Introducción

La III Cumbre Extraordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno de la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP), realizada en Caracas el 26 de noviembre de 2008, sirvió de marco para que los mandatarios de los países que integran el acuerdo –junto con Rafael Correa, de Ecuador, invitado como observador– se reunieran con el presidente de Rusia, Dimitri Medvédev. También fue una oportunidad para proponer nuevas formas de cooperación comercial entre sus miembros. En la cumbre, los mandatarios defendieron la necesidad de refundar el sistema financiero internacional de modo de basarlo en la solidaridad, el desarrollo en armonía con el planeta y la justicia social, como respuesta a la crisis financiera global. Propusieron también construir una zona monetaria con una moneda común –denominada Sistema Unitario de Compensación Regional, Sucre– que inicialmente incluya a los países del ALBA y a Ecuador (y donde Dominica participará como observadora). Además, se analizaron los avances en los «proyectos grannacionales» y se apoyó la propuesta de Venezuela de convocar una cumbre mundial sobre la crisis financiera en el marco de las Naciones Unidas.

Repasemos un poco la historia. El ALBA surgió como una propuesta del presidente venezolano, Hugo Chávez, con el objetivo de reforzar la autodeterminación y la soberanía de los pueblos, a través de una alternativa de integración que contrarreste las políticas económicas impulsadas por Estados Unidos y algunos organismos internacionales, como el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI). El ALBA surgió, así, como la antítesis del denominado «Consenso de Washington». En 2004, el entonces presidente de Cuba, Fidel Castro, firmó con Chávez su tratado constitutivo, y en 2005 se realizó la primera reunión. En 2006 se incorporó Bolivia y en 2007 lo hicieron Nicaragua y Dominica; en 2008 se sumó Honduras.

En 2005 se creó Petrocaribe, una iniciativa de cooperación venezolana con los países centroamericanos y caribeños cuyo objetivo principal es contribuir a la seguridad energética. En el marco de este mecanismo, se han llevado a cabo cinco cumbres presidenciales, que han servido para suscribir una importante cantidad de acuerdos energéticos entre los países miembros del ALBA y los países caribeños y centroamericanos que integran Petrocaribe, lo que ha contribuido a que estos se hayan ido acercando a las políticas e iniciativas planteadas en el marco del ALBA.

Petrocaribe defiende un modelo de cooperación energética guiado por la solidaridad y el trato especial y diferenciado, cuya base es la política de Venezuela de otorgar precios subsidiados y desarrollar empresas mixtas para operar los mercados de petróleo. Pero Petrocaribe debe ser entendido como un instrumento de cooperación del ALBA que va más allá de las cuestiones estrictamente energéticas: de hecho, en el contexto de Petrocaribe se analizan proyectos para el desarrollo del transporte aéreo y marítimo en la subregión como requisito indispensable para la integración.

Tanto el ALBA como Petrocaribe subrayan, en sus tratados y acuerdos, «las nefastas consecuencias del desigual orden económico internacional», que impacta negativamente en los precios de los productos primarios y encarece los combustibles.

Se parte de la tesis de que, tras el fracaso del ALCA, EEUU, en respuesta a su incapacidad para proponer alternativas que aseguren el desarrollo, ha impulsado negociaciones de carácter comercial bilateral que inciden en el debilitamiento y la desintegración regional.

En el siguiente artículo se describe la proliferación de propuestas de integración en América Latina y el Caribe, luego se describe la situación social y política de Centroamérica y cómo esta afecta su proceso de integración. Finalmente, se analizan los procesos de integración centroamericana y el ALBA para identificar intereses comunes y tensiones.

