Opinión
Octubre 2021

Resistencia LGBTI en Nicaragua

La violencia del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo contra las personas LGBTI+ ha aumentado en los últimos años, pero los activistas perseveran en la lucha por sus derechos.

Resistencia LGBTI en Nicaragua

El 18 de abril de 2018, el primer día de las protestas contra el gobierno del presidente Daniel Ortega en Nicaragua, Ana Quirós, sexagenaria con muchos años de activismo, fue golpeada con tubos de metal en la cabeza y la mano. Sus agresores lucían camisetas que los identificaban como simpatizantes de la vicepresidenta Rosario Murillo. Los ataques dejaron a Quirós con heridas en la cabeza y dos dedos fracturados y desplazados que requirieron varias cirugías.

Quirós es una reconocida activista por la democracia y los derechos de las personas LGBTI+. Al día siguiente del ataque, fue invitada al programa de televisión nicaragüense «Esta noche», donde dijo que parecía que sus atacantes la reconocieron y atacaron específicamente, porque quienes se manifestaban cerca de ella no fueron molestados.

La violencia estatal contra las personas LGBTI+ en Nicaragua no es nueva, pero tampoco lo es la resistencia del activismo de base del colectivo. Durante los últimos diez años, he estado investigando sobre la comunidad LGBTI+ nicaragüense. En tiempos de rápidos cambios sociales y mayor ansiedad, las elites han aplicado de forma frecuente la mano dura contra los «sodomitas», las lesbianas y los nicaragüenses transgénero. En otras ocasiones, los políticos dictatoriales han intentado cooptar a las personas LGBTI+, en un esfuerzo por consolidar su poder y hacer que sus gobiernos parezcan socialmente modernos y liberales. A pesar de estos y otros desafíos, las personas LGBTI+ continúan luchando por sus derechos frente a un gobierno cada vez más autoritario.

Los activistas LGBTI+ perseveran 

El movimiento por los derechos LGBTI+ creció significativamente en Nicaragua entre 2007 y 2017, un periodo al que, en mi libro de próxima aparición, califico como la «década del boom». Durante ese tiempo, decenas de nuevas organizaciones emergieron en todo el país. Se hicieron reclamos políticos y se celebró la cultura LGBTI+ a través del periodismo, el teatro, los servicios de apoyo y los concursos de Miss Gay. Miles de personas participaron en 2017 de la Marcha del Orgullo en Managua, la más multitudinaria en la historia del país. Lamentablemente, el boom llegó a su fin en abril de 2018.

Ese año comenzaron manifestaciones generalizadas en protesta por las recientes reformas de la seguridad social. Estos acontecimientos dividieron a la comunidad LGBTI+ entre partidarios del gobierno y manifestantes opositores. La violencia de los sandinistas contra los activistas de la comunidad LGBTI+ vivió una escalada. Según una encuesta de 2018 realizada a personas LGBTI+ en más de una docena de ciudades, 17 miembros de esa comunidad fueron objeto de vigilancia, 15 fueron amenazados por integrantes de sus familias y 24 fueron amenazados de muerte durante los dos primeros meses de protestas. El estudio también señaló que los sandinistas violaron a una persona LGBTI+ y asesinaron a otras tres tras las protestas de abril.

Según un estudio de 2020 llevado a cabo con la participación de 70 presos políticos LGBTI+ que pasaron por lo menos seis meses en prisión, «la tortura física y psicológica era más severa si los torturadores se daban cuenta de su orientación sexual. De hecho, el 30% de las personas que estuvieron en prisión debieron ser atendidas por personal médico debido a los daños y las lesiones físicas sufridas durante las sesiones de tortura en las cárceles, mientras que en otros casos tuvieron que ser atendidos por problemas de salud mental (...) Algunos de los testimonios eran tan duros que muchos integrantes del público no pudieron soportar escucharlos y tuvieron que salir de la sala».

Entre las personas LGBTI+, las mujeres transgénero fueron un objetivo especial de los agentes gubernamentales. Algunas fueron secuestradas por las fuerzas del orden y brutalmente golpeadas. Otras fueron recluidas en cárceles para varones por periodos de hasta un año, donde fueron obligadas a desnudarse y sufrieron repetidas amenazas de violación o violación con objetos y golpizas, lo que provocó que una víctima perdiera los dientes.

La represión ha sido generalizada. Desde diciembre de 2018, todas las manifestaciones –excepto las que apoyan al gobierno– están prohibidas. Muchas organizaciones no gubernamentales han sido despojadas de su personería jurídica y sus bienes. Para septiembre de 2020, el periódico Confidencial contabilizó «más de 300 asesinatos, miles de heridos, más de 700 presos políticos (de los cuales 90 [estaban] todavía en prisión) y 100.000 personas viviendo en el exilio».

Después de haber sido golpeada en las primeras manifestaciones y haber continuado protestando, Quirós fue deportada del país a fines de 2018. Muchos otros activistas huyeron. Conozco en persona a activistas que viven actualmente en condiciones difíciles en Costa Rica, Colombia, México, España, Estados Unidos, Reino Unido y Países Bajos. «Han perseguido a activistas [por los derechos LGBTI+] y por eso la mayoría estamos en el exilio», dijo una mujer que huyó a España.

Quienes se han quedado también han sufrido. Ana Margarita Vijil, ex presidenta del partido opositor Unamos, y Dora María Téllez, una de las heroínas más famosas de la Revolución Sandinista y también integrante de Unamos, son dos reconocidas activistas que permanecieron en el país. El 13 de junio, la policía rodeó y allanó las casas de Téllez y Vijil. Algunos de los más de 60 policías que participaron del operativo, golpearon a Vijil y la amenazaron con armas. Luego «agarraron del cabello a Dora María Téllez, [y la golpearon] en el estómago», según testigos. Las mujeres fueron acusadas de varios delitos, como el de organizar actos de terrorismo y pedir la intervención militar.

