Coyuntura
NUSO Nº 137 / Mayo - Junio 1995

Nicaragua. Peligra la consolidación democrática

A partir de la derrota electoral del sandinismo en febrero de 1990, se rompió el impulso nacional a favor de la revolución social. Pero ha continuado, aisladamente, la resistencia social por sectores específicos, a la ofensiva de restauración conservadora implementada por el gobierno. Aunque forzosamente la resistencia social no puede continuar por tiempo indefinido debido a que las masas están fatigadas y desilusionadas. La misma política del gobierno de «firmar y cumplir jamás» incrementa la desmovilización, la despolitización y el cansancio de los sectores sociales empobrecidos. Es a esta política que la dirección de los sandinistas ortodoxos se encuentran asociados. Pero esto no pueden saberlo, ni siquiera sospecharlo, los campesinos y obreros que se entregaron en cuerpo y alma a la revolución sandinista.

Nicaragua. Peligra la consolidación democrática

A partir de la derrota electoral del sandinismo en febrero de 1990, se rompió el impulso nacional a favor de la revolución social. Pero ha continuado, aisladamente, la resistencia social por sectores específicos, a la ofensiva de restauración conservadora implementada por el gobierno. Aunque forzosamente la resistencia social no puede continuar por tiempo indefinido debido a que las masas están fatigadas y desilusionadas. La misma política del gobierno de «firmar y cumplir jamás» incrementa la desmovilización, la despolitización y el cansancio de los sectores sociales empobrecidos. Es a esta política que la dirección de los sandinistas ortodoxos se encuentran asociados. Pero esto no pueden saberlo, ni siquiera sospecharlo, los campesinos y obreros que se entregaron en cuerpo y alma a la revolución sandinista. 

Características de la transición política

Las épocas sociales y políticas se miden por la correlación de fuerzas entre los diferentes sectores de la sociedad y por los cambios en el estado anímico de la población. Gracias a las diferentes alianzas parlamentarias que se han dado, el gobierno ha podido gobernar, principalmente, a través de decretos ejecutivos/leyes permitidos por la Constitución Política de 1987. Esto implica menores concesiones a los grupos de presión existentes en el país. Desde abril de 1990 hasta la fecha. Nicaragua vive un período de transición caracterizado por: 

1- Crisis de hegemonía.  Ninguna fracción de la clase dominante ha sido capaz de imponer, ya sea por medio de una organización política partidaria, ya sea por el camino «democrático parlamentario», su dirección o hegemonía política sobre las otras clases o fracciones del bloque de poder. El bloque de poder, como ocurre en toda alianza, no está compuesto de clases o fracciones de clase con «importancia igual». La crisis se manifiesta en la imposibilidad de que una fracción de clase pueda imponer su hegemonía. La crisis política muestra la incapacidad de la alianza en el gobierno de superar «por si misma» las contradicciones exacerbadas de la sociedad nicaragüense. 
 
2- Modificaciones en la hegemonía.  Se expresa en la reorganización permanente de la relación de las fuerzas políticas en el seno de la clase dominante, lo ha permitido una redistribución constante de los pesos específicos de las fuerzas sociales y económicas. En esta etapa, todas las fracciones de la clase dominante han conspirado entre sí y en contra de cada una. Si observamos las alianzas políticas que se han establecido desde 1990 hasta la fecha, han sido completamente diferentes año con año y han creado hegemonías transitorias. En 1990 y parte de 1991, se establece una hegemonía basada en la alianza entre el grupo de la Unión Nacional Opositora (UNO) que encabezaba Alfredo César y el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) unificado y el poder Ejecutivo representado por el Ministro de la Presidencia, Antonio Lacayo. En esa alianza, Antonio Lacayo era el vértice del poder. 
 
Desde finales de 1991 a 1992, se establece una nueva hegemonía encabezada por Alfredo César (Presidente de la Asamblea Nacional), Virgilio Godoy (Vice Presidente de la República) y Arnoldo Alemán (Alcalde de Managua). A partir de enero de 1993, una nueva alianza fue conformada por el grupo parlamentario pro-gobierno (conocido como el «grupo de centro»), el FSLN unificado y el Poder Ejecutivo. Luego, desde enero hasta septiembre de 1994, se establece una alianza entre el FLSN unificado, la democracia cristiana, el «grupo de centro» parlamentario pro-gobierno y el poder ejecutivo. El Ministro de la Presidencia, Antonio Lacayo, ha querido mantener el vértice del poder sin tomar en cuenta las modificaciones que se han producido en la hegemonía. 
 