La sobreoferta de propuestas de integración

En la actualidad, el escenario latinoamericano se encuentra debilitado por la sobreoferta de procesos de integración¹. Son muchas las iniciativas y todavía más los actores involucrados en una gran cantidad de propuestas en temas de inserción económica, comercial, cultural, política e incluso de seguridad. Entre todas estas iniciativas, tres grandes procesos centralizan las principales apuestas comerciales y de integración en la región: el Proyecto Mesoamérica –antiguo Plan Puebla Panamá–, que se extiende de México hacia el sur, incorporando a Colombia e incluso con un acercamiento a Ecuador; el ALBA, que congrega a países sudamericanos, de Centroamérica y el Caribe; y la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur), que involucra a los 12 países de la región. Estas iniciativas, de carácter regional amplio, se superponen a los mecanismos multilaterales formales e institucionalizados establecidos en cada una de las subregiones por sus propios mecanismos de integración: la Comunidad del Caribe (Caricom), el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y el Mercado Común del Sur (Mercosur). También se superponen a otros mecanismos de carácter funcional y orientados a la cooperación, como la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), la Asociación de Estados del Caribe (AEC), y a organismos como la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi). Finalmente, la única iniciativa de carácter regional que engloba a la totalidad de los países de América Latina y el Caribe y que más allá de sus altibajos históricos aún mantiene potencialidades para continuar desarrollándose es el Grupo de Río.

Esta sobreoferta de propuestas e iniciativas integracionistas produce tres consecuencias negativas que terminan por debilitar cada uno de los procesos. En primer lugar, genera una fuerte demanda en las agendas de los jefes de Estado y de gobierno, que deben prever reuniones –en la práctica, cada tres meses– en un contexto de «diplomacia de cumbres». En segundo lugar, la sobreoferta lleva a la falta de coordinación. Por paradójico que parezca, reduce las oportunidades de convergencia y la búsqueda de perspectivas compartidas. Por último, las múltiples propuestas poseen una débil estructura institucional, como consecuencia de la renuencia de los países a transferir capacidades y decisiones soberanas hacia entes supranacionales.

Esta realidad se ha hecho explícita en diferentes pronunciamientos. La Aladi, por ejemplo, consideró que desde 2004 «los esfuerzos integradores comenzaron a desintegrarse con el surgimiento de distintas propuestas, que han dispersado la atención y los recursos aunque ninguna ha alcanzado un impulso relevante»². Como resultado de esta sobreoferta, y pese a la relevancia política que cada iniciativa adquiere en las declaraciones de los jefes de Estado, hasta la fecha ninguna ha tenido la capacidad para articular una mirada global de la región, sino que más bien han tendido a fragmentar a Latinoamérica y el Caribe en «varias» Américas Latinas.

La pobreza y la exclusión en Centroamérica

Los 90 marcaron la finalización de los procesos de negociación de la paz en Centroamérica mediante la firma de acuerdos en tres países (Nicaragua, Guatemala y El Salvador). Aunque cada uno desarrolló mecanismos propios de implementación según las diferentes negociaciones nacionales, el resultado fue un cambio de orden regional.

A veinte años de los procesos de Esquipulas, Centroamérica cambió. A pesar de ello, en las últimas dos décadas ha habido muchos claroscuros: resultados positivos pero también importantes debilidades. En estos años, la región ha transitado de la guerra a la paz, aunque sin haber logrado enlazar con igual éxito las iniciativas de desarrollo social e integración regional.

La pobreza y la exclusión siguen siendo desmedidas, como muestra el cuadro 1. Aunque desde los 90 la pobreza se ha reducido en términos porcentuales como resultado del cese de la inestabilidad política, lo cierto es que en cifras absolutas el número de pobres ha aumentado. En cualquier caso, la incidencia de la pobreza es alta en la mayoría de los países, con la excepción de Costa Rica y Panamá. En Guatemala, Honduras y Nicaragua, la pobreza se aproxima o incluso supera los dos tercios de la población, lo que implica más que el promedio latinoamericano (35,1% en 2007). Asimismo, salvo en Costa Rica, las brechas entre pobreza rural y pobreza urbana son evidentes. En el caso de El Salvador, es importante destacar el esfuerzo que permitió reducir sostenidamente la pobreza, a lo cual contribuyeron de manera significativa las remesas.

Pero no se trata solo de la persistencia de la pobreza. Diferencias significativas en la distribución de la riqueza continúan haciendo de Centroamérica una región inmensamente desigual, tanto entre los diferentes países como dentro de cada uno de ellos (ver cuadro 2). En promedio, la población más pobre solo obtiene 3,02% del total de la riqueza, mientras que el quintil más rico concentra 58,08%.

