Nota de la autora: este texto intenta resumir, en pocas palabras, trabajos anteriores. Los comentariosde León Arismendi y de Carole Leal fueron muy importantes para su mejoría.

El 8 de abril de 1999 tuvo lugar un congreso extraordinario de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (ctv), en el cual se llegó a una decisión impensable poco tiempo antes: la cúpula de esta entidad sindical sería escogida mediante elecciones universales, directas y secretas, hecho inédito en el mundo sindical internacional. Tan drástica decisión solo era comprensible en el marco del cambio político que acababa de ocurrir: Hugo Chávez Frías ascendía al poder después de una campaña radical contra el establishment, dentro del cual incluía a la mayor central sindical del país. Las cualidades de tales elecciones, que a la larga se convertirían en un estorbo para la propia renovación, respondían a un viejo reclamo sostenido por parte de la izquierda y dirigentes sindicales de tendencia clasista de democratizar esa central. Se consideraba a la ctv tomada por una burocracia corrupta, autoritaria e ineficiente, además de corresponsable de la difícil situación económica de la década que terminaba, ya que, a cambio de ofrecer paz laboral, había mantenido con el poder una relación privilegiada que le garantizó el monopolio de la representación de los trabajadores y la represión de las opciones sindicales que la enfrentaban; rasgos estos propios de un sistema neocorporativo como el que imperó hasta comienzos de los años 90 y que se trataría de revivir justo antes de las elecciones de finales de esa década. Sin embargo, hay que decir –nobleza obliga– que el buró sindical del viejo partido Acción Democrática (ad), que ha controlado históricamente la ctv, supo también hacerse de un gran poder y respeto dentro de su partido y que conocía todo el aparataje de la negociación colectiva como ninguna otra fuerza sindical¹.

Parte del sindicalismo crítico creyó llegada su hora con la asunción de Chávez y respaldó sus medidas de carácter interventor –mucho más drásticas que las implementadas hasta entonces–, con la ilusión de forzar la depuración del movimiento sindical desde afuera. Fue un tiempo en el que la ctv se vio atacada por todos los flancos, y algunas de esas medidas quedarían incluidas dentro de la nueva Constitución de la República (sancionada por referéndum el 15 de diciembre de 1999), mientras que otras serían abandonadas gracias al juicio condenatorio de la Organización Internacional del Trabajo (oit) por ser violatorias de la libertad sindical. Sin embargo, dos de ellas, igualmente violatorias, sí llegaron a imponerse: en primer lugar, la realización de un referéndum a escala nacional para determinar si llevar a cabo o no elecciones sindicales; y, en segundo término, la designación del Consejo Nacional Electoral (cne) como responsable de la organización de las elecciones sindicales. La primera iniciativa tuvo un efecto contrario al esperado por el gobierno, pues, entre otras cosas, propició la deserción de sindicalistas oficialistas, que estuvieron en desacuerdo con que toda la población opinara sobre un asunto que solo concernía a los trabajadores sindicalizados, y coadyuvó a la recuperación de la ctv, junto con la consolidación de una nueva figura (Carlos Ortega), surgida de una exitosa huelga petrolera del año anterior. La segunda iniciativa se convertiría en una traba permanente para la renovación sindical.

Fueron tantas las acciones en contra de la ctv que, a finales de 2001, el desconocimiento gubernamental del resultado de sus elecciones internas y la imposición de un nuevo Estatuto de la Función Pública operaron como gotas que rebalsaron el vaso y dieron inicio a movilizaciones callejeras a gran escala. Pero, a fin de cuentas, la recién recuperada legitimidad de la ctv no duraría mucho, porque la mala interpretación de los intereses de sus afiliados y, sobre todo, la evaluación equivocada de sus propias fuerzas políticas la conducirían a asumir el liderazgo de las luchas contra el gobierno, lo que trascendía sus posibilidades. La articulación de sus protestas con las de la federación de empresarios fue fraguando una conjunción entre ambos actores (contra natura, la llamarían algunos), que perdería su cariz laboral original para terminar siendo una alianza de carácter político dirigida a forzar la salida de Chávez del poder. Ciertamente, esto no respondió a un mero capricho, pues ya se vislumbraba el peligro que corría la democracia, pero el hecho es que el actor laboral dejó de serlo para convertirse en actor político. El rotundo fracaso de la huelga general que comenzó en diciembre de 2002 y se extinguió entre febrero y marzo de 2003 sigue todavía resonando en la ctv, pues nunca más pudo recomponerse de ese golpe. Su dirigencia fue identificada como la culpable de los despidos posteriores a la huelga, frente a los cuales casi nada pudo hacer, al igual que en 2004 frente a los miles de despidos que se dieron en la administración pública como consecuencia de la publicación de los nombres de los firmantes a favor de la realización de un referéndum revocatorio contra Chávez.