Desde octubre de 1994 hasta la fecha, se establece una alianza entre la democracia cristiana, los sandinistas renovadores y sectores de la UNO (Unión Nacional Opositora). El gobierno por su lado, establece alianza con los sandinistas ortodoxos (representados por los hermanos Ortega), a fin de preservar, Antonio Lacayo, el vértice del poder. 
 
Debido a las modificaciones permanentes de la hegemonía parlamentaria que mantenía paralizado el parlamento; el ejecutivo comenzó a gobernar a través de decretos leyes. Los dirigentes de las bancadas aliadas al gobierno decían y/o creían que de esa manera se establecía un combate contra la extrema derecha. Sin embargo, en el transcurso del tiempo, el gobierno se volvió «independiente» de sus aliados políticos y de la sociedad. Cuanto más se independizaba del parlamento y de las organizaciones de la sociedad civil, más se apartaba de los acuerdos políticos, y más tentaciones sentía de actuar solo. La Constitución reformada (febrero de 1995) busca como obligar al gobierno a consensuar las futuras decisiones políticas. 
 
3- Crisis de representación de los partidos.  En todas las encuestas sobre las preferencias políticas de la población se ha comprobado una ruptura de la relación de los partidos políticos que representan a las diferentes fracciones de la clase dominante y la sociedad civil, lo cual se manifiesta en el alto porcentaje (más del 60 por ciento) que expresa su preferencia por el abstencionismo en las elecciones de 1996. Es decir, estamos viviendo un proceso de desencanto de las bases sociales en la credibilidad de los actores políticos. Este factor puede empujar a ciertos sectores de la sociedad a escoger formas de Estado de excepción por medio de la represión de los actores sociales y suprimiendo los actores políticos. 
 
4- Crisis ideológica.  Tal crisis ideológica se manifiesta cuando se asiste, a la vez, a: 
 
a) Una crisis de la ideología del sector dominante del sandinismo expresada en la política contradictoria del FSLN ortodoxo: atacar el «statu quo» de las grandes mayorías empobrecidas y tener «estilos de vida» similares a los de las diferentes fracciones de la clase dominante de la burguesía. 
 
b) Una crisis de la ideología de la principal fuerza social dominante: el gobierno; expresada en la incapacidad de crear una nueva legitimidad democrática. Para el gobierno, la democracia es entendida como un simple juego de equilibrios. Sin embargo, la posibilidad de crear un Estado democrático depende de la credibilidad de los actores políticos (el sistema de partidos); de las expectativas que la sociedad civil tenga para salir del túnel de la pobreza y de la viabilidad de la estrategia económica para ofertar más empleos e incrementar la producción. 
 
c) Las encuestas revelan una caída de las expectativas de la población en el futuro inmediato y la falta de resultados tangibles, en la lucha contra la pobreza y en la creación de empleos, del gobierno actual. Por eso, la población acepta la democracia ante la ausencia de soluciones milagrosas como las prometidas durante la campaña electoral (cuando se decía que en 100 días compondrían todos los problemas del país), pero no existe una adhesión activa de la sociedad civil a los valores democráticos. 
 
d) Las encuestas de opinión expresan un castigo a los partidos políticos por su ineficacia e indiferencia para resolver los problemas nacionales y/o muestran el poco apoyo al gobierno minado por la corrupción. 
Sin embargo, los sectores populares, aún en repliegue, sin centro político nacional que defienda sus intereses inmediatos, aún derrotados una y otra vez en diferentes tipos de luchas sociales, persisten, pelean y defienden con tenacidad y determinación histórica las conquistas revolucionarias. En la lucha de estos últimos cinco años no han podido ni podían revertir todas las medidas de contrarreformas implementadas por el gobierno, pero han impedido que se aplastara a la revolución. Este ha sido un triunfo de los sectores populares, aunque no lo cristalicen sus representantes directos. Ha sido una victoria en el período de reflujo social en que vivimos, una victoria que no produjo ni podía producir un nuevo ascenso del movimiento social; pero contuvo y quebró la ofensiva restauradora del gobierno (hay que recordar los primeros meses de gobierno cuando quiso revertir la distribución de la propiedad de la tierra a favor de la antigua clase dominante), evitó que la derrota electoral produjera el desbande político (el sandinismo sigue siendo una fuerza política importante) e impidió que la conclusión de la etapa revolucionaria fuese caótica y sangrienta. 

