El 12 de julio de 2020, dos políticos de 48 años se enfrentaron en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Polonia: el presidente en ejercicio, Andrzej Duda, candidato de la derecha conservadora articulada en Ley y Justicia (PiS, por sus siglas en polaco), y Rafał Trzaskowski, actual alcalde de Varsovia y candidato de la principal fuerza opositora, el partido liberal de centro Plataforma Cívica (PO).

Los candidatos presentaron visiones políticas muy diferentes en estas elecciones trascendentales y polarizadas, que movilizaron a un mayor número de votantes que cualquier otro comicio en los últimos 25 años. Duda defendió la continuidad del PiS al frente del gobierno y las políticas de los últimos cinco años, durante los cuales el creciente control gubernamental sobre el sistema judicial y el uso del poder estatal para dar forma a la esfera pública en beneficio del grupo político gobernante erosionaron la democracia. Trzaskowski se opuso firmemente al proyecto ideológico e institucional del gobierno del PiS y presentó una visión radicalmente diferente para el país, vinculada al liberalismo político. La estrecha victoria de Duda con 51% de los votos, frente a 49% de Trzaskowski, promete una revitalización de las políticas del PiS para establecer su hegemonía sobre el Estado y la esfera pública, si bien revela que la mitad del electorado polaco se opone a este proyecto.

El proyecto político del PiS

El PiS llegó al poder en 2015, cuando derrotó a Plataforma Cívica, primero en las elecciones presidenciales y luego en las parlamentarias. Polonia tiene un sistema parlamentario con un Parlamento bicameral compuesto por la Cámara Baja (Sejm) y el Senado, y un presidente elegido por voto popular. La victoria del PiS en 2015 fue significativa no solo porque siguió a dos mandatos consecutivos de gobiernos liderados por Plataforma Cívica entre 2007 y 2015, sino también porque la coalición política liderada por el PiS fue la primera, desde la transición de Polonia a la democracia iniciada en 1989, que logró una mayoría en ambas cámaras del Parlamento al mismo tiempo que controlaba la Presidencia. El PiS decidió utilizar esta mayoría para establecer un control duradero sobre las instituciones estatales y transformar las estructuras sociales y económicas siguiendo lineamientos neotradicionalistas, nacionalistas y estatistas.

El PiS fue fundado en 2001 por los hermanos gemelos Lech y Jarosław Kaczyński como un partido demócrata cristiano de centroderecha, pero se corrió a la derecha después de un breve periodo en el poder entre 2005 y 2007, tras el cual absorbió a sus dos socios de coalición, uno ubicado en la derecha radical y el otro con una agenda agraria. Durante sus ocho años en la oposición, el PiS fortaleció los lazos con los movimientos de derecha de base, desarrollando gradualmente un discurso nativista y populista. Los efectos emotivos de la catástrofe de Smoleńsk de 2010, cuando murieron el presidente Lech Kaczynski y su esposa junto con numerosos funcionarios del gobierno, a causa del accidente del avión oficial que los transportaba a una conmemoración de la masacre de más de 20.000 oficiales y miembros de la intelligentsia polaca a manos de la Unión Soviética en 1940, también contribuyeron a la transformación del PiS mediante la revitalización e integración al partido de sectores de base de la derecha.

Su núcleo discursivo contrario al establishment se basa en la idea de que en el Estado polaco han sobrevivido hasta el día de hoy elementos comunistas que deben ser eliminados. Este reclamo se convierte en un rechazo más amplio del establishment, porque es seguido del argumento de que algunos líderes de Solidaridad, el movimiento social que provocó la democratización del país y del cual formaron parte algunos líderes fundadores del PiS, traicionaron los intereses del pueblo polaco durante la transición negociada de Polonia a la democracia con los Acuerdos de la Mesa Redonda. Este «pecado original» se conecta luego con la integración de Polonia a los mercados mundiales y la Unión Europea, que no es impugnada en forma directa, pero es criticada por su intromisión «excesiva» en detrimento de la identidad nacional, los recursos nacionales y la cultura tradicional. El discurso político del PiS resalta supuestas amenazas a la identidad nacional-religiosa, tales como la «ideología de género» o las políticas en favor de los grupos LGBTI y el liberalismo cosmopolita, así como la necesidad de priorizar al pueblo polaco mediante la expansión de los beneficios sociales y el nacionalismo económico. En palabras de Kaczyński, esto exige una «revolución moral» en la elite política y la burocracia.

