Ir a por lana y salir trasquilado. Eso fue lo que le ocurrió a Santiago Abascal, líder del partido de extrema derecha Vox, al final de la moción de censura, oficialmente contra el presidente de gobierno Pedro Sánchez. Pero en realidad la moción no iba dirigida contra el gobierno de coalición del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Unidas Podemos (UP), sino contra Pablo Casado y el Partido Popular (PP), para disputarles el liderazgo de la derecha y de la oposición. Vox no tenía mayoría parlamentaria para ganar la moción de censura y nunca negoció con nadie para conseguirla. No obtuvo ni un voto de otros partidos, algo inédito en España. Abascal quería poner a Casado contra las cuerdas para que, hiciera lo que hiciese, perdiera. Si votaba «sí», por apoyar a la extrema derecha; si votaba «no», por favorecer al gobierno. Casado no se dio por aludido. En los días previos, solo dijo que no apoyaría una moción que «no le importaba nada», sin aclarar si votaría «no» o se abstendría.

Pero cuando le tocó hablar, Casado sorprendió a propios y extraños criticando duramente a Vox con un discurso liberal-conservador que nunca se le había oído. En él abogó por la «libertad y tolerancia con cada persona, tenga el color de piel que tenga, rece al dios que rece, ame a la persona que ame, sueñe en la lengua que sueñe». Puso por primera vez a Vox a la defensiva, rematando la crítica sólida y sistemática, aunque previsible, de Sánchez en la víspera. El bipartidismo y el discurso de la Transición parecían haber vuelto para cerrar los embates que vienen sufriendo desde 2011. No obstante, este giro del PP no está cerrado. Ahora viene lo más difícil: continuar el itinerario que se trazó.

En la moción de censura estaba en juego el perfil de la oposición. Es decir, de la derecha. Y con ello, la suerte del bipartidismo y la vitalidad de la Transición como discurso hegemónico. Esto es lo que en principio ha salido reforzado, al abandonar el PP su cercanía táctica a Vox –impuesta por Casado desde que ganó la dirección en 2018– para no recibir fuego amigo, que le ha permitido cogobernar con el partido de Abascal en Andalucía, Madrid y Murcia. Esta táctica alcanzó la cumbre en el acto de la Plaza de Colón de Madrid en febrero de 2019 para exigir la dimisión de Sánchez, que le valió a Casado una foto con Abascal (y con Rivera, entonces líder de Ciudadanos) que amenazó pasarle similar factura que a Aznar la de las Azores. Es que Vox venía desafiando con éxito el proyecto original del PP de unir a «todo lo que estaba a la derecha del PSOE», al representar en la práctica una escisión electoral de los populares, usufructuando los casos de corrupción del PP y la supuesta mano blanda de Rajoy («la derechita cobarde», según Vox) con la cuestión catalana. Esta escisión, al fragmentar a la derecha, condiciona gravemente la aspiración del PP a gobernar. El discurso de Casado en la moción abre una lucha interna en la derecha por el electorado común. Ahora el PP sufrirá con Vox lo que el PSOE padeció con Podemos hasta que ambos se aliaron para formar gobierno en 2018.

Con la crisis de 2008, los cimientos de la democracia española comenzaron a conmoverse como nunca en treinta años. La política neoliberal con que se afrontó esa crisis, primero bajo el gobierno del PSOE liderado José Luis Rodríguez Zapatero y luego bajo el del PP liderado por Mariano Rajoy, generó quiebre social y desafecto. De ahí el 15M y luego Podemos. El otro gran embate fue a raíz de la tensión entre soberanismo catalán y nacionalismo español. De ahí, Ciudadanos saltó a la política nacional –también para contrarrestar la novedad de Podemos– y Vox fue ganando terreno hasta ser la tercera fuerza en las últimas elecciones nacionales. La huida del rey emérito en el verano pasado coronó –nunca mejor dicho– el temblor. Las crisis económica y autonómica reunieron negativamente, a los ojos de buena parte del electorado, a PP y a PSOE («PPSOE», ya se decía en las movilizaciones del 15M), debilitaron el bipartidismo y fragmentaron el sistema de partidos. Pero la moción de censura del PSOE a Rajoy en 2018 ajó el bipartidismo, impidiendo una reacción común.