Finalmente, tampoco se puede obviar el hecho de que la democracia en Centroamérica es todavía demasiado formal, y que las estructuras de poder no han sido modificadas sustantivamente, pese a que en los Acuerdos de Paz de Esquipulas II, firmados en la II Cumbre de Presidentes Centroamericanos, realizada el 7 de agosto de 1987 en Guatemala, se conceptualizó el proceso de democratización como el establecimiento o perfeccionamiento de «sistemas democráticos, representativos y pluralistas que garanticen la organización de partidos políticos y la efectiva participación popular en la toma de decisiones»³. Pese a ello, todavía hoy los organismos públicos de control del Estado siguen siendo institucionalmente débiles, lo que se traduce en una falta de capacidad técnica, limitados recursos financieros, duplicidad de roles y vacíos legales para señalar responsabilidades.

¿Es posible la integración sin un sentido político?

En Centroamérica, aunque la articulación regional constituye una demanda urgente e indispensable en el contexto de la globalización, no existe una verdadera voluntad política para considerar la integración como un medio para mejorar la inserción en los mercados mundiales.

La integración centroamericana es institucionalmente compleja y diversa. Existe un discurso integracionista que incluye abundantes promesas que, sin embargo, adquieren bajos niveles de concreción, pues en la práctica carecen de contenido real. No hay voluntad política para la conformación de normas y de una institucionalidad supranacional de carácter vinculante. Problemas fronterizos, una unión aduanera inconclusa, instituciones débiles, escasa participación de la sociedad civil y de las organizaciones no gubernamentales en los procesos de toma de decisiones, prioridad a los intereses de cada país y no de la región en su conjunto, constituyen algunos de los principales desafíos que enfrenta el proceso de integración centroamericano.

El proceso de integración en Centroamérica se reanudó en 1991, con la suscripción del Protocolo de Tegucigalpa. En 1994, en Guácimo, Costa Rica, los presidentes centroamericanos decidieron avanzar hacia una reforma del SICA, en el inicio de un proceso de modernización y perfeccionamiento que fue ratificado en 1997 en Panamá. Uno de los principales objetivos de estas acciones era la constitución de la Unión Centroamericana, que aún está pendiente.

En cualquier caso, la reforma del SICA creó una nueva base institucional que hizo que, durante toda la década del 90, se firmaran una serie de acuerdos que fueron sumando aspectos conceptuales y programáticos para que Centroamérica avanzara en un modelo de integración abierta, enfocado hacia una creciente apertura a los mercados internacionales y que permitiera ampliar los espacios económicos e incrementar el comercio intrarregional y el desarrollo de las economías de escala, con el objetivo de que todos los países del istmo lograran una inserción más competitiva en los mercados internacionales.

Algunos de los acuerdos más importantes fueron la Alianza para el Desarrollo Sostenible (Alides), firmada en Guácimo en 1994; el Tratado de Integración Social, suscripto en San Salvador en 1995, y el Tratado de Seguridad Democrática, firmado en San Pedro Sula en 1995. Todos ellos propiciaron un buen ambiente para los avances, pero al mismo tiempo implicaron una serie de nuevos retos y desafíos para la integración subregional.

La restauración de la democracia en la región permitió que, en los 90, todos los países centroamericanos contaran con gobiernos civiles, democráticamente elegidos y con altos grados de legitimidad. Asimismo, se registró una reducción del gasto militar, mientras que todos los países del istmo creaban organismos encargados de velar por la protección de los derechos humanos (como las Defensoría de los Habitantes o Defensoría del Pueblo).

Pese a estos progresos, los problemas continúan. En la actualidad, las tensiones en torno de la gobernabilidad y la estabilidad política de Centroamérica ya no pasan por la amenaza militar. Sin embargo, los regímenes democráticos de la región enfrentan nuevos desafíos, relacionados con el imperio de la ley, la efectividad de los gobiernos y la corrupción. Estas debilidades han generado algunos problemas serios y recurrentes en todos los países centroamericanos, como por ejemplo los altos índices de abstención en los procesos electorales (ver cuadro 3). En sintonía con estos datos, el Informe Latinobarómetro 2007 señala que la confianza en la democracia como el mejor sistema de gobierno para lograr el desarrollo se redujo en todos los países centroamericanos, exceptuando a Guatemala, en el periodo 2003-2007, tal como muestra el cuadro 4.

