Tema central
NUSO Nº 291 / Enero - Febrero 2021

Europa y América Latina: ¿cómo enfrentar juntos una transformación social y ecológica?

En la competencia cada vez más pronunciada entre múltiples centros de poder globales, Europa y América Latina podrían ser socios ideales en una alianza por la democracia con el fin de fortalecer el multilateralismo. Un acuerdo UE-Mercosur que trascienda el libre comercio y se sostenga en valores compartidos sería una señal contundente a favor de un espacio económico libre, sostenible y socialmente responsable.

Europa y América Latina: ¿cómo enfrentar juntos una transformación social y ecológica?

Relevancia geopolítica de la asociación América Latina y el Caribe-Europa

Las raíces históricas y políticas en común marcan la relación especial entre Europa y América Latina y el Caribe hasta el día de hoy. Los procesos sociales actuales y los debates políticos también muestran numerosos desafíos comunes, como la cuestión de la desigualdad, el manejo de las migraciones o un vínculo cada vez más fuerte entre los temas sociales y los ecológicos. Ambas regiones tienen en común también un fuerte compromiso mayoritario con la democracia y el multilateralismo.

Sin embargo, estos vínculos deben renovarse y fortalecerse. Hace un tiempo han aparecido en el escenario mundial actores como China, que imponen sus intereses a través de un capitalismo de Estado autoritario que no respeta los derechos humanos. Las empresas chinas se presentan como nuevos «socios» para el desarrollo económico y ofrecen generosas inversiones. No necesariamente lo hacen con proselitismo imperialista, sino con una estrategia de inversión consistente y agresiva en recursos y tecnologías sensibles. Hoy en día, China y Estados Unidos están tratando de influir en el destino del subcontinente latinoamericano y el Caribe interviniendo en acontecimientos políticos en su propio beneficio. Esto va de la mano de un intenso compromiso económico que, sin embargo, no ha traído beneficios a la población de esas potencias, sino a sus elites y, sobre todo, a las empresas implicadas.

En los últimos tiempos, bajo la presidencia de Donald Trump, eeuu se alejó del multilateralismo, intensificó la guerra comercial con China y congeló la cooperación con Europa. Resta ver cómo se relacionará Joseph Biden con Europa y América Latina y el Caribe. Se puede suponer que continuará la orientación al mercado interno. Pero ¿podrán Europa y América Latina y el Caribe volver a contar con eeuu como socio para hacer acuerdos multilaterales?

La propia Europa también lucha por mantenerse unida. Desde el Brexit, ha quedado claro que el proceso de unificación europea no puede darse por sentado. Y en el conflicto por el paquete presupuestario de la ue, los gobiernos nacionalistas de derecha en Polonia y Hungría recurren al veto porque no quieren subordinar el imperio de la ley en sus países a los principios de Europa1. En América Latina, a su vez, hay movimientos y procesos muy contrastantes. Por un lado está el caso de Chile, que busca poner fin a décadas de liberalismo radical mediante un referéndum para una nueva Constitución. Por otro lado, en Brasil logró imponerse un ultraderechista como Jair Bolsonaro, quien desde entonces ha cubierto el país de odio, racismo y violencia.

Entonces, aunque estén afianzados los valores comunes, la historia y la cercanía cultural entre ambos continentes no bastan para estar a la altura de estos cambios globales y de los desplazamientos de los centros de poder. Ambas regiones corren el peligro de volverse inestables. Para retomar la iniciativa, se deben poner sobre la mesa los intereses comunes de ambas regiones en la competencia sistémica a escala planetaria y la redistribución del poder global, y defenderlos de manera conjunta. Europa y América Latina pueden ser buenos socios para trabajar juntos en una alianza por la democracia y el multilateralismo. Para ello, debe ampliarse la cooperación a todos los niveles. Esta cooperación comienza con la forma en que se interactúa y se comercia. La ue y América Latina y el Caribe no deben resultar aniquiladas entre las dos potencias, China y eeuu. Pero para seguir siendo una fuerza de desarrollo por derecho propio, deben seguir luchando por un mercado mundial basado en reglas.

