Suele sostenerse que, con el golpe de Estado en Honduras, Centroamérica retrocedió 30 años, pues desde la recuperación de la democracia tras los acuerdos de Esquipulas II la región no había sufrido episodios de este tipo. El artículo argumenta que se trata de una verdad a medias. En realidad, los países centroamericanos se habían fabricado una historia de progreso social y político que no era real ya que, detrás de la retórica sobre los cambios alcanzados, las estructuras del poder económico y político se mantenían intactas. El golpe en Honduras no fue una anomalía, sino un síntoma de problemas irresueltos.

En este artículo se hace un análisis del desarrollo de los principales acontecimientos políticos ocurridos en Costa Rica en la última década. Estos sucesos provocaron el malestar ciudadano ante partidos y políticos, lo que se hizo evidente en las elecciones de 1998. Cuatro años después, de cara a las elecciones de 2002, la situación se ha modificado: subsiste el descontento pero se manifiesta de otra manera, dentro de un sistema político electoral que necesita urgentes reformas.

Unos meses antes de iniciarse la campaña electoral, que se prolongará hasta el primer domingo de febrero de 1998, fecha en la que se elegirá un nuevo presidente de la República, la situación de Costa Rica provoca algunas interrogantes, tanto desde el punto de vista económico como político. En el plano económico, la situación es de virtual estancamiento. Las estimaciones para 1996 señalan prácticamente cero crecimiento: 0,5% con respecto al año anterior, que también había sido insuficiente. Mientras tanto, el déficit fiscal consolidado creció de nuevo, para situarse en alrededor del 4% del PIB, sobre el telón de fondo de una elevada deuda interna estimada en el 23% del PIB.

En los últimos diez años la sociedad costarricense ha experimentado importantes cambios en la orientación de la economía, la institucionalidad estatal y la estratificación social, como resultado del esfuerzo realizado por los tres últimos, gobiernos para adaptar al país a la realidad del nuevo orden internacional. En efecto, a partir de 1982, paralelamente a las medidas destinadas a frenar la crisis que se había desatado unos tres años antes, comenzaron a darse los primeros pasos para construir el andamiaje de la reorientación económica y social del país.

La sociedad costarricense está con la vista puesta en las elecciones generales, que se celebrarán el primer domingo de febrero de 1990. Se escogerá presidente, vicepresidentes, diputados y munícipes para los siguientes cuatro años. Aun cuando el Tribunal Supremo de Elecciones intentó reducir el período de la campaña política a los tres meses anteriores a la fecha de las elecciones, en realidad aquella comenzó a mediados de 1989, desde el momento en que fueron nombrados los candidatos presidenciales de los dos grandes partidos que dominan la escena política nacional: el Partido Liberación Nacional (PLN) y el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).

El domingo 2 de febrero de 1986, los ciudadanos costarricenses acudieron masivamente a las 6.751 juntas receptoras de votos instaladas en todo el país, con el propósito de elegir a casi 2.000 nuevos funcionarios públicos, el más importante de ellos, el Presidente de la República. De 1.486.474 votantes potenciales, acudieron a las urnas electorales más de 1.200.000 ciudadanos lo que significa una participación efectiva en el proceso electoral de aproximadamente el 82%. Por novena vez consecutiva desde la Guerra Civil de 1948, los costarricenses hicieron uso de un mecanismo electoral que se ha venido perfeccionando con el paso de los años, a la par que alcanzaba legitimidad como forma socialmente aprobada para la escogencia de los gobernantes. La democracia, como mecanismo para elegir y autorizar gobiernos, ha demostrado una vez más en estas elecciones su extraordinaria vigencia en Costa Rica, a pesar de que todavía se padecen los efectos de la mayor crisis económica que ha soportado el país en 165 años de vida independiente.