Tras su llegada al poder en 2015, el PiS actuó para asegurar su influencia sobre el Tribunal Constitucional reemplazando cinco nombramientos recientes realizados por el gobierno anterior, con el argumento de que el derecho a hacer estos nombramientos le correspondía al nuevo Parlamento. Cuando el Tribunal dictaminó que solo dos de estos reemplazos eran constitucionales, el gobierno se negó a acatar el fallo y aprobó una ley que reorganizó el funcionamiento del Tribunal Constitucional. Al imponer que el Tribunal aborde los casos en el orden en que se presentan, esta ley socava su capacidad para abordar asuntos urgentes. El gobierno continuó expandiendo su influencia sobre todo el sistema judicial a través de una reforma integral que abarca el Consejo Nacional de la Judicatura (KRS, por sus siglas en polaco), un órgano constitucional responsable de nombrar jueces –incluidos los tribunales superiores– y de tratar demandas contra jueces en ejercicio por cuestiones de ética. La reforma cambió el procedimiento para elegir a 15 de los 25 miembros del KRS, haciendo que la composición del cuerpo dependa de la Cámara de Diputados. Además, los mandatos de estos 15 miembros del KRS en funciones finalizaron automáticamente cuando la nueva ley entró en vigencia en 2018, lo que le otorgó al PiS un control casi completo sobre los nombramientos. La preocupación del gobierno del PiS por los tribunales se debe a que carece de una mayoría constitucional (dos tercios) en el Parlamento. Con solo una escasa mayoría parlamentaria tanto en su primer mandato como en el actual, el PiS no tenía perspectivas de ejercer facultades constitucionales y previó que los tribunales se convertirían en un obstáculo para sus ambiciones políticas.

En el apuro por expandir su influencia ideológica y conquistar nuevos votantes, el PiS también asumió el control de los medios públicos y los transformó en una máquina de propaganda. Además de cubrir de manera selectiva y desproporcionada las noticias favorables para el partido gobernante, la red de televisión pública TVP trata activa y permanentemente de desacreditar a la oposición. La justificación del gobierno para su colonización de los medios públicos es que se necesita un contrapeso a los medios privados, que supuestamente son entidades extranjeras hostiles que favorecen a la oposición liberal o tienen un sesgo contrario a los conservadores. El gobierno suscitó fuertes críticas por parte de los veedores internacionales de libertad de prensa cuando expresó que las empresas de medios privados de propiedad extranjera deberían ser «repolonizadas». Los medios opositores en manos de propietarios polacos también enfrentan presiones económicas y legales.

En su agresiva campaña para expandir su base de votantes, el PiS utilizó asimismo generosamente palancas fiscales. Su política social emblemática ha sido un programa para pagar 500 złotys (aproximadamente 130 dólares) mensuales a todos los padres por cada hijo a partir del segundo. Otros ejemplos de política expansiva son la baja de la edad de jubilación, que había sido aumentada en 2012 por el gobierno de Plataforma Cívica, y el pago de gratificaciones a jubilados.

Además de conquistar a los votantes con populismo económico, el PiS ha buscado expandir el papel del Estado y del capital nacional en la economía, en particular promoviendo empresas estatales y haciendo grandes inversiones, como el megaproyecto de la Central de Transporte «Solidaridad». El PiS denuncia que el capital extranjero es perjudicial para la nación y ha prometido reducir su influencia mediante la «repolonización» de la economía. Por ejemplo, la participación del sector bancario polaco en manos del capital nacional aumentó unos 12 puntos porcentuales desde 2016, hasta alcanzar el 54%, lo que implica una sustancial aceleración en la tendencia preexistente de propiedad nacional en crecimiento. Aumentar el poder de mercado de las empresas estatales, en la medida en que lo permita la regulación de la Unión Europea, es otro objetivo de la política económica del PiS. La promoción de las empresas estatales brinda beneficios políticos directos al gobierno: al designar a los leales para que las dirijan, el partido puede usar el poder económico de estas empresas para avanzar en su agenda –por ejemplo, mediante demandas a medios opositores– y pasa a disponer de puestos de trabajo que pueden ser utilizados para recompensar a sus seguidores.