En contrapartida, en ese momento surgió una nueva central sindical que agrupaba a los dirigentes sindicales afectos al presidente, la Unión Nacional de los Trabajadores (unt), que logró captar parte importante de los sindicatos de base de la ctv y pasó a convertirse en la punta de lanza de la acción gubernamental en el mundo laboral. En los siguientes cuatro años, esa central respaldaría las numerosas iniciativas del Ministerio del Trabajo, tales como las experiencias cogestionarias, la formación de cooperativas de trabajo asociado y las expropiaciones de empresas, ensayos todos improvisados que terminarían en estrepitosos fracasos (y como una de las causas del grave desabastecimiento actual). La unt y el mismo Ministerio del Trabajo serían además los promotores de la creación de cientos de sindicatos paralelos, con el objetivo de eliminar aquellos que todavía pertenecían a la ctv o que simpatizaban con los partidos opositores al gobierno. En síntesis, esos primeros años (1999-2003) fueron determinantes para comprender lo que ha sido la historia del movimiento sindical venezolano desde entonces².

Peleas intersindicales

Como hongos después de las lluvias, brotaron «sindicatos bolivarianos» por todo el país, en especial donde ya existían otros no afectos al gobierno³. Su legalización no encontró ningún obstáculo gracias al apoyo de las inspectorías del trabajo, mientras que los de sesgo contrario difícilmente lograban ser reconocidos. En consecuencia, a partir de 2003, surgen por todo el territorio conflictos intersindicales de diferente intensidad, en especial al momento de iniciarse un proceso de negociación colectiva, cuando es indispensable definir quién es el encargado de tutelarla. Nunca antes el movimiento sindical se había visto atrapado por tal vorágine de luchas intestinas, pero la mesa estaba servida previamente, ya que los ataques a la libertad y la autonomía de los sindicatos desde los inicios de la década pusieron en cuestión toda la institucionalidad sindical e hicieron desaparecer las reglas de juego.

En la lucha por la hegemonía y el control del movimiento obrero, las nuevas corrientes sindicales emplearon el «paralelismo» (la construcción de organizaciones paralelas) como una de sus principales herramientas. Pero esta fue un arma de doble filo, pues no solo perjudicó la acción del sindicalismo tradicional, sino que se volvió contraproducente para el desarrollo de cualquier tipo de sindicalismo. Además, los efectos directos de los conflictos intersindicales en el desperdicio de recursos financieros y en la perturbación de la actividad productiva nacional fueron de gran relevancia a causa de las parálisis que las disputas generaban en las empresas en cuestión.Uno de los peores efectos del paralelismo y del proceso de desinstitucionalización sindical fue el surgimiento de un fenómeno desconocido hasta entonces en el país: el sicariato. Este apareció con gran fuerza en el sector de la construcción, dados los recursos que suelen estar involucrados en la dotación de obras y las ganancias que ello supone para los dirigentes sindicales encargados de asignar la mano de obra. Mientras que, anteriormente, estas disputas habían sido manejadas dentro de una estructura sindical que contenía las confrontaciones, ahora las luchas tomaban un carácter violento. Después de varios años ocupando las páginas rojas de la prensa, el sicariato fue disminuyendo (sin ninguna acción oficial para frenarlo), en la misma medida en que se redujo la actividad de la construcción por la crisis económica.