Sobre la situación política actual en las regiones

Los efectos económicos de la pandemia son considerables en todo el mundo. Esto ya era quizás previsible, y lo confirma el pronóstico de la Secretaría de la Organización Mundial del Comercio (omc): el intercambio mundial de mercancías podría caer entre 13% y 32% en 2020. Este retroceso económico ha tenido y seguirá teniendo consecuencias de magnitud para todas las naciones, pero especialmente para aquellos países que ya se encontraban en situaciones económicas difíciles antes de la pandemia de covid-19, como Argentina.

Las consecuencias económicas y sociales de las medidas tomadas contra la pandemia son dramáticas para la región: millones de personas carecen de ingresos o empleo, e incluso la desnutrición y la pobreza están volviendo a aumentar. América Latina está retrocediendo años en su desarrollo. La pandemia actúa como un catalizador de problemas estructurales de larga data y muestra con mayor claridad las debilidades de los modelos económicos neoliberales en América Latina y el Caribe. Si bien algunos países de la región han evolucionado con estabilidad y mayor equilibrio social en los últimos años –como Uruguay–, muchos aún muestran un nivel extremadamente alto de desigualdad social y pobreza extrema. El mercado laboral informal ha crecido, las normas laborales son más precarias, los sistemas de seguridad social están al límite y no existe justicia tributaria. Esto afecta especialmente a la juventud y a las mujeres. Queremos diálogo y cooperación en un pie de igualdad. Por lo tanto, nos complace aún más haber podido observar una positiva evolución de la economía y la sociedad en muchos países de América Latina y el Caribe durante los últimos años. Pero no podemos cerrar los ojos ante las inestabilidades que están surgiendo y los límites a los que están llegando el racismo, la corrupción y el crimen.

Por eso necesitamos con urgencia de la cooperación multilateral para salir juntos de la crisis. El objetivo no debe ser recuperar el statu quo anterior a la pandemia, sino orientar las inversiones necesarias en la economía y la sociedad de manera tal que se logre un importante avance hacia una mayor justicia y una mayor sustentabilidad. Un primer paso relevante en esta dirección será la distribución de vacunas. Allí es posible observar de manera simbólica si la cooperación es solo una política para tiempos de vacas gordas o si resiste en épocas de crisis.

Afrontar juntos la transformación social-ecológica

Muchos países europeos, en especial Alemania, se han beneficiado con la creación globalizada de valor. El mercado interno común europeo, el fortalecimiento de la política exterior común de la ue y el empeño por alcanzar condiciones de vida coherentes en el bloque son algunos de los pilares del bienestar de Europa. Sin embargo, las sociedades europeas también se enfrentan a cambios importantes. La transformación social-ecológica afecta principalmente a los sectores industriales, de los que dependen muchos empleos bien remunerados. Pero el sector agrícola y el transporte también se encuentran en un estado de convulsión. Con un Nuevo Pacto Verde, la ue busca avanzar en la transformación social-ecológica y, de este modo, cumplir los objetivos del Acuerdo Climático de París. Sin embargo, también existen temores asociados a los procesos de cambio. Los empleos bien remunerados podrían desaparecer más rápido de lo que se generen los trabajos futuros. El trabajo digital ofrece nuevas oportunidades y, al mismo tiempo, crea nuevos problemas si no se lo regula. El requisito para tales procesos de transformación radicales es la eficiencia económica y una política de progreso para todos.

Por desgracia, el crecimiento económico de los últimos años en muchos países de América Latina y el Caribe no ha sido lo suficientemente inclusivo ni ha tenido la escala que se requiere. Si bien ha habido avances intermitentes en la lucha contra la pobreza en países como Brasil o Colombia, la pobreza extrema ha incluso aumentado en países como Haití, Venezuela y partes de América Central. La pandemia está agudizando aún más estas tendencias, hasta llegar a imágenes insoportables de hambre.

Las protestas en Chile y Francia en 2019 fueron disparadas, entre otras cosas, por el hecho de que las pensiones y jubilaciones de amplios sectores de la población están sufriendo ataques. Chile fue un país pionero de la privatización del sistema previsional en medio del vértigo neoliberal. Ahora se hace evidente que para la mayoría de los chilenos, especialmente las mujeres, esta aparente salida conduce a pensiones miserables y una dramática desigualdad. Las sociedades envejecidas de este mundo tienen que abordar juntas estos problemas.