Lo que antes era rutinario (elecciones, formación de gobierno, agenda, debates) trastabilló y se volvió cuesta arriba. Los objetos de consenso se volvieron insensiblemente banderas de parte. Los lugares comunes se transformaron en cuadriláteros: la Monarquía, el Estado de Bienestar, el Estado de las Autonomías y el olvido del pasado. Hasta la lucha antiterrorista, que condensaba el consenso del 78, se volvió un arma arrojadiza. Las derechas no quieren aceptar el final dela organización armada vasca Euskadi Ta Askatasuna (ETA), declarado en 2011, porque simular su continuidad da alas a su españolismo, al que llaman «constitucionalismo». (No casualmente, en la moción Abascal leyó el nombre de las más de 800 víctimas mortales a manos de la organización independentista y dio vivas al rey). Y así se acabó transformando también en cuestión de parte la Constitución de 1978, símbolo máximo de la Transición.

Ante esto, la derecha opera como si todo pudiera seguir siendo como antes, como si el problema fuera el mismo y eterno: la unidad de España ante la pulsión destructora de «separatistas y rojos». Por su lado, buena parte de la izquierda ubicada a la izquierda del PSOE celebra su particular parusía: la crisis final (del capitalismo, para unos; de la Transición, para otros) ha llegado y comienza la verdadera vida. Pero ambas interpretaciones eluden el problema. Una, porque piensa la solución como puro retorno a 1978, y la otra, como puro comienzo. La dificultad específica de esta crisis, por el contrario, radica precisamente en que es de representación: el proyecto del 78 (consenso, gradualismo) no ha sido radicalmente cuestionado. El desafío de la izquierda es pensar la transformación sin la providencia de la crisis.

Es por ello que, en su discurso, Casado reafirmó los ejes de la Transición: «La verdadera disputa que hay en España hoy no es entre la izquierda y la derecha, es entre rupturistas y reformistas, entre populistas y demócratas, entre radicales y centristas y usted [por Abascal] y yo estamos en los lados opuestos de esta disputa». Es decir, vuelta al pluralismo razonable del 78, el del eje izquierda-derecha e, incluso, Estado-autonomías. Ambos –cabe recordarlo– garantizaron la gobernabilidad hasta 2015. Pero ahora Casado lo hizo contra Vox, colocándolo en el lugar del «otro» de la Transición, nada menos que junto a ETA y el fantasma mudo de la guerra civil.

¿Por qué el discurso de Casado es necesario pero no suficiente para cerrar el retorno del bipartidismo y la Transición? El giro del PP pone en juego ahora un nuevo viejo problema: la cuestión nacional española, la inexistencia de una forma de entender España relativamente compartida en todo el territorio estatal. Este es el nudo decisivo que separa a este PP de Vox y, a su vez, dificulta la vigencia del discurso de la Transición. La clave es si España va a construir una identificación general en virtud de su pluralidad y de una extendida democracia social, o si lo va a hacer por ser más nación, entendida como monarquía, pasado imperial y monolingüismo castellano. En definitiva, si la Transición es un punto de partida o de llegada.

El programa político de Vox dista mucho del de la Constitución de 1978. El partido de Abascal quiere desmantelar el Estado de las Autonomías, ilegalizar a formaciones clave de la gobernabilidad española como el Partido Nacionalista Vasco (PNV), tiene entre sus enemigos al feminismo y a la inmigración, considera ilegítimos a los diputados no españolistas ni monárquicos, y proclama que el gobierno de Sánchez es «el peor de los últimos ochenta años», período que incluye a toda la dictadura franquista. Sin embargo, se proclama «constitucionalista» y heredero de la Transición. Según nuestra interpretación, lo hace precisamente para fijar como límite infranqueable la idea de España que la lectura «constitucionalista» de la Constitución ha hecho, como patria única e indivisible de todos los españoles, y que ve a las autonomías históricas como realidades administrativas más que políticas.

