandemia abrió espacio a narrativas transformadoras

Los problemas de política pública no son realidades objetivas al margen de cómo los definimos. Las ideas son importantes recursos de poder para definir la realidad social y no hay política pública sin construcciones discursivas relativas a problemas que traccionen al Estado para atenderlos¹⁸. La forma en que se construye un problema puede definir cómo se soluciona e incluso si un asunto es considerado materia de intervención pública¹⁹, por lo que el modo en que problematizamos las responsabilidades de cuidados y la necesidad de su reorganización se verá reflejado en las demandas por políticas públicas que atiendan a esta problemática. 

Como lo hemos examinado con Diego Sánchez-Ancochea, al inicio de la pandemia de covid-19 se afirmó recurrentemente que el mundo se encontraba ante la oportunidad de reinterpretar muchos problemas sociales y sus soluciones²⁰. Así lo plantearon, por ejemplo, el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (onu), Antonio Guterres, y la entonces secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Alicia Bárcena²¹. Era preciso atacar los arreglos sociales y de política pública para enfrentar no solo el virus sino las crisis y shocks socioeconómicos subsiguientes²². Para ello, con frecuencia llamaron a nuevos pactos que prestaran menos atención al espacio fiscal –es decir, al margen de maniobra existente para responder a las demandas poblacionales determinado por los niveles del déficit fiscal y la deuda pública– y/o que apostaran más a expandir ingresos públicos que a recortar los gastos. 

En este contexto, diversas organizaciones internacionales, nacionales y locales promovieron narrativas que buscaban dar un «giro interpretativo»: de la normalización de la invisibilidad, desvalorización y escasa o nula retribución, al reconocimiento, retribución y reorganización de los cuidados²³. Estas ideas no eran nuevas; tenían décadas circulando en la investigación académica y en el activismo feminista. Lo nuevo fue su amplificación más allá de los feminismos y lo que pareció ser su afirmación en agendas vinculadas al mundo corporativo²⁴ y financiero²⁵.

La pandemia creó un contexto favorable para dar nuevo impulso a ideas que fundamentan la necesidad de masculinidades cuidadoras y de servicios públicos extendidos. La emergencia contribuyó a echar luz sobre lo que en tiempos normales se mantiene en la «trastienda» de la vida en sociedad²⁶. Las medidas de distanciamiento social y los hogares transformados en escuelas, en centros de trabajo y en lugares de cuidado, todo junto y todo de tiempo completo, acentuaron y pusieron como en vidriera cortocircuitos en la organización familiar y femenina de los cuidados. En términos de prácticas, en cambio, las condiciones no estuvieron dadas. Primero, porque durante la emergencia se suspendieron, en lugar de expandirse, los servicios no esenciales, y los cuidados, aun siendo esenciales para la sostenibilidad de la vida, no llegaban a definirse en los mismos términos que el acceso a alimentos y a servicios de salud. Segundo, porque pasó tan rápido que no alcanzó para alterar legados institucionales y sociales profundamente arraigados en el Estado y en la sociedad.

Al final de la pandemia, la austeridad

Muy rápidamente el paso de la pandemia potenció, en buena parte de los gobiernos, las ideas de austeridad por las cuales reducir los déficits es una prioridad que se debe lograr, sobre todo, mediante la reducción del gasto público²⁷. Estas ideas han reaparecido de la mano de las instituciones financieras internacionales en general y del Fondo Monetario Internacional (fmi) en particular. Bajo el concepto de «consolidación fiscal», el fmi promueve actualmente una nueva ola de ajuste estructural. La ampliación del espacio tributario mediante impuestos progresivos se considera peligrosa porque, por ejemplo, los capitales se irán a invertir a otro lado. La responsabilidad fiscal a priori se asimila con la reducción del Estado²⁸.

Así, la austeridad es tautológica: no se puede ampliar la inversión social porque el Estado carece de recursos suficientes, pero a la vez no se puede ampliar la recaudación progresiva de recursos porque esta opción no es, sencillamente, parte del menú de opciones de política. En sociedades altamente desiguales y severamente afectadas por la pandemia, la ampliación de los recursos públicos es condición necesaria para contar con acciones redistributivas de largo plazo. En marcado contrapunto, la austeridad amenaza recurrentemente la posibilidad de garantizar la redistribución de los recursos en sociedades desiguales²⁹. 

La protección del espacio fiscal mediante la reducción del gasto se plantea incluso en términos morales, como condición para preservar la credibilidad y/o la estabilidad del país³⁰. Personas, empresas y también gobiernos, en tiempos difíciles, deben apretarse el cinturón³¹. Esta manera de pensar afecta todas las áreas de la protección social, desde los servicios de salud hasta la protección de la vejez, pasando por los cuidados. Sin embargo, es particularmente amenazante para un componente incipiente o del todo nuevo de los sistemas de protección social como es el de los cuidados.

Por eso, cualquier enfoque que quiera fortalecer el papel del Estado en materia social en general, y de cuidados en particular, debe necesariamente desafiar el argumento de la austeridad fiscal³². No hay alternativa: garantizar responsabilidad fiscal sin renunciar al gasto social necesario, en presencia de un alto nivel de endeudamiento, conlleva necesariamente construir consensos políticos amplios para la creación de nuevos impuestos progresivos.

Ideas, actores y presión

Es difícil pensar en una mayor y mejor intervención estatal en materia de cuidados, sea mediante programas, políticas y/o sistemas, sin una redefinición profunda de las políticas macroeconómicas y de la narrativa en torno del Estado. Para que el «giro interpretativo» en materia de cuidados prospere, los feminismos y sus diversas expresiones organizadas necesitan hoy, más que en otros momentos, disputar la visión macroeconómica y ponerla a jugar desde la calle, los congresos, los Encuentros de la Mujer… en todos lados.

Ello supone ciudadanizar unos cuantos asuntos: primero, separar de manera clara y sencilla el espacio fiscal del espacio tributario; segundo, precisar los términos de la ampliación del espacio tributario mediante mecanismos progresivos como la implementación de impuestos a las grandes fortunas, gravámenes especiales a las industrias que generen impacto ambiental o impuestos a las sustancias dañiñas, como el tabaco; tercero, mostrar claramente para qué se quieren los recursos y la potencialidad de su uso para la sociedad y las economías³³. 

Si los gobiernos vinculan el financiamiento de la inversión social en cuidados a impuestos progresivos, tendrán más oportunidades de lograr el éxito en ambas empresas. Al ponerse en diálogo el espacio fiscal y el tributario, la ciudadanía podrá contar con mejores herramientas para hacer seguimiento del uso de recursos estatales, así como para demandar un uso más transparente y orientado a las necesidades de la población. Además, construir este vínculo ayuda a combatir la retórica de que el Estado solo es corrupto y/o poco importante. La tarea es ardua y, al final del día, mucho dependerá de cuánta gente se movilice por los cambios y con cuánta fuerza.

Nota: la autora agradece a Gabriela Marzonetto, Ana Laura Rodríguez y Diego Sánchez-Ancochea por sus comentarios.