Las elecciones presidenciales de 2020

Las recientes elecciones presidenciales fueron las últimas en una maratón electoral de dos años que incluyó elecciones locales en octubre de 2018, para el Parlamento Europeo en mayo de 2019 y para el Parlamento polaco en octubre de 2019. Si bien el PiS se aseguró los mayores caudales electorales en todas estas elecciones, la exitosa estrategia opositora para construir coaliciones con vistas a las elecciones parlamentarias de 2019 logró limitar su expansión. El PiS perdió escaños en ambas cámaras del Parlamento y su mayoría en el Senado. El control de la oposición sobre el Senado aumentó hasta cierto punto las restricciones sobre el gobierno, pero no lo suficiente como para obligar al PiS a buscar consensos en la formulación de políticas.

El sistema parlamentario de Polonia otorga poderes importantes al presidente, como la capacidad de vetar leyes y presentar proyectos legislativos al Tribunal Constitucional para su revisión, y el poder de ratificar todos los nombramientos judiciales realizados por los órganos judiciales. La elección presidencial fue crítica para dar forma al futuro equilibrio de poderes entre el gobierno y la oposición porque en caso de que el PiS perdiera la Presidencia, no tiene la mayoría calificada que necesitaría para anular un veto presidencial.

Unos meses antes de que se celebraran las elecciones, estalló la pandemia. Polonia comenzó a registrar casos de covid-19 a principios de marzo e implementó rápidamente algunas medidas de confinamiento que se reforzarían aún más en el transcurso del mes. La situación planteó un dilema para el gobierno: las medidas estrictas de confinamiento solo serían constitucionales si el gobierno declaraba un estado de emergencia, pero la Constitución establece que no se pueden celebrar elecciones ni durante y ni hasta 90 días después de tal estado de excepción. Temiendo una disminución en la popularidad del presidente Duda debido a las consecuencias de la crisis, y no dispuesto a renunciar a la oportunidad de lo que parecía una victoria fácil, el PiS hizo todo lo que estaba entre sus facultades y también lo que no estaba: celebrar las elecciones presidenciales como se planeó al inicio, el 10 de mayo.

El 6 de abril, parlamentarios del PiS presentaron un proyecto de ley para introducir el voto por correo postal para las elecciones previstas entonces para el 10 de mayo. El proyecto de ley limitó la jurisdicción de la Comisión Electoral Nacional sobre la organización de las elecciones, que se confió a un ministerio y a la Oficina de Correos, lo que puso en duda la seguridad de los comicios. Muy crítica de la maniobra del gobierno, la oposición usó su mayoría en el Senado para retrasar el proyecto de ley electoral por el periodo máximo de 30 días permitido por la ley, antes de finalmente rechazarlo cinco días antes del día establecido para la primera vuelta. El proyecto de ley entonces tenía que ser aprobado en la Cámara Baja, pero al final no pudo aprobarse como estaba porque un miembro del gobierno del PiS, el ministro de Educación Superior Jarosław Gowin, y los 18 miembros del Parlamento pertenecientes a su partido se opusieron. Miembros de este grupo liderado por Gowin fueron elegidos por las listas de PiS y forman parte de la misma bancada en el parlamento, pero mantienen también cierta autonomía. Sin embargo, Gowin y Kaczyński llegaron a un acuerdo para no celebrar las elecciones el 10 de mayo pero sí ratificar el procedimiento de voto por correo postal para las elecciones a ser celebradas en una fecha posterior.

