Pocas semanas después de que la congresista por Nueva York Alexandria Ocasio-Cortez se convirtiera en noticia por llevar en la gala del Museo Metropolitano un vestido que decía Tax the Rich [impuestos para los ricos], los Pandora Papers volvieron a dejar de manifiesto la impunidad con que los superricos eluden impuestos. Ante el reciente anuncio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) del histórico acuerdo tributario que firmaron 136 países, cabe preguntarse si finalmente podremos terminar con esos abusos. Lamentablemente, en las negociaciones se impuso el lobby de las multinacionales y de los paraísos fiscales, ignorando la urgencia de la emergencia climática y los apremiantes desafíos que enfrenta el Sur global.

La propuesta de un marco tributario internacional y un impuesto mínimo global responde al fenómeno de competencia tributaria entre países. Este proceso tiene lugar cuando los países reducen sus tasas impositivas para atraer a individuos o empresas, lo que gatilla una espiral de reducción tributaria internacional. Cuando esto llega hasta un extremo, el país en cuestión se convierte en un paraíso fiscal. Desde 1985 a la fecha, la tasa tributaria corporativa promedio en el mundo se ha reducido de 49% a 23%. En la actualidad, alrededor de 427.000 millones de dólares se pierden anualmente por el abuso de paraísos fiscales, lo que ni siquiera incluye el efecto de reducción de tasas corporativas en países que no lo son.

La declaración conjunta impulsada por la OCDE y suscrita por 136 países crea un marco basado en dos pilares que buscan reducir la competencia tributaria y aumentar la recaudación fiscal. El primer pilar busca asignar de manera más justa la recaudación tributaria, estableciendo que ciertas empresas multinacionales estarán obligadas a tributar en los países donde venden sus productos o servicios (y no solo dónde están situadas sus operaciones). Lamentablemente, este primer pilar incluye empresas a partir de un umbral muy alto (sobre 20.000 millones de euros en ventas) y excluye a sectores como el financiero y el extractivo, por lo que solo aplicaría a alrededor de 100 empresas multinacionales. Esta nueva tasa impositiva (de 25%) solo se impondría a aquellas utilidades que superen 10% de margen, lo que reduce el efecto recaudatorio y permite que ciertas ramas de empresas como Amazon puedan quedar exentas. Por último, el acuerdo prohíbe a los países firmantes establecer impuestos propios a servicios digitales (razón por la que países como Kenia y Nigeria decidieron no suscribirlo).

El segundo pilar establece una tasa mínima de impuesto corporativo global, que lo deja en 15% (seis puntos más bajo que la propuesta inicial de Estados Unidos de 21%). En este caso, la crítica es más simple: la tasa mínima es simplemente muy baja. Diversas organizaciones, entre las que se destaca la Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional, han llamado a establecer una tasa de 25%. Tax Justice Network indica que con esa tasa se podrían recaudar alrededor de 780.000 millones de dólares adicionales al año, de los cuales 355.000 irían a países que no pertenecen al G-7. En cambio, bajo el esquema propuesto, el aumento en recaudación sería solo del orden de 150.000 millones de dólares adicionales anuales, con menos de la mitad llegando a los países que no pertenecen al G-7. Es más, el Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz ha advertido que una tasa tan baja puede tener el efecto contrario y acelerar la carrera de reducción tributaria.

Finalmente, el proyecto carece de una perspectiva climática. Esto se podría corregir incluyendo gravámenes a actividades contaminantes que contribuyen al cambio climático. Adicionalmente, los montos recaudados deberían invertirse en la implementación de medidas de adaptación y mitigación para combatir el cambio climáticomedidas de adaptación y mitigación para combatir el cambio climático en países del Sur global con altos niveles de vulnerabilidad frente a sus efectos. Orientar el impuesto mínimo global de esta manera sería coherente con los principios de equidad y de responsabilidades comunes pero diferenciadas, establecidos en laConvención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Estos principios reconocen la responsabilidad histórica de los países desarrollados en la generación de la actual crisis climática y exigen una respuesta de cooperación efectiva con los países menos desarrollados y más vulnerables.

