En su cuarto intento, Keiko Fujimori ganó finalmente la Presidencia del Perú. Logró derrotar a Roberto Sánchez, líder de una coalición de izquierda que reivindicaba a Pedro Castillo, el presidente que la derrotó en 2021 y está preso desde 2022 por intentar un autogolpe. Luego de perder por décimas en 2021 y 2016, esta vez ganó también por décimas, lo que refleja un país aparentemente partido de manera casi exacta en dos mitades: el fujimorismo y el antifujimorismo. 

¿Qué pasó?

A pesar de llevar una década de crisis política y cinco años de erosión democrática, Perú logró organizar elecciones libres y competitivas. La coalición autoritaria que, desde 2022, gobierna desde el Congreso capturó casi todas las instituciones que podían limitar su poder, salvo algunos espacios judiciales y los organismos electorales. No obstante, al eliminar las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), buscó fragmentar aún más la ya dispersa oferta electoral: sin ese filtro, hubo 35 candidaturas presidenciales.

En la primera vuelta, Fujimori pasó al balotaje con 17% de los votos y Sánchez con apenas 12%; juntos representaron menos de 30% de los votos válidos. Esta es una singularidad en la región, que evidencia una fragmentación electoral extrema. La gran mayoría de los 35 candidatos quedó por debajo de 10%. Una falla logística del organismo electoral en Lima, bastión de Rafael López Aliaga, el ex-alcalde ultraderechista de la capital y candidato presidencial, le dio el pretexto a este para denunciar fraude y convocar una «insurgencia civil» que se diluyó en semanas.

La segunda vuelta se decidió de nuevo por décimas, como en 2016 y 2021, aunque por primera vez a favor de Fujimori. Algo notable es que cada una de las regiones repitió su voto de 2021: Sánchez retuvo las circunscripciones que votaron por Castillo y Fujimori mantuvo las suyas. A pesar de que Sánchez mejoró los resultados de Castillo entre las clases medias de Lima, no consiguió el mismo nivel de apoyo en el bastión castillista de la sierra sur, donde Fujimori mejoró. Sánchez se impuso por un estrecho margen en el territorio nacional, pero la ventaja de Fujimori entre los votantes del exterior revirtió el resultado.

¿Por qué?

Conviene detenerse en Keiko Fujimori, más allá del apellido. A diferencia de buena parte de los liderazgos de las nuevas derechas latinoamericanas, la líder de Fuerza Popular está lejos de ser una outsider. Es, por el contrario, una de las políticas más profesionales de Perú. Llegó al Congreso en 2006 y, desde entonces, construyó algo que su padre siempre rechazó: un partido. Fuerza Popular, que preside desde 2010, pasó bajo su mando a ser la principal organización política de Perú. Pero su liderazgo no es el del caudillo carismático: dirige su bancada desde la sombra, aparece poco y se acerca a la gente sobre todo en campaña. 

Su figura arrastra, además, una larga batalla judicial –tres periodos en prisión preventiva por presunto lavado de activos en el caso Odebrecht–, aunque la acusación central fue anulada en 2025 por el Tribunal Constitucional, cuyos miembros fueron designados por un Congreso con una fuerte influencia fujimorista. Su voto combina la añoranza del orden y crecimiento económico de los años 90, los del gobierno dictatorial de su padre, con el respaldo a ella como heredera capaz de administrar su legado. 

Para entender la primera derrota del antifujimorismo desde el año 2000, hay que considerar factores externos e internos. En primera vuelta, Keiko Fujimori se destacó por consolidar un mensaje claro y eficaz, «Vuelve el orden», en un contexto donde la lucha contra el crimen se ha convertido en la principal demanda ciudadana y figuras como Nayib Bukele son altamente valoradas. Su mensaje apelaba abiertamente al recuerdo del gobierno autoritario de Alberto Fujimori. Explícitamente dijo: «quiero gobernar como mi padre» y ofreció jueces sin rostro y la salida de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para combatir el crimen con «mano dura». Afirmó este discurso sin moderarse y lo articuló eficazmente en los debates, donde tiene más experiencia que cualquier otro candidato. 

