El presidente electo Bernardo Arévalo enfrenta una avalancha de acciones legales para impedir su asunción el próximo 14 de enero. Las movilizaciones sociales, acaudilladas por autoridades indígenas, han logrado hasta ahora frenar al «pacto de corruptos» con apoyo de la comunidad internacional.

Tras las elecciones del 25 de junio y el sorpresivo pase a la segunda vuelta del Movimiento Semilla, el «pacto de corruptos» ha desatado una ofensiva judicial múltiple, primero para impedir la oficialización de los resultados y luego para ilegalizar al partido de centroizquierda surgido de la lucha anticorrupción. La reacción ciudadana ha frenado, por ahora, estas maniobras y muchos se entusiasman con una próxima primavera democrática en el país centroamericano.

Con 40% de abstención y el primer lugar para el voto nulo, Guatemala rechazó su sistema político, hundido en la corrupción y el autoritarismo. El inesperado segundo lugar para el Movimiento Semilla, de centroizquierda, enciende una luz rumbo al balotaje.

Tras la «primavera» ciudadana de 2015, que llevó a la cárcel a figuras de primer orden de la política guatemalteca, y la salida de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), se restauró en el país el régimen de impunidad. A ello se suma la deriva autoritaria del gobierno actual, presidido por Alejandro Giammattei. Pero pese a las dificultades, el movimiento social, con un fuerte peso de los pueblos indígenas, busca trazar otro rumbo mediante una Asamblea Constituyente plurinacional.

El aniversario del fin de la guerra interna en Guatemala pasó desapercibido. Parte de la ciudadanía prefiere hablar con amarga ironía de los «recuerdos de paz». Las esperanzas de derechos, paz e igualdad se disiparon frente a la corrupción, el neoliberalismo, las redes criminales y un proceso de involución democrática que hoy se extiende por gran parte de Centroamérica.

La destitución del jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, Juan Francisco Sandoval, forma parte de una contraofensiva política y empresarial para frenar la lucha contra la corrupción. En este marco, el movimiento indígena organizó un «paro plurinacional» para enfrentar lo que se conoce como el «pacto de corruptos», un conjunto de redes para cometer delitos y garantizar impunidad que atraviesa a la política y el Estado guatemaltecos.

Las protestas registradas en Guatemala en noviembre pasado contra el presupuesto presentado por el gobierno revelan un estado de disconformidad social que tuvo su pico en las movilizaciones de 2015. El desprestigio de la política está asociado a los niveles escandalosos de corrupción que atraviesan todas las instituciones del Estado. La demandada convocatoria de una Asamblea Constituyente aparece como una de las vías para recomponer un sistema político y social marcado por las enormes desigualdades.

A partir de la lectura del libro más reciente de Edelberto Torres-Rivas, es posible recorrer los conflictos y las guerras civiles que vivieron Nicaragua, El Salvador y Guatemala. Los legados coloniales y la persistencia del Estado oligárquico fueron moldeando a los actores políticos y sociales que se enfrentaron en un contexto internacional definido por la Guerra Fría, en conflictos cuyo desenlace no dio lugar a grandes transformaciones revolucionarias. No puede negarse que las sociedades centroamericanas tienen enormes desafíos por delante; sin embargo, si se las compara con las del periodo estudiado por Torres-Rivas, se comprobará que no solo han cambiado, sino que están –a pesar de las dificultades– en mejores condiciones para hacerse menos injustas.