En conclusión, el acuerdo se queda corto en alcance, ambición recaudatoria y justicia con el Sur global. No obstante, el intento de abordar desafíos de la política tributaria desde una perspectiva internacional abre la puerta hacia un nuevo campo de políticas globales para enfrentar la emergencia climática y responder a las demandas históricas del Sur global hacia los países desarrollados.

El desafío de América Latina: un Nuevo Orden Ecológico y Económico desde el Sur global

En 1974, la Asamblea General de la ONU adoptó una resolución para el establecimiento de un Nuevo Orden Económico Internacional (NOEI), que enfatiza la importancia de la cooperación internacional y la absoluta soberanía de cada Estado sobre sus recursos naturales. Aunque la visión marcadamente desarrollista de esa época es incompatible con la emergencia climática que atravesamos, su ambición global y su foco en reducir la brecha entre los países desarrollados y aquellos en desarrollo son elementos a rescatar para el debate actual.

Actualmente, los países del Sur global y, en particular, los de América Latina, deben reconocer que muchos de los desafíos climáticos y sociales de nuestros pueblos están indisolublemente vinculados al entramado económico mundial. Los países emergentes deben ser protagonistas de la fundación de un nuevo orden económico que priorice el bienestar, la sostenibilidad y la justicia climática global. Conceptos establecidos en el Acuerdo de París como el fortalecimiento de capacidades, la transferencia tecnológica y la cooperación financiera son esenciales para construir un Nuevo Orden Ecológico y Económico desde el Sur global. 

En este sentido, es hora de repensar los TRIP (Acuerdos sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio) y TRIM (Acuerdos sobre Medidas de Inversión relacionados con el Comercio) para los desafíos climáticos y sociales de nuestros tiempos. Resulta necesario expandir la cooperación tributaria y avanzar en un marco para establecer impuestos patrimoniales (a la riqueza) mínimos y también abrir el necesario debate sobre mecanismos de transferencia tecnológica y apoyo financiero que permitan acelerar una transición justa en el Sur global. La petición de la India y Sudáfrica de liberar temporalmente las patentes de las vacunas contra el covid-19 apunta en la dirección correcta. Es clave profundizar este debate y añadirle una necesaria y urgente perspectiva climática. En lugar de defender el insostenible entramado económico actual, el foco debe estar en promover la transición hacia un sistema económico sustentable e inclusivo.

Coordinación y cooperación en América Latina

El último informe del Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático confirma que la cooperación internacional será esencial en América Latina. Se requerirán inversiones ambiciosas y acceso a tecnologías sustentables, además de políticas que garanticen una transición justa para las comunidades y trabajadores de sectores contaminantes, que podrían ser, en parte, financiadas con medidas de cooperación tributaria. Además, expandiendo el horizonte de destinos, la actual pandemia ha evidenciado las limitaciones de respuestas sanitarias de parte de la mayoría de los países latinoamericanos. Hace falta generar capacidades sanitarias y soluciones farmacéuticas a escala regional, disminuyendo la dependencia del continente en estos campos. 

La coordinación regional puede constituir el camino que combine la lucha contra el cambio climático con la justicia social. Los países de América Latina deben adoptar una posición común respecto a las falencias del impuesto mínimo global y establecer vínculos directos con el resto del Sur global para dar pie a una gran coalición internacional. Muchos de los efectos de la emergencia climática ya son irreversibles. Cada día que pasa la situación empeora, pero todavía es posible enfrentarla. Solo se conseguirá una transformación si se repiensan las reglas tributarias y económicas globales de manera ambiciosa y con un enfoque eminentemente ecológico. El reloj corre y no hay tiempo que perder.