La integración económica latinoamericana muestra algunos avances pero también enormes limitaciones. El artículo repasa los orígenes teóricos de la integración, analiza el exitoso proceso europeo y, finalmente, la sinuosa evolución de la integración en la región. Se argumenta que, en momentos en que comienzan a sentirse los efectos de la crisis económica global, la integración es, para América Latina, una alternativa viable para ganar independencia económica respecto del centro de la economía mundial, ya que permite una utilización más eficiente de los capitales externos, mejora el intercambio de bienes y servicios, contribuye a equilibrar las asimetrías entre países vecinos y, además, beneficia la seguridad regional al profundizar la confianza mutua entre los Estados.

Una vez más, Panamá es una caja negra1 electoral. Los resultados de las elecciones generales del 3 de mayo de 2009, en las que se impuso el candidato opositor Ricardo Martinelli, reafirman la tendencia de los últimos 20 años al voto reactivo y la alternancia, en el marco de un sistema político electoral plutocratizado y todavía muy hermético. La diferencia estriba en que el buque insignia de la oposición no pertenecía a uno de los grandes partidos tradicionales sino a una formación nueva, mientras que el prd, el partido más grande, sufrió un serio revés electoral. El nuevo gobierno es una expresión del acceso directo de los empresarios a la conducción del poder político, sin intermediación, en un momento en el que se ciernen sobre el país los nubarrones de la crisis.

Aunque enfrenta una agenda compleja, que incluye una profunda crisis económica, dos guerras y problemas en Oriente Medio, el gobierno de Barack Obama ha decidido prestarle una atención renovada a América Latina: sus contactos con líderes de la región, los cambios en algunas políticas (en especial, en relación con Cuba) y su participación en la última Cumbre de las Américas ilustran esta estrategia. El enfoque del nuevo gobierno se basa en la decisión de dejar de lado los anuncios rimbombantes y concentrarse en algunos temas particulares, explorar un trato país por país que reconozca las particularidades nacionales y abandonar la omnipresencia de la «lucha contra el terrorismo» para enfatizar temas como las migraciones, el narcotráfico y la energía. Que esta estrategia se mantenga y profundice dependerá de la capacidad de Obama para enfrentar la crisis económica, del ambiente internacional y del complejo juego de los grupos de interés en Washington.

El fracaso humanitario de la guerra de las drogas es evidente. Partiendo de esta base, el artículo analiza la lógica profunda de esta guerra: desde el éxito de las drogas en sociedades altamente ansiógenas hasta la función de control social y político que tal guerra desempeña. Y las externalidades negativas (los tremendos costos en términos de violaciones a los derechos humanos) y positivas (sus efectos redistribuidores en los campesinos pobres y los microtraficantes urbanos). En suma, la guerra de las drogas, que ya lleva cien años, genera costos humanos mucho mayores que los beneficios sanitarios que supuestamente debería producir.

Las estrategias predominantes para controlar la producción, el tráfico y el consumo de drogas ilegales han fracasado en su objetivo de lograr el abstencionismo total y la eliminación del narcotráfico en el mundo. El gobierno argentino ha reconocido este fracaso y ha planteado la necesidad de llevar a cabo reformas tendientes a descriminalizar al consumidor y centrar la energía estatal en el enfrentamiento del narcotráfico. Sin embargo, la precaria situación de Argentina, donde se ha ido estructurando un creciente mercado de drogas ilegales, y los persistentes vacíos institucionales, que impiden un accionar más efectivo, dificultan la implementación de una política integral de control del consumo y del narcotráfico.

