En una pieza de publicidad electoral de 2010, un hombre canoso con un rifle de cerrojo avanza hacia la cámara. Carga el arma mientras promete proteger los derechos de la «Segunda Enmienda» (que los conservadores interpretan como el derecho de los individuos a poseer armas). Promete enfrentarse al gobierno federal y a la gestión de Barack Obama. Apunta a un blanco, dispara y acierta en el centro. Luego se revela que el objeto es una copia del proyecto de ley de «comercio de derechos de emisión con fijación previa de límites máximos», una propuesta que se estaba considerando para combatir el cambio climático. Parecería ser parte de la campaña de algún político republicano, pero el protagonista de la publicidad es Joe Manchin, demócrata de Virginia Occidental. Donald Trump ganó en el estado de Manchin en 2020 con 68% de los votos (Joe Biden obtuvo menos de 30%). El propio Manchin fue reelegido en 2018, un logro poco común en una época en que pocas personas votan por candidatos de un partido para ciertos cargos y por candidatos de otro partido para otros.

La agenda legislativa de Biden se encuentra actualmente suspendida y depende en parte de la aprobación del orgulloso asesino del clima. El problema estructural es bastante simple: la legislación debe ser aprobada por ambas cámaras del Congreso para ser enviada al presidente para la firma. En el Senado, que cuenta con 100 integrantes, la bancada demócrata posee 50 escaños. El empate se rompe con el voto del vicepresidente, quien de otra manera no tiene derecho a voto. Si ningún republicano vota a favor de un proyecto de ley determinado, los demócratas necesitan de cada voto propio para aprobarlo, lo que otorga a cada senador un poder de veto total. Manchin, que ha sido el senador demócrata más derechista durante algún tiempo, se siente cómodo en este papel. Cuando se necesite su voto, podrá argumentar fácilmente que ningún otro demócrata puede ganar un cargo en el estado de Virginia Occidental e insistir en que nada de lo que él desapruebe debe ser incluido en el proyecto de ley. Pero la situación en el estado natal de Bernie Sanders es esencialmente opuesta a la del estado que representa Manchin: en Vermont, Biden obtuvo 66% de los votos y Trump alrededor de 30%. ¿En qué pueden acordar los representantes de estos dos estados tan diferentes?

Sanders, por su parte, es actualmente presidente del Comité de Presupuesto del Senado, una posición poderosa que permite una significativa influencia sobre la legislación y la estrategia política. Durante años, el poder de veto del demócrata más conservador ha sido una frustración para la izquierda. En consecuencia, el bloque socialdemócrata, cuyas filas en el Congreso se han engrosado tras las últimas elecciones, está tratando de jugar un papel análogo. Cuando se necesita el voto de todos, las deserciones pueden provenir de cualquiera. Entonces, la estrategia de los progresistas –tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes, donde los demócratas tienen una ajustada mayoría– es ejercer una presión similar al veto para tratar de producir una legislación que se aproxime más a lo que quieren.

Están en juego dos proyectos de ley diferentes: un proyecto de ley de infraestructura básica que financiaría la infraestructura «dura» y pagaría obras de reparación en carreteras y puentes a un costo de aproximadamente 1,2 billones de dólares. Este proyecto de ley ya fue aprobado por el Senado con cierto apoyo republicano. Para que llegue al escritorio de Biden y se convierta en ley, debe pasar por la Cámara de Representantes, donde los progresistas dicen que solo lo apoyarán si se combina con un segundo proyecto de ley que financie una amplia gama de programas sociales. Este segundo proyecto de ley, la «Ley para Reconstruir Mejor» (Build Back Better Act), retoma el eslogan del compromiso de campaña de Biden y financia principalmente las necesidades de infraestructura «humanas». 

El gasto incluye una lista de deseos socialdemócratas: hay un mayor financiamiento del cuidado infantil para niños pequeños y educación temprana, como así también licencias pagas para padres y madres primerizos. Para quienes cursen estudios superiores, ofrece un centro comunitario de formación profesional (community college) gratuito (escuelas de dos años que ofrecen oportunidades a muchos estadounidenses de bajos ingresos). Para padres y madres, haría permanentes las asignaciones temporales a las familias, que realmente ayudaron a reducir la pobreza infantil durante la pandemia de covid-19. Para los adultos mayores, agregaría beneficios dentales al Medicare, el programa de seguro administrado por el gobierno federal, y reduciría la edad mínima para ingresar en él de 65 a 60 años. Para todo el mundo habrá dinero para luchar contra el cambio climático y apoyar la transición a las energías renovables. El proyecto de ley no representa la agenda completa de Sanders, que buscaba la gratuidad en todas las universidades públicas (no solo los centros comunitarios de formación profesional) y hacer que Medicare estuviera disponible universalmente para todos (no solo para los mayores de 60 años). Durante el verano, Sanders había propuesto un proyecto de ley con un costo, a diez años, de 6 billones de dólares. Eso se redujo rápidamente a 3,5 billones como solución de compromiso. Pero incluso en la versión más reducida, sería el proyecto de ley de gasto interno más importante en décadas, probablemente desde la Gran Sociedad de Lyndon Johnson en la década de 1960. Y, además, propone pagar estos programas aumentando los impuestos a las empresas y a los ricos, lo que, desde una perspectiva de izquierda antioligárquica, es absolutamente auspicioso.

