Opinión

La soberanía latinoamericana frente al regreso de la fuerza


noviembre 2026

Durante más de un siglo, América Latina hizo de la defensa del derecho internacional, el multilateralismo y la integración regional instrumentos para proteger su soberanía frente a las grandes potencias. Hoy, ante el retorno de la fuerza y las ambiciones de Estados Unidos, esa tradición parece desvanecerse. La fragmentación regional no solo debilita la soberanía, sino que amenaza también a la democracia.

<p>La soberanía latinoamericana frente al regreso de la fuerza</p>
Daniel Gonzalez/Getty Images.

La cuestión de la soberanía ha recuperado un lugar central en la política mundial, no solo en el Norte global, sino también en el Sur global, ante el resurgimiento asertivo de los llamados «intereses vitales» de los Estados en cuanto a sus prioridades, propósitos y prácticas en el escenario internacional. Una expresión alusiva de ello en el ámbito continental es la mención del término «soberanía» en 26 ocasiones en las Estrategias de Seguridad Nacional de 2017 y 2025, correspondientes a los dos mandatos del presidente Donald Trump, así como la referencia a la misma palabra en 42 oportunidades en la plataforma electoral de Luiz Inácio Lula da Silva en 2026. Si, entonces, la soberanía «está de vuelta», es fundamental interrogarnos sobre su evolución histórica en la política exterior de América Latina, su significación, defensa y alcance en más de un siglo y hasta nuestros días.

Ahora bien, antes de abordar el tema en cuestión, quisiera subrayar una diferencia que permite entender la singularidad actual de América Latina: la que existe entre gravitación y relevancia regional. Entiendo la gravitación como el peso de una región en áreas claves de las relaciones internacionales. Por ejemplo, el total de la inversión anual en investigación y desarrollo de los 33 países de la región –unos 64.000 millones de dólares– es menor a la de Taiwán, que es de unos 77.000 millones de dólares. A su vez, la participación de América Latina y el Caribe en las exportaciones mundiales es de 6%. Así, la región carece de peso en materia tecnológica y comercial, dos áreas fundamentales en la política mundial. Entiendo en cambio la relevancia como el lugar sobresaliente de una región en las relaciones internacionales. América Latina está bañada por dos océanos, el Pacífico y el Atlántico; hospeda dos pasos marítimos, el canal de Panamá y el estrecho de Magallanes; tiene abundantes recursos vitales como energía, minerales, tierras raras, agua dulce y alimentos; se proyecta en el polo antártico y es el espacio más biodiverso del planeta. Mares, choke points [puntos de estrangulamiento], activos estratégicos, masa polar y biodiversidad son de extraordinario valor en medio del retorno de la geopolítica.

En este regreso, la soberanía es central. En distintas latitudes y bajo diferentes regímenes se alude a su trascendencia: no solo de la soberanía territorial, sino de la energética, la digital, la sanitaria, la alimentaria, la cultural y la ambiental. Asistimos a lo que llamo «hipersoberanización»: un proceso por el cual la soberanía se alega y refuerza como un principio y una práctica destinadas a legitimar el control sobre múltiples asuntos y ámbitos prominentes. Esos asuntos y ámbitos son proclamados como indispensables para la seguridad nacional. No sorprende, entonces, que la proliferación de tantas «soberanías» redunde en más pugnacidad internacional.

Adicionalmente, es bueno recordar que, para hacer frente a los poderosos, los actores subalternos han recurrido en todo tiempo y lugar a opciones creativas de política exterior. En ese sentido, América Latina forjó su Realpolitik. Ella se sustentó en un trípode: la defensa del derecho internacional, el respaldo al multilateralismo y la promoción del regionalismo. Esta «estrategia del débil» ha sido practicada por potencias regionales, poderes medios y países pequeños y eso ha permitido, entre otros factores, que la región sea una zona de paz. Básicamente, esa Realpolitik fue concebida como funcional para alcanzar una autonomía relativa en el frente externo. Sin embargo, a medida que se desdibuja el proyecto autonomista y se arraiga la aquiescencia ante los poderosos, el realismo latinoamericano parece vivir una crisis.

Por otra parte, es imprescindible reivindicar que el derecho internacional ha contribuido a un imperfecto, aunque esencial, pacto de convivencia entre las naciones. La Carta de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), por ejemplo, en su artículo 2, inciso 4, dice: «La Organización está basada en el principio de la igualdad soberana de todos sus miembros»; y en el inciso 2 indica: «Los Miembros de la Organización, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado». La Carta de la Organización de los Estados Americanos (OEA) subraya en cuatro ocasiones la defensa, el respeto y la inviolabilidad de la soberanía; rechaza la intervención directa o indirecta y repudia el recurso a la fuerza armada.