Del mismo modo, se ha reducido el grado de satisfacción con la democracia en todos los países de la región, con la excepción de El Salvador⁴, según el Informe Latinobarómetro 2008:

En suma, la región centroamericana enfrenta grandes retos en el campo político. Todos los países –incluso Costa Rica, que históricamente ha sido la excepción– deben realizar importantes esfuerzos para fortalecer sus sistemas democráticos, de modo que estos vuelvan a generar la confianza de sus poblaciones.

Los fondos del ALBA y Petrocaribe

Los esfuerzos en torno del ALBA se han materializado a través de dos estrategias: una primera está conformada por la estación continental Telesur, constituida por seis países –Argentina, Bolivia, Cuba, Ecuador, Nicaragua y Venezuela–, con la posibilidad de ir incorporando nuevos socios. Esta empresa multiestatal es vista como una herramienta para coadyuvar a la integración latinoamericana, aunque sus transmisiones no dejan de tener un claro mensaje ideológico.

La segunda estrategia en la que descansa el ALBA, de la que aquí nos ocupamos con más detalle, se orienta a utilizar el petróleo como instrumento de política exterior. La firma del Acuerdo Energético de Caracas en 2001, la creación de Petrocaribe en 2005 y el proyecto de crear un Cono Energético Sudamericano presentado en la Cumbre del Mercosur de junio de 2005 sentaron las bases para crear nuevos escenarios para la cooperación e integración regional.

La V Cumbre de Petrocaribe, realizada en Cuba en 2007, puso de manifiesto que la política de trueque y créditos blandos de Venezuela está generando importantes réditos. La creación de una cesta de productos y servicios locales de los países miembros que sirva como instrumento de compensación para el pago de la factura petrolera ha permitido que cada vez más naciones se incorporen a Petrocaribe. Con el ingreso de Honduras y Guatemala, más la solicitud formal de Costa Rica, Petrocaribe queda integrado por 19 países: Antigua y Barbuda, Bahamas, Belice, Costa Rica, Cuba, Dominica, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, Nicaragua, República Dominicana, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam y Venezuela.

En suma, el discurso que relaciona al ALBA con una alternativa para «los pueblos» flexibiliza la adhesión a Petrocaribe. Independientemente de las articulaciones subregionales u otros compromisos que cada gobierno haya adquirido, en teoría la pertenencia al ALBA no supone un obstáculo para los avances en otros proyectos de integración. Y es que, a pesar de que en la práctica el fuerte carácter ideológico de estas propuestas ha generado importantes divisiones y conflictos en cada país, lo cierto es que Centroamérica está respondiendo al acercamiento propuesto a través del ALBA –y, más específicamente, de Petrocaribe– como parte de un proceso de búsqueda de acuerdos comerciales que ofrezcan a la región ventajas de comercio adicionales a las ya existentes⁵.

En este marco, Petrocaribe se ha convertido en una de las mayores fuentes de cooperación para Centroamérica y el Caribe. Muchos de los temores que generaba la iniciativa se vinculaban a la percepción de que la adhesión implicaría un compromiso con el proyecto político ideológico promovido por sus fundadores. Sin embargo, se ha podido observar que, en el caso de algunos países, la adhesión, tanto a Petrocaribe como al ALBA, se explica más por los intereses y beneficios económicos que el acuerdo genera que por una identificación de tipo ideológico.

Según cifras del Centro de Investigaciones Económicas de Venezuela (Cieca), los fondos que este país ha destinado a las naciones integrantes del ALBA, desde su fundación hasta septiembre de 2008, ascienden a US$ 32.952 millones, lo que representaría 23,51% de los ingresos fiscales venezolanos. Esta cifra abarca los fondos totales del ALBA, incluyendo Petrocaribe, y la estimación se basa en los anuncios oficiales del gobierno. Sin embargo, debe tomarse en cuenta que en ocasiones estos anuncios pueden no haberse concretado y que, en algunos casos, se ha formulado el anuncio oficial de destinar recursos a determinado país, pero no se ha señalado el monto, razón por la cual esta estimación podría ser aún mayor. En cualquier caso, se trata de importantes sumas de dinero a cada país, como muestra el cuadro 6.