Pelear con el enemigo

Las características de los conflictos obrero-patronales tienen mucho que ver con las circunstancias políticas nacionales y con cómo ellas impactan en la dinámica de las relaciones laborales en cada empresa en particular. Un caso emblemático nos lo ofrece la industria siderúrgica, más concretamente la firma Sidor⁴, en la cual podemos apreciar el efecto de los pleitos intersindicales, el intervencionismo y la partidización estatal y la ineficiencia de las instancias laborales. Los primeros conflictos se desarrollaron a partir de 2005 a causa de la inexistencia de un liderazgo reconocido por todos los sectores y de la interferencia de intereses políticos extrasindicales. Ello perturbaba el desenvolvimiento de las negociaciones con la empresa y con el gobierno, pues las corrientes oficialistas pugnaban por ser cada una más radical que la otra y no había acuerdo que las satisficiera. Entre 2006 y 2008, la empresa vivió en una confrontación permanente, a la que se sumaron los trabajadores tercerizados, no representados en el sindicato, que organizaron sus propias protestas. A lo largo de esas luchas, estas corrientes pugnaron por (y lograron) la nacionalización de la empresa, enarbolando, una vez más, una bandera cara al sindicalismo venezolano: esa que contempla, como buen país rentista, que bajo el Estado se vive mejor. Pero al poco tiempo de ser nacionalizada la empresa emergieron nuevamente los conflictos obrero-patronales, esta vez por la mala gerencia, lo que ha continuado hasta el día de hoy, con plantas prácticamente paralizadas y en quiebra no declarada.

El carácter, la extensión y la intensidad de las acciones sindicales cambiaron en Venezuela de manera pronunciada a raíz de la crisis internacional de 2008. Como consecuencia de ella, los sindicatos pasaron a sufrir la postergación, el entorpecimiento o el control de sus procesos de negociación colectiva, por lo que, en respuesta y sin importar su signo político, salieron a reclamar mejoras salariales y la renovación de sus convenciones de trabajo. La justificación más citada para frenar estas negociaciones ha sido lo que se ha denominado «mora electoral», que es la ausencia de renovación de las directivas sindicales (aunque ella sea producto de las trabas y dificultades que interpone el cne). Con el desarrollo de la crisis económica, la actitud gubernamental se fue haciendo cada vez más contraria a las exigencias y protestas laborales y se llegó a reprimirlas, sin miramientos, con el ejército y la fuerza policial.

Esas acciones sindicales se unieron a los reclamos por la inseguridad, el mal funcionamiento de los programas sociales y los problemas cotidianos en los barrios populares, asuntos que emergieron por efecto de la crisis. Paradójicamente, la mayoría de esas demandas fueron lideradas por personas afectas al régimen (chavistas) que enfocaron sus acusaciones hacia los funcionarios públicos, sin personalizarlas en Chávez, a quien se consideraba inocente del fracaso gubernamental. En los últimos años, ya desaparecido el presidente, las fidelidades hacia el gobierno han ido esfumándose y fueron recrudeciendo las protestas de los trabajadores, confundidas cada vez más con las de los no asalariados debido a los estragos de la hiperinflación, que ha evaporado el salario y empobrecido a la mayoría de la población. Al día de hoy, continúa la fuerte arremetida militar y policial contra el movimiento sindical y se calculan en cientos los dirigentes sindicales presos o bajo régimen de presentación; los términos poco comunes de «criminalización» y «judicialización» de la protesta se han hecho parte del léxico popular.

Teoría y práctica de la autonomía y de la unidad

En un principio, pareció que Chávez estaba interesado en constituir una relación de tipo corporativo con los dirigentes sindicales que le eran afectos, pero después de que estos perdieran las elecciones dentro de la ctv, se fue haciendo evidente su desinterés por considerarlos interlocutores válidos para el diseño de la política laboral⁵. No obstante, su discurso radical y maniqueo enmarcado en el «socialismo del siglo xxi», junto con los ataques de la oposición más conservadora, contribuyó a que parte de los sindicalistas de izquierda cerraran filas en torno del gobierno. Sin embargo, esa armónica relación comenzaría a resquebrajarse por no dar cabida al más mínimo disenso, y cuando en 2007 Chávez expuso de manera prístina su desacuerdo con la autonomía sindical por considerarla contraria a los fines de la revolución, los cuestionadores fueron identificados como enemigos del gobierno y en poco tiempo se produjo la primera división dentro de la unt.

La postura del presidente era coherente con el resto de su discurso, porque si el Estado es la encarnación del pueblo, ¿cómo van a existir entonces organizaciones obreras que no se sujeten a la voluntad estatal? El desprendimiento definitivo de esa central se produjo más tarde, en 2011, cuando su dirigencia fue completamente ignorada en el debate sobre la nueva Ley del Trabajo. Del lado del gobierno fueron poco a poco quedando tan solo los militantes del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (psuv) que pronto tendrían su central, ya que en ese mismo año se crearía otra de carácter plenamente oficialista: la Central Bolivariana de Trabajadores (cbt). Su subordinación al Estado se puso en evidencia de manera vergonzosa en el mismo acto de su fundación, cuando el máximo dirigente dijo en respuesta al saludo de Chávez: «Presidente, usted es nuestro caporal, mande». Por ello, a pesar de la situación calamitosa que vive el país en los últimos años, la cbt nunca ha puesto en cuestión una sola política gubernamental.