Todo ello ayuda a entender que, a pesar del alto porcentaje de votos en contra, Fujimori haya mejorado su desempeño en la primera vuelta: en 2021 obtuvo solo 13%; ahora llegó a 17%, alrededor de 700.000 votos más, fundamentalmente en Lima y en la costa norte y centro. En parte, esto se explica por la debilidad de sus competidores dentro de la derecha. López Aliaga, su principal rival en ese espacio, combinó propuestas estrambóticas de seguridad –como cárceles en la selva vigiladas por serpientes– con una «batalla cultural» limeña que no conecta con la demanda nacional de orden. Fujimori capitalizó ese vacío con un mensaje más creíble y disciplinado.

Sin embargo, para la segunda vuelta, hizo poco. Si bien recorrió zonas que históricamente le fueron esquivas, Fujimori no intentó acercarse al votante moderado. Tampoco pidió la bendición televisada de pastores conservadores, como en elecciones pasadas. Además, su participación en el debate con Sánchez fue deslucida. Por primera vez, enfrentó a un adversario ágil en respuestas y con mejor capacidad comunicativa, que la puso notablemente incómoda. Todo ello pareció estancar su intención de voto en la última semana previa a las elecciones.

Del lado de los principales medios de comunicación nacionales, con sede en Lima, se repitió el sesgo sistemático para favorecer a Fujimori. Martillaron la idea del «mal mayor» que representaba Sánchez, destacando su reivindicación del gobierno e intento de autogolpe de Pedro Castillo –a quien prometía indultar–, su alianza con actores radicales y su promesa de Asamblea Constituyente, que amenazaba con cambiar el modelo económico. El impacto de esto último podría explicar un hallazgo del economista Alejandro Palomino: las ciudades del interior, donde aún no se recuperan los niveles económicos prepandemia –y donde, por lo mismo, el miedo a una disrupción adicional del modelo cala más hondo–, votaron por Castillo, pero ya no en la misma medida por Sánchez. En cambio, zonas rurales que se recuperaron o mejoraron, donde ese temor no operó, mantuvieron su voto castillista.

Virando a los factores internos, lo central son las tensiones dentro de la vieja coalición antifujimorista. Lo sorprendente es que esta segunda vuelta logró por fin reunir a sectores que apenas dos años antes no habían podido marchar juntos contra Dina Boluarte. El antifujimorismo venía acumulando tensiones desde 2016 y colapsó durante el gobierno de Castillo: la izquierda radical acusó de traidora a la moderada, esta acusó a la primera de autoritaria y corrupta, y la centroderecha acusó a ambas de apañar la erosión democrática y estatal. Esas distancias impidieron articular una respuesta común durante el estallido social de 2022-2023 y persistieron durante los siguientes años. ¿Cómo, entonces, logró Sánchez, que venía de articular a la izquierda radical, sumar a la moderada y a parte del centro? La respuesta está en quién es Sánchez y en cómo movió su candidatura entre las dos vueltas.

Sánchez no es un outsider, sino un cuadro de la izquierda institucional que saltó a escala nacional como el ministro más estable de Castillo. Su trayectoria es ambivalente: condenó el autogolpe, pero se abstuvo en la vacancia, y aunque no integró la coalición autoritaria del Congreso, votó con ella normas puntuales, como las que blindaron la minería ilegal. Para 2026, se montó sobre el castillismo –tomó su sombrero, ofreció indultarlo– y radicalizó la oferta con un «socialismo andino-amazónico» y la incorporación de Antauro Humala, un ex-militar etnonacionalista que pasó casi 20 años preso por un alzamiento armado. 