La soberanía como telón de fondo

Con este telón de fondo –la relevancia de América Latina, la hipersoberanización, la Realpolitik regional y la importancia del derecho internacional–, paso a analizar el tema de la soberanía y América Latina. Planteo una periodización en la que señalo una primera etapa que va de comienzos del siglo XX hasta la Segunda Guerra Mundial. Una segunda etapa cubre la Guerra Fría (1947-1991) y una tercera la Posguerra Fría (1991-2022/2025). En ese recorrido, me interesa precisar no solo quién recurre a la fuerza, sino cómo y con qué propósito la utiliza. Evalúo, en particular, el papel de América Latina en esa periodización. Me aproximo al asunto de la soberanía con el foco en las relaciones interestatales.

1. Primera etapa: hasta la Segunda Guerra Mundial

En la primera etapa, que tiene antecedentes en siglos previos, el empleo de la fuerza directa provino principalmente de Europa, cuando varias potencias desplegaron su poder militar para asegurar sus posesiones y planes imperiales. El alcance del comportamiento europeo fue amplio en lo geográfico y prolongado en lo temporal. La fuerza, aunque en menor alcance, también fue utilizada por Estados Unidos en lo que consideró su «patio trasero»: en especial, en la amplia cuenca del Caribe. América Latina, a pesar de sus disímiles realidades nacionales, con los condicionamientos de la época y reconociendo la asimetría frente a Estados Unidos y a Europa, recurrió al derecho para responder a la amenaza y el uso de la fuerza. Las doctrinas Calvo, Drago y Carranza fueron expresiones inequívocas de la defensa de la soberanía y de la resistencia al intervencionismo.

2. Segunda etapa: la Guerra Fría (1947-1991)

En la segunda etapa, durante la Guerra Fría, los principales países, aunque no los únicos, que recurrieron a la fuerza fueron Estados Unidos y la Unión Soviética. En algunos casos, como en Vietnam y Afganistán, violentaron de modo directo la soberanía de las naciones. En la mayoría de los ejemplos en el Tercer Mundo, apelaron a modalidades indirectas: «guerras irregulares», «guerras por encargo», «guerras de baja intensidad», «guerras encubiertas». Asimismo, emplearon prácticas de intromisión abierta o clandestina promoviendo el «cambio de régimen». Washington y Moscú buscaron asegurar el control en sus esferas de influencia bajo doctrinas cuyo objetivo era la exclusión de otros en lo que juzgaron «sus» vecindarios, en un caso a través de la restauración de la Doctrina Monroe, en el otro bajo la imposición de la Doctrina Brézhnev.

En esta etapa, América Latina utilizó instituciones formales como la OEA, la ONU y el Movimiento de Países No Alineados, así como instancias informales como la Comisión Especial de Coordinación Latinoamericana y el Grupo de Contadora para, mediante acciones diplomáticas defensivas y ofensivas, preservar la soberanía y reafirmar el principio de no intervención. Es importante recordar que 20 de los 51 Estados fundadores de la ONU eran latinoamericanos. Líderes políticos, diestros diplomáticos y expertos legales fueron protagonistas destacados en la construcción de reglas y normas: la influencia de América Latina fue reconocible en ideas como la igualdad soberana de los Estados y la solución pacífica de controversias, entre otras. Ahora bien, el socavamiento de la soberanía en la región no fue solo el resultado del accionar de una fuerza exógena. En la década de 1970, por ejemplo, América del Sur llevó a cabo su modelo de intervención. Las dictaduras del área participaron del Plan Cóndor, una iniciativa transfronteriza represiva en la que regímenes militares cohonestaron la violación de cada soberanía nacional en aras de perseguir y eliminar a ciudadanos de países vecinos.