Por el lado del sindicalismo opositor, se produjo una fractura a raíz del desastre de la huelga general de 2003, pues la cúpula cetevista de ad se negó a autocriticarse por la forma en que dirigió ese proceso. En rechazo a esa conducta, ante el recrudecimiento de los conflictos a escala nacional y con un discurso crítico frente al gobierno y al empresariado, las corrientes de izquierda de la ctv tendieron puentes hacia los sindicalistas provenientes de las filas chavistas. Así, en abril de 2009, 14 organizaciones sindicales crearon una nueva alianza sindical que se denominó Movimiento de Solidaridad Laboral (msl), que se propuso convertirse en un referente clasista, autónomo, democrático y plural dentro del movimiento sindical para impulsar la unidad de acción entre los dirigentes sindicales de base, independientemente de sus inclinaciones políticas. A pesar de sus resultados todavía inciertos, el esfuerzo desplegado a partir de esta experiencia representa uno de los más firmes intentos por refundar el movimiento sindical venezolano sobre nuevas bases. El seguimiento de los conflictos y la realización de asambleas y seminarios en diferentes regiones del país permitieron la ampliación de las relaciones con dirigentes de base provenientes del oficialismo y de la ctv. Esto condujo, a principios de 2011, a constituir una plataforma más amplia, que pasó a llamarse Frente Autónomo en Defensa del Empleo, el Salario y el Sindicato (fadess). Este frente logró organizar grandes marchas y ese año fue un punto de referencia a escala nacional; no obstante, tuvo corta vida porque, entre otras cosas, el sindicato del sector privado con mayor cantidad de afiliados (el de empresas de alimentos y bebidas Polar) lo abandonó una vez que su máximo líder regresó a las filas del chavismo. Las diferencias internas fueron vaciando este frente que, poco a poco, fue quedando restringido a unos pocos sindicatos. Poco después surgiría un nuevo esfuerzo de unificación, la Unidad de Acción Sindical y Gremial (uasg), que contó con la participación de la unt, ya deslindada plenamente del oficialismo, junto con la directiva completa de la ctv, otras pequeñas centrales y algunas grandes organizaciones gremiales. Esta alianza tuvo su momento más sonado en 2014, cuando reunió un importante número de sindicatos para presentar un documento ante la oit con quejas muy bien sustentadas sobre los atropellos más graves de los que ha sido víctima el movimiento sindical por parte del Estado.

El msl, el fadess y la uasg han sido enfáticos en la necesidad de autonomía del movimiento sindical respecto al Estado, los patronos y los partidos, así como de la unidad de acción de sus bases. Una y otra vez se han enarbolado ambas banderas, pero una y otra vez ellas fueron burladas. Las razones para ello han de ser muchas, pero podríamos señalar tres: su dependencia de los partidos, el sectarismo y la desconfianza, y la dificultad de programación y activismo. La primera razón representa una de las mayores flaquezas del movimiento sindical venezolano: la dependencia partidista ha signado su historia, y los partidos desde siempre han tratado de capitalizar las acciones de los movimientos sociales y cooptar a sus líderes, pero eso está hoy en día más exacerbado que nunca debido a la polarización que vive el país y, desde ambos sectores (oficialismo y oposición), se ve con malos ojos a quienes reclaman autonomía o se movilizan por asuntos particulares, como puede ser el caso de las organizaciones sindicales.

El resultado es que los partidos tratan de utilizar las acciones del sindicalismo como parte de su combate contra el gobierno, y los propios dirigentes sindicales, que suelen ser también dirigentes políticos, terminan anteponiendo los intereses de sus partidos. En cuanto a la segunda razón, los esfuerzos de unidad están torpedeados por los reproches del pasado y la desconfianza política y personal entre dirigentes, aquejados a menudo por odios mellizales; es decir, la pluralidad no ha logrado erradicar viejas prácticas de sectarismo, expresión de celos entre dirigentes y búsqueda de espacios propios antes que de diferencias ideológicas. Por último, la gran virtud de aglutinar corrientes sindicales muy diversas tiene como contrapartida la dificultad para consensuar una línea programática. Estos dirigentes dedican un tiempo considerable a la acción y mantienen relaciones espasmódicas con los representantes de base; esto es, predominan el pragmatismo y el activismo, y no se observa una metódica programación encaminada hacia un norte común.