El proyecto de 3,5 billones de dólares (que, en diez años, asciende a un poco más de mil dólares anuales por cada estadounidense) cuenta con el apoyo de Biden. De los 50 senadores necesarios para su aprobación, 48 se han comprometido a apoyarlo. Pero dos están ocupados obteniendo concesiones. Manchin es uno. Pide un precio más bajo, programas específicos en lugar de universales y menos acción sobre el cambio climático. Virginia Occidental tiene una industria carbonífera que actúa como un poderoso lobby y una fuerza laboral menguante que tipifica el cambio postindustrial de un sector de la clase trabajadora rural de demócratas a republicanos. Krysten Sinema, de Arizona, es el otro obstáculo. Sinema es desde hace poco tiempo senadora por un estado que está dividido políticamente en partes iguales. El obrero prototípico de Arizona no es el minero del carbón (que, de hecho, también constituye una pequeña fracción de los trabajadores de Virginia Occidental), sino el mexicano-estadounidense de la industria de servicios. El suroeste de Estados Unidos es visto como una posible plaza fuerte para los demócratas en el futuro, a medida que pierden terreno en el Medio Oeste. Arizona fue uno de los estados que pasó de una mayoría republicana a votar por Biden en 2020; el escaño de Sinema lo ocupó durante mucho tiempo el republicano John McCain. 

McCain pasó varios años como prisionero de guerra en Vietnam y fue conocido por votar ocasionalmente en contra de su propio partido, lo que le dio la reputación de «Maverick» que lo convirtió en el candidato republicano para la presidencia en 2008, cuando el tradicional Grand Old Party fue seriamente perjudicado por el catastrófico gobierno de George W. Bush. (Trump, a quien, por su parte, le desagradaba McCain, dijo una vez: «No es un héroe de guerra... me gusta la gente que no fue capturada»). Aunque sus raíces están en el partido opuesto, Sinema parece disfrutar mientras ocupa un espacio político similar al de McCain. Donde Manchin es predecible, Sinema es más voluble. Alguna vez fue una activista progresista. Es la primera senadora abiertamente bisexual y vegana. Escribió una tesis sobre el genocidio en Ruanda. Una vez dijo de Joe Lieberman (un demócrata convertido en independiente que apoyó a McCain en 2008): «Es una vergüenza para los demócratas... Parece querer que los republicanos voten por él, ¿qué tipo de estrategia es esa?». Así y todo, parece ser la estrategia que está siguiendo hoy, lo cual genera una gran frustración dentro del Partido Demócrata de Arizona, donde algunos proponen que sea desafiada en las primarias de 2024. Otros le han aconsejado que abandone el partido. Sin embargo, por el momento, aunque las demandas de Manchin son claras y pueden cumplirse (aunque sea penosamente), nadie parece saber lo que quiere Sinema.

Este enfrentamiento entre las alas izquierda y derecha del Partido Demócrata no es simétrico. Por un lado, la izquierda tiene más para perder si no se aprueba ningún proyecto. Preferiría aprobar un proyecto de ley de dos billones de dólares que financie algunas de sus prioridades antes que ninguno, mientras que Manchin podría quedar conforme sin la Build Back Better. Mantener como rehén el proyecto de ley de infraestructura básica (que Manchin querría que se aprobara, aunque solo fuera para reforzar la posibilidad de una legislación «bipartidista» que es importante para su identidad política) también dañará a la izquierda y a Biden si fracasa, por lo que hay límites para la credibilidad de la amenaza. Pero, por otro lado, el presidente Biden ha enfatizado que la Ley para Reconstruir Mejor cumple sus promesas de campaña y representa su propia agenda, no solamente la «progresista». Por lo tanto, hay una diferencia estructural importante entre Manchin/Sinema y el cónclave progresista: este último está tratando de tomar una posición que le permita a Biden aprobar su agenda, en lugar de bloquearla.