3. Tercera etapa: la Posguerra Fría (1991-2022/2025)
3.1. Primer momento (1991-2003)

La tercera etapa, la de la Posguerra Fría, tuvo dos momentos diferentes. El inicial, que va de 1991 a 2003, tuvo a su vez dos fases. La primera se desplegó en medio de una momentánea condición unipolar de Washington. Estados Unidos, junto a naciones del Norte y del Sur global, lideró el recurso legítimo a la fuerza a través de resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. La región acompañó esa movida. Desde la primera guerra contra Iraq (1991) hasta Kosovo (1998-99), el propósito invocado –la intervención humanitaria– apuntaba a alcanzar lo que Immanuel Kant, en su opúsculo La paz perpetua (1795), llamaba, la foedus pacificus: una «comunidad de paz». Esa aspiración altruista era producto de lo que se llamó entonces el inicio de un «nuevo orden mundial». Ese nuevo orden se asentaría en el pluralismo político, la economía de mercado, la reducción de los presupuestos de defensa, una agenda renovada de temas globales y el compromiso con el multilateralismo. A ese efímero lapso, le siguió una segunda fase de «emergencia perpetua», en la que Estados Unidos impulsó acciones militares junto con sus habituales socios de Occidente. En realidad, la Casa Blanca optó por la estrategia de primacía, que tuvo como acontecimiento catalizador los atentados del 11 de septiembre de 2001. La estrategia de primacía significaba que Washington no toleraría el surgimiento ni el afianzamiento de una potencia de igual talla, lo que encerraba un tácito impulso imperial. Así como para la operación militar en Afganistán Estados Unidos buscó y obtuvo el respaldo de las Naciones Unidas, para el segundo ataque a Bagdad en 2003 decidió actuar por fuera de la ONU y al margen del derecho internacional.

En el primer momento de esta tercera etapa, América Latina atravesaba una coyuntura en la que la memoria de un violento pasado autoritario, una frágil transición democrática y un renacido espíritu integracionista confluían. El hasta entonces muy defendido principio de no intervención fue dando lugar, no sin tensiones, a la vacilante conformidad con el «deber de injerencia». En efecto, un buen número de países apoyaron la «responsabilidad de proteger» (R2P), un principio por el cual los Estados deben proteger a su población de crímenes atroces y, en el caso de no hacerlo, la ONU debe adoptar las medidas para asegurar la salvaguarda de la sociedad. Además, a inicios de los años 90, el ímpetu integracionista invitaba a una prudente cesión de soberanía individual con el anhelo de afianzar la soberanía grupal. Sin embargo, una concatenación de factores de la segunda mitad de la década, tales como la expansión de la «guerra contra las drogas», la promesa de establecer, en 2005, el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) y las cambiantes posiciones de algunos gobiernos frente al recurso a la fuerza, entre otros, reflejaba un lento pero detectable repliegue en cuanto a la prioridad otorgada a la soberanía.

Si bien el comienzo del siglo XXI mostró una corta revitalización del ideal de la soberanía a partir de la llamada «ola rosada», la «oleada conservadora» que le siguió mostró las oscilaciones de la región y anticipó hasta qué punto la dispersión hacía difícil una postura común en defensa del derecho internacional y contra el recurso a la fuerza. Paulatinamente, la hiperideologización política, la reprimarización económica y la polarización doméstica coadyuvaron a la disgregación diplomática. Lo que hoy advertimos, inexplicablemente perplejos, tiene antecedentes en décadas anteriores. Nada surge, incluso en política internacional, por generación espontánea.

3.2. Segundo momento (2003-2022/2025)

En la segunda fase de la Posguerra Fría (2003-2022/2025), Washington ensayó las «coaliciones de voluntarios» (coalition of the willing) no solo en el marco de la «guerra contra el terrorismo», sino también en las acciones contra Estados. Esas coaliciones ad hoc eran distintas de las alianzas militares tradicionales, que se guían por el principio de «todos para uno y uno para todos», en el evento de que un miembro sea atacado. En las coaliciones de voluntarios, un actor fija la misión y convoca a aliados para seguirlo. Así, el recurrente uso de la fuerza fue arrasando con ideales jurídicos exhortados desde 1991. En Libia, por ejemplo, en 2011 se invocó explícitamente la responsabilidad de proteger por medio de una resolución del Consejo de Seguridad, pero su aplicación resultó un fiasco. Por años y mediante operaciones lanzadas contra actores estatales y no estatales, Washington fue aplicando su estrategia de primacía, ostentando una actitud revisionista durante el primer mandato de Trump que se ha reforzado durante el segundo.

Un Estado revisionista es un Estado insatisfecho que pretende cambiar o derribar drásticamente el orden regional o internacional, sus reglas, normas e instituciones y, de esa manera, moldear y determinar la distribución de poder. En consecuencia, la soberanía del «otro» es, para ese Estado, irrelevante, y el derecho internacional resulta un estorbo. Pero no ha sido Estados Unidos el único que adoptó ese comportamiento. La guerra contra Georgia en 2008, la anexión de Crimea en 2014 y la invasión a Ucrania en 2022 revelan también la condición revisionista de Rusia.