El aplazamiento de las elecciones le dio al principal partido de la oposición la oportunidad de cambiar a su candidata presidencial, Małgorzata Kidawa-Błońska, a quien las encuestas ubicaban tercera o cuarta en las preferencias del electorado después de haber pedido un boicot a las elecciones de mayo. El 15 de mayo, Plataforma Cívica anunció que su candidato presidencial sería el alcalde de Varsovia Rafał Trzaskowski. El apoyo a Trzaskowski crecería constantemente en las encuestas a partir de entonces.

En la primera vuelta, celebrada el 28 de junio, Duda obtuvo 43,5% de los votos, mientras que Trzaskowski se alzó con 30%. Sin una mayoría absoluta, Duda debió enfrentar una segunda vuelta ante Trzaskowski. Otros candidatos importantes también participaron en las elecciones. El más exitoso fue Szymon Hołownia, un periodista de televisión con una agenda política de tendencia liberal y centrista, que obtuvo el tercer puesto con 14% de los votos, principalmente apoyado por los votantes urbanos. En la cuarta posición, con 6,8% de los sufragios, estuvo Krysztof Bosak, miembro de Parlamento y candidato de un partido político de extrema derecha, Konfederacja. La participación, que llegó a 64%, fue la más alta en la primera vuelta de una elección presidencial desde 1995 (en 2015, fue de solo 49%).

La campaña fue polarizada y crispada, especialmente en la segunda vuelta. La campaña de Duda puso el acento en los peligros de la «ideología LGBTI», mientras que Trzaskowski atacó al gobierno por sus violaciones de las normas democráticas, como la politización de los medios públicos. Pero además de desplegar la retórica, ambas partes recorrían el país con actos proselitistas en numerosas ciudades pequeñas. Si bien estas pequeñas ciudades eran un terreno familiar para Duda, en el caso de Trzaskowski significaron un esfuerzo para llegar más allá de su base de votantes de las grandes urbes, y a la vez, luchar contra los intentos de estigmatizarlo como una peligrosa figura de la distante elite de Varsovia. La contienda estuvo marcada por una campaña de la televisión pública abiertamente favorable a Duda.

Un análisis de la cobertura televisiva durante la campaña electoral determinó que Duda tenía una cobertura mayor que cualquier otro candidato en la emisora pública TVP, y que prácticamente toda esa cobertura (94 de 97 noticias) fue positiva. En comparación, TVP cubrió las noticias relacionadas con Trzaskowski casi siempre con un sesgo negativo (en 58 de 67 noticias). Debido a esta situación, los candidatos no se pudieron poner de acuerdo para celebrar un debate televisado antes de la segunda vuelta, con lo que se rompió una tradición electoral. Sin embargo, cada uno apareció en diferentes municipios en la misma noche para responder preguntas, mostrando un púlpito vacío con el nombre de su oponente en el frente.

La segunda vuelta se realizó el 12 de julio. A la mañana siguiente, Duda fue declarado ganador con 51% de los votos. La participación fue de 68%, nuevamente el nivel más alto en 25 años. Los resultados electorales revelaron marcadas diferencias demográficas y geográficas. Las políticas del PiS dirigidas a los votantes mayores le dieron resultado: estos lo apoyaron en porcentajes mucho más elevados que los más jóvenes. Mientras que 64,4% de los votantes menores de 29 años votaron por Trzaskowski, para los mayores de 60 años esta proporción prácticamente se invirtió (61,7% votó por Duda). Duda triunfó en las zonas rurales, mientras que Trzaskowski ganó en los grandes centros urbanos. Finalmente, la parte occidental de Polonia apoyó predominantemente a Trzaskowski, mientras que Duda ganó en la parte oriental.

¿A dónde va Polonia?