Como se señaló, la ayuda económica brindada por Venezuela representa una importante fuente de ingresos para Centroamérica, especialmente en tiempos en que la cooperación de EEUU y la Unión Europea se ha reducido considerablemente. De acuerdo con el presidente de Costa Rica, Oscar Arias, la ayuda de Venezuela a la región es cuatro o cinco veces mayor que la estadounidense⁶.

El mandatario costarricense hace referencia tanto a los fondos del ALBA como a aquellos beneficios que brinda Petrocaribe, que se ha convertido en la expresión de la aplicación de la política del ALBA para la administración de los recursos energéticos. El financiamiento de la factura petrolera en base al precio del crudo es una clara muestra de los beneficios que implica este mecanismo: si la factura supera los 50 dólares por barril, por ejemplo, el porcentaje de esta que se financia es el 40%, el periodo de pago se extiende a 25 años y el interés se reduce a 1%; y si el pago es a corto plazo, el periodo se extiende de 30 a 90 días. El contexto mundial de alza en los precios de los hidrocarburos tuvo como resultado que muchos países de la región volcaran su mirada a esta iniciativa.

Los fondos de Petrocaribe son considerables. Desde junio de 2005 hasta diciembre de 2007, el total de créditos otorgados a los países miembros llegó a los US$ 1.170 millones; esto representa US$ 468 millones anuales en líneas de crédito. De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), se estima que en países como Guyana, Jamaica y Nicaragua el financiamiento de Petrocaribe equivale a 5% o 6% del PIB. La importancia de estas sumas se hace más evidente si se las compara con los US$ 100 millones destinados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a los países miembros de Petrocaribe entre 2005-2008.

El ALBA y Petrocaribe en Centroamérica

Nicaragua es el principal beneficiario del ALBA en Centroamérica. En este país, más allá de los beneficios económicos, existen visiones ideológicas compartidas, autoproclamadas como «antiimperialistas» y «antiestadounidenses». Sin embargo, aun con las constantes apelaciones a estos adjetivos en el discurso del presidente Daniel Ortega, lo cierto es que la relación de Nicaragua con EEUU se mantiene, el Tratado de Libre Comercio sigue vigente y el principal mercado para los empresarios nicaragüenses continúa siendo el norteamericano.

A pesar de su asociación a las iniciativas de integración promovidas por Venezuela e incluso de la firma de acuerdos con Irán, la posición de Nicaragua en otros esquemas de integración no ha sufrido alteraciones. Tampoco, como ya se señaló, se vieron afectados los vínculos entre este país y EEUU, principal «enemigo» de las propuestas venezolanas. De hecho, el subsecretario de Comercio Exterior estadounidense, Christopher Padilla, visitó Nicaragua a principios de 2008 y expresó que el hecho de que esa nación se vincule a Venezuela en el marco del ALBA y Petrocaribe no significa un problema para Washington.

A casi dos años de su integración al ALBA, los beneficios y resultados concretos obtenidos por Nicaragua dependen de quién los interprete. Para algunos detractores, los beneficios que la adhesión a esta iniciativa han generado en el área social han sido muy limitados y su mayor influencia se ha podido observar en las áreas de la energía y del transporte. La ayuda energética de Venezuela es vista con recelo por estos mismos grupos, que aseguran que la alta dependencia del petróleo ha provocado que el precio de la energía en ese país sea uno de los más elevados de la región. Por otra parte, los defensores del ALBA señalan que, gracias a este acuerdo, se han establecido importantes ayudas sociales y que los cortes de energía sufridos por Nicaragua en el pasado han desaparecido.

En cuanto a Honduras, el otro país centroamericano que se ha sumado al ALBA, una perspectiva más centrada en los beneficios económicos explica por qué el gobierno de Manuel Zelaya, cuya orientación ideológica se encuentra alejada de la del resto de los miembros, decidió adherir al acuerdo el 25 de agosto de 2008. En un primer momento, el gobierno de Zelaya pareció acercarse a las posiciones del resto de los miembros del ALBA, sobre todo cuando manifestó su solidaridad con Bolivia, que expulsó al embajador estadounidense tras acusarlo de interferir en los asuntos internos del país. Como reacción, Zelaya demoró durante varios días el recibimiento de las credenciales del nuevo embajador de EEUU en Honduras, Hugo Llorens. Sin embargo, con el paso del tiempo el gobierno ha suavizado considerablemente su posición, lo que pone en duda la real adhesión ideológica al ALBA.