En síntesis, todos esos factores parecieran estar incidiendo para impedir la constitución de una opción consistente de unidad, con perspectiva de largo plazo, capaz de articular todos esos reclamos dispersos que día tras día están sucediendo en fábricas e instituciones del país. Por tanto, la autonomía sigue rondando como un sueño imposible para el movimiento sindical venezolano; ella y la unidad de acción parecen ser dos ilusiones inalcanzables a pesar de los numerosos esfuerzos en pos de ambas.

La pobre libertad sindical

A lo largo de este breve artículo se ha dejado entrever que el sindicalismo venezolano en tiempos de revolución ha tenido que enfrentar situaciones fuera de lo común en sociedades democráticas. Como eso constituye una circunstancia que constriñe toda la acción sindical, es conveniente mencionar las dos vías por las que tiene lugar. Por una parte, están las normas legales que limitan la posibilidad de ejercicio de la libertad sindical: a) la delegación en el cne de la responsabilidad de organizar las elecciones sindicales, que ha servido para torpedearlas y, consiguientemente, para justificar la paralización de las negociaciones colectivas por «mora sindical»; b) el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, Trabajadores y Trabajadoras de 2012, que, entre otros aspectos, acentúa la intromisión del Estado en la constitución y en la vida interna de los sindicatos, a la vez que obstaculiza la negociación colectiva, restringe drásticamente el derecho a huelga y les confiere a los sindicatos obligaciones de carácter estatal; c) la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación de 2002, que imposibilita el ejercicio de huelga en 30% del territorio; d) la Ley Especial de Defensa Popular de 2007 y la Ley de Precios Justos de 2014, que han servido para imponer penas privativas de libertad a quien protagonice huelgas en el sector agroindustrial; y e) el Código Penal, cuyos delitos de instigación a delinquir, agavillamiento y de restricciones a la libertad de trabajo son utilizados para justificar todo tipo de atropellos a sindicalistas y trabajadores⁶.

Por otra parte, están las políticas intervencionistas informales, como el fomento al paralelismo sindical, o formales, como la promoción de organismos parasindicales en todas las empresas públicas: los consejos de trabajadores, con competencias propiamente sindicales, y las milicias obreras que, como su nombre lo indica, tienen un cometido militar.

Frente a estas situaciones, son innumerables las denuncias de los sindicatos, pero la justicia, controlada por el partido de gobierno, ha hecho oídos sordos, de manera que los dirigentes sindicales le están otorgando gran relevancia a la única instancia de querella que les queda, la oit, que desde comienzos de siglo está denunciando la imposición de normas que cercenan la libertad sindical.

El movimiento sindical venezolano viene atravesando la peor crisis de toda su historia. Además de las razones socioproductivas que tienen arrinconado al sindicalismo mundial (que las limitaciones de espacio no nos permiten tratar) y de las relativas a sus propias debilidades, ha venido sufriendo una política sistemática de hostigamiento desde 1999, acentuada con el paso de los años. Los sindicatos son instancias incómodas porque logran crear un sentido de pertenencia y adhesión de sus afiliados en la defensa de sus propósitos y derechos particulares, distintos de los del conglomerado amorfo llamado «pueblo»; pero, además, cultivan en su seno todas las corrientes políticas que pugnan por distintos proyectos de país, y ambas cosas solo se pueden desenvolver en un medio democrático. Y tal condición la abandonó hace tiempo el Estado venezolano.

En la esencia del sindicalismo está su aspiración a una sociedad sin clases y sin explotación «del hombre por el hombre». La experiencia de la «Revolución Bolivariana» en estos casi 20 años ha revelado la cara oscura de esa ilusión: la que supone que para lograrlo es requisito que un solo pensamiento controle el poder y la sociedad en su conjunto. Para el caso venezolano, cabe perfectamente aquella famosa frase de Marx: «la historia se repite dos veces. La primera como tragedia, la segunda como farsa». La Unión Soviética y Cuba vivieron la tragedia, a Venezuela le tocó la farsa; un segundo intento de implantar el comunismo, ahora de forma más heterodoxa, ha logrado llevarse por los cachos parte del ideario sindical. Al sindicalismo venezolano le va a costar, más que a los de otros lares, reconstruir su propio sueño, ese que trasciende el mero acto reivindicativo para apuntar hacia un mundo mejor.