Si bien en México existen iniciativas puntuales que buscan abordar los retos en materia de empresas y derechos humanos –como el compromiso de elaborar un Programa Nacional de Empresas y Derechos Humanos, o de incorporarse a la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas–, la captura del Estado por parte de intereses económicos y corporativos, impide salvaguardar los derechos humanos.