El gobierno se ha apoyado en bases sociales ajenas

Ha sido la resistencia popular a la política de restauración conservadora y de ajuste económico estructural que permitió que se desembocara en una situación de dominio inestable por parte del gobierno y que lo obligara a hacer concesiones y equilibrios. El gobierno se ha apoyado en bases sociales ajenas, ya sea provenientes del sector de la UNO y/o sea del sandinismo. Esto ha evitado que el fin de la revolución sandinista fuese en beneficio exclusivo de algunos sectores de la clase dominante. También, ha permitido que se produzca una interrupción extensa pero transitoria de la revolución, preservándose espacios políticos y sociales amplios y democráticos para las demandas inmediatas de los sectores populares. Sin embargo, el mantenimiento de la táctica de «agitación social y política» a ultranza, por parte del sandinismo ortodoxo, no ha tomado en cuenta la nueva coyuntura, lo cual ha debilitado estratégicamente al movimiento popular y sindical y fortalecido los sectores que tienen como objetivo la restauración oligárquica.

El gobierno ha sido cauteloso, astuto y sin importarle las sutilezas ideológicas y doctrinales, ha tomado ideas y consignas prestadas tanto de la derecha como de la izquierda y las ha cambiado, a menudo con mucha incongruencia. En esto ha residido gran parte de su fuerza, se las ha arreglado para hacer confusos todos los problemas y todos los debates. A los críticos que lo atacan por cualquiera de sus pronunciamientos, siempre ha sido capaz de presentar otra afirmación que exprese exactamente lo contrario, sus fórmulas eclécticas han sido una dádiva a la burocracia o a los indecisos habituales; pero al mismo tiempo han atraído a muchas mentes honradas, pero tímidas o confundidas. Como en cualquier tendencia «centrista», también entre los ministros algunos se inclinan más a la izquierda y otros a la derecha. Las diferencias entre sus propios partidarios también lo indujeron a mantener cierta distancia con la derecha y la izquierda. Sólo en lo tocante a un problema - la restauración conservadora ha sido completa su solidaridad militante con la vieja oligarquía.

La política social del gobierno: contener el movimiento popular

La política social del gobierno ha sido de frenar al movimiento popular con promesas incumplidas y de concesiones económicas parciales a la cúpula del sandinismo ortodoxo, con el objetivo de terminar la etapa revolucionaria y estabilizar el gobierno sin grandes conmociones sociales y políticas. Mientras tanto, la Constitución de 1987 ha sido capitalizada por el gobierno para cubrir su política económica neoliberal. 

La política neoliberal, el empobrecimiento generalizado y el uso indiscriminado de la «dictadura presidencial», contemplada en la Constitución de 1987, fue incrementando el aislamiento político del gobierno. Este aislamiento creciente acentúo su terquedad en la política de restauración de bienes a los somocistas (la apertura de una oficina de reclamaciones en Miami lo confirma) y ha permitido mantener de la influencia de algunos representantes desprestigiados del anterior gobierno sandinista, en los que ha buscado sus puntos de apoyo para contener el descontento popular. Esto a su vez ha acrecentado su aislamiento. 
 
El gobierno ha desarrollado este complicado juego de equilibrios, como la única táctica política y social posible para implementar una política económica de derecha sin chocar abiertamente, en el plano social, con las masas populares que los sandinistas ortodoxos pretenden representar, y sin abdicar totalmente ante sus nuevos aliados que son la vieja clase dominante somocista. 
 
Es en esta etapa política que produce, también, un decisivo viraje a la derecha dentro de la dirección política ortodoxa del FSLN, teniendo como transfondo la apatía general de la población y el desencanto con la dirección sandinista manchada con la «piñata» (enriquecimiento ilícito de algunos dirigentes del FSLN), lo que podría desembocar en la destrucción del sandinismo y el triunfo de la contrarrevolución política en las próximas elecciones de 1996. Los elementos centrales que han permitido el incremento de la influencia del sector somocista han sido: la política de concesiones implementada por el gobierno a los sectores de la extrema derecha y la política de «cheque en blanco» que el sandinismo ortodoxo ha sostenido contra viento y marea a favor del gobierno. 