Pero la desigualdad social en América Latina y el Caribe no solo atañe a la desigualdad distributiva, sino que también se manifiesta en muchas áreas de la sociedad. La discriminación contra los pobres, las mujeres, los indígenas y los afrolatinoamericanos se refleja en las estadísticas de violencia y homicidios, así como en la falta de acceso a la educación y la salud. Y esta discriminación estructural afecta a dos tercios de la población de América Latina y el Caribe.

En tiempos de caída de los precios en el mercado mundial, esto también condujo a crisis políticas, tasas de crecimiento decrecientes y recesión económica. Además, las políticas sociales y laborales de los gobiernos de derecha en gran parte de América Latina y el Caribe, con menor foco en la igualdad social, contribuyeron en los últimos años al aumento del desempleo, el empleo informal y la pobreza extrema. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), 10,2% de la población vivía en la pobreza extrema en 2018, la cifra más alta desde 2008. Entre los 20 países con la mayor desigualdad de ingresos en todo el mundo hay ocho de América Latina. Y solo 10% de la población posee 70% de la riqueza total en estos países. Si bien en Europa existen también grandes diferencias en la distribución de la riqueza, estas no alcanzan proporciones tan extremas. Los más afectados son los habitantes del centro y el sudoeste de Europa. Solo la promoción de una política socialmente justa que afronte los enormes desafíos estructurales y las desigualdades socioeconómicas, permita la participación democrática y la educación, elimine la discriminación pero también limite efectivamente el poder cuando sea necesario, puede provocar un giro decisivo de 180 grados. Para ello, se requiere urgentemente la creación de modelos económicos y sociales sostenibles.

En los últimos años, el movimiento sindical latinoamericano ha desarrollado modelos para ello. Es importante construir sobre esta base y apoyar a los sindicatos en la implementación política de esos modelos. Además de una política tributaria más justa y del desarrollo de sistemas sociales más efectivos, también será decisivo para América Latina y el Caribe que la población y, en particular, los trabajadores y las trabajadoras de las empresas, sean incluidos en la transformación mediante procesos democráticos. Los empleos formales y estables, las buenas condiciones de trabajo y la evolución justa de los salarios siguen siendo las palancas fuertes de una redistribución justa y, por tanto, de las oportunidades de progreso del país para todos.

Los planes de acción nacionales en favor de los derechos humanos en las cadenas de suministro y valor que ha adoptado la ue pueden contribuir de manera significativa a mejorar y afianzar la observancia de estos derechos en todo el mundo. Para nosotros es muy claro: necesitamos regulaciones legales que creen una competencia leal y garanticen la debida diligencia en materia de derechos humanos. Debemos dejar de apostar a la voluntad. Porque no necesitaríamos ley alguna si todas las empresas alemanas cumplieran con su debida diligencia en materia de derechos humanos. Existe un vacío de protección que debemos cerrar con urgencia. Por eso, necesitamos una ley europea para las cadenas de suministro, pero también, para empezar, una norma de este tipo en Alemania.

Se debe exigir a las empresas alemanas que cumplan con la protección de los derechos humanos en sus cadenas de suministro y que informen sobre las medidas que toman a tal fin. Además, deben ser apuntalados los derechos de los trabajadores y las trabajadoras ante los tribunales y debe abrirse un camino para hacer valer los reclamos de indemnización también en Alemania. Esto fortalecería la relación económica entre Alemania y América Latina y el Caribe en un pie de igualdad y permitiría un intercambio justo y equitativo.En casi todos los países, la minería y la agricultura han causado importantes problemas ecológicos, de derechos humanos y sociales. Se están destruyendo grandes áreas de bosques tropicales para la producción de aceite de palma y soja como alimento para animales. Los indígenas y el pequeño campesinado sufren éxodo, amenazas y asesinatos.

Los devastadores incendios forestales en la región amazónica muestran claramente la necesidad de actuar para proteger los vitales pulmones de nuestro planeta. El Instituto Brasileño de Investigaciones Espaciales (inpe) registró un total de 89.178 incendios en el Amazonas en 2019. Esto representa un aumento de alrededor de 30% en comparación con los 68.345 incendios registrados en 2018. El área perteneciente a Brasil se ve particularmente afectada. Este instituto también pudo demostrar que las cifras de la deforestación han aumentado en 30% y ha señalado que prácticamente se han sextuplicado los incendios de matorrales y bosques en el Pantanal, el gigantesco humedal de Brasil. El inpe registró allí un total de 10.025 incendios en 2019, un aumento de 493%. Bolsonaro acusó inmediatamente al inpe de haber falsificado todas estas cifras. 