En lo estrictamente continental, es evidente que Washington procura restablecer su antigua esfera de influencia en la región. Pero ello no es el corolario de una aspiración hegemónica: se trata de disciplinar y dominar antes que de atraer y persuadir. Los ejemplos son elocuentes: las ejecuciones extrajudiciales de 234 presuntos narcolancheros en el Caribe y el Pacífico; el ataque militar a Venezuela; y la doble amenaza del eventual uso de la fuerza en Cuba y de la recuperación forzada del canal de Panamá.

Ante los hechos consumados y las advertencias declaradas, la región ha mostrado el mayor nivel de disenso y fractura desde la transición hacia la democracia. No ha recurrido ni a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), ni a la OEA, ni a la ONU, ni a las instancias jurídicas internacionales específicas para denunciar las violaciones a la soberanía. No ha utilizado el derecho internacional, así fuese defensivamente. No ha buscado aliados extrarregionales como Europa para aunar esfuerzos y hacer frente a las arbitrariedades de Washington. No ha propiciado contactos con actores sociales y políticos internos de Estados Unidos para encontrar amigos en causas comunes. Frente a Trump, los gobiernos del área oscilan entre el consentimiento, la parálisis, el sometimiento y la desazón.

A modo de síntesis

He intentado mostrar que la región fue pionera en la defensa jurídica de la soberanía y lo hizo con alto perfil durante décadas y con distintos gobiernos. Sin embargo, al cabo de más de un siglo, la posición del área se tornó ambivalente y fragmentada, especialmente en años recientes. Ello testifica el avance hacia una soberanía condicionada, deformada y vulnerable.

América Latina goza hoy de una notable relevancia, pero se enfrenta a una hipersoberanización que la desborda, al tiempo que su proverbial Realpolitik se desvanece en medio del ocaso del «orden basado en reglas» y su impacto para la convivencia internacional.

Habrá que observar y analizar si esto a lo que asistimos es una anomalía circunstancial o una tendencia que va a profundizarse. En todo caso, el debilitamiento de la soberanía en la región es claro. En la actualidad abundan calificativos respecto a la soberanía realmente existente: restringida, perforada, disputada, arbitrada, reconfigurada.

Concluyo, no sin temor: si la soberanía define quién tiene el poder, la democracia define cómo se ejerce y legitima ese poder. Si soberanía y democracia son mutuamente dependientes y remiten al origen del poder político, y este reside en el pueblo a través de su ejercicio participativo en las decisiones colectivas, entonces una manifiesta desprotección de la soberanía conlleva, más temprano que tarde, a un mayor deterioro de la democracia.

En este contexto, habrá que observar el impacto de la elocuente derrota legislativa del presidente Trump en las recientes elecciones de mitad de término, así como el cuarto triunfo presidencial de Lula da Silva este año. Sin duda, la reacción inicial que aquella derrota y esta victoria generan en las fuerzas progresistas del continente es una expectativa promisoria –o menos dañina– respecto a la cuestión de la soberanía en la región. Cabe, a mi entender, una nota de cautela. En tiempos más próximos, los presidentes Bill Clinton en 1994 y George W. Bush en 2006 perdieron el control de ambas cámaras del Congreso y sus respectivas políticas exteriores apenas se alteraron circunstancialmente. Puesto en un continuum entre un giro significativo, en un extremo, y un ajuste táctico, en el otro, lo que efectivamente sucedió en ambos casos fue lo último: retoques menores, no sustantivos. Es auspicioso que Lula haya sido reelegido, pero es notoria la dificultad latinoamericana de coordinar y concertar en torno de asuntos en los que converjan intereses compartidos. A su vez, el mandatario brasileño se deberá concentrar más en su propio país en virtud de que no controla el Poder Legislativo ni la mayoría de las gobernaciones.

En consecuencia, habrá que evaluar si se presentan situaciones que permitan actuar conjuntamente (entre algunos o varios) para proteger la soberanía en la región, al tiempo que en Estados Unidos se creen condiciones políticas y sociales para obstruir la capacidad punitiva del gobierno de Trump respecto a América Latina, en medio de la ascendente rivalidad sino-estadounidense. No hay que confundirse: los demócratas recientemente triunfantes serán tan o más halcones respecto a China.

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