Por su parte, el PSOE se ha movido lentamente, desde que Zapatero hablara de la «España plural» y apoyara el Estatut Catalán de 2006 –que en su preámbulo definía a Cataluña como nación– hacia una idea renovada y federalizante de España, comprensiva con los nacionalismos llamados periféricos. No casualmente fue el PP quien impugnó el Estatuto en la Justicia. Sánchez parece seguir el camino de Zapatero. Por ello su gobierno es apoyado por Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), los partidos vascos Bildu y el PNV, y rechazado sin contemplaciones por toda la derecha, así como por la llamada vieja guardia del PSOE, encarnada por Felipe González y Alfonso Guerra.

Vox intentó desde siempre iluminar esa diferencia clave, incluso dentro del campo constitucionalista, sobre la idea de España. Su táctica de resolver el problema tensando la cuerda al obligar a todos los actores a posicionarse en una dicotomía España/anti-España parece entrar en horas bajas: «Decimos no (…) a esa antipolítica cainita, de izquierda o de derecha, destinada a hacer que los españoles se odien y se teman», dijo Casado en el Parlamento.

Pero no se puede convertir esto en un problema exclusivo ni de un partido, ni de la derecha. En España el eje izquierda-derecha se encuentra entrecruzado por el de la cuestión nacional. El pacto del 78, una solución que alcanzó sus objetivos durante casi cuatro décadas, ha encogido: al menos, los jóvenes y los nacionalistas «periféricos» ya no se sienten a su abrigo. Pero, a la vez, la crispación política actual engrandece retrospectivamente el pacto del 78, que es lo que está agotado. Su renovación no parece poder ceñirse a una mera ampliación, a una incorporación de las nuevas demandas, pues algunas de éstas chocan con la lectura que hasta ahora se ha hecho de aquel pacto. ¿Cómo hacer cambios fundamentales sin alterar la lógica institucionalista (siguiendo el concepto de Ernesto Laclau) del orden? Quizá allí se concentre todo el brete español.

Casado parece haber elegido no hacer temeroso seguidismo de las encuestas, sino reconfigurar el escenario. Tiene, al menos, dos desafíos. Uno es su propia voluntad y la de su electorado, al que ahora deberá proponerle un camino de retorno, pues en buena medida él mismo lo había conducido a la derechización. Pero esa senda no puede ser una mera vuelta a 1978, sino que deberá revisitar la idea de España, tema en el cual el PP se ha situado siempre a la derecha de sí mismo. El otro desafío es la propia posición en la que su giro ha dejado a Vox, relativamente aislado. En la moción, Casado eligió calculadamente separarse de Vox criticando más su táctica —«Vox es el seguro de vida política de Sánchez para seguir de inquilino en Moncloa»— que su estrategia y su ideología. No obstante, Vox ha quedado en un lugar que no deja de ser funcional a sus intereses retardatarios: «solo ante el peligro», donde puede desempeñar el papel que más le gusta, de partido «valiente», «sincero», «anti-establishment», con «principios». Contra la partidocracia, en definitiva.

El giro de Casado puede representar el sellado del envite al orden de la Transición iniciado por Podemos y, por otros motivos, seguido por Vox. El soberanismo catalán queda ahora como único retador del orden del 78. Para que tal cierre se consume habrá que ver si el PP es capaz recorrer el camino que se ha trazado, si el gobierno no se conforma con ser el parapeto de la extrema derecha y amplía el Estado de Bienestar, también para que Vox no capitalice en solitario la profunda crisis económico-social, y si el bipartidismo, que aun dañado conserva la iniciativa política y cultural, es capaz de renovar la idea de España. Como se ve, todos tienen que dar pasos hacia lugares desconocidos, salvo Vox. Ahí parece estar la posibilidad del éxito y del fracaso.