Los números son alarmantes. No solo ha quedado claro, desde los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ods), que necesitamos un cambio de dirección claro y socialmente aceptable en nuestra política económica y nuestro consumo de recursos. La desigualdad y el cambio climático nos obligan a preguntarnos cómo queremos trabajar, vivir y hacer negocios en el futuro. Es necesario encontrar principios de solución y correcciones al modelo de desarrollo imperante y promover un desarrollo económico sostenible y socialmente inclusivo.

Es por eso que debemos expandir aún más nuestro compromiso con la cooperación económica para proteger las selvas tropicales, a favor de los pueblos indígenas, pero también para un desarrollo orientado al bien común en todas las regiones. Al mismo tiempo, debemos llevar adelante las relaciones comerciales de la ue con el subcontinente latinoamericano sobre la base del principio de comercio justo. La observancia obligatoria de los derechos humanos, ambientales y de los trabajadores y las trabajadoras debe ser la base de todas las relaciones comerciales. En este desafío dependemos de la cooperación global, especialmente con el área económica del Mercosur.

América Latina y el Caribe cuentan con enormes recursos naturales que han tenido un impacto significativo en su desarrollo social y económico. Estos recursos también son extremadamente relevantes a escala mundial en relación con la innovación tecnológica (por ejemplo, el litio) o la política climática (selvas tropicales). En vista de lo dependiente económicamente que es la región de la explotación de fósiles y tierras raras, y de los fenómenos de crisis aguda asociados, resulta fundamental para la soberanía de las regiones alejarse del enfoque exclusivo en las materias primas y avanzar hacia una diversificación de las estructuras económicas.

Debido a que las elites políticas y económicas latinoamericanas se han beneficiado de la expansión del sector primario desde la década de 2000, no se han implementado reformas estructurales. Persiste la dependencia de los volátiles precios del mercado mundial y se han consolidado estructuras económicas y sociales desiguales. Impulsada por la demanda global masiva, la mayor explotación de materias primas también condujo a un rápido aumento de los conflictos social-ecológicos, por ejemplo en el área de los proyectos mineros. Sin embargo, para la mayoría de los gobiernos, la protección del medio ambiente es menos importante que la explotación económica de estos mismos recursos.

El debate público se centra en enfoques de desarrollo socialmente justo y ecológicamente sostenible. Está aumentando la presión sobre los responsables de las decisiones políticas para que se empiecen a abandonar los combustibles fósiles y se mejore la situación social de la mayoría de la población, en gran parte marginada. En vista de esta creciente conciencia del problema, es necesario reorientarse según conceptos que lleven a una reestructuración democrática y solidaria de las economías nacionales, así como a una forma de vida y producción sostenible en Europa, América Latina y el Caribe. En síntesis: se requieren respuestas visionarias que no se limiten a las sociedades nacionales y a las generaciones actuales, sino que también tengan en cuenta el mundo en su conjunto y a las generaciones futuras.

En un mundo muy interconectado, los problemas socioecológicos no reconocen límites entre países o regiones. Por el contrario, están estrechamente vinculados entre sí a través de cadenas de trabajo globales, los efectos del cambio climático o el consumo de recursos. Un estrecho intercambio con América Latina y el Caribe nos permite formular juntos soluciones innovadoras y, al mismo tiempo, implementarlas de manera altamente efectiva.

Algo más que el comercio

Un acuerdo entre la ue y el Mercado Común del Sur (Mercosur) no solo debería abrir un nuevo espacio económico libre, sino además establecer las condiciones marco para promover una transformación social-ecológica de nuestras economías.

Si los europeos importamos soja o carne vacuna de América Latina, debemos interesarnos por saber cómo y bajo qué circunstancias se obtienen esos productos. No podemos socavar indirectamente nuestros propios valores a través de las importaciones. O, a la inversa, obligar a otros a aceptar intereses que son negativos para ellos. Comercio conjunto significa responsabilidad conjunta en ambas direcciones. Incluso por su propio interés, la ue debe encontrar más socios en el mundo para un mercado con estándares más o menos uniformes sobre mano de obra y ambiente. Los costosos establecimientos industriales de Europa no podrán resistir la competencia barata del resto del mundo, por grande que sea el potencial europeo de innovación tecnológica.