De hecho, el 19 de septiembre de 2008 Zelaya explicó ante un grupo de empresarios hondureños que la decisión de adherir al ALBA fue una respuesta a la escasez de recursos. Según expresó en esa oportunidad, el sector privado hondureño no quiso ayudarlo y la colaboración ofrecida por entidades como el Banco Mundial (BM) o el BID no era suficiente. Mientras el BM ofreció prestar a Honduras US$ 10 millones, el gobierno venezolano concedió un crédito de US$ 130 millones luego de que el país se incorporara al ALBA. El carácter más económico que político de la adhesión de Honduras al ALBA se observa también en el hecho de que la ratificación por parte del Congreso de ese país de la incorporación al acuerdo, votada el 9 de octubre de 2008, incluyó una serie de restricciones, relacionadas con la utilización de los recursos y la decisión de descartar cualquier compromiso militar y político que pueda derivarse del ALBA.

En los casos de Costa Rica y Guatemala, la vinculación con los proyectos venezolanos se limita a Petrocaribe. Guatemala se incorporó el 13 de julio de 2008 y Costa Rica espera que su adhesión se concrete en breve. Ninguno de estos países ha mostrado señales de querer construir una vinculación de tipo más político-ideológico con Venezuela por medio de su adhesión al ALBA.

Luego de la incorporación de Honduras al ALBA y del anuncio de la probable adhesión de Costa Rica a Petrocaribe, la mirada se ha depositado en El Salvador, el único país centroamericano que aún no ha construido vínculos de este tipo con Venezuela. El 6 de octubre de 2008, el presidente Elías Antonio Saca dijo respetar las decisiones de cada país, pero agregó que, en el caso de El Salvador, no encontraba ningún provecho en formar parte de alguna de estas iniciativas. Cabe señalar sin embargo que las próximas elecciones presidenciales salvadoreñas podrían implicar cambios en la política de este país respecto a su vinculación con ambas iniciativas.

¿Qué viene?

En el camino de una mayor integración regional, Centroamérica enfrenta una serie de desafíos importantes en diversos ámbitos, algunos de los cuales tienen que ver con las asimetrías entre los países; otros se vinculan en cambio a la ausencia de fondos de cohesión para erradicar las asimetrías, la falta de voluntad política de los gobiernos para generar avances en la articulación regional y la debilidad de muchas de las instituciones nacionales y regionales, entre otros problemas⁷.

La amenaza a la gobernabilidad democrática que se generó en Nicaragua luego del proceso electoral municipal de noviembre de 2008 añadió una preocupación adicional al desafío de Centroamérica de fortalecer sus sistemas democráticos. Cabe destacar, en ese sentido, la situación de Venezuela, donde los resultados electorales no han sido cuestionados. De igual manera, preocupa la perspectiva, en la que coinciden la mayoría de los analistas, de que el nuevo gobierno de EEUU no producirá modificaciones sustanciales en las relaciones entre ese país y América Latina, al menos en el corto plazo. Para Centroamérica, estas no son buenas noticias, entre otras cosas por la interconectividad de las economías de la subregión con la economía estadounidense, y también por las amenazas que enfrenta ese país a partir de la crisis financiera global, a lo cual hay que sumar otros problemas, como el desempleo, la migración y su impacto en las remesas. Todo esto implicará un duro golpe a la economía mundial y también a las economías centroamericanas, que venían en un lento pero importante proceso de recuperación.

En una reunión extraordinaria del SICA realizada en octubre de 2008, los mandatarios de la región acordaron extremar sus esfuerzos para conquistar otros mercados más allá del estadounidense, donde se concentra la mayor parte del comercio. Con ello, otras economías –como las latinoamericanas en el marco del Mercosur, el ALBA y Petrocaribe– cobran nueva relevancia para Centroamérica, así como los mercados de China y Asia Pacífico.

