Quienes proponen una aproximación represiva como eje del combate contra el narcotráfico y de la política de drogas no han logrado demostrar una reducción real en la producción ni en el consumo de sustancias hoy controladas. No obstante, las ideas sedimentadas sobre esta temática aumentan los costos políticos para quienes se proponen modificar el sentido común y las políticas públicas. Los cambios recientes en las legislaciones de Washington y Colorado, en Estados Unidos, así como en Uruguay, muestran otros caminos que es posible seguir, pero también los obstáculos para transitarlos.