Un instrumento importante para tal orden basado en reglas pueden ser los acuerdos comerciales o de asociación, por ejemplo entre los bloques económicos de la ue y el Mercosur. Un acuerdo comercial entre la ue y el Mercosur no solo sería económicamente importante, sería una señal muy positiva para el mercado mundial. Pero desde hace dos décadas que se está negociando muy duramente este acuerdo. El largo tiempo que ha pasado muestra lo importante que es para ambas partes, pero también lo sensible que es el contenido de lo que se acuerda. Sería deseable para ambos lados del Atlántico que finalmente se llegara a una culminación tras un periodo de negociaciones tan extenso. Lamentablemente, a partir del resultado actual de las negociaciones, esto no es posible; al menos no para ambas partes. Porque los derechos humanos y las normas ecológicas y sociales vinculantes no se garantizan sobre la base de una declaración general de propósitos. Solo los mecanismos concretos de denuncia, evaluación y sanción garantizan la eficacia de los acuerdos más allá de la política del día a día. Mecanismos vinculantes deben prever indemnizaciones en caso de incumplimiento del acuerdo e incluso la suspensión temporal de preferencias comerciales individuales. Por lo tanto, es justo y coherente suspender el acuerdo ue-Mercosur por el momento. Ni en la parte comercial ni en el acuerdo marco político existen instrumentos duros para, por ejemplo, proceder contra la deforestación y las violaciones a los derechos humanos en Brasil. Si bien existe un capítulo vinculante sobre sustentabilidad, actualmente sus disposiciones no se pueden hacer cumplir y son difíciles de controlar. Además, en este momento solo se lo aplica a la parte sobre comercio. Y en el capítulo sobre sustentabilidad de la parte sobre comercio, por ejemplo, se pide la salvaguarda efectiva de los derechos de los trabajadores, pero sin los mecanismos de evaluación o sanción adecuados.

Cuando Bolsonaro asumió la Presidencia en Brasil, quedó claro nuevamente que las cláusulas de confianza por sí solas no son suficientes. El país más grande de América Latina se está hundiendo hoy en el caos de su política nacionalista, racista y sexista. Los bosques de Brasil están en llamas, hay que cavar fosas comunes para las víctimas del coronavirus y la corrupción aumenta constantemente. La deforestación y el desmonte mediante roza de la selva tropical, la explotación de recursos naturales con graves violaciones a los derechos humanos, la persecución a sindicalistas y a la oposición política dentro del país, así como el cuestionamiento a acuerdos y tratados vigentes a escala internacional son solo algunos puntos que describen la política actual del gobierno.¿Cuál es la probabilidad de que un país como Brasil, bajo su actual liderazgo, firme un acuerdo político y cumpla con aquello que va en contra de sus propias acciones anteriores? ¿Qué señal estaríamos enviando si cerramos este acuerdo con un gobierno tal, sin asegurarnos de que realmente lo cumpla?

Un acuerdo con el Mercosur y, por ende también con Brasil, sería solo una cortina de humo que ocultaría la política inhumana del gobierno de Bolsonaro. Sería más dañino que provechoso. Solo los acuerdos que son vinculantes y ejecutables y que no pueden ignorarse sin sanciones crean un mercado justo. Toda empresa que esté orientada al éxito a largo plazo también debería estar interesada en esto, porque la arbitrariedad, la corrupción y el malestar social son veneno para una economía innovadora. El actual acuerdo ue-Mercosur carece de transparencia y coercibilidad. Esto muestra con mayor claridad que un acuerdo no solo debe incluir el comercio libre (de tasas aduaneras) de mercancías. Sin normas vinculantes y acuerdos sancionables sobre cómo debe llevarse adelante el comercio, nos volvemos dependientes de la arbitrariedad de los distintos gobiernos. Así, vamos perdiendo capacidad de actuar sobre la base de nuestro conjunto de valores.

