El cuadro económico adverso y accidentado de los últimos diez años que dio lugar a la definición común de crisis, no sólo sirvió para cuestionar los patrones de desarrollo sobre los que habían marchado los países de la región durante casi cuarenta años. El derrumbe material también puso fin a algunas de las certezas sobre las que cabalgó el discurso político por más de cuatro décadas. Ciertos paradigmas parecen estar definitivamente cuestionados, al menos en los términos en los que se recurría a ellos con la insistencia propia de los lugares comunes.

Los dilemas de la pluriculturalidad no se reducen en este fin de siglo a los conflictos multiétnicos, ni a la convivencia de regiones diversas dentro de cada nación. Las formas de pensamiento y de vida construidas en relación con territorios locales o nacionales son sólo una parte del desarrollo cultural. Por primera vez en la historia la mayoría de los bienes y mensajes que se reciben en cada nación no se han producido en su propio territorio, no surgen de relaciones peculiares de producción, ni llevan en ellos, por lo tanto, signos que los vinculen exclusivamente con regiones delimitadas. Proceden, en cambio, de un sistema trasnacional, desterritorializado, de producción y difusión.

Desde el año 1989 Italia atraviesa un profundo proceso de transformación que abarca todos los subsistemas de la sociedad: la política, la economía, la ciencia y la cultura. Un rasgo sobresaliente de este proceso es la acelerada desintegración de la Primera República Italiana en condiciones económicas signadas por la crisis. La política y la economía se entrelazan en la forma más estrecha posible desde un punto de vista negativo: mientras más se prolonga el vacío político que surgió del hundimiento del viejo sistema de poder, menores son las probabilidades de encontrar una solución rápida y contundente para los problemas económicos más apremiantes.

Entre 1989 y 1990 Colombia vivió la crisis más aguda de su historia reciente, la cual colocó al país al borde de un «colapso institucional». Desde entonces, han triunfado en las urnas dos proyectos de solución a la crisis nacional: uno ya probó suerte y el otro comienza su camino a partir del 7 de agosto. El presidente saliente, César Gaviria, impulsó un neoliberalismo moderado acompañado de una profunda reforma constitucional con signos democratizadores. El presidente electo, Ernesto Samper, busca morigerar el ímpetu neoliberal anterior, responder a la angustiosa deuda social del país y profundizar el reformismo político. Este cambio que se vislumbra entre una y otra administración, amerita un balance tanto de la gestión del gobierno que sale, como de las perspectivas del gobierno que comienza.

La intención de este artículo es proporcionar una descripción objetiva de la perspectiva que tiene Estados Unidos, en este momento, sobre Cuba y dar algunas alternativas de lo que parece ser el futuro. Por más de treinta años EEUU ha mantenido un embargo económico contra Cuba. Esencialmente, el embargo limita el comercio, prohibe la venta de alimentos y medicinas e ilegaliza viajar a Cuba. El embargo fue intensificado aún más después de octubre de 1992, cuando el Congreso de EEUU aprobó la Ley para la Democracia en Cuba o Ley Torricelli (HR 4168). Esta iniciativa tiene por objeto aislar al régimen de Castro e incluye sanciones sobre terceras naciones y filiales extranjeras de las compañías estadounidenses que hagan negocios con Cuba. Esta medida política se suma al abrupto fin de la ayuda económica, técnica y militar soviética - ahora rusa - al régimen de Castro, que ya había comenzado una precipitada declinación de la economía cubana desde 1990. A su turno, la relación entre el Estado cubano y la sociedad está padeciendo una considerable tensión.

Los procesos globales que han llevado a la configuración de un «nuevo orden mundial» (o para algunos, con una visión mas cargada de realismo y escepticismo, «desorden mundial»), con la profundización de la globalización y la interdependencia económica y con el colapso del mundo socialista, han conllevado, a nivel regional, una creciente preocupación por su eventual marginación del sistema económico internacional, una vez desaparecida su relevancia estratégica en el marco de un mundo bipolar. Estos cambios no sólo han dado lugar a la emergencia de un vacío geopolítico en la región y a un redimensionamiento de su agenda de seguridad, sino que amenazan la supervivencia de un grupo de Estados predominantemente vulnerables y de economías tradicionalmente frágiles, altamente dependientes de sus vínculos económicos extrarregionales (tanto en términos de cooperación y de asistencia, como de comercio y de inversiones) a partir de la desaparición de las condiciones privilegiadas que les otorgaba su posición estratégica en la región.

EI sistema político uruguayo se ha caracterizado en el contexto latinoamericano por la excepcional estabilidad de su funcionamiento democrático y por la continuidad y fortaleza de su sistema de partidos. Excepción hecha de la ruptura autoritaria de 1973 extendida por diez años, Uruguay consolidó su sistema democrático en las tres primeras décadas de este siglo y mantuvo un funcionamiento democrático permanente, con garantías electorales, y basado en el respeto a las reglas de juego de parte de todos los actores políticos. Estas características estuvieron acompañadas de una estructuración bipartidista de larga duración en la que, aunque fraccionalizados, los partidos tradicionales uruguayos han sido siempre auténticos partidos con fronteras firmes que dibujan identidades colectivas bien diferenciadas.

