El presente artículo discute de qué manera el discurso de la seguridad pública ha constituido una, quizá la más importante, entre las formas mediante las cuales el Estado mexicano ejerce, con argumentos que se hacen pasar por democráticos, la denominada razón de Estado. Para ello, se ocupa de dos cuestiones principales: por una parte, del contexto en el que se ha generado esta preocupación universal en torno de la seguridad, en el seno de la denominada sociedad de riesgo y dentro de la cual el tema de la inseguridad pública viene inserto; por la otra, al proceso que, en México, ha venido configurando una concepción sistémica de la seguridad que ha subsumido al sistema de justicia penal, instrumentalizándole y haciéndole depender de un telón de fondo en el que el cuidado del orden es privilegiado, incluso por encima de la división de poderes y desde luego, por encima de los derechos humanos.