Dos informes sobre la memoria de la guerra de 36 años han sido presentados en Guatemala. Uno promovido por la Iglesia católica; otro de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, creada por los acuerdos de paz firmados por el Gobierno y la ex-guerrilla. Ambos documentos tienen un amplio terreno de coincidencia y por tanto se validan mutuamente. La sociedad guatemalteca está asomándose a las crueldades de la guerra. Los grupos de poder, entretanto, han reaccionado negativamente. El informe eclesiástico fue recibido con el asesinato de su director pastoral, el obispo Juan Gerardi. El informe de la CEH no fue aceptado por el Gobierno, siendo calificado de sesgado por los grandes empresarios y de falto de verdad por los militares. La conquista del pasado polariza discursivamente este país. Los actores parecen concientes que la disputa sobe el pasado tiene que ver con la disputa acerca del futuro.

Los Acuerdos de Paz firmados a fines de 1996 representan un test para la capacidad de cambio de las estructuras políticas en Guatemala. El reto es para todos: el Estado y la sociedad, y por supuesto incluye sus formas de relación mutua. El primer año de posguerra ha dado resultados poco alentadores sobre la sostenibilidad y la fuerza del cambio. La inseguridad ciudadana ha conquistado todos los espacios de las relaciones sociales, y junto con la precariedad económica -desocupación, magros ingresos- constituyen los indicadores básicos de la calidad o efectividad de la paz. Si no hay respuestas convincentes para estas necesidades -o angustias-, al común de los guatemaltecos poco le interesa la suerte del proceso pacificador.