Después de los 80, los programas de ajuste estructural han sido concebidos para alentar los procesos de modernización económica a través de una recolocación de las fuerzas del mercado y una reducción del alcance de la intervención gubernamental. Sin embargo no tomaron en cuenta que los países en desarrollo se caracterizan fundamentalmente por empresas y mercados frágiles, gobiernos omnipresentes y débiles al mismo tiempo, y actores sociales sin fuerzas. Si las reformas macroeconómicas fallan al establecer facultades regulatorias y gubernativas (reforma de gobierno, formación de complejos vínculos entre actores estratégicos) y la formación de tramas y estructuras sociales, las tendencias hacia la desintegración social serán mucho más exacerbadas. La competitividad sistémica sin integración social es un esfuerzo inútil.

El presente trabajo muestra que los procesos de ajuste institucional en Argentina y Colombia conducen a reformas importantes de la relación entre el sistema político-administrativo y la sociedad. Esto no obstante, en cuanto a las pautas características de legitimación y distribución, los cambios son apenas parciales. La centralización y la concentración en sus diferentes aspectos siguen siendo rasgos decisivos del régimen político en ambos casos. Esto lleva a una evaluación más bien crítica del potencial modernizador de la descentralización del Estado.

La prioridad que los países miembros del Mercosur conceden a la orientación estratégica en términos internacionales privilegia la reforma comercial liberalizante y la exposición a la competencia internacional como medio para introducir cambios estructurales en la economía. Es indiscutible la necesidad de una mayor apertura a las importaciones, pero se puede dudar de la eficacia de esta medida como instrumento inductor de reformas capaces de redinamizar la industria y hacerla más competitiva tanto en el mercado interno como en el mercado internacional.

La recuperación del crecimiento y de una relativa estabilidad de precios, el saneamiento de las finanzas públicas, el achicamiento del sector público y el regreso de fondos externos de inversión marcan, de acuerdo a los organismos internacionales, el final de la crisis económica de América Latina. El nuevo estilo económico implica una redefinición de ganadores y perdedores. La extrema dependencia de flujos financieros externos gravita negativamente sobre amplios segmentos de la estructura productiva y del empleo, ahonda el malestar social y agrava la vulnerabilidad global del esquema. Las tribulaciones presentes de la economía mexicana obedecen a factores económicos anteriores a los acontecimientos políticos del primer trimestre de 1994 y deberían ser analizados con atención por quienes siguen el mismo sendero.

América Latina y el Caribe se ven sometidos a las nuevas transformaciones de la economía global, con dos tendencias básicas: una liberalización y ampliación del comercio en el interior de los bloques económicos (o como resultado de acuerdos bilaterales), y un incremento del proteccionismo frente a los otros bloques. Muchos países de la región han sido, en la práctica, excluidos de tales proyectos, viéndose forzados a planificar sus propias alternativas de desarrollo. En algunos casos el debate ya se enfrenta a este dilema.

El final de la llamada crisis de la deuda ha generado una nueva ola de optimismo para el futuro de América Latina. La firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre México y los Estados Unidos y su incorporación al TLCAN, así como la del tratado del Grupo de los Tres (G-3), las negociaciones del Mercosur y el Pacto Andino y los 26 convenios bilaterales entre los países de la región, han introducido un nuevo elemento en la internacionalización de la región.

El cambio que han sufrido en los últimos tiempos las estrategias de desarrollo de la mayor parte de los países latinoamericanos, con el objeto de dar primacía al mercado como instancia asignadora de recursos y orientadora de la economía, ha significado una neutralización creciente de los incentivos de política comercial. Una evaluación de los resultados de las desregulaciones comerciales y de la coherencia de las políticas implementadas, indica que a nivel regional las consecuencias sobre el crecimiento económico y la transformación productiva hasta el momento han sido poco satisfactorias. Ni la formación de capital ni la productividad global muestran un desempeño alentador.

Firmado en 1987 y convalidado por el parlamento canadiense en 1989, el Acuerdo de Libre Comercio entre Canadá y EEUU no sólo mostró la forma como decisivos asuntos públicos pueden adelantados sin el necesario debate social entre los distintos sectores y grupos de opinión, sino también indica el condicionamiento al que se someten las políticas públicas, supuestamente soberanas. En el caso de Canadá, un modelo social está en Juego. La extensión del acuerdo a México expande las carencias y las amenazas. La intervención de varias redes críticas trinacionales, sectoriales y ciudadanas, representan un modelo participativo que busca recuperar el protagonismo civil perdido.