El ejemplo del gobierno de Bolsonaro en Brasil muestra con claridad que, con más urgencia que nunca, necesitamos un mercado basado en reglas en un mundo globalizado y multipolar. ¿De qué otra manera podríamos prevenir mejor decisiones y procesos políticos erróneos de este tipo o, por el contrario, apoyar iniciativas para mejorar el clima mundial de manera más consistente? Este acuerdo es una buena oportunidad para dejar en claro qué constituye un buen comercio basado en normas y cómo deberíamos implementarlo. En el marco de las condiciones políticas que rigen hoy en Brasil, y especialmente debido a ellas, la parte comercial del acuerdo de asociación con el Mercosur debe estar acompañada no solo por un capítulo independiente sobre sustentabilidad, sino también por los correspondientes mecanismos de control y aplicación. Hace mucho tiempo que la ue en su conjunto debe proporcionarse por fin un marco comercial general que establezca normas vinculantes de derechos humanos, ecológicos y sociales para todas las negociaciones futuras, y no solo como una declaración de propósitos, sino como reglas que tengan poder de sanción. Solo mecanismos concretos de denuncia, evaluación y sanción garantizan la efectividad de los acuerdos más allá de la política del día a día. Para ello, todo acuerdo comercial debe ir siempre acompañado de un acuerdo de asociación con un capítulo independiente sobre sostenibilidad, sin excepción y sin demora. Únicamente un acuerdo de asociación integral que también incluya el diálogo político y la cooperación para el desarrollo satisfaría nuestro reclamo de no desvincular el diálogo, la cooperación y la sostenibilidad de los intereses económicos. Sí, esto siempre requiere la aprobación de todos los parlamentos nacionales de la ue. Pero eso es precisamente lo que también ofrece la oportunidad de crear una mayor aceptación y conciencia en la ciudadanía europea para el desarrollo de una economía y de productos sostenibles en el mundo. Un marco básico ya establecido haría superflua la repetición de las mismas discusiones para cada acuerdo comercial y daría uniformidad a la política comercial de la ue sobre lo que exige a terceros.

Cooperación, desarrollo común, asociación transatlántica

La división del trabajo seguirá siendo global, al igual que el comercio. Ni el aislamiento ni el proteccionismo harán que las naciones sean económicamente exitosas. Ningún antimultilateralismo, ninguna negación de los desafíos globales como el cambio climático o la presión migratoria conducirán a la población hacia el futuro de una manera socialmente segura. Solo en la convivencia solidaria tenemos la oportunidad de unir el potencial y la capacidad innovadora de nuestras sociedades de manera tal que todos puedan utilizarlos para una vida con autonomía, para la paz, la justicia y la economía sostenible.

Es por eso que nosotros, como socialdemócratas europeos, queremos trabajar en estrecha colaboración con nuestros socios de América Latina y el Caribe fuera de los acuerdos comerciales y de asociación. Los contactos de las fundaciones políticas en las sociedades latinoamericanas nos permiten dialogar con la respectiva sociedad civil más allá del nivel político original. Esto nos da la oportunidad de tener en cuenta las tendencias y los climas sociales para nuestro programa político. Por ello mantenemos siempre nuestro compromiso de garantizar que el trabajo de las fundaciones pueda continuar, incluso en condiciones difíciles como las que ofrece actualmente, por ejemplo, Venezuela.

Si observamos los temas sociales que se discuten tanto en Europa como en los distintos países de América Latina y el Caribe, encontramos muchos paralelos, ya sea en los derechos de las mujeres, la cuestión social, el cambio climático y la protección del medio ambiente, o el creciente populismo de derecha. Deberíamos hacer un mejor uso de este potencial político y creativo para desarrollar soluciones juntos, y no solo hacer comentarios sobre negociaciones multilaterales cuando están casi terminadas. También sería deseable ganar visibilidad entre nosotros mismos. Porque, en última instancia, las buenas ideas necesitan también rostros reconocibles.

