Era difícil creer que se trataba de Santiago. En pleno horario punta, el 14 de noviembre, buses de transporte público incendiados y barricadas hechas de bicicletas detenían el tráfico en la ciudad. Carabineros respondía con carros lanzaaguas y bombas lacrimógenas a los cientos de personas que protestaban por el asesinato de Camilo Catrillanca, un comunero mapuche de 24 años que ese día, en pleno territorio indígena en La Araucanía, había muerto de un disparo en la nuca efectuado por Carabineros. Al día siguiente, apenas oscureció, cientos de personas hacían sonar sus cacerolas con un retumbe sobrecogedor.

En un país donde la opinión pública nunca ha mostrado demasiado interés por la causa indígena, era imposible predecir la reacción que despertaría el asesinato del joven mapuche. La espontánea respuesta ciudadana mostró la indignación de la población ante la seguidilla de escándalos de corrupción descubiertos recientemente en Carabineros. Además, expresó su rechazo al abuso de la fuerza por parte de la Policía. El caso cambió la agenda nacional e hizo tambalear el proyecto más ambicioso del gobierno de Sebastián Piñera: lograr la paz en La Araucanía.

La contradicción en la mirada del gobierno

A unos pocos meses de iniciado el gobierno, el otrora jefe de los empresarios de Chile, hoy convertido en ministro de Desarrollo Social, presentaba el Plan Araucanía. La iniciativa era un interesante esfuerzo de diálogo para abordar las muchas problemáticas que existen en territorio indígena. El ministro desplegó un enorme talento político y logró sentar a conversar a empresarios de la zona cuyos camiones y predios habían sido quemados en atentados incendiarios junto a indígenas despojados de sus tierras; a víctimas y victimarios, a críticos y defensores.

El Plan Araucanía incluía dos pilares: uno enfocado en el impulso económico para la región más pobre y con menos desarrollo humano del país, que incluía medidas para combatir la pobreza y el desempleo y mejorar la salud, el trabajo, la infraestructura, la educación y otros; y otro de carácter institucional, que proponía la creación de agencias gubernamentales dedicadas al tema indígena e incluso el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios.

El Plan Araucanía era la zanahoria, pero el gobierno nunca abandonó el garrote. Más aún, la militarización de la zona –llamada seguridad por algunos y represión por otros– se acentuó durante esta administración. En junio, desde La Araucanía, el presidente Piñera presentó a la «policía antiterrorista» que se desplegaría en las zonas donde se produce la mayor cantidad de atentados incendiarios. El grupo, que forma parte de las fuerzas especiales de Carabineros, recibió preparación en Colombia por parte del Comando Jungla de ese país, escuadrón especializado en el combate contra el narcotráfico y la guerrilla.

La imagen del presidente Piñera presentando al ahora también llamado Comando Jungla rodeado de Carabineros, autos blindados, carros Mowag y vehículos motorizados solo destacaba la obvia contradicción entre los anuncios de paz y el despliegue militar que se desarrollaba para alcanzarla. Y es que el territorio indígena no es la selva colombiana y la búsqueda de la paz no es posible con armamento de guerra y represión.

La espiral de la violencia

Es cierto que la violencia en territorio indígena ha recrudecido; solo este año se han registrado casi 350 incidentes, muchos de los cuales corresponden a incendios de camiones o infraestructura de empresas forestales instaladas en terrenos que los indígenas reclaman como tierras ancestrales.

La permanente violencia en la zona hizo fácil para Carabineros justificar la muerte de Catrillanca como parte de un enfrentamiento. Pero lo cierto es que los peritajes posteriores evidenciaron que el joven mapuche no había manipulado armas, y hoy hay cuatro carabineros procesados por su muerte.

Esta no es la primera vez: en 2002, Alex Lemún, comunero mapuche de 17 años, murió de un balazo en la cabeza mientras ocupaba terrenos de la empresa forestal Mininco, que los mapuches reclaman como territorio ancestral. El argumento de defensa propia que también dio Carabineros en esa ocasión resultó ser falso. En 2008 otro estudiante de etnia mapuche, Matías Catrileo, era asesinado por Carabineros mientras participaba en la ocupación de un fundo. Carabineros argumentó, una vez más, un enfrentamiento. Pero la Justicia lo desestimó. En 2009, el joven mapuche Jaime Mendoza murió de un disparo efectuado por Carabineros. Para probar la defensa propia como motivación, Carabineros mostró perdigones incrustados en un casco policial. La Justicia Civil demostró que las balas en el casco eran un montaje y que el joven había sido asesinado por la espalda.

La violencia sigue creciendo: el día que se cumplían 5 años de la muerte de Catrileo, unas 20 personas entraron en la casa de Werner Luchsinger y Vivianne Mackay, de 75 y 69 años respectivamente, mientras dormían. La casa fue incendiada y el matrimonio murió calcinado. El machi (chamán, curador de males en la cultura mapuche) Celestino Córdoba fue condenado por la muerte y se encuentra en la cárcel.

Acertar al blanco

La respuesta del Estado ha sido torpe, lenta y equivocada. Pese a los programas de devolución de tierras creados y los intentos de diálogo, los sucesivos gobiernos –tanto de derecha como de izquierda– no han logrado dar respuesta a las demandas del pueblo mapuche. Y es que han apuntado al lugar equivocado. El plan del actual gobierno, que busca mejorar los niveles de vida de las comunidades mapuches, apunta a una necesidad real, pero no logrará la paz si no se reconoce que este es un conflicto esencial y fundamentalmente territorial.

La tierra es el centro del conflicto no porque permita el desarrollo económico, sino por los lazos entre territorio e identidad cultural. Tal como lo han consagrado diferentes instrumentos internacionales de derechos humanos, los indígenas tienen derecho a su tierra por la especial importancia del territorio para la cultura y los valores espirituales indígenas.

Chile, sin embargo, nunca ha abierto la puerta a reconocer parte del territorio como de propiedad indígena. ¿Cómo hacerlo si ni siquiera los reconoce? Es el único país, junto con Uruguay, sin mención alguna a los pueblos originarios en su Constitución.

Por eso, lo primero es que el Estado reconozca oficialmente la existencia de los pueblos indígenas y que acepte que los mapuches (y también los otros grupos indígenas) son un pueblo, una cultura, que tienen su propio idioma, costumbres, organización social, medicina tradicional, estructuras de gobierno y sistema de justicia. Y que admita que, en tanto pueblo, también tienen derecho a su territorio. La idea asusta pese a que en decenas de países los indígenas tienen derecho a su territorio, sin que eso signifique una amenaza al Estado. Es momento de dejar ese temor. La muerte de Camilo Catrillanca y la reacción de la ciudadanía abren una oportunidad para dar ese salto. Ese es el único plan que apunta al objetivo de la paz.