En el fondo está el temor de que los demócratas pierdan el control del Congreso en las elecciones de medio término de 2022 y de que los republicanos escarben aún más las cualidades contramayoritarias del sistema político y electoral estadounidense. Esto ha llevado a un debate sobre el mensaje y la estrategia dentro del partido. El debate se ha centrado en una figura: el encuestador David Shor. Shor, que, según se informa, es escuchado en círculos demócratas de alto nivel, se identifica como socialista. Pero también viene advirtiendo que el Partido Demócrata está demasiado dominado por sus elites urbanas bien educadas y muy progresistas. Shor ha criticado la adopción de causas como «desfinanciar a la Policía», que fue tendencia tras el asesinato de George Floyd a manos de un oficial de policía en Minneapolis, pero que no es una idea que mida bien en las encuestas hechas entre los votantes de la clase trabajadora, incluidos los afroestadounidenses, que son los más vulnerables al maltrato policial, pero también al crimen. Shor sostiene que los demócratas deberían centrarse en aprobar los puntos más populares de su agenda, que con frecuencia son medidas económicamente progresistas y bien valoradas, incluso entre los republicanos. Esto no se diferencia mucho del mensaje que Sanders usó durante largo tiempo en la campaña, especialmente en 2016. Pero dado que también significaría dejar de lado otros temas, incluidos la reforma migratoria, el cambio climático y la justicia racial, el consejo ha provocado serios debates en círculos progresistas. La conclusión de la crítica de Shor es que el Partido Demócrata (y la izquierda, que ciertamente no son lo mismo) no tiene un mensaje y una agenda que sean competitivos a escala nacional dadas las desventajas estructurales existentes. Sea correcto o no, sugiere que el notorio crecimiento que la izquierda ha tenido los últimos años en Estados Unidos puede haber chocado contra un muro en la opinión pública.

A medida que se desarrollan estos debates y batallas legislativas, ha habido una llamativa ausencia de movilización popular. Esto es diferente a, digamos, 2009, cuando los republicanos dirigieron la furia organizada contra el gobierno de Barack Obama mientras este consideraba expandir el sistema de salud. Y difiere del verano de 2020, cuando se desarrollaron manifestaciones masivas por la justicia racial. Hasta el momento, las calles están tranquilas. Por un lado, nadie está realmente seguro de cómo terminará la Ley para Reconstruir Mejor, por lo que es difícil organizarse a favor o en contra. Y nadie organiza marchas para apoyar el gasto en puentes. Pero tampoco hay contramovilización; por ahora, los activistas de derecha están volcando su energía en los problemas de la guerra cultural, especialmente en las escuelas (como la obligación de usar tapabocas y la enseñanza antirracista).

Mientras la izquierda se adapta a su posición en la administración Biden, el mercado laboral parece haberse asentado en algún lugar muy lejos de su equilibrio prepandémico. Las necesidades de atención, los problemas de salud y otras causas dejaron a muchas personas fuera del mercado laboral durante la pandemia. Esas presiones han disminuido, pero no han desaparecido, y algunos parecen haber tomado la pandemia como una oportunidad para repensar su relación con el trabajo, especialmente el trabajo degradante o mal remunerado. Muchas empresas están contratando gente, lo que ha ejercido una presión al alza sobre los salarios. Al mismo tiempo, debido a la pandemia y la escasez de personal, se ha pedido a los empleados que trabajaran más y en condiciones más difíciles. Esto propició la movilización de sectores del mundo laboral. La Alianza Internacional de Empleados de Escenarios Teatrales, el sindicato que representa a quienes trabajan detrás de escena para la industria del cine y la televisión, votó masivamente a favor de una huelga (antes de llegar finalmente a un nuevo acuerdo contractual). Y a mediados de octubre, los trabajadores de la empresa de fabricación de máquinas agrícolas John Deere se declararon en huelga. La combinación de escasez de mano de obra y presión al alza sobre los salarios debería crear más poder de los trabajadores y mejores condiciones para aquellos con salarios más bajos. El esfuerzo de Sanders por aumentar el salario mínimo federal a 15 dólares la hora fracasó en marzo. Pero algunas empresas minoristas importantes han elevado voluntariamente su salario mínimo a esos niveles, buscando atraer y retener mano de obra. Queda por ver si los demócratas, la izquierda o el movimiento sindical, o los espacios donde se superponen, se beneficiarán de las nuevas condiciones. Pero sea cual fuere el destino de la agenda de Biden en el Congreso, las cosas están cambiando.

Traducción: Carlos Díaz Rocca