Esto vale también, y en particular, para el movimiento sindical. Las condiciones marco para los sindicatos en América Latina y el Caribe se han deteriorado significativamente en los últimos años. Los gobiernos conservadores, liberales o populistas de derecha están desmantelando sistemáticamente las conquistas de la legislación laboral y sindical mediante reformas de la legislación y la justicia laboral. En muchos países, los sindicalistas arriesgan sus vidas luchando por mejores condiciones laborales. Para contrarrestar la creciente división social en América Latina y el Caribe, se necesita con urgencia una fuerte presencia de sindicatos constituidos democráticamente en el debate sobre política económica, laboral y social. Es por ello que hacemos todo lo posible para apoyar una presencia sólida y coordinada del movimiento sindical latinoamericano y su trabajo internacional a través de la organización coordinadora regional csa (Confederación Sindical de Trabajadores/as de las Américas) y las estructuras latinoamericanas de las federaciones sindicales mundiales (Global Union Federations).También debemos prestar especial atención al papel de la economía alemana en los países de América Latina y el Caribe. Las inversiones alemanas tienen una influencia concreta en las condiciones de vida y laborales locales y están directamente relacionadas con la situación política de los distintos países. Por lo tanto, existe un gran interés de nuestra parte en hablar con las empresas alemanas sobre dónde ven oportunidades de inversión y cómo compatibilizan estas inversiones con los estándares ecológicos, de derechos humanos y sociales. En este contexto, por supuesto, continuaremos constantemente con el diálogo sobre el Plan de Acción Nacional para las empresas y los derechos humanos y, en consecuencia, exigiremos el cumplimiento de la responsabilidad que tienen las empresas alemanas en el extranjero. En uso del escaño correspondiente a Alemania en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el ministro federal de Relaciones Exteriores, Heiko Maas, anunció que buscaría deliberadamente y fortalecería la cooperación internacional, un objetivo que apoyamos sin reservas. Todos nuestros esfuerzos, también en relación con nuestros socios latinoamericanos y caribeños, deben estar orientados a la cooperación y la negociación de intereses comunes con el objetivo de alcanzar un acuerdo internacional.

Nuestro enfoque político sobre la relación entre Alemania, América Latina y el Caribe es coherente: se debe considerar una política exterior, de derechos humanos y de desarrollo activa en todas las áreas, desde la política educativa y sanitaria, pasando por la política económica y tributaria, incluyendo el comercio justo y los acuerdos de comercio justo, hasta la política climática y de género. Y deberíamos reevaluar los planes a la luz de la pandemia. En la era pospandemia, la ue necesita socios con los que los países europeos puedan enfrentar los desafíos globales, desde las pandemias hasta el cambio climático. Debemos ampliar la cooperación, desde la transferencia de tecnología hasta las alianzas de investigación, y definir conjuntamente el cumplimiento de los objetivos climáticos y de protección del consumidor, y defenderlos en todo el mundo.

Debemos promover de manera proactiva un diálogo político que sostenga un interés común por modelos de desarrollo sostenible frente al problema de los refugiados por motivos climáticos y económicos. Una cooperación más estrecha podría ayudar a los países latinoamericanos a hacer frente a las consecuencias de la pandemia, atenuar el daño de los gobiernos antidemocráticos y posicionarse geopolíticamente con un modelo que establezca nuevos estándares internacionales.

No debemos olvidar que la estabilidad sostenible de un Estado y una región no se puede lograr sin una sociedad civil libre y sin respeto por los derechos humanos. El desarrollo social y económico, el progreso tecnológico y la prosperidad están, en última instancia, estrechamente vinculados a una sociedad libre. Por lo tanto, es de interés para Europa fortalecer el desempeño socioeconómico y político, así como la estabilidad política a largo plazo de las democracias en América Latina y el Caribe, y apoyarlas para hacer frente a las consecuencias de la pandemia. De lo contrario, la crisis actual podría dar mayor impulso a las tendencias nacionalistas y autoritarias que ya existen. Estamos convencidos de que únicamente juntos podremos resolver de manera adecuada los diversos desafíos que enfrentan nuestras sociedades. En tal sentido, esperamos continuar el intercambio y el diálogo con nuestros socios, amigos y aliados de los países de América Latina y el Caribe.


Nota: traducción del alemán de Carlos Díaz Rocca.

  • 1.

    Bernardo de Miguel: «Hungría y Polonia levantan su veto y dan vía libre al fondo anticrisis de la UE» en El País, 10/10/2020.

Este artículo es copia fiel del publicado en la revista Nueva Sociedad 291, Enero - Febrero 2021, ISSN: 0251-3552


Newsletter

Suscribase al newsletter