Esa radicalidad le permitió vencer a la izquierda moderada y pasar al balotaje con 12% de los votos, pero se convirtió en su principal lastre para la segunda vuelta, sobre todo porque sus listas incluyeron a figuras sindicales radicales y a algunos señalados –cosa que niegan– por vínculos con el Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef), el brazo político que reivindicaba a Sendero Luminoso, proscrito judicialmente en 2024. Consciente del problema, Sánchez se distanció de Humala, cedió en casi todas sus propuestas económicas y armó un nuevo plan en consenso con los partidos de izquierda moderada y centro. Figuras influyentes que antes promovían el voto viciado (nulo) pasaron entonces a apoyar a Sánchez como el mal menor frente a Fujimori. Eso ayuda a explicar su mejora respecto de la votación de Castillo en la Lima de clase media. Pero no alcanzó para convencer a toda la vieja coalición.

Pero por más que se corriera al centro, Sánchez seguía siendo visto como una candidatura radical y como la posible repetición del caótico gobierno de Castillo. Entonces, además de su mencionada bajada de votos en las zonas castillistas, también alejó a sectores de centroderecha, que desde Castillo desconfían de sus viejos socios de izquierda. Esa desconfianza la encarnó Jorge Nieto, un político de centro con credenciales antifujimoristas que, aun así, no quiso respaldar a un antifujimorismo estirado hasta figuras como Antauro Humala. En los días finales reafirmó su voto viciado, lo que desató ataques del bloque de Sánchez y reabrió viejas heridas. Dado el estrecho margen que definió la victoria de Fujimori, hechos como este pueden haber incidido en el resultado final.

Esta elección demostró que el antifujimorismo no estaba muerto, pero sí debilitado por las tensiones que lo atraviesan. Se ha argumentado que parte de la explicación de los resultados es que los peruanos se derechizaron en este quinquenio o decidieron votar contra el oficialismo. ¿Pero quién es el oficialismo? Hay encuestas que registran mayor autoidentificación con la derecha. Sin embargo, lo que tenemos es una foto casi idéntica a la de 2021, con una variación pequeña, explicada más por limitaciones del bloque de izquierda. Parte de ello tiene que ver también con que Sánchez usó el sombrero de Castillo, pero no es Castillo: nunca pudo replicar el entusiasmo que el ex-presidente despertó en ciudades del interior y áreas rurales. Sobre el voto castigo, la categoría se vuelve resbaladiza: en 2021 ganó Castillo, pero desde 2022 gobierna una coalición congresal diametralmente opuesta a la izquierda, donde el fujimorismo ha tenido un rol protagónico. ¿El voto castigo sería contra la izquierda o contra la derecha? 

Lo que primaba en encuestas era un ánimo antiestablishment, en contra del caos del último quinquenio. Sin embargo, la incapacidad de la oposición para tender puentes entre ella dispersó el voto, lo que facilitó que dos pequeños extremos pasaran al balotaje. En Perú hay clivajes sociales que han ordenado la geografía del voto hace décadas, a pesar del estallido del sistema de partidos; pero esta división en dos partes exactamente iguales –que gatillan la activación del peor clasismo, racismo y centralismo limeño antiprovinciano– es producto de la oferta de dos opciones que aparecen amenazantes para la mayoría de los electores. 

¿Qué esperar?

¿Qué tipo de derecha encarna el fujimorismo? El caso peruano obliga a matizar las categorías habituales. A Fujimori se la ha leído como una derecha convencional, menos radical que la de López Aliaga, quien encaja mejor en el molde de la derecha populista radical: autoritaria, iliberal, xenófoba e impulsora de la «batalla cultural». Pero esa lectura subestima los peligros que conlleva el fujimorismo para la democracia. Fuerza Popular no es xenófoba, y su populismo es intermitente: heredó del fujimorismo de los años 90 un repertorio antiestablishment que despliega cuando está en la oposición, pero que arrincona desde que codirige el poder en el Congreso. Lo que sí es, de manera consistente, es autoritaria: punitivista, reivindicadora del gobierno de Alberto Fujimori y protagonista de la erosión de los contrapesos en la última década. Perú muestra así algo que las tipologías que ponen demasiado énfasis en el outsider antisistema suelen pasar por alto: que el autoritarismo no llega solo desde los márgenes populistas, sino también desde políticos profesionales que dicen defender el orden establecido. En Perú, además, esa erosión no vino del Ejecutivo, sino del Congreso.