Los sandinistas ortodoxos se presta al juego de la contrarreforma

Los sandinistas ortodoxos le están haciendo el juego a todos aquellos sectores que están interesados en una restauración política oligárquica de la sociedad. Los ortodoxos son sandinistas, pero sandinistas que han adoptado una política de derecha con el único interés de defender sus propiedades adquiridas en la «piñata». El gobierno conoce esa debilidad, por eso los chantajea y los presiona para que adopten una «neutralidad» cómplice en detrimento de los sectores populares.  

El gobierno intenta, en esta etapa, impedir que las reformas a la Constitución Política entren en vigor, para instalar un régimen que le permita concluir, definitivamente, con las conquistas de la revolución. Es precisamente esto último, lo que ha obligado a que sandinistas ortodoxos tomen, transitoriamente, distancia en forma moderada en relación a las políticas del gobierno. 
 
La Constitución reformada parte del principio de que hay que buscar un mejor equilibrio entre los poderes del Estado, no se puede continuar con la «dictadura presidencial» que hasta la fecha ha permitido que el gobierno haga mayores concesiones hacia los sectores afines al gobierno y no a los sectores populares. La Constitución reformada garantiza ciertas conquistas sociales para los sectores populares, y trata de orientar al país en un sentido más democrático suprimiendo la «arbitrariedad presidencial» instaurada por el sandinismo. La Constitución reformada busca poner un dique definitivo a la política de restauración conservadora del gobierno y a la corrupción administrativa eliminando el encubrimiento, la impunidad y la protección de los poderosos. 
 
Una vez aprobadas las reformas constitucionales, es muy difícil que se desconozcan. La salida política que queda es que el Ejecutivo y el Legislativo deben establecer la negociación para regular la implementación de las mismas. De otra manera, podría producirse un divorcio entre los sectores empobrecidos y las instituciones de gobierno, lo que estimularía el surgimiento de nuevos conflictos sociales como respuesta de «los de abajo» a la crisis política de «los de arriba». 

Conclusiones

Nicaragua vive una profunda crisis nacional por la recesión económica, por la falta de un plan nacional de desarrollo alrededor del cual logre crear un consenso político y social. La desocupación (un poco más del 50 por ciento de la población económicamente activa) y el empobrecimiento generalizados (cerca del 80 por ciento de la población total), son elementos importantes de la crisis nacional. Todas estas variables socioeconómicas se mueven en una época de reacción política, de gran retroceso social y debilitamiento del movimiento popular.  

La crisis entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo no es una simple crisis entre dos poderes del Estado, sino que muestra las diferencias en la elaboración de un nuevo modelo político, económico y social. 

El sandinismo se encuentra paralizado, sin opciones viables para los sectores populares y sin propuestas concretas. Esto se expresa no solamente en la existencia de dos tendencias (Movimiento de Renovación Sandinista y FSLN-Ortodoxos), sino y sobre todo, en la desconfianza de las bases en la táctica política implementada hasta ahora. 

Los sectores medios y los más pobres, que votaron por el gobierno Chamorro, ya han tomado una posición hostil al gobierno, pero también son indiferentes a cualquiera de las corrientes del sandinismo; esto favorece a los sectores políticos más derechistas del país. 

Con un sistema político de alianzas inestables, con una tendencia de alto abstencionismo, con una administración pública minada por la corrupción, la tarea prioritaria en la búsqueda de una salida para Nicaragua parece pasar por la reforma del Estado. Tal programa de reformas capaz de dar salida a la crisis exige un alto consenso político, económico y social, pero debe de ser mantenido durante un tiempo suficiente para fijar certidumbres mínimas para los sectores populares, impulsar una recuperación de la confianza en los inversionistas y modificar las reglas del juego en la sociedad y en la economía. 
 
Managua, 5 de marzo de 1995


En este artículo
Este artículo es copia fiel del publicado en la revista Nueva Sociedad 137, Mayo - Junio 1995, ISSN: 0251-3552


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