Muy pocos creyeron que el gobierno de alternancia israelí, que asumió en junio de 2021 y fue derrotado en las urnas el 1 de noviembre pasado, pudiera cumplir un mandato completo de cuatro años. Más bien, sorprendió que durase tanto tiempo. Las diferencias ideológicas dentro del gobierno, compuesto por ocho partidos, terminaron siendo demasiado grandes. Sin embargo, puso fin al larguísimo mandato del conservador Benjamín Netanyahu como primer ministro e incorporó por primera vez a la coalición de gobierno a un partido árabe. La coalición logró aprobar el urgente presupuesto que volvió a poner en funcionamiento los ministerios israelíes. También reguló los coletazosde la pandemia en un tono distinto, más relajado, que no recurrió a confinamientos ni al cierre de escuelas. En política exterior, las relaciones con los países vecinos, Europa y Estados Unidos mejoraron significativamente. Israel volvió a posicionarse como un socio confiable.
Estas conquistas fueron rotundamente rechazadas en las elecciones parlamentarias del 1 de noviembre. Los resultados muestran que los partidos democráticos de centroizquierda se sacaron votos entre sí pero no pudieron captar el apoyo de nuevos votantes. El Partido Laborista ha reducido su representación en la Knéset, el Parlamento israelí, de siete escaños a solo cuatro escaños, sobre un total de 120. La segunda fuerza progresista, Meretz, superó por poco el umbral de 3,25% necesario para ingresar en la Knéset. Las cosas son muy diferentes del lado de la derecha. Los conservadores, representados por el conservador-liberal Likud y los partidos ultraortodoxos y ultranacionalistas, pueden disfrutar, con sus 65 escaños, de una estabilidad sorprendente en la Knéset. Ninguna encuesta predijo este aplastante triunfo. Sin embargo, el verdadero ganador de la jornada no fue Netanyahu, sino Itamar Ben-Gvir.
Líder del partido Otzmá Yehudit [Fuerza Judía], motor de la lista partidaria de los sionistas religiosos, Ben-Gvir logró que su agrupación más que duplicara el número de escaños parlamentarios y pasara de 6 a 14 bancas. Así, este partido nacionalista-religioso que reivindica abiertamente la supremacía racial judía quedó como tercera fuerza parlamentaria y podrá inclinar la balanza a su arbitrio. Cuando Ben-Gvir subió al escenario frente a sus seguidores durante la noche de las elecciones, estos coreaban enérgicamente frente a las cámaras consignas como «Muerte a los árabes». Su influencia política en la futura coalición podría ser devastadora.
Se teme que sean tomadas una serie de medidas que sacudirán los cimientos democráticos del país. Este defensor de los colonos radicales, condenado por incitación al racismo y apoyo a una organización terrorista, reclama para sí el cargo de ministro de Seguridad Pública. Con ello tendría bajo su mando a la Policía y a las fuerzas de seguridad en las fronteras, en Cisjordania y en las ciudades árabe-judías de Israel. Cuesta imaginar que no vaya a usar estas fuerzas para llevar adelante su intransigente agenda antiárabe. Ben-Gvir también vinculó estrechamente su elección y su participación en el gobierno a propuestas legislativas para restringir el Estado de derecho.
La Justicia independiente ha sido durante mucho tiempo una molestia para los nacionalistas de derecha. Planean, por ejemplo, que la mayoría del comité que selecciona a los jueces esté compuesta, en el futuro, por representantes de la coalición de gobierno. Es probable que esta coalición no ponga ninguna barrera a una nueva expansión de los asentamientos en los territorios palestinos y es de esperar un deterioro de las relaciones entre estos y los israelíes. Ni hablar de un proceso político de pacificación, que ya estaba inactivo antes de las elecciones.
En términos generales, con esta coalición se afianzaría el carácter judío del Estado. Esto sería no solo a expensas de la población no judía de Israel, 20% del total, sino también a expensas de los judíos seculares. Así, por ejemplo, queda definitivamente descartado el sueño de contar con transporte público durante el sabbat en Tel Aviv. Además, los grupos vulnerables vuelven a tener motivos para preocuparse por sus derechos y su lugar en el espacio público. Entre ellos están especialmente las mujeres, pero también miembros de la comunidad LGBTIQ+ y los árabes.
Ni siquiera el conservador-liberal Netanyahu debe querer que esta alianza tóxica dure un periodo legislativo completo de cuatro años. Por último, pero no menos importante: los costos económicos a mediano y largo plazo para el país serán enormes si, por ejemplo, los partidos ultraortodoxos, como anunciaron, eliminan los importantísimos contenidos básicos de matemática e inglés de los planes de estudio de las escuelas religiosas. Es mucho más probable que Netanyahu forme rápidamente gobierno y luego aproveche el tiempo para volver a unir al campo conservador de acuerdo con sus ideas. En cuanto pueda asegurarse una mayoría sin extremistas, tendrá la creatividad suficiente para romper la coalición con cualquier pretexto y convocar a nuevas elecciones.
El primer ministro electo, que enfrenta tres juicios por corrupción, malversación de fondos y fraude, será la voz más moderada de esta coalición. Deberá evitar que suceda lo peor. Así estará a la altura nuevamente de la imagen de padre de la nación que él mismo se ha creado; dependerá de él superar este mal trago. Sería bueno que los partidos de izquierda aprovecharan este tiempo para asumir con honestidad la responsabilidad que les cabe en esta debacle y tomar las medidas necesarias. La comunidad internacional está llamada a exigir más que nunca la universalidad de los derechos humanos. Esto vale especialmente para los amigos de Israel, porque solo a los enemigos se les puede desear esta versión del futuro.
Traducción: Carlos Díaz Rocca
