Últimamente se han multiplicado los comentarios periodísticos y los análisis académicos acerca de un supuesto rearme o del inicio de una carrera armamentista en América del Sur, a partir de la adquisición de equipamiento militar por parte de Chile y Venezuela. Pero un análisis sistemático y detallado desmiente estas hipótesis y permite comprobar que se trata en realidad de procesos de modernización militar con vistas a crear capacidad disuasiva, que no generan reacciones equivalentes del eventual país adversario. El artículo argumenta que es necesario ser cuidadoso, pues los diagnósticos equivocados pueden generar las situaciones que justamente se quiere evitar.

Las últimas encuestas confirman que la inseguridad es uno de los grandes problemas de América Latina. Y no se trata solo de una sensación: el índice de homicidios se ha duplicado desde 1980 hasta alcanzar niveles que podrían calificarse de epidémicos. La clásica respuesta se ha basado en los enfoques policiales y represivos conocidos como «mano dura» que, pese a su popularidad, no han dado los resultados esperados. Por el contrario, este camino impide diferenciar entre la delincuencia organizada y los actos delictivos de jóvenes excluidos y entorpece la elaboración de políticas capaces de enfrentar en profundidad la cuestión. Solo un enfoque integral, que ubique la inseguridad en el contexto social y económico que atraviesa América Latina, permitirá un acercamiento efectivo al problema.

El ajustado triunfo del «No» en el referéndum constitucional del 2 de diciembre de 2007 obligó a Hugo Chávez a ensayar algunos gestos de apertura y moderación. En su discurso ante la Asamblea Nacional, el presidente admitió graves déficits de gestión, sobre todo en áreas sensibles como la seguridad y el abastecimiento alimentario, y dispuso un cambio de gabinete que parece orientado a inyectarle eficiencia a su gobierno. Sin embargo, no ha abandonado su estilo confrontativo, tanto con la oposición interna como en materia de política internacional, y tampoco parece decidido a que el Partido Socialista Unido de Venezuela se convierta en una fuerza pluralista y democrática. En suma, algunos cambios y rectificaciones que no alteran en esencia su plan de avanzar hacia el «socialismo del siglo xxi».

En los últimos años, América Latina demostró que es posible compatibilizar un alto crecimiento económico con avances sociales significativos. Sin embargo, el cambio de algunas condiciones externas, consecuencia de la crisis de Estados Unidos y la inflación mundial, obligan a reflexionar sobre la posibilidad de realizar algunos cambios. Es necesario, en primer lugar, revisar los sistemas tributarios, que en América Latina descansan básicamente en los impuestos sobre el consumo, y elevar la recaudación de los impuestos sobre la renta, de modo de lograr efectos más progresivos. Al mismo tiempo, es importante garantizar el incremento del gasto social registrado en los últimos años, pero también procurar una mayor eficiencia en la asignación de esos recursos. Solo así será posible compatibilizar el desarrollo económico con el bienestar social.

La teoría de la transición sostenía que la democratización de los regímenes políticos conduciría a la prosperidad económica, lo cual a su vez contribuiría a consolidar las instituciones democráticas. Pero este círculo virtuoso, elaborado sobre la base de la experiencia de los países desarrollados, no se concretó en la práctica. América Latina es una región plenamente democratizada que, sin embargo, mantiene niveles críticos de pobreza y desigualdad. Es necesario, por lo tanto, repensar la teoría de la democracia –y su elaboración más reciente a través de la idea de ciudadanía– para incorporar las dimensiones sociales y económicas. Esto implica reformular la relación entre democracia e igualdad, entendida no en el sentido de creación de oportunidades para los individuos, sino como operaciones activas de inclusión de los grupos sociales subalternos.

La experiencia de la Unión Europea, la región del mundo que más ha avanzado en la integración de los mercados nacionales y la construcción de instancias supranacionales, arroja importantes enseñanzas acerca de la relación entre equidad e integración. En la ue, la desigualdad se ha incrementado como consecuencia del ingreso de nuevos miembros, en general más pobres, pero también como resultado del impacto de la globalización y las decisiones económicas adoptadas en el ámbito nacional. La historia de la ue demuestra que, para lograr más equidad social, es necesario tanto revertir la tendencia a la creciente desigualdad intraestatal como acelerar la convergencia interestatal. Para ello es necesario fortalecer la coordinación macroeconómica y pensar en nuevos instrumentos, como un impuesto o un seguro de desempleo europeos.

El análisis de la pobreza y la desigualdad debe ser puesto en el contexto más amplio de las nuevas condiciones globales. El capitalismo actual ha cambiado radicalmente categorías económicas clásicas como el trabajo, hoy considerado un costo variable susceptible de ser ajustado, y el conocimiento, que adquirió más importancia al tiempo que se masificaba. Si el modelo empresarial de posguerra era Ford y el de los 90, Microsoft, el de hoy es Wal-Mart, con sus productos baratos procedentes de China y sus empleos basura. Este nuevo contexto de empresas globales y trabajo flexible es particularmente relevante para América Latina, que si bien goza de una prosperidad inédita debido al auge de las commodities, sigue siendo la región más desigual del planet

Las políticas sociales focalizadas reemplazaron el viejo esquema desarrollista de incorporación y ascenso social mediante la creación de trabajo y la construcción de servicios universales. A 20 años del comienzo de su implementación, una generación de mexicanos ha nacido y crecido bajo este nuevo modelo, que hoy exige una revisión urgente. El artículo sostiene que las políticas focalizadas, aunque útiles para atacar los aspectos más básicos de la pobreza, no han logrado una incorporación social masiva, debido al mediocre crecimiento económico y las nuevas condiciones del mercado de trabajo. Es necesario, por lo tanto, inscribir el debate sobre los programas sociales en el marco más amplio de una reflexión que resitúe la cuestión del desarrollo en el centro de la agenda política.

El debate entre las dos grandes concepciones de la política social ha resurgido en los últimos años. Este artículo argumenta que, aunque la focalización tiene algunas ventajas, una estrategia basada en la universalidad y la solidaridad es la más adecuada para atacar la desigualdad y la pobreza en América Latina. Contra lo que se argumentaba en el pasado, la evidencia estadística demuestra que los efectos redistributivos del gasto público social son más importantes cuanto mayor es la cobertura de los servicios sociales; en otras palabras, que la mejor focalización es una política universal. Pero una estrategia de este tipo implica un esfuerzo fiscal importante, por lo que será necesario revisar los esquemas tributarios de la región y, sobre todo, trabajar en la construcción de sistemas más progresivos.

En sus primeros años de gobierno, Hugo Chávez desplegó una política social basada en programas focalizados, de corte asistencialista y en un marco signado por fuertes tensiones políticas e importantes restricciones económicas. Desde 2003, sin embargo, el aumento acelerado de la renta de origen petrolero permitió desarrollar nuevos programas de mayor amplitud –las misiones– e implementados mediante mecanismos extrainstitucionales. Uno de los objetivos del gobierno es articular esta nueva política social con los esfuerzos por consolidar una «economía social» basada en nuevas formas de organización empresarial, como las cooperativas y las empresas de producción social. Este sería el esqueleto de un nuevo modelo de desarrollo. El artículo argumenta que, más allá de su legítimo propósito de dar respuestas al problema de la exclusión, el modelo luce vulnerable, atado cada vez más al Estado patrimonialista petrolero y sin que se perciba ningún cambio significativo en la esencia rentística que caracteriza la economía venezolana.