Las desigualdades entre los sexos determinan decisivamente las relaciones internacionales. Por un lado, la política internacional presupone concepciones estereotipadas de los sexos, y por otro lado esos estereotipos se fortalecen y perpetúan a través de la práctica internacional. Surge la pregunta sobre las posibilidades de moderar el impulso de los géneros en el ámbito de la política internacional, concebidos siempre jerárquicamente. También en el campo de las relaciones internacionales como saber politológico pueden rastrearse las marcas de miradas que hasta ahora no problematizaron la cuestión de los géneros.

Los procesos de descentralización de América Latina cambian no solamente el marco institucional de los países de la región, sino también las relaciones entre el Estado y la sociedad civil. Es el caso de los pueblos indígenas cuando relacionan la demanda de descentralización con una ampliación de la participación y la representación. Las diferentes formas de comprensión del territorio, su uso y ocupación por parte del Estado y de los pueblos indígenas, limitan sus posibilidades de participación y representación, lo que hace indispensable interpretar la territorialidad de forma diferente y más flexible.

No puede afirmarse de manera consistente que el Desarrollo Humano -difundido por el PNUD- constituya un «nuevo paradigma». No hay paradigmas en ciencias sociales, ni en modelos de desarrollo; y tampoco es nuevo el contenido, en tanto su noción sobre las necesidades humanas es tributaria, por ejemplo, de la Doctrina Social de la Iglesia. Ello no quita valor a que sus posiciones horaden el universo de sentido impuesto por el neoliberalismo; pero su peso efectivo no depende de su valor intrínseco, sino de su capacidad para doblegar favorablemente la relación de fuerzas. Esto no es fácil en tiempos posmodernos, signados por la pérdida de horizontes normativos.

El problema de las teorías de la globalización en relación con el mundo de los trabajadores es que tienden a ver a éstos como meras víctimas materiales de la construcción del nuevo mundo. El capital es activo, móvil y progresista con respecto a la globalización; el trabajo es pasivo, estacionario y básicamente conservador en sus actitudes. Pareciera que el juego ha cambiado y los trabajadores no tienen buenas cartas en su poder. La invisibilidad del trabajo es aún más notable en los análisis de izquierda de la reciente economía mundial, que ven en la globalización el nuevo demonio de nuestra era. Son pocos quienes admiten que no siempre el trabajador está en posición de víctima pasiva. Desde mediados de los 90, los trabajadores a nivel global han comenzado un contraataque. La desorientación de los años 80 parece haber quedado atrás y la recomposición de numerosos movimientos obreros es ya notable. No es que sea un proceso universal, como tampoco irreversible. Pero los sindicatos están asumiendo funciones como representantes de la clase obrera donde han fracasado los partidos de izquierda.

Las páginas que siguen reflexionan brevemente en torno a los caracteres y tendencias principales del sistema político argentino a un año de las elecciones presidenciales de 1999. Se trata de una elaboración preliminar en cuanto en pocas semanas, a fines de noviembre próximo, se sabrá el nombre del candidato presidencial de la Alianza opositora. Esta definición, como veremos, no es un dato menor: es muy probable que defina el perfil de la agrupación tanto en la campaña electoral como en su eventual gestión de gobierno. Al mismo tiempo, el resultado de la primaria aliancista configurará el contexto dentro del cual el PJ (Partido Justicialista), en el gobierno, resolverá -también a través de una primaria en abril de 1999- quién representará al oficialismo peronista.

Ecuador estrenó nuevo gobierno en agosto de 1998. El centroderechista Jamil Mahuad, nuevo presidente de la República, venció por escasa diferencia al magnate populista Alvaro Noboa. El país andino está involucrado en una reforma política de gran aliento, pero al menos dos problemas hacen muy complejo el panorama: la solución del antiguo diferendo territorial con el Perú -que se ha venido construyendo sobre la base de una intensa gestión de las cancillerías de los dos países, en los últimos tres años- y la recesión económica, a la que acompaña un desbarajuste fiscal agudo, que absorbe recursos que podrían ser destinados a políticas sociales. La deuda externa del Ecuador es de 13.000 millones de dólares, debiendo destinarse un 50% del presupuesto estatal para su servicio; el 80% de la población está sumida en la pobreza; por vez primera, en 10 años, la balanza comercial es deficitaria; las condiciones para la existencia de un populismo sui géneris están vigentes.

El Salvador se prepara, en un clima de rupturas y agitación partidaria, para entrar en la ruta electoral de 1999 donde se deberá elegir a la nueva administración gubernamental responsable de liderar las políticas de desarrollo nacional frente a los retos del nuevo siglo. Desde comienzos de 1998, no ha sido difícil constatar la tendencia a un progresivo predominio de las agendas preelectorales de los partidos sobre las necesidades propias del proceso de fortalecimiento de las instituciones del Estado, y sobre los temas prioritarios lanzados a la discusión por diversos actores sociales vinculados al desarrollo nacional. Las encuestas de opinión han permitido, a su vez, percatarse de un persistente desencanto ciudadano de los liderazgos y los partidos políticos, una acentuación de la sensación de inseguridad ciudadana y un casi estable bajo nivel de confianza en las instituciones.

