Las Fuerzas Armadas argentinas, que se adueñaron del poder político el 24 de marzo de 1976, establecieron un verdadero Estado terrorista para imponer su proyecto político y socioeconómico. El instrumento clave de ese sistema represivo consistió en la detención, desaparición, tortura y asesinato clandestinos de millares de ciudadanos, mientras las autoridades negaban su responsabilidad. En ese marco, el Episcopado católico prestó un claro apoyo al régimen. Aunque, en algunos documentos -emitidos por la presión de las víctimas-, indicó la ilicitud de los hechos que se cometían, no señaló a los responsables ni rompió con el Estado criminal. Finalmente, optó por callar. Lo dicho no significa que la totalidad de los miembros de la Iglesia estuviera en dicha posición. Hubo excepciones en el mismo Episcopado. Esta actitud contrasta con la adoptada por los organismos similares en Chile, Brasil y Paraguay. La posición referida se explica por los condicionamientos históricos de dependencia del Estado -que en la Argentina subsisten- y por la prevalencia de la ideología del nacionalcatolicismo entre los obispos. Arribada la democracia, el tema se encuentra en pleno debate.