Pero Vijil, Téllez, Quirós y otros nicaragüenses LGBTI+ que hacen un llamado a la solidaridad internacional, no piden intervención militar ni ningún otro tipo de violencia. Están reclamando el fin de la violencia estatal, la liberación de los presos políticos, elecciones limpias y una transición a una democracia que los incluya de verdad. De hecho, están haciendo lo mismo que hicieron los líderes sandinistas en 1978, cuando apoyaron los esfuerzos internacionales para presionar económicamente a la dictadura de Anastasio Somoza.

De la revolución a la pareja presidencial

Los paralelismos entre las protestas actuales y los orígenes de los sandinistas son los que vuelven tan doloroso el estado actual de la política en Nicaragua. El presidente Daniel Ortega fue comandante del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), el movimiento guerrillero que lideró el derrocamiento de la dictadura derechista de Anastasio Somoza en 1979. Después de que el FSLN asumiera el poder, llevó a cabo una serie de reformas sociales en materia de salud, educación, reforma agraria y servicios sociales durante la década de 1980. A pesar de la presión violenta de la «Contra» - financiada por el gobierno de Ronald Reagan y responsables de decenas de miles de muertes-, los sandinistas democratizaron el país, tanto en términos de participación popular como de política electoral. Cuando Ortega fracasó en su candidatura a un segundo mandato presidencial en 1990, aceptó los resultados y entregó pacíficamente el poder.

Ortega siguió postulándose para presidente y siguió perdiendo. Finalmente, ganó de nuevo en 2006 tras haber hecho acuerdos con grupos conservadores y de derecha que contradecían sus anteriores políticas. Desde que asumió la presidencia en 2007, ha gobernado con su esposa, Rosario Murillo, concentrando poder en el Ejecutivo. Aunque Murillo carecía de autoridad formal, ejercía el poder de una manera mucho más populista que su esposo, que solía trabajar entre bambalinas. Murillo proyectó ampliamente su imagen en sus programas diarios de radio y televisión. Vallas publicitarias cubiertas con fotos de Ortega y Murillo pregonaban una Nicaragua «cristiana, socialista y solidaria». Murillo finalmente formalizó su poder como vicepresidenta de Ortega en 2017.

Bajo Ortega y Murillo, Nicaragua ha sido lo que los académicos llaman un «régimen híbrido», es decir un gobierno que mantiene un equilibrio entre el autoritarismo y la democracia, pues tolera la protesta, al menos hasta cierto punto. Antes de las protestas de 2018, hubo otras manifestaciones, algunas de las cuales fueron permitidas y otras reprimidas mediante retenes policiales en carreteras, amenazas e incluso violencia contra activistas. Pero las protestas que comenzaron en abril de 2018 marcaron un cambio.

A principios de mes, los ambientalistas protestaron por la inadecuada respuesta del gobierno a un gigantesco incendio en la reserva Indio Maíz, una de las mayores reservas de bosque tropical en América Central. Luego, justo cuando se contuvo el fuego, jubilados y estudiantes comenzaron a protestar contra las reformas al sistema de seguridad social que determinaban un aumento de los aportes de los trabajadores y trabajadoras y una disminución de las pensiones.

En respuesta, hombres que vestían camisetas con la leyenda «¡Unidos en la victoria! Daniel, Rosario» e impresas en los colores característicos de Murillo -rosa intenso, azul y amarillo-, arremetieron contra manifestantes y espectadores. Atacaron a periodistas y confiscaron o destruyeron sus equipos y golpearon o dispararon contra los manifestantes. Muchos de esos actos de violencia fueron transmitidos en vivo por Facebook, así como por televisión en vivo. Al día siguiente, las protestas se extendieron a ciudades más allá de Managua y murieron tres personas.

Supuestamente, Ortega, que estaba fuera del país, no sabía lo que estaba pasando y fue Murillo quien autorizó la violencia contra los manifestantes. Ortega retiró las reformas a la seguridad social unos días después, pero ya era demasiado tarde. Las protestas contra el gobierno continuaron. Según un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), hasta el 19 de junio de 2018, 212 personas fueron asesinadas en el marco de las protestas.

Aunque los activistas continúan protestando, el movimiento opositor de masas fue en gran medida aplastado por el gobierno de Ortega-Murillo a fines de ese año. Desde entonces, el gobierno ha sido implacable en sus esfuerzos por eliminar cualquier posible amenaza representada por los medios de comunicación, la oposición y las ONG. Los esfuerzos gubernamentales para intimidar y reprimir la disidencia se han acelerado en los últimos meses, a medida que se aproximan las elecciones presidenciales de noviembre de 2021. Dada la prohibición de protestar dictada por el gobierno, su control sobre los medios de comunicación y el hecho de que los rivales presidenciales más conocidos están en prisión, las elecciones de noviembre no pueden ser más que una farsa muy trágica.

Como en el pasado, esta tragedia la sentirán con fuerza los miembros de la comunidad LGBTI+ y sus aliados. Frente a las continuas amenazas, están pidiendo solidaridad internacional mediante el apoyo de las bases, la presión diplomática y sanciones selectivas contra las personas que han cometido violaciones a los derechos humanos, no contra el país en su conjunto. Al igual que en la década de 1970, la justicia social requiere solidaridad con las víctimas de la actual dictadura en Nicaragua.


Fuente: NACLA. Puede verse el artículo original aquí.

Traducción: Carlos Díaz Rocca



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