El pueblo panameño rechazó la política neoliberal del presidente Ernesto Pérez Balladares y votó en contra de las reformas constitucionales que le habrían permitido postularse para un periodo de cinco años adicionales en el poder. Al mismo tiempo, el electorado demostró un alto nivel cívico concurriendo a las urnas sin provocar incidente alguno.

La elaboración de alternativas viables de desarrollo industrializador está vinculada con el progreso de un esquema de regionalización latinoamericana que, además de lo comercial, incluya la dimensión monetaria y financiera. En región alguna se logró el desarrollo sometiéndose a las fuerzas del mercado, de la libre empresa y del laissez-faire, sino por medio de relaciones altamente interactivas y efectivas entre los sectores público y privado, caracterizadas por metas compartidas y compromisos incorporados en la estrategia de desarrollo y en la política económica de los gobiernos. La configuración económica internacional de finales de siglo, signada por la desaceleración y el peligro de una profunda crisis deflacionaria, está vaciando de contenido a las tesis monetaristas del FMI y del Banco Mundial, que atacan -en los países periféricos- la acción reguladora del Estado y los procesos de industrialización.

Un regreso a la relaciones laborales de la posguerra, con su apogeo normativo y empírico en los 70 y desde entonces en proceso de erosión, no es realista ni se corresponde con los cambios económicos y sociales. Se ha diferenciado el sistema laboral, como también las demandas de la sociedad hacia el trabajo retribuido. La multiplicidad de formas de empleo y de condiciones de trabajo seguirá aumentando, lo que exige nuevas disposiciones reguladoras si se quiere detener la desintegración social, la profundización de la segmentación del sistema laboral y las brechas entre sexos y generaciones. No se trata solo de encontrar formas de redistribución social del trabajo remunerado, deben desarrollarse formas de empleo diferenciadas que permitan una mejor y más flexible armonización y transiciones entre el trabajo remunerado y otras esferas de actividad no organizadas por el mercado.

A medida que se reestructuran y transforman radicalmente las economías nacionales y se crean nuevas formas de organización social, se está construyendo una nueva economía política en América Latina. Las economías y sociedades de la región reaccionan ante estos cambios y se están reconectando con las exigencias de un mundo cada vez más competitivo e interdependiente. Tales cambios se están produciendo en un contexto de gobernabilidad democrática, lo que abre posibilidades de desafiar el nuevo paradigma neoliberal. En este artículo se argumenta que el estructuralismo y la teoría de la dependencia pueden desempeñar un papel provechoso en este proceso de cuestionamiento y construcción de un paradigma de desarrollo alterno con respecto al dominio actual del esquema neoliberal.

Este artículo contiene una revisión sobre conceptos relacionados con los temas de identidad, desarrollo, y su aplicación a las realidades de países del Tercer Mundo. Se hace luego una comparación estableciendo como casos de estudio a Brasil y la India. Se caracterizan similitudes y diferencias de ambas naciones y se analiza cómo esos rasgos se relacionan con los conceptos previamente determinados de identidad y desarrollo. Finalmente se exponen conclusiones generales sobre el tema. El principal argumento es que la identidad es una condicionante y determinante del desarrollo y que su influencia, aunque difícilmente cuantificable, tiene un papel central alrededor del cual giran otras variables económicas y sociales.

El cuasi proceso de desindustrialización que soporta la Argentina desde hace más dos décadas tiene una serie de causas que si por un lado lo distingue de otras experiencias de América Latina, también completa un cuadro de retroceso económico regional. En el cuadro de elementos que alimentan el círculo vicioso desindustrializador figuran una ineficiente política estatal de promoción industrial, la privatización de los servicios públicos y empresas estatales como área de expansión de grupos fabriles, la compra de industrias del país por parte de trasnacionales, la pérdida de capital humano-técnico por disminución de trabajo especializado, políticas económicas neoliberales que apuestan a la ´justiciaª del mercado internacional, y una clase terrateniente que promueve el regreso a una gloria agroexportadora irrecuperable.

La industrialización en Centroamérica ha recibido un nuevo ímpetu con el desarrollo de un patrón industrializador orientado hacia la exportación, que se manifiesta en el crecimiento de empresas de maquila y la proliferación de zonas francas. El presente artículo intenta evaluar este nuevo esquema en términos de sus efectos sociales, lo que supone analizar sus consecuencias laborales. Para ello se toman como referentes las tendencias históricas, inducidas por la modernización capitalista, que han configurado el mundo del trabajo en la región: la generación insuficiente de empleo; la precariedad de las relaciones laborales; y la constitución de sujetos y actores laborales signados por la vulnerabilidad. La conclusión es que, si bien este nuevo patrón no agrava las tendencias mencionadas, no parece que vaya a tener un impacto significativo en aliviar los problemas sociales de la región.