Durante los últimos años, México se ha convertido en el país latinoamericano más riesgoso para ejercer el periodismo. La organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) lo ubica ya como el séptimo país más peligroso a escala mundial y enciende las alarmas sobre la difícil realidad de los trabajadores de prensa en el país. ¿De dónde emana la violencia ejercida contra los periodistas? ¿Cuáles son las causas que conducen a este flagelo? Según la asociación Artículo 19, la espiral violenta contra los periodistas proviene tanto de la acción como de la omisión de la esfera gubernamental (que incluye a los partidos políticos) y del crimen organizado¹. Sin embargo, y contra lo que pudiera pensarse en un país tan convulsionado por el narcotráfico, en México el peligro de ser periodista se vincula más a las acciones del gobierno.

En los últimos siete años, casi 50% de las agresiones a periodistas han sido perpetradas por servidores públicos. Las entidades en las que se ha concentrado la violencia han sido Veracruz, Ciudad de México, Guerrero y Puebla. En los primeros tres años de gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2015), se han registrado y documentado más de 1.073 agresiones. La violencia que vive la prensa y las limitantes a la libertad de expresión deben entenderse en el contexto más amplio de la problemática de derechos humanos que vive el país y que han documentado otras organizaciones como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). De hecho, la mayoría de las agresiones que sufren los periodistas está intrínsecamente relacionada con los procesos de justicia que buscan los familiares de personas desaparecidas.

Es un hecho atroz y las familias sufren dos veces: la primera por la pérdida del ser querido y, la segunda, en la búsqueda de justicia, algo que rara vez se concreta, ya que la correlación entre delitos perpetrados, delitos denunciados y delitos resueltos es de saldo francamente negativo. De cada 1.000 delitos, solamente 2 reciben algún castigo, mientras que los restantes 998 quedan impunes. Así, en la odisea de buscar justicia, el periodista que busca documentar y acompañar el tortuoso proceso de las víctimas corre el riesgo de ser agredido y violentado físicamente o de manera psicológica a través de amenazas. El sistema de impunidad imperante en la sociedad mexicana requiere que a la injusticia le siga el silencio.

Según la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), del año 2000 a la fecha (etapa de una fallida transición democrática) se han registrado asesinatos de 114 periodistas y hay más de 20 desapariciones sin esclarecer. Asimismo, desde 2006 ha habido ataques a medio centenar de medios de comunicación. Existen casos emblemáticos como el de Moisés Sánchez, periodista veracruzano que, en 2015 fue secuestrado de su domicilio a plena luz del día. De allí, los asesinos extrajeron su cámara fotográfica, su laptop, su celular y su tablet. El cuerpo de Moisés Sánchez fue encontrado tres semanas después con huellas de tortura y mutilado. Al igual que él, otros 19 periodistas han sido asesinados en Veracruz y ha habido un total de 203 agresiones durante el periodo del gobernador priísta Javier Duarte, a quien se le señala y reprocha el encabezar un gobierno corrupto y autoritario. Sin lugar a dudas, Veracruz es el punto de la geografía mexicana más peligroso para ejercer el periodismo.

La narrativa gubernamental insiste en que las agresiones contra la prensa provienen casi exclusivamente del crimen organizado y, en más de una ocasión, ha intentado manchar nombres de los periodistas ligándolos a este. Fue, por ejemplo, el caso del fotoperiodista Rubén Espinosa, quien venía huyendo de las amenazas de muerte que había recibido en Veracruz. Junto con Espinosa, cuatro mujeres fueron asesinadas en la Ciudad de México. Una de ellas, Nadia Vera, era activista y defensora de derechos humanos en Xalapa (Veracruz). En este caso se pretendió criminalizar a las víctimas, afirmando que el motivo de sus muertes podía ser la vinculación con el narcotráfico, ya que una de ellas era colombiana. Haciendo juicios morales sobre las conductas o la nacionalidad de las víctimas, se pretendió ignorar una de las principales líneas de investigación: la de las amenazas recibidas previamente por Espinosa debido a su trabajo como fotoperiodista. La criminalización de la víctima se ha vuelto un proceso común.

Las estadísticas señalan que casi la mitad de los hechos de violencia involucran a un servidor público. A veces no se llega al asesinato, sino que se le propina una «calentadita» (golpiza). Así sucedió con Karla Silva, agredida por órdenes del alcalde priísta de Silao (Guanajuato), Enrique Solís Arzola, debido a que no le gustaban las notas que publicaba criticando a su administración. El ex-alcalde fue juzgado y se encuentra en prisión preventiva. Pero las golpizas, el allanamiento de morada, el robo de materiales, las amenazas telefónicas y hasta el asesinato se han vuelto el pan de cada día para los periodistas que cubren las notas relacionadas con la corrupción y la impunidad de la clase política, principalmente en el interior del país.

La violencia del crimen organizado, aunque no es la responsable principal como afirma la versión oficialista, sí representa parte de las agresiones contra periodistas. Sinaloa, Tamaulipas y Guerrero constituyen sitios donde el narcotraficante que se siente incómodo con las revelaciones periodísticas no duda en silenciarlas con agresiones de todo tipo. En las redacciones de El Mañana (Matamoros y Reynosa, Tamaulipas) y La Prensa (Reynosa) varios periodistas han sido desaparecidos y otros han sido secuestrados y amenazados por el crimen organizado para que no se siga hablando de la violencia en la entidad. Entre 2009 y 2015 ha habido más de 63 agresiones dirigidas a periodistas y 20 a medios de comunicación en Tamaulipas. En el caso de Guerrero, donde existe una debilidad institucional y muchos de los municipios se encuentran infiltrados por el crimen organizado, los periodistas sufren agresiones en sus coberturas a las manifestaciones de movimientos sociales. En Chilapa, 17 periodistas que durante 2015 dieron cobertura a la violencia que vive el municipio fueron agredidos por más de 150 hombres armados. Frente a estos hechos, acaba imponiéndose la autocensura. Algo tristemente comprensible, pero que genera más violencia e impunidad en el ámbito local.

La Ciudad de México ha ingresado lentamente en esa espiral de violencia y amenaza al periodismo. En los últimos meses, el periodista Héctor de Mauleón ha dado a conocer algunas acciones que el narcotráfico lleva a cabo en la colonia Condesa, un barrio de clase media alta conocido por sus restaurantes, cafés y vida nocturna, además de ser un lugar de acogida de muchos extranjeros. La respuesta no se ha hecho esperar: amenazas de tipo virtual al comunicador, a otros compañeros y ciudadanos que se han hecho eco de las notas. Aunque las agresiones cibernéticas son en ocasiones justificadas por la participación de ciudadanos en el trolleo en redes sociales, las amenazas no deben ser desestimadas.

La situación de los periodistas no es ajena al contexto de crisis de derechos humanos que vive el resto de la ciudadanía. La impunidad y corrupción de los gobiernos actuales (niveles federal, estatal y municipal) se extiende al crimen organizado, y existen muestras inequívocas que ambos se encuentran completamente imbricados ya sea por omisión, complicidad o, en algunos casos, por una completa identificación. México es un país roto. Mucho más, incluso, de lo que piensan sus elites. Reconstruir el tejido social será complejo. Pero la tarea debe comenzar ahora.