En este contexto, los proyectos impulsados por Venezuela representan una opción viable para obtener recursos de distinta índole y combatir algunas de las consecuencias de la nueva coyuntura internacional. Petrocaribe ha ayudado a amortiguar el shock de la crisis financiera en los países miembros. Sin embargo, la sostenibilidad de este mecanismo en Centroamérica depende en gran medida de la forma en que Venezuela enfrente los efectos de la baja de los precios del petróleo: a pesar del discurso de Chávez, muchos especialistas consideran que Venezuela no podrá seguir manteniendo su nivel de gastos si el precio del barril baja de los US$ 75⁸.

En cuanto al ALBA y las implicaciones político-ideológicas de los proyectos venezolanos en Centroamérica, estas no se han manifestado, con la excepción de Nicaragua. Pero incluso en Nicaragua, como se señaló anteriormente, el discurso antiestadounidense de Ortega no ha tenido serias consecuencias en las relaciones con ese país. Amenazas como las formuladas en enero de 2008, en el sentido de que ante una hipotética agresión de EEUU a Venezuela los países miembros del ALBA realizarían una alianza militar, no han ido más allá de los discursos.

La crisis financiera mundial, las políticas del nuevo gobierno estadounidense hacia la región y los cambios producidos en América Latina abren un nuevo ciclo político, caracterizado por las grandes polarizaciones y por la emergencia de distintos tipos de liderazgos, como los de México, Brasil y Venezuela.

Si bien la propensión a la integración se manifiesta en discursos y actos públicos, las dificultades para dar un salto cualitativo limitan las posibilidades de Centroamérica para enfrentar los problemas comunes, en especial aquellos derivados de la globalización. Con más dificultades para hacer frente de manera asociada a los desafíos regionales y globales en ámbitos como la seguridad, el cambio climático, las pandemias y otras amenazas emergentes, Centroamérica encuentra obstáculos para lograr una inserción internacional que le permita alcanzar un mejor desarrollo para el conjunto de sus poblaciones. El hecho de carecer de «una sola voz» no solo dificulta los avances, sino que en muchos casos favorece el fraccionamiento.

En este marco, cabe resaltar la línea que guía los acuerdos aprobados en las seis cumbres del ALBA, en las tres cumbres extraordinarias de jefes de Estado y de gobierno del ALBA-TPC y en las cinco cumbres de Petrocaribe. En todos los casos, se destacó la necesidad de buscar nuevas formas de cooperación comercial y asegurar el fortalecimiento de las economías de los países miembros. Entonces, si bien la propuesta político-ideológica del ALBA no ha tenido el eco esperado por sus promotores en Centroamérica, sus propuestas de cooperación son consideradas valiosas oportunidades para los países en desarrollo. De hecho, cuentan con una importante adhesión en diferentes sectores de la sociedad. El gran desafío del ALBA consiste en sumar a su propuesta hemisférica la misma cantidad de países que reúne Petrocaribe y ser capaz de concretar algunos de los megaproyectos anunciados desde su creación.

Bibliografía

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Artículos periodísticos

«‘Beneficios’ de Alba no llegan a los nicaragüenses» en La Prensa, San Pedro Sula, Honduras, 25/9/2008, disponible en www.laprensa.hn. «Congreso Nacional ratifica el Alba bajo restricciones» en El Heraldo, Tegucigalpa, 10/9/2008, disponible en www.elheraldo.hn.«El Salvador no le ve provecho al Alba» en El Heraldo, Tegucigalpa, 6/10/2008, disponible en www.elheraldo.hn. Gómez, Oliver: «FMI: Nicaragua el más beneficiado por ALBA» en El Nuevo Diario, Managua, 26/10/2008, disponible en www.elnuevodiario.com.ni. «Los cuidados con Petrocaribe», editorial, en La Nación, San José de Costa Rica, 20/8/2008. «Nicaragua le sigue apostando al Cafta» en La Prensa, San Pedro Sula, Honduras, 23/9/2008, disponible en www.laprensa.hn. «Presidente Zelaya recibe credenciales de Llorens» en La Prensa, San Pedro Sula, Honduras, 19/10/2008, disponible en www.laprensahn.com. Laínez, Luis: «Zelaya pactó con Chávez por falta de dinero» en La Prensa Gráfica, El Salvador, 28/9/2008, disponible en www.laprensagrafica.com.