Desde 2022, Perú ya era gobernado por una coalición autoritaria donde el fujimorismo tuvo un rol protagónico; las elecciones de 2026 le dan a ese liderazgo la legitimidad de las urnas. El nuevo Congreso es además bicameral: pese a que un referéndum de 2018 rechazó la bicameralidad, el propio Congreso saliente la reinstauró y diseñó un Senado con poderes desproporcionados –tiene la última palabra sobre las leyes, puede modificarlas por mayoría simple y queda a salvo de la disolución presidencial que sí pende sobre Diputados–. Fujimori no tendrá mayoría propia en ninguna de las dos cámaras, pero dada su experiencia de negociación durante esta última década y los puentes que pese a todo mantuvo con Renovación Popular de López Aliaga, es factible que construya la coalición que necesita para mantener a sus aliados en las instituciones que podrían fiscalizar, avanzar en su reforma del sistema judicial y bloquear cualquier iniciativa opuesta a sus intereses. 

La presidenta electa cuenta además con el respaldo de los gremios empresariales y de unas Fuerzas Armadas y una Policía beneficiadas por sus garantías de impunidad ante violaciones de derechos humanos, pasadas y futuras. Si gobierna con baja popularidad y es sacudida por protestas sociales, su historial sugiere que recurrirá a la represión como principal herramienta de gobernabilidad, con el apoyo de los principales medios de comunicación. El fujimorismo es, a fin de cuentas, la amenaza a la democracia más organizada del país y con los aliados más poderosos. 

La oposición, en cambio, sigue dividida. Entre 2022 y 2026, esta división limitó la capacidad para resistir a la coalición autoritaria gobernante, a pesar de la enorme impopularidad tanto del Poder Ejecutivo como del Congreso, y de que la demanda por adelanto de elecciones se sostuvo por encima de 70% hasta 2024. Pero si bien la arena institucional se ha estrechado más, la oposición aún puede vetar reformas constitucionales y organizarse para influir en nombramientos claves -Tribunal Constitucional o Defensor del Pueblo- que exigen dos tercios del Senado. 

La propia salida de la elección amenaza con profundizar la fractura. Sánchez no ha reconocido la victoria de Fujimori: alega irregularidades en el procesamiento de los votos del exterior -decisivos en el resultado- y anuncia una «resistencia popular» si la autoridad electoral no los anula. El reclamo tiene poco asidero, pues aun si hubo fallas administrativas, no hay evidencia de alteración del conteo, y el resultado exterior, donde Fujimori superó el 60% de los votos, solo repite el comportamiento histórico de ese electorado, que ya la respaldaba por amplio margen en la primera vuelta. Su impugnación, como antes la «insurgencia civil» de López Aliaga, deslegitima el resultado sin probarlo. Y vuelve a tensar a la coalición: la izquierda moderada y la centroderecha difícilmente respaldarán una denuncia de fraude que las arrime al campo antisistema del que buscan distanciarse. El antifujimorismo, apenas reunido para el balotaje, corre el riesgo de quebrarse justo cuando más necesita actuar en bloque.

Que la oposición pueda usar las herramientas que aún conserva depende, entonces, de que logre lo que no consiguió frente a Boluarte: votar alineada en el Congreso y coordinar plataformas amplias en la sociedad civil, sostenidas por una movilización persistente pero no violenta que no le dé al gobierno el pretexto represivo que busca. Eso exige aperturas difíciles, sobre todo, que cada bloque renuncie a vetar al otro y se reencuentre en el mínimo común que alguna vez unió a esta coalición: la defensa de los derechos humanos frente al autoritarismo. 

De no lograrlo, el segundo fujimorato confirmará una lección que excede al Perú: que cuando la representación se vacía y las instituciones se capturan, bastan una minoría organizada para heredar el poder y una oposición fragmentada para entregárselo.