La contundente victoria de Andrés Manuel López Obrador en las elecciones del 1º de julio de 2018 constituye un hecho histórico para México. Los resultados no solo posibilitaron, por primera vez, la llegada de una fuerza ubicada en la izquierda, sino que dinamitaron el poder del viejo Partido Revolucionario Institucional (PRI). No obstante, a partir del 1º de diciembre se verá si la forma de articulación pragmática de intereses –a veces contrapuestos– detrás de formulaciones excesivamente genéricas resulta suficiente para cumplir con la promesa de «moralizar» el país, acabar con la violencia y reducir las desigualdades.

Las elecciones colombianas dejaron en evidencia la profunda crisis de los dos partidos tradicionales y este escenario, entre otras cosas, ha abierto el camino para un fenómeno que nadie preveía: un realineamiento de los electores en un esquema izquierda/derecha. Mientras que Iván Duque triunfó con el apoyo del establishment, Gustavo Petro captó el voto crítico y encarnó una elección con resultados inéditos para una fuerza de izquierda. Resta por ver si persiste o no la polarización vigente desde las negociaciones de la paz y cuáles serán los niveles de autonomía de Duque respecto del ex-presidente Álvaro Uribe, figura central en el escenario político colombiano.

Modelo de la transición posprogresista para otras centroderechas del continente, el gobierno de Mauricio Macri enfrenta una nueva crisis económica y fue en busca de un rescate del Fondo Monetario Internacional (FMI). Ante problemas que creía fáciles de resolver dejando atrás el «populismo» (alta inflación, falta de inversiones), reduce sus expectativas de recrear el apoyo popular y vislumbra un escenario más difícil en las elecciones presidenciales de 2019.

En la India, al igual que en Europa, la izquierda atraviesa grandes dificultades. Más allá de la financiarización de la economía y de la disparidad de las condiciones sociales, este artículo analiza los factores que, desde las dinámicas electorales hasta la penetración de la criminalidad en la clase política, explican la debilidad de la izquierda india, en un contexto de crecimiento del nacionalismo hindú de extrema derecha que hoy controla el gobierno central.

¿Cómo afecta la articulación entre Estado y elites económicas la calidad de las democracias? ¿Es posible regular de forma efectiva la relación entre intereses privados y bienes públicos? Estas preguntas cobran relevancia en la agenda pública, ya que las relaciones entre elites económicas y elites políticas se visualizan más claramente que en el pasado. Varios gobiernos incorporan en sus filas a empresarios, gerentes corporativos y directivos de asociaciones del empresariado, lo que genera múltiples situaciones de conflictos de interés, captura institucional y deterioro de la autonomía. Pero hasta el momento este tema no ha concitado la suficiente atención regulatoria en América Latina.

Los tiempos entre elecciones son importantes: la democracia no es un cheque en blanco que los ciudadanos dan a sus representantes. Entre elecciones, los ciudadanos más comprometidos con sus comunidades actúan políticamente de formas muy diversas, y resulta necesario un marco teórico para ponderar esas formas de acción frente a la actividad de los cuerpos representativos. El lobby o cabildeo legislativo constituye, en este marco, una práctica de incidencia que debe ser mirada con especial cuidado en el contexto de sociedades desiguales como las de América Latina.

La lucha contra la corrupción desde el ámbito judicial asume en nuestrosdías una dimensión moralizante. Los llamados «emprendedores jurídicos» participan activamente en los procesos de exportación e importación de prácticas y modelos de justicia. Pasan a ser, así, agentes de una serie de cambios globales y reformas institucionales que propician la expansión internacional de esquemas políticos y legales para el combate contra la corrupción, que luego son interiorizados por los países periféricos. Y los efectos de esa «cruzada anticorrupción» se vuelven más inciertos cuando se aplican en democracias frágiles, como hoy ocurre en Brasil.

La ética personal igualitaria es condición necesaria, aunque no suficiente, de un programa igualitario. En términos teóricos, esa convicción reconoce raíces muy profundas dentro del pensamiento igualitario, que pueden rastrearse en el pensamiento socialista contemporáneo, el feminismo radical y la tradición política republicana. En línea con ello, la igualdad y la justicia requieren no solo de iniciativas políticas y económicas igualitarias, sino también de ciertas cualidades de carácter orientadas a honrar y sostener ese proyecto igualitario conjunto.

La «zona liberada» constituye un complejo patrón de comportamiento estatal. Aunque suele asociarse a fuerzas policiales corruptas, no es una creación policial, sino un mecanismo informal de gobierno fundamentalmente político. Se trata de espacios sociales en los que las autoridades políticas y estatales comercian la suspensión de la aplicación de la ley a cambio de recursos materiales o inmateriales. En estos espacios «liberados» del Estado de derecho, las autoridades construyen una nueva relación de poder que está al servicio de la resolución de problemas políticos, económicos o sociales.

La perversidad del discurso contra la corrupción, y no la corrupción como problema, brinda indicios de la degradación ética a la que se ha llegado. No se trata de defender la corrupción o de negarla como problema, sino de subrayar cómo la comprensión del flagelo es manipulada por presupuestos ideológicos, morales y jurídicos. Los hechos empíricos son significados de maneras incluso opuestas, dependiendo del interés particular de quien establece las significaciones. Y para el discurso anticorrupción, el régimen político es óptimo, el problema es que hay corrupción. Si eliminamos el flagelo, viviremos felices y en armonía. Administración sí, política no.

A través del análisis comparado de la regulación del lobby o cabildeo en Perú, México, Colombia y Chile, se descubre la existencia de un modelo latinoamericano, en el que junto con elementos comunes al resto de las regulaciones están presentes rasgos propios. El principal derecho a proteger en ese modelo es el derecho de acceso a la información, en el que se enmarca la demanda de transparencia en las decisiones públicas, por encima del derecho de participación y de la igualdad de oportunidades.

El lobby es el producto de una industria especializada, por lo que genera una competencia con la participación ciudadana en el esfuerzo por incidir en las decisiones públicas. Para regular la forma en que se representan los intereses particulares frente a las autoridades, en Chile se aprobó la Ley de Lobby después de más de una década de debate parlamentario. Pese a los avances, urgen reformas que permitan que la legislación incorpore mecanismos tendientes a realizar los principios de igualdad de influencia política, fomento de la participación ciudadana y mayores estándares de integridad en el sector privado.

América Central vive hoy sus tiempos más convulsos desde los acuerdos de paz de los años 90. Un aspecto del debilitamiento democrático está vinculado al financiamiento legal o ilegal de las campañas electorales por parte de grupos privados que buscan movilizar sus intereses particulares una vez que sienten amenazado su acceso privilegiado al Estado. También Venezuela, a través de la empresa ALBA Petróleos, participó del financiamiento de algunas campañas.

Sin medios no hay lobby. Los medios son claves para que las empresas incidan en la toma de decisión política de gobiernos,
legisladores y jueces. En este contexto, los medios invocan la libertad de expresión para defender la libertad de empresa; más
que informar libremente, son «usados» tácticamente por los conglomerados económicos nacionales y transnacionales para
incidir en las decisiones del poder. Esta preeminencia de lo privado en la toma de decisiones es más preocupante en estos tiempos de big data, cuando empresas y poderes vigilan, controlan y dominan.

Los años 60 inauguraron una experiencia de radicalidad política compartida, por primera vez, a escala mundial. La insurrección obrero-estudiantil francesa de mayo de 1968 suele aparecer como un ícono de esos años, a punto tal que algunas de las revueltas posteriores se presentan como réplicas de la experiencia francesa. Un repaso por algunas de esas revueltas y de esos movimientos sesentayochistas revela, por el contrario, el peso de los encuadres nacionales y llama a evitar lecturas simplistas sobre la imitación de las barricadas francesas.