A poco más de un año de su histórica llegada al gobierno, la izquierda colombiana enfrenta diversas dificultades, que provienen tanto de la acción opositora como de sus propias filas.

La política de Gustavo Petro de negociar, a la vez, con diversos grupos armados –políticos y delictivos– enfrenta numerosas dificultades, entre ellas, la desconexión entre la estrategia de paz y las políticas de seguridad. Al mismo tiempo, varios grupos se han venido aprovechando de la retórica de la paz para ganar tiempo, reducir la presión de las fuerzas de seguridad y tratar de fortalecerse, y ponen en riesgo una de las principales promesas de campaña del presidente.

Las negociaciones de paz entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) han logrado acuerdos parciales en materia de participación política, desarrollo agrario y política de drogas. Ahora se está discutiendo sobre la justicia para las víctimas, y en ese marco ha habido avances en la búsqueda de mecanismos para desescalar el conflicto, entre ellos un acuerdo concreto sobre desminado. Sin embargo, los retos son múltiples: un sector de la política y de la sociedad colombianas se opone al proceso en sus términos actuales y, más allá de la firma de un compromiso, su implementación y las tareas que implica el posconflicto pueden ser aún más complejas que el logro del tan esperado acuerdo final.