Las próximas elecciones parlamentarias tendrán lugar en 2023, si el actual periodo parlamentario llega a su ciclo completo. Durante los próximos años, es de esperar que el PiS impulse agresivamente su agenda conservadora y de derecha. Esto ya puede verse: unas semanas después de las elecciones, el gobierno comenzó a considerar retirarse de la Convención de Estambul, un tratado del Consejo Europeo que obliga a los Estados a proteger a las mujeres de todas las formas de violencia y, particularmente, de la violencia doméstica. La fundación católica conservadora Ordo Iuris, vinculada a la red internacional de organizaciones Tradición, Familia y Propiedad, fundada originalmente en Brasil en 1960, viene realizando una campaña en favor de la retirada. La repolonización y la «desconcentración» de los medios de comunicación privados, dirigidas a los medios no alineados con el gobierno, también ocupan un lugar destacado en la agenda. Es probable que otro objetivo importante del gobierno del PiS sean los gobiernos locales y regionales.

La amplia y exitosísima reforma de descentralización lograda después de la transición a la democracia distribuyó competencias a más de 2.000 municipios y dos capas de jurisdicciones regionales, todos los cuales se rigen por el voto popular. Los 16 consejos regionales (voivodatos) del país son de particular importancia para el gobierno porque tienen la autoridad de asignar una parte significativa de los fondos públicos, incluidos algunos de los recursos que el país recibe de la Unión Europea. El PiS por sí mismo o en coalición tiene mayoría en la mitad de esos consejos.

Para avanzar en esta agenda, el PiS buscará fortalecer y expandir sus filas. A pesar de que la autoridad de Kaczyński es fuerte dentro del partido, el PiS actualmente incluye varias facciones y pequeños partidos. Después de que uno de esos partidos desertara durante la saga electoral, el PiS puede intentar asimilar estas estructuras internas separadas. También puede buscar incorporar a parlamentarios y miembros de los consejos regionales provenientes de otros partidos de extrema derecha y centroderecha, en particular el Partido Campesino Polaco (PSL), que es fuerte en muchos consejos regionales. Finalmente, una pregunta importante para el PiS será si el presidente Duda segurá siendo incondicionalmente leal al gobierno. En su primer mandato, Duda usó sus poderes de veto cinco veces contra el PiS y solo una vez con consecuencias políticas reales, cuando bloqueó un intento del gobierno de obtener más autoridad sobre las finanzas de los gobiernos locales. En teoría, Duda podría tener más autonomía ahora que ya no puede presentarse a la reelección, pero los líderes del PiS siguen señalando públicamente la dependencia de Duda del gobierno.

El PiS probablemente también enfrentará desafíos externos. En el frente económico, las consecuencias de la pandemia pueden crear dificultades si afectan el fuerte crecimiento y los niveles de empleo impulsados previamente por la política económica expansiva implementada. En el ámbito internacional, la asignación de fondos del nuevo presupuesto de la Unión Europea para los años 2021-2027 y de los fondos para la recuperación tras la pandemia podrían convertirse en un problema para el gobierno, debido a las críticas internacionales que enfrenta por socavar la democracia y a la posibilidad de que algunos fondos sean condicionados al cumplimiento de las normas del Estado de derecho de la Unión Europea. La Unión también puede presionar al gobierno en el frente ambiental. El PiS apoya la cada vez más frágil pero políticamente importante industria del carbón, y se ha negado a cumplir el objetivo de neutralidad climática. Polonia es actualmente el mayor beneficiario neto de fondos de la Unión Europea.

La oposición, que ha estado cerca de la victoria, ahora enfrenta el desafío de mantener el alto nivel de compromiso emocional que logró durante una campaña presidencial relativamente corta e intensa. Mantener la movilización de jóvenes que votaron en porcentajes inusualmente altos a favor de Trzaskowski será una tarea importante. La relación de Plataforma Cívica con los partidos opositores centristas y de izquierda más pequeños, así como su cohesión interna, continuarán siendo importantes en los esfuerzos para poner límites al PiS. Lo que es seguro es que el conflicto político seguirá intensificándose en los próximos años y que el futuro de la democracia polaca seguirá siendo incierto. Si bien el PiS ya ha transformado algunas instituciones, en particular el Poder Judicial, en una forma que es difícil de revertir, la oposición política coordinada y las fracturas internas podrían hacer zozobrar su proyecto político.

Traducción: Carlos Díaz Rocca