Las políticas prohibicionistas integran una normatividad internacional avalada por la onu y aceptada por todos los Estados nacionales. El artículo sostiene que esta estrategia ha generado una discriminación en contra de las sustancias de uso tradicional, una agudización de los conflictos sociales y del deterioro ambiental y una manipulación de la represión antidroga para fines de control político. En este marco, se propone la búsqueda de un nuevo paradigma dentro del cual las políticas de reducción de riesgos y evitación de daños pueden desempeñar un papel crucial. Se trata, en definitiva, de dejar de lado las prohibiciones basadas en elementos externos (una lista de drogas prohibidas) para focalizarse en la responsabilidad de cada usuario: si se puede enseñar a un adolescente a tomar vino, ¿por qué no se le puede enseñar a experimentar con cocaína?

La Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia emitió un informe, basado en el trabajo de científicos y especialistas, en el que recomienda reformar las políticas de drogas en América Latina. El artículo analiza esta propuesta y los principios que deberían guiar la construcción de un nuevo paradigma, desde la proporcionalidad en el castigo hasta la flexibilidad para que cada país pueda aplicar normas que se ajusten a su cultura y su tradición. Luego se evalúan experiencias internacionales alternativas dentro del enfoque de reducción de daños, desde el suministro de jeringas a heroinómanos para prevenir el vih hasta los cafés holandeses en los que se puede fumar cannabis. El texto concluye que es necesario encarar una profunda revisión de las convenciones internacionales sobre el tema para lograr mejores resultados.

Desde siempre, las sociedades tienen que controlar los comportamientos individuales que se considera que generan efectos socialmente nocivos, entre ellos aquellos derivados de las drogas que alteran la mente. El gran cambio del siglo xx es el surgimiento de una normatividad internacional orientada a regular y combatir el uso de drogas consideradas ilegales, cuyo eje es la Convención Única sobre Estupefacientes de la Organización de las Naciones Unidas de 1961. El artículo argumenta que esta norma es un reflejo del paradigma prohibicionista, analiza las dificultades para flexibilizarla y argumenta que impone serias restricciones a los países para manejar sus políticas relacionadas con las drogas. Como conclusión, plantea una «propuesta ingenua» orientada a tratar desde otro lugar el tema de las drogas.

Lo narco no es solo un tráfico o un negocio; es también una estética, que cruza y se imbrica con la cultura y la historia de Colombia y que hoy se manifiesta en la música, en la televisión, en el lenguaje y en la arquitectura. Hay una narcoestética ostentosa, exagerada, grandilocuente, de autos caros, siliconas y fincas, en la que las mujeres hermosas se mezclan con la virgen y con la madre. A lo mejor, argumenta el artículo, la narcoestética es el gusto colombiano y también el de las culturas populares del mundo. No es mal gusto, es otra estética, común entre las comunidades desposeídas que se asoman a la modernidad y solo han encontrado en el dinero la posibilidad de existir en el mundo.

Luego de tres décadas de guerra contra las drogas, los resultados han sido limitados: las hectáreas de coca cultivadas no se han reducido, los impactos negativos en términos ambientales son altos y América Latina ha visto un aumento del consumo. De hecho, ha pasado de ser una región de producción y tránsito a una de consumo. A todo esto se suma el incremento sostenido de la violencia, que muchos atribuyen de manera directa a las drogas. El artículo analiza la relación entre drogas y violencia y asegura que no es posible concluir que haya un vínculo directo de causalidad entre ambas. Se trata en realidad de un tema muy complejo que debería debatirse seriamente, incluyendo las propuestas de despenalización, aunque hasta ahora las posiciones se fundamentan en temas valóricos y morales antes que en datos empíricos.

¿Cuáles son los argumentos a favor de una política de despenalización de las drogas? ¿No implicaría acaso una explosión del consumo? ¿Serviría para eliminar el narcotráfico o los delincuentes reorientarían su accionar a otras actividades criminales? ¿Quién produciría la droga para venderla legalmente? ¿Es posible pensar en una estrategia de estas características para un solo país o es necesario avanzar en un plan global? El artículo plantea estas y otras preguntas –y sus respuestas– en un diálogo imaginario entre un diputado